Los efectos de la pandemia del COVID-19, sumados a cinco años de colapso económico y recrudecidas sanciones estadounidenses, han preparado una catástrofe humanitaria en Venezuela.

Las mayores señales de malestar social y el peligro de que el devastado sistema de salud venezolano se vea abrumado de pacientes de COVID-19 —por ahora, los oficiales han confirmado 318 casos y 10 muertes— han empujado a Nicolás Maduro y su Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) a reanudar las negociaciones con la oposición respaldada por EE. UU.

El domingo pasado, Maduro declaró a TeleSur, “Venezuela está preparada para recibir apoyo de todos los gobiernos que decidan, a partir de acuerdos humanitarios, hay que poner la política y la batalla ideológica de un lado y priorizar la salud de un pueblo. Aquellos que han mandado mensajes en privados y en público, mi respuesta es una: estamos listos para dialogar”.

Luego, el miércoles, Reuters reportó que están en marcha negociaciones entre representantes del Gobierno de Maduro y el títere estadounidense y “presidente interino” autoproclamado, Juan Guaidó. Citó “siete fuentes” que incluyen oficiales del Gobierno y de los promotores del cambio de régimen en torno a Guaidó

La discusión gira en torno a las consecuencias sociales del coronavirus, pero Reuters añadió que cada bando sigue “convencido de que el brote socavará políticamente al otro”.

Estas negociaciones se realizan dentro del marco de la “Iniciativa de Transición Democrática” propuesta por el Gobierno de Trump a principios del mes y que fue inicialmente rechazada por Maduro. En última instancia, la “Iniciativa” busca contrarrestar la creciente influencia china y rusa en el “patio trasero” del imperialismo estadounidense, por medio del derrocamiento del Gobierno electo de Maduro y la instalación de un régimen títere de EE. UU.

El centro de pensamiento estadounidense Atlantic Council, que auspició a Guaidó esta semana, afirma directamente que la estrategia de EE. UU. necesita “concentrarse en contener la influencia rusa en Venezuela, dado que no puede ponerle fin”. Aboga por una mayor presencia de empresas occidentales para oponerse a Rusia “una vez que todos los bandos estén involucrados en un Gobierno de transición”.

El momento en que se retoman las negociaciones, no obstante, deja en claro que el principal factor impulsando al Gobierno del PSUV y su apoyo clave, el ejército venezolano, a buscar un compromiso con el imperialismo estadounidense es la urgencia de prepararse para un desafío importante desde abajo a su riqueza y ambiciones.

Un reciente reporte del Programa Mundial de Alimentos estimó que el año pasado, 9,3 millones o casi una tercera parte de la población en Venezuela sufrió de inseguridad alimentaria grave, un indicador del riesgo de hambruna. Esta condición fue compartida por 1,2 millones de migrantes venezolanos en Colombia y Ecuador.

El columnista del diario español El País, Ibsen Martínez alude a advertencias del principal productor de alimentos en Venezuela, Empresas Polar, de que la escasez de gasolina, semillas y gasolina podría desencadenar una hambruna tan temprano como julio. Martínez se refirió a protestas recientes de enfermeros y comunidades de clase trabajadora y apuntó a un “estallido social”.

“[S]olo queda soñar con un desembarco de la 82ª División Aerotransportada [de EE. UU.] en el parque de béisbol de la Ciudad Universitaria de Caracas”, indica Martínez, añadiendo, “Venezolano o gringo, con tal de que sea militar el salvador”.

La llamada División “Panestadounidense.” del Ejército ha participado en numerosas invasiones en América, incluyendo de la República Dominicana (1965), Granada (1983), Panamá (1989) así como ocupaciones militares contra disturbios en Detroit (1967), Washington D.C. (1968) y Baltimore (1968). Los oficiales del Gobierno de Trump también han mencionado varias veces la invasión de Panamá de 26.000 soldados estadounidenses que mataron a miles de civiles para capturar al dictador Manuel Noriega, como una amenaza contra Maduro.

Washington ha procedido a emplazar como arma la crisis pandémica desde febrero. Esto comenzó con sanciones contra la empresa estatal rusa Rosneft, que ha mantenido las reducidas ventas petroleras de Venezuela a flote, lo que llevó a Rusia a reducir severamente sus operaciones. El Departamento de Justicia de EE. UU. imputó a Maduro y otros altos oficiales bajo cargos infundados de tráfico de drogas.

El 31 de marzo, el Departamento de Estado de EE. UU. publicó su “Iniciativa de Transición Democrática”. El plan llama a instalar un “Consejo de Estado” provisional compuesto de figuras de oposición y del PSUV, excluyendo a Maduro y Guaidó, como una tapadera “democrática” a un cambio de régimen respaldado por el ejército EE. UU. y de aliados al servicio de Wall Street y las corporaciones estadounidenses.

