Cientos de maquiladoras en todo México han permanecido abiertas a pesar de que la propagación de la pandemia COVID-19 sigue acelerándose. Esto incluye el 68 por ciento de las fábricas en Tijuana, junto a la frontera con California, según el Gobierno local.

Las plantas manufactureras concentradas a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México se han convertido en epicentros del brote de COVID-19, con docenas de trabajadores muriendo en hospitales desbordados. Los cierres que sí ocurrieron se debieron en gran parte a la ola de huelgas salvajes en las ciudades fronterizas de Matamoros, Reynosa, Ciudad Juárez, Tijuana y Mexicali el mes pasado. Sin embargo, estas plantas —que son críticas para la reapertura de la industria automotriz norteamericana y la producción de defensa de EE.UU.— se han ido reabriendo gradualmente en las últimas dos semanas o han enviado avisos a los trabajadores sobre un regreso al trabajo pronto.

Como en Mexicali el viernes pasado, donde el derechista Congreso del Trabajo (CT) organizó una protesta frente al Gobierno del estado contra el regreso prematuro al trabajo, los trabajadores deben ser cautelosos con las maniobras de los sindicatos tradicionales y los llamados “independientes”, junto a sus activistas. Su objetivo no es defender la vida de los trabajadores, sino recuperar su confianza para disminuir la resistencia y acorralarlos de vuelta a las plantas en la primera oportunidad, sin importar los riesgos.

En el momento de redactar este informe, había 23.471 casos confirmados de COVID-19 en México y 2.154 muertes, según el recuento de la Organización Mundial de la Salud.

Mientras se negaba a cerrar los lugares de trabajo no esenciales, proporcionar protección a los trabajadores médicos e implementar pruebas masivas y otras medidas de emergencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desperdició los meses de febrero y marzo besando a partidarios en concentraciones, llamando a los mexicanos a salir, confiar en sus genes y llevar íconos religiosos y un billete de un dólar –un amuleto de la suerte en América Latina— como “guardaespaldas”.

Con la propagación del virus mortal y una ola de huelgas que golpeó a las maquiladoras, AMLO finalmente declaró una “emergencia sanitaria” el 30 de marzo, ordenando el cierre de la producción no esencial y el pago de los salarios completos.

Aunque no tenía la menor intención de hacer cumplir estas medidas, el Gobierno trató de desviar el malestar popular con declaraciones sobre proteger la vida de los trabajadores. El 16 de abril, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, escribió en una carta al FMI: “A pesar de la incertidumbre actual, es de suma importancia enviar un fuerte mensaje de que no existe una elección entre la salud y la economía. La crisis económica mundial no se puede resolver hasta que la emergencia sanitaria se aborde de manera efectiva”.

Esa misma noche, sin embargo, la Administración de Trump publicó su plan “Abrir EE.UU. de nuevo”, y el mandatario llamó a AMLO poco después para presionarlo a reabrir las plantas en México.

El 23 de abril, AMLO declaró en su rueda de prensa diaria: “Nos hemos comprometido, sobre todo con los empresarios nacionales, a analizar estas aperturas [en los EE.UU.] para poco a poco ir regresando a la normalidad productiva en la frontera. Pero esto todavía no se decide porque la epidemia de coronavirus en EE.UU. desgraciadamente les está afectando mucho…”. Más tarde anunció que la reapertura comenzaría el 17 de mayo.

El 27 de abril, Herrera cambió su retórica sobre priorizar la salud y dijo a El País que el Gobierno iba a “encontrar algún mecanismo” para abrir los proveedores a las empresas estadounidenses aún antes. Explicó: “Lo que esperan los epidemiólogos es que una vez que empecemos a pasar a la otra parte, se van a empezar a dar esta inmunidad de rebaño donde hay un porcentaje ya muy alto de la población que le dio, incluso muchos sin que se den. Lo que mata a la pandemia no es que se están evitando los contagios sino que ya se dieron suficientes contagios en un monto tan alto que ya no hay forma de pasarlos porque ya les dio”.

Esta es una política homicida que resultará, si se lleva a cabo, en cientos de miles de muertes.

