Puerto Rico encara la sima del COVID-19 con las tasas más bajas de pruebas per cápita

por Julio Patrón y Genevieve Leigh
15 abril 2020

El sábado pasado, Wanda Vázquez, la gobernadora de Puerto Rico, anunció la prolongación de la cuarentena hasta el tres de mayo, con el fin de disminuir la tasa de aumento de víctimas de COVID-19. La isla ha estado bajo cuarentena obligatoria desde el dieciséis de marzo; todos los negocios no esenciales siguen cerrados.

Puerto Rico tiene 3,2 millones de habitantes. Por ahora se han comprobado 780 infecciones entre las 7.700 personas a quienes se les administró la prueba; aún se desconoce el resultado de 1.300 de esas pruebas. Se ha confirmado 42 fallecimientos, incluyendo un médico pediatra y muchas personas de poco más de cuarenta años sin problemas previos de salud.

No cabe duda que el número de casos en la isla es mucho mayor, dado que no se han hecho más pruebas. Para Puerto Rico la tasa de pruebas per cápitaes menor que en cualquier estado de Estados Unidos, exceptuando a Oklahoma, en el mes que va de esta crisis.

Una mujer usa guantes y una mascara en una estación de servicio de San Juan, Puerto Rico. (AP foto/Carlos Giusti)

Quince días después de aparecer el caso inicial, se confirmaron otros cien. Tres días más tarde se confirmaron cien más, lo que claramente indica que el virus se expande con rapidez.

Respondiendo a la frustración que existe, el gobierno anunció a principios de abril que estaba comprando un millón de pruebas. La siguiente semana, Lorenzo Cruz, nuevo secretario estatal de salud, provocó más enojo cuando indicó que el gobierno canceló un pedido de pruebas de 38 millones de dólares porque no habían sido aprobadas por la FDA (Food and Drug Administration, Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos). El Nuevo Día, el diario más grande de Puerto Rico también reveló que la empresa que el gobierno contrató para este millón de pruebas —una pequeña compañía constructora que nunca había vendido productos médicos— estaba ligada al Partido Nuevo Progresista (PNP) de la gobernadora. Las autoridades buscan la devolución de los 19 millones de dólares de depósito, la mitad de la suma total; aún no se sabe si lo lograrán.

Desde el principio en gobierno local respondió a esta pandémica en forma criminal. Las autoridades al principio minimizaron el peligro de esta pandémica y desperdiciaron tiempo valioso. Poco después que apareció el primer caso en Estados Unidos, el entonces secretario de salud, Rafael Rodríguez Mercado, declara increíblemente que dudaba que COVID-19 invadiera esta isla, una de las principales destinaciones turísticas. Rodríguez Mercado renuncia a su cargo el primer día que aparece el primer caso en Puerto Rico. Sólo dos semanas después también renuncia su reemplazo, Concepción Quiñones de Longo, sin ninguna explicación.

La isla se ve obligada a encarar esta pandemia global con su tercer secretario de salud en tres semanas.

Como si eso no fuera suficiente, la gobernadora Vázquez (a su vez la tercera en ocupar ese cargo en menos de un año) ahora anuncia la renuncia de Carmen Deseda, la epidemióloga estatal, sin dar ningún explicación adicional.

No bien aparece el virus en la isla, el gobierno local dramáticamente cambia de enfoque. Por el momento, la gobernadora Vázquez ha tomado las medidas más restrictivas en todo Estados Unidos. La guardia nacional revisa a todos los pasajeros que llegan a los aeropuertos de Puerto Rico, detiene a los que tengan fiebres y otros síntomas. Las autoridades alegan que algunos pasajeros usan medicinas antifiebre para burlar las inspecciones.

El miércoles pasado, Vázquez exigió que se prohibieran los vuelos desde los estados más golpeados por el virus corona, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania y otros. De aceptarse esa exigencia, se renovarían los vuelos a Puerto Rico no bien baje el número de casos en esos estados, según Joel Pizá, director interino de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico.

