Seis semanas después de que comenzaran las medidas de confinamiento en el sur de Europa en medio de la pandemia de COVID-19, la Unión Europea (UE) y los gobiernos de todo el continente están presionando a los trabajadores para que regresen a trabajar, incluso mientras la pandemia continúa. Ayer se confirmaron 23.680 casos nuevos de COVID-19 en toda Europa, para un total de 1,27 millones de casos y 121.800 muertes. La decisión de levantar las medidas de confinamiento, acelerando enormemente la propagación de la pandemia, es políticamente criminal y costará miles de vidas.

El ejemplo de la provincia china de Hubei, el primer epicentro de la pandemia, donde la propagación se detuvo por un confinamiento mucho más largo que duró del 23 de enero al 8 de abril, momento en el que solo se descubrieron unas pocas docenas de casos en gran parte importados en toda China, ha sido dejado de lado. Este fin de semana se registraron 6.865 casos nuevos en España, 4.681 en Italia, 2.272 en Francia, 2.178 en Alemania y 9.376 en Gran Bretaña. Sin embargo, los gobiernos están presionando para que se vuelva a trabajar en contra de las opiniones de los científicos y de la población activa.

Esto sigue a una cumbre de la Unión Europea (UE) el jueves en la que se anunció un rescate de €1 billón y la UE se comprometió a imponer políticas de regreso al trabajo en todo el continente. "Discutimos el progreso en las diversas dimensiones de la respuesta europea a la pandemia y acogimos con beneplácito la hoja de ruta europea conjunta hacia el levantamiento de las medidas de contención del COVID-19", anunció el presidente del Consejo Europeo y antiguo primer ministro belga, Charles Michel, después de la cumbre.

Mañana, el Consejo de Ministros de España aprobará el plan del presidente del gobierno Pedro Sánchez para poner fin a las medidas de confinamiento, mientras que el primer ministro francés, Édouard Philippe, anunciará el plan de su gobierno para salir del encierro en Francia.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, también anunció que su gobierno publicará sus planes para una reapertura del 4 de mayo de compañías no esenciales, a principios de esta semana "a más tardar".

Si bien estos gobiernos han evitado en gran medida dar detalles concretos sobre las políticas que planean implementar después de los encierros, ya está claro que, en ausencia de una vacuna o una cura para el virus, el resultado será un gran aumento de casos de COVID-19 y defunciones.

En España, donde el 59 por ciento de la población apoya el fortalecimiento en lugar de la cancelación de las medidas de confinamiento, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) ha pedido que las salas de cuidados intensivos dupliquen el número de camas disponibles después del confinamiento. El CCAES dejó en claro que la política del gobierno español es no tratar de erradicar la enfermedad. Más bien, busca mantener el número de casos "a un nivel que el sistema sanitario pueda tolerar, evitando el riesgo de que pueda verse abrumado" como en la primera ola de la epidemia.

El CCAES también señaló que las estrategias de "inmunidad colectiva" propuestas por los gobiernos europeos eran inaceptables, ya que inundarían los sistemas sanitarios y provocarían muertes masivas. "No es razonable basar las estrategias de control de pandemias en esperar a que un porcentaje suficientemente alto de la población desarrolle inmunidad total o parcial, lo que implica un número inaceptable de casos y muertes".

En Francia, un estudio epidemiológico realizado por el Centro Hospitalario de la Universidad de Rouen (CHU) descubrió que el confinamiento redujo las muertes hospitalarias antes del 19 de abril en al menos 61.739 (83,5 por ciento). Estimó que, sin confinamiento, el 23 por ciento de la población tendría la enfermedad para entonces. El confinamiento por lo tanto "evitó alrededor de 590.000 hospitalizaciones y 140.000 ingresos a cuidados intensivos", encontró. Esto habría desbordado las 10.500 camas de cuidados intensivos disponibles en Francia, una cifra que se duplicó solo gracias a los esfuerzos de emergencia del personal de salud desde el comienzo de la pandemia.

Esto coincide aproximadamente con las proyecciones del Imperial College de Londres de que una política de "inmunidad colectiva" costaría al menos la vida a 250.000 personas solo en Gran Bretaña. Tales tasas de mortalidad, a nivel de todo el continente europeo, conducirían a un número de millones de muertos.

Esto apunta a los vastos peligros que plantea el fin prematuro del confinamiento y la criminalidad política de los llamados del primer ministro británico, Boris Johnson, y la canciller alemana, Angela Merkel, para lidiar con COVID-19 mediante la "inmunidad colectiva". No obstante, el presidente francés, Emmanuel Macron, sigue adelante con precisamente esa agenda.