El lunes, el Detroit Free Press publicó un artículo intitulado, “La industria automotriz de los EE.UU. se prepara para el reinicio y todo depende de México”. Señaló: “Con alrededor del 40 por ciento de las autopartes importadas que provienen del sur de la frontera, y las piezas fabricadas en los Estados Unidos que se exportan a México para la producción de vehículos en ese país, no se puede exagerar la interdependencia entre ambos países”.

El Gobierno de AMLO y las corporaciones con sede en EE.UU. y en el extranjero esperan usar la desesperación económica para obligar a los trabajadores a volver al trabajo.

La organización británica contra el hambre Oxfam estimó que, sin la ayuda del Gobierno, 3 millones de empresas podrían verse afectadas, dejando a 28 millones de trabajadores —o casi la mitad de la fuerza laboral de México— sin un trabajo o sin ingresos suficientes para sobrevivir. Oxfam informa que proporcionar a los trabajadores informales un ingreso mínimo durante un año costaría alrededor de 24.000 millones de dólares, menos de una cuarta parte de los 108.000 millones de dólares que controlan los seis mexicanos más ricos.

AMLO se ha negado a proporcionar ayuda a los que han perdido sus trabajos e ingresos en el sector informal. Al mismo tiempo, ha afirmado que no daría obsequios a los bancos y empresas. Sin embargo, mientras AMLO proclama que su prioridad es no aumentar la deuda, Herrera anunció “la más grande colocación de bonos en la historia de México”, de aproximadamente 6.000 millones de dólares, y el Gobierno está prometiendo a los mercados internacionales que pagará la deuda y los intereses en su totalidad.

Al mismo tiempo, está aumentando la presión para acabar con la oposición de los trabajadores mexicanos. Francisco Santini Ramos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, la principal organización patronal, dijo que la patronal está siendo “estigmatizada en el ámbito nacional e internacional por las protestas de trabajadores que laboran en empresas no esenciales y la muerte de compañeros”. Refiriéndose específicamente a dos plantas de autopartes de Lear en Ciudad Juárez, donde al menos 16 trabajadores murieron a causa de COVID-19, dijo que la empresa no tenía la culpa y señaló al sistema de salud.

La hija de un trabajador en una de las plantas que recientemente sucumbió al COVID-19 después de una larga batalla contra la enfermedad, explicó al WSWS que la corporación con sede en Michigan obligó a trabajadores con síntomas de COVID-19 a seguir trabajando durante la segunda mitad de marzo. Su padre y varios trabajadores en las redes sociales señalaron que la planta habría seguido operando si no se hubiera quedado sin espacio en sus almacenes debido al cierre de las fábricas en EE.UU. “No cerraron las plantas cuando el cliente de Estados Unidos cerró… Me parece irresponsable que las plantas sigan abiertas y expongan así a sus empleados”, dijo Mónica Rosales al WSWS.

En cuanto al desfinanciado sistema de salud, el Gobierno mexicano ha priorizado los incentivos fiscales y de propiedad para el capital extranjero, así como el gasto militar para preparar la defensa de su propiedad y tomar medidas represivas contra la oposición social.

Una de las primeras iniciativas políticas de AMLO fue crear la mayor zona económica libre a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México mediante la reducción de impuestos para las empresas. Esto condujo a un déficit presupuestario estimado para el primer año en 4.230 millones de dólares. AMLO también redujo el personal federal médico en un 30 por ciento y el presupuesto de la Dirección General de Epidemiología en casi un 10 por ciento en su presupuesto para 2020.

La supuesta oposición de AMLO y su partido Morena a las políticas proempresariales de los Gobiernos anteriores, especialmente después del Pacto por México de 2012 que se centró en la privatización del petróleo y recortes sociales, aumentó su popularidad.

La clase dirigente mexicana y el imperialismo estadounidense impidieron que AMLO llegara al poder mediante el fraude electoral en 2006 y 2012 para sofocar las crecientes expectativas sociales. Sin embargo, en 2018 se le permitió ganar la Presidencia a fin de contener la oposición social latente, alimentada aún más por el asesinato de 43 normalistas en 2014 y la represión asesina de los manifestantes del Gasolinazo en 2017.