Sólo dos días después que se informó del primer caso, el 15 de marzo, la gobernadora Vázquez ordenó una estricta cuarentena en toda la isla, hasta el 12 de abril. Este fin de semana se extendió la fecha al 3 de mayo. Vázquez también cerró todas las empresas no esenciales y restringió todos los viajes, con excepción de comprar abarrotes y medicinas, o ir al banco. Los que desobedezcan encaran una multa de cinco mil dólares o una condena de seis meses en la cárcel. Se ha hecho cumplir la orden con dureza extrema. La agencia Associated Press informa que cientos han sido amonestados. La medida de Vázquez también dice que todos los que ingresan a algún negocio debe usar o una máscara u otra protección sobre su boca.

Lo más controversial de estas medidas, sin embargo, es la orden de permanecer en casa. Sólo aquellas personas que conformen el “núcleo familiar” tendrán el derecho de refugiarse en el mismo hogar. Todos los que no sean considerados parte de la familia serán echados de la casa.

Esa orden ahora provoca una fuerte reacción en contra. La Unión de Libertades Cíviles estadounidense (ACLU) ha iniciado acción legal, por ser inconstitucional. “La orden pretende que ciegamente se rindan al gobierno los derechos constitucionales. Eso es inaceptable”. Continúa la ACLU: “El gobierno no tiene el derecho a interferir con quien uno se relaciona dentro de su hogar, o cómo definir el núcleo familiar”.

El pleito declara que la prohibición es demasiado imprecisa y que le da a la policía carta blanca para detener a cualquier persona. Mucha gente en la isla cuida de sus parientes ancianos; en algunos casos deben inyectarlos con insulina. Eso requiere viajar todos los días.

La pandemia en Puerto Rico agrava una extrema crisis social, económica y política. Según Omar Marrero, director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), el costo ligado a la crisis del coronavirus será de 4 mil millones de dólares, la mitad de presupuesto anual del gobierno. El tesoro puertorriqueño calcula que se perderían 1,6 mil millones de dólares en impuestos.

El Departamento de Trabajo de Puerto Rico informa que ha procesado más de 131.000 reclamos de desempleo, algunos días más de diez mil. Más de cuarenta y cinco mil dueños de negocios exigieron el pago de 1.500 que el gobierno ofrece sólo una vez.

De todas las regiones de Estados Unidos, Puerto Rico es la que cuenta con el peor sistema de salud, similar al del estado de Mississippi. Según un estudio del Urban Institute (Instituto Urbano), muchos hospitales puertorriqueños no han sido modernizados desde cuando fueron construidos en los 1940. Los presupuestos de la salud y de otras vitales infraestructuras han atravesado décadas de recortes, bajo los partidos Demócrata y Republicano y sus representantes en la isla. Tan sólo en diciembre, el presidente Trump, con el apoyo de ambos partidos, amputó el presupuesto de Medicaid para la isla, de doce mil millones en un plazo de cuatro años, a 5,7 mil millones en dos años. La grave situación se intensificó desde el huracán María en el 2017. Esa tormenta destruyó alrededor de diez mil escuelas, puentes, carreteras y otras infraestructuras.

La ausencia de una respuesta significativa por parte de los gobiernos locales y federales al desmoronamiento sigue teniendo fatales consecuencias. Esos gobiernos mintieron durante muchos meses sobre la cantidad verdadera de muertos; ahora se calcula que fueron cinco mil personas.

Pasado el huracán, muchísimos se fueron de la isla, incluyendo muchos trabajadores especializados, como obreros de la salud y doctores, que ahora se necesitan para luchar contra la pandemia.

Aunque la causa inmediata de esa fuga de gente fue el huracán, el deterioro de las condiciones sociales causado durante décadas por los gobiernos local y federal obligó a muchos a emigrar. Aun antes del huracán, la cantidad de doctores había caído, de catorce mil en el 2006 a nueve mil en el 2016.

Además de las consecuencias del huracán, en Puerto Rico la pandemia de corona virus ocurre sólo dos meses después de que una ola de terremotos destruyó y desmoronó miles de edificios, incluyendo casas, escuelas y hospitales. Miles tuvieron que vivir en carpas y en sus vehículos. Muchos más quedaron sin agua potable y electricidad.

Para Puerto Rico la pandemia del COVID-19 es una crisis social y económica que le sigue los pasos a una serie de otras graves crisis.

(Publicado originalmente en inglés el 13 de abril de 2020)