Su verdadero contenido se expone en dos condiciones inequívocas de la “Iniciativa”: (1) “La comunidad internacional provee apoyo humanitario, electoral, de gobernanza, desarrollo, seguridad y económico”, y (2) “Las negociaciones comienzan con el Banco Mundial, el FMI, y el Banco Interamericano de Desarrollo para programas importantes de apoyo”.

Pese a disfrazarse de promesas de votos legislativos, programas sociales y mayor acceso a la salud, la política del Gobierno de Trump de someter a los venezolanos a punta de hambre, sus amenazas de guerra y los propios planes de Washington de “reabrir” centros laborales no esenciales en EE. UU. en medio de la pandemia, demuestran que tal régimen en Caracas estará caracterizado de corrupto servilismo, colocando las ganancias e intereses geopolíticos del imperialismo estadounidense por encima de cualquier preocupación por las vidas de las masas empobrecidas.

El Associated Press (AP) reportó de diputados anónimos que los legisladores pro-Guaidó aprobaron darse un estipendio de $5.000 como parte de una ley que otorga bonos de solo $100 a los trabajadores médicos durante la pandemia. Los fondos vienen de los muchos activos del Gobierno venezolano en el exterior ya incautados por el Gobierno de Trump.

A pesar de recibir algo de ayuda de China, Rusia, Irán y la Organización Mundial de la Salud para enfrentar la pandemia, el Gobierno de Maduro le solicitó un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI), indicando su situación económica desesperada como resultado de las sanciones estadounidenses y la masiva caída en los precios del petróleo.

Luego, el miércoles pasado, el Departamento del Tesoro de EE. UU. le ordenó al conglomerado Chevron con sede en EE. UU., que mantiene una sociedad con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que dejara de perforar pozos, comprar, vender o transportar petróleo venezolano.

Más temprano este mes, la Casa Blanca desplegó, en palabras del AP, “una de las más grandes operaciones militares estadounidenses en la región desde la invasión de Panamá en 1989”, involucrando buques de guerra y “fuerzas especiales en el terreno vistas pocas veces antes en la región”. Pese a ser presentado como un esfuerzo “antidrogas”, la operación se centra en las costas caribeñas de Venezuela, que no es una fuente importante de drogas hacia EE. UU.

A instancias del Gobierno ruso, el Consejo de Seguridad de la ONU discutió las amenazas militares de EE. UU. contra Venezuela el miércoles, después de que la delegación venezolana denunció “el Gobierno de Trump por iniciar un acto de guerra contra Venezuela, empleando la pandemia como un arma adicional para aumentar el sufrimiento de la población civil—¡un crimen de lesa humanidad!—”.

Cualquier intervención militar en Venezuela, no obstante, se enfrenta a enormes desafíos, incluyendo sus intervenciones cada vez más amplias en Oriente Próximo, África y el este de Asia, o los brotes de COVID-19 entre soldados y marineros. El Pentágono anunció el viernes que uno de los buques de la Armada enviados al Caribe, el destructor Kidd, se vio obligado a atracar después de que más de doce marineros salieran positivo. Tan recientemente como el fin de semana pasado, el titular del Comando Sur de EE. UU., el almirante Craig Faller, desestimó las preocupaciones por la salud de las tripulaciones declarando “Prosperamos en la incertidumbre”.

Más allá, con decenas de millones entrando en el desempleo, largas colas en los bancos de alimentos, escasez de pruebas de COVID-19 y de equipo de protección para trabajadores de la salud y otros, el despilfarro de recursos para una importante operación militar desencadenará una oposición masiva dentro de EE. UU. e internacionalmente.

No obstante, la respuesta del imperialismo estadounidense a su continuo declive y el aumento en la oposición interna ha sido emprender provocaciones militares más temerarias y un gasto récord en guerra.

Tras la invasión de Panamá en diciembre de 1989, la Workers League —predecesora del Partido Socialista por la Igualdad en EE. UU.— escribió: “Esta combinación de debilidad económica y poderío militar es una mezcla explosiva. Pero a largo plazo el primer factor es mucho más decisivo y la creciente temeridad en el uso del poder militar estadounidense significa que inevitablemente, el imperialismo estadounidense se dirige a una debacle monumental…”.

Este proceso, acelerado por la pandemia, solo puede resolver progresivamente mediante una intervención revolucionaria de la clase obrera con base en un programa socialista e internacionalista.

(Publicado originalmente en inglés el 25 de abril de 2020)