El lunes, a menos de dos semanas después del primer caso confirmado de coronavirus en el país, el presidente peruano Martin Vizcarra informó que el número de personas infectadas había alcanzado 395 y que cinco habían muerto.
Desde que Vizcarra declaró una emergencia y cuarentena nacionales el 15 de marzo, a entrar en vigor a partir del día siguiente, el número de casos confirmados se ha quintuplicado. El mayor aumento se produjo el 19 de marzo, cuando pasaron de 145 a 234 en un solo día. Sólo el lunes hubo 47 nuevos casos.
Más del 70 por ciento de los 395 reportados infectados han ocurrido en la densamente poblada capital, Lima.
La cuarentena inicial incluía una prohibición inmediata de todos los viajes entre provincias, y dentro y fuera del país, una gran prohibición de poner en uso de aviones, barcos, trenes, autobuses y automóviles privados. El 17 de marzo, los ciudadanos debían llenar un formulario en línea para obtener permiso para salir de casa. El 18 se impuso un toque de queda de 8 p.m. a 5 a.m. Los militares han ocupado las principales arterias viables para hacer cumplir estas medidas.
Las restricciones que planteé el presidente Vizcarra se han orientado en su mayor parte a proteger los intereses económicos de los ricos, mientras se prepara para una posible confrontación armada con el pueblo peruano.
El despliegue de las fuerzas armadas en intersecciones importantes, donde los conductores de automóviles privados y peatones son interrogados hacia dónde van, está diseñado para proteger los barrios privilegiados.
Las Fuerzas Armadas no están presentes en los enormes barrios que rodean Lima donde viven millones de familias trabajadoras y pequeños comerciantes. Allí la policía local no impone las normas de cuarentena, dejando que los niños ocupen las calles para jugar deportes de contacto, propicios para la transmisión de virus.
Vizcarra anunció que la miserable suma de 380 nuevos soles (US$ 106) –apenas un tercio del salario mínimo mensual– se distribuiría en un inicio a las 500 mil familias más necesitadas en Lima y el puerto marítimo adyacente, El Callao; y luego a partir del 25 de marzo a 2,7 millones de familias de este tipo en todas las regiones del país..
La semana pasada, la clase trabajadora no tenía el poder adquisitivo de comprar alimentos suficientes en sus mercados mal abastecidos, cuando los precios se duplicaron e incluso se triplicaron. Mientras tanto, los ricos en pánico se compraron todo lo que encontraron, forzando el cierre del bien surtido supermercado WONG, la mayor cadena de supermercados, en el elegante distrito de Lima, La Molina.
Un reportero de WSWS entrevistó a Felipe, quien tiene un puesto en el mercado central de Miraflores en Lima, sobre las condiciones de oferta del mercado y los precios.
"Soy del barrio obrero de San Juan de Lurigancho y tardo más de media hora en llegar a mi centro de trabajo aquí en el mercado central de Miraflores. En estos barrios hay personal militar en todas las intersecciones principales, pero no hay ninguno en mi vecindario. Dicen que no hay suficientes militares y policías locales. Me parece que tienen miedo o esperan el momento en que las personas sin trabajo y sin comida se levanten en masa. Va a ser grande.
"Donde vivo no hay máscaras ni guantes, como en Canto Grande, donde la comida se sirve sin equipo médico. El toque de queda a las 8 p.m.es respetado, pero los jóvenes pasan el día jugando al fútbol en las calles, un deporte con mucho contacto corporal. Lo hacen a los ojos de la policía que no interviene para hacer cumplir la cuarentena.
"En la primera semana, el mercado de Miraflores estaba lleno de gente comprando todo. Ahora volvemos a la normalidad. Imagínese que el kilo del limón subió de 5 soles a 15 soles, el kilo de zanahorias de 3 a 6 soles y el ajo se vendía a cuatro veces su precio normal.
"Se nos dice que todo está planeado para que el mercado mayorista, desde donde se distribuyen los alimentos a todos los demás mercados y tiendas de comestibles, seguirá funcionando bien y que no nos preocupemos. Pero me han dicho que su personal trabaja sin guantes y máscaras".
En un intento de contrarrestar la desaceleración económica que ya se deriva de la crisis del coronavirus, el Banco Central de Reserva de Perú (BCR) ha dado su paso más drástico desde 2010, reduciendo su tasa de interés clave del 2,25 por ciento al 1,25 por ciento, su nivel más bajo desde 2010. En el último mes, los rendimientos de los bonos peruanos del Tesoro a 10 años aumentaron en 16,1 puntos básicos, lo que refleja que los diferenciales -una medida de riesgo- de los bonos a largo plazo han aumentado.
A pesar de estas medidas por parte del BCR, los analistas están proyectando una contracción que podría oscilar entre el -1 por ciento y el -4 por ciento. La moneda peruana, el nuevo sol, se ha depreciado 6.5 por ciento, dificultando que el gobierno y las corporaciones cumplan con las obligaciones de préstamo que se pagan en dólares.
Un nuevo informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) propone “impulsar" la economía a través de la promoción de industrias "que emplean procesos continuos", lo que implica el uso intensivo de maquinaria y equipo, y "poca participación laboral", como son el sector minero, cemento, vidrio y ladrillos. En este escenario, los trabajadores no son un factor significativo de producción.
El informe del IPE destaca que "la cuarentena y las medidas posteriores han añadido repentinamente una gran proporción de la población al estado de vulnerabilidad". El informe se centra en "un área poco estudiada dentro de lo que se conoce como la 'clase media vulnerable', que se estima en el 40 por ciento de la población peruana". Esta cifra es "muy grande debido al grado de informalidad económica".
Los informes del IPE advierten de una posible explosión social: "En la medida de lo posible, el Gobierno debe mantener la continuidad de la producción de bienes y servicios, y así evitar el colapso total del aparato productivo, con el consiguiente e inconmensurable costo social".
Entre bastidores, el presidente Vizcarra y el ejército peruano, en conjunto con el imperialismo estadounidense, inevitablemente se preparan para la represión masiva de la clase obrera y la "clase media vulnerable".
Incluso antes de la crisis del coronavirus, los países andinos fueron testigos de levantamientos, huelgas generales y enfrentamientos con la policía en Chile, Ecuador y Colombia, mientras la clase obrera y los pobres evidenciaban su fuerte oposición a la desigualdad social y los ataques a sus niveles de vida.
Perú, cuya economía ha tenido un desempeño algo mejor que otros países andinos, no vio tales luchas masivas. Pero dada las malas condiciones económicas y sociales que surgen del coronavirus y las tardías medidas tomadas por el gobierno, tales explosiones son inevitables.
(Publicado originalmente en inglés el 26 de marzo de 2020)
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