El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI, sigla en inglés) informó ayer que AMLO aumentó el presupuesto militar en un 7,9 por ciento en su primer año hasta 6.500 millones de dólares. Durante la última década, el gasto militar ha aumentado un 47 por ciento, supuestamente para combatir los violentos cárteles de droga, pero los homicidios siguen alcanzando niveles récord. El gobierno de los Estados Unidos también ha seguido proporcionando miles de millones en ayuda y entrenamiento militar a través de la Iniciativa Mérida.

El principal funcionario oficial encargado de la campaña antidrogas y que coordinó con las agencias estadounidenses entre 2001 y 2012 fue Genaro García Luna, quien ha sido acusado en Nueva York de recibir millones de dólares del Cártel de Sinaloa desde 2005.

El sábado, la entonces embajadora de los Estados Unidos, Roberta Jacobson, que trabajó estrechamente con García Luna en el desarrollo de la Iniciativa Mérida, dijo que el expresidente mexicano Felipe Calderón y los gobiernos de los Estados Unidos conocían los vínculos de García Luna. Varios de los colaboradores más cercanos de García Luna permanecen en altos cargos del Gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México bajo Morena.

El Gobierno de Morena creó una nueva Guardia Nacional, dirigida por el mismo comando militar corrupto, y consagró el despliegue interno de los militares en la Constitución. Después de sus primeras misiones para reprimir a los inmigrantes centroamericanos a instancias de la Administración fascistizante de Trump, la Guardia Nacional ha sido enviada para acosar a los trabajadores de autopartes en huelga en Matamoros y para desmantelar un bloqueo ferroviario de maestros en Puebla. Un memorándum interno de la Guardia Nacional sobre la crisis del COVID-19 señala que se está preparando para actuar contra el “pánico social”.

Con la crisis de la pandemia erosionando aún más la popularidad de AMLO, la clase dominante se prepara para una nueva etapa de la lucha de clases que implica una amplia represión estatal. El índice de aprobación de AMLO, según la empresa de encuestas Mitofsky, cayó al punto más bajo de su término, con un 48,8 por ciento, comparado con el 67,1 por ciento de febrero de 2019. La campaña de regreso al trabajo, como es el caso a nivel internacional, es un tema particularmente explosivo. La agencia Ipsos MORI Global Advisor halló en una encuesta que el 65 por ciento de los mexicanos se opone a una reapertura hasta que la pandemia esté totalmente contenida.

A pesar de los esfuerzos de los sindicatos y las organizaciones pseudoizquierdistas en México y a nivel internacional para alimentar las ilusiones en AMLO, millones de trabajadores, pequeños empresarios y desempleados han visto más allá de su fraudulento populismo de “izquierda”. Al igual que la clase dirigente de los Estados Unidos y de otros países del mundo, toda la élite política de México exige que los trabajadores arriesguen sus vidas por los beneficios de las empresas transnacionales y de Wall Street.

La única manera de proteger tanto la vida como los medios de subsistencia de los trabajadores es mediante una movilización política masiva de la clase obrera, dirigiendo a todas las capas oprimidas detrás de ella e independientemente de todos los partidos y sindicatos procapitalistas. Es necesario expropiar las fortunas privadas de la élite gobernante para poner fin a la pobreza y las privaciones, y transformar las fábricas de propiedad nacional y extranjera en servicios públicos bajo el control de la clase obrera, como parte de la transformación socialista de la economía.

En oposición a los corruptos sindicatos de la CTM, los trabajadores deben crear comités de base de en las fábricas y lugares de trabajo para unirse a los trabajadores estadounidenses y canadienses y exigir el cierre de toda la producción no esencial y el pago de sueldos completos para todos los trabajadores suspendidos. No se debe reanudar la producción hasta que se contenga la pandemia, se establezcan pruebas universales y se rastreen los contactos, mientras que los comités de base, trabajando en conjunto con expertos en salud pública comprometidos con los intereses de los trabajadores, no de las empresas, puedan garantizar entornos de trabajo seguros.

(Publicado originalmente en inglés el 5 de mayo de 2020)