Varios organismos científicos estatales advirtieron contra las políticas propuestas por Macron, quien ordenó el regreso al trabajo y la reapertura de las escuelas el 11 de mayo. El consejo científico del gobierno, dirigido por el Dr. Jean-François Delfraissy, emitió un comunicado llamando a las escuelas a permanecer cerradas hasta septiembre y hasta que el fin del confinamiento espere hasta que las unidades de cuidados intensivos vuelvan a los niveles normales de ocupación. La Dirección General de Salud informó que, a pesar de la tendencia gradual a la disminución del número de infecciones, el número total de pacientes con respiradores en Francia en realidad aumentó en 28 ayer.

Divisiones amargas están estallando dentro del propio gobierno de Macron, mientras los ministros entran en pánico ante la perspectiva de una erupción de ira popular después de una segunda ola de casos de COVID-19. Un ministro se quejó anónimamente ante L’Obs sobre las noticias sobre la inviabilidad de una estrategia de "inmunidad colectiva" de esperar que la población quede inmune si todos contrajeran el virus. "Parece que estamos descubriendo que se puede contraer el coronavirus varias veces", dijo el ministro, "pero toda nuestra estrategia se basaba en desarrollar inmunidad". Nuestra situación es que estamos cayendo en un abismo".

La burguesía europea está avanzando con una política de regreso al trabajo políticamente criminal. Les es fácil a la patronal corporativa y a los inversores ricos refugiarse en sus hogares, y los círculos gobernantes de la UE son tan indiferentes ante la muerte de millones de trabajadores en Europa que regresan a trabajar para aumentar sus ganancias como un faraón egipcio que ve morir a los esclavos para construir las pirámides.

Este desprecio tóxico de clase por la vida humana surgió en los comentarios del presidente del Parlamento alemán, Wolfgang Schäuble, el prominente arquitecto de la restauración capitalista en Alemania Oriental en 1989 y de la austeridad de la UE después del colapso de 2008, atacando los llamados a proteger la vida humana en medio de la pandemia. Le dijo al Tagesspiegel que cuando escucha "que todo debe dar paso a la protección de la vida, debo decir: eso no es absolutamente correcto. ... Si hay un valor absoluto en nuestra constitución, es la dignidad humana. No se lo puede tocar. Pero no descarta que debamos morir".

Sin embargo, el ansia horrorosa de Schäuble por la muerte no es simplemente un rasgo personal, sino una expresión particularmente brutal de los intereses lucrativos de toda la clase dominante europea.

La aristocracia financiera europea, muy consciente de la creciente crisis financiera antes de que surgiera el COVID-19, ha respondido a la pandemia colmándose a sí misma de grandes cantidades de dinero público. El Banco Central Europeo (BCE) anunció un rescate bancario de €750 mil millones, comprando varios tipos de deuda para pagar a los inversores en los principales bancos. Los gobiernos más grandes de la Unión Europea (UE) anunciaron cada uno cientos de miles de millones de euros en rescates corporativos, mientras que la UE lanzó un paquete de rescate de 540 mil millones de euros dirigido abrumadoramente a las grandes empresas, y luego anunció su último rescate de 1 billón de euros en su cumbre el jueves pasado.

A pesar de que se prodigan sumas masivas para rescates de empresas, como Air France-KLM (€10 mil millones) o el fabricante de automóviles Renault (€5 mil millones previstos), los financistas exigen que los trabajadores regresen al trabajo para obtener ganancias en las enormes cantidades de capital ficticio que fluyen a través del sistema financiero. VW en Alemania, Toyota en Francia y otras empresas de industrias no esenciales ya están reabriendo en estrecha colaboración con los sindicatos.

Naturalmente, los políticos capitalistas presentan varios argumentos aparentemente más apetecibles para poner fin al confinamiento, insistiendo en que es demasiado destructivo y que cuesta demasiado a las pequeñas empresas y a los asalariados. Esta fue la táctica que adoptó Conte, quien le dijo a La Repubblica: "No podemos continuar con este confinamiento. Nos arriesgamos a comprometer demasiado el tejido socioeconómico del país".

De hecho, la razón principal por la que los confinamientos han generado dificultades es que los estados de la UE dejaron a innumerables trabajadores y pequeñas empresas prácticamente sin ingresos. Se formaron largas colas para distribuciones limitadas de alimentos en los barrios obreros de París, Madrid y otras ciudades europeas.

Los trabajadores deben rechazar esta falsa elección entre trabajar y morir en una pandemia y morir de hambre en reclusión, y también la afirmación de que las muertes en masa ahora son inevitables. La ciencia y la tecnología modernas permiten que las masas de trabajadores se refugien en sus hogares y reciban los alimentos y medicamentos necesarios, mientras que los científicos trabajan en vacunas y tratamientos para el COVID-19. Sin embargo, esto requerirá la expropiación de las sumas masivas de dinero saqueadas de los tesoros públicos por la aristocracia financiera y una lucha política para derrocar a los gobiernos reaccionarios de toda Europa y luchar para transferir el poder a la clase trabajadora.

(Publicado originalmente en inglés el 27 de abril de 2020)