Sindicatos y empresarios argentinos acuerdan recortes salariales que empujan a millones de personas a la pobreza

por Rafael Azul
8 mayo 2020

El Gobierno del presidente Alberto Fernández (Peronista) está respondiendo a la crisis de COVID-19 en Argentina con cuarentenas obligatorias, subsidios a las grandes empresas y recortes salariales, que afectan a cientos de miles de trabajadores.

Esta semana, la Federación de Trabajadores Comerciales negoció con la Cámara de Comercio un recorte salarial del 25 por ciento para abril y mayo para cerca de la mitad de sus 1,2 millones de afiliados. Al mismo tiempo, el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos (UOM) negoció un recorte salarial de seis meses del 30 por ciento para los trabajadores despedidos por las empresas de la Asociación de Metales Industriales, y otros empleadores, afectando a 60.000 miembros del sindicato, incluyendo a los trabajadores mayores de 60 años, que están en alto riesgo y no se les permite trabajar. Este acuerdo permanecerá en vigor incluso en los casos en que los salarios estén parcialmente subvencionados por el Estado. Tras un acuerdo con el Sindicato de Mecánicos, los concesionarios de automóviles y las empresas de reparación pagarán el 25 por ciento de los salarios; el 50 por ciento será pagado por la administración de Fernández.

Supuestamente, un reciente decreto presidencial prohíbe los despidos, excepto cuando hay menos demanda, una enorme laguna jurídica durante la pandemia. Según Armando Cavalieri, quien encabeza la unión de Trabajadores Comerciales, y Jorge Di Fiori de la Cámara Argentina de Comercio, el acuerdo de 60 días fue el resultado de un "diálogo social" con el objetivo de "salvar puestos de trabajo". El acuerdo con el sindicato de trabajadores del metal está previsto que dure 120 días. El pretexto para este segundo acuerdo es la "situación crítica" a la que se enfrentan estas empresas, tras una caída del 22 por ciento de la producción desde 2018 para la industria automovilística y otras industrias.

Estos acuerdos "expresos" de los sindicatos y la dirección argentinos se están llevando a cabo sin consultar a los trabajadores, y en condiciones en las que cada vez hay más hambre e indigencia en todo el país sudamericano.

Actualmente, para que una familia de dos adultos y dos niños no sea clasificada como "indigente", tendría que ganar un ingreso mensual de 17.353,25 pesos (poco más de 240 dólares), un ingreso que apenas cubriría los gastos de alimentación. De igual manera, la línea de pobreza (que cubre alimentos, servicios y ropa) se sitúa actualmente en 41.994,86 pesos, frente a los 11.640,06 y 28.750,94 de hace un año. En estas cifras no se incluyen los gastos de vivienda.

Las últimas estadísticas oficiales (diciembre de 2019) muestran que casi el 38 por ciento de la población se encuentra actualmente por debajo de la línea de pobreza (16 millones de personas), en comparación con el 32 por ciento en 2018. En cuanto a la indigencia, las cifras son igualmente dramáticas: el 8 por ciento de los hogares argentinos apenas pueden permitirse alimentarse, frente al 6,7 por ciento en 2018.

Incluyendo a los trabajadores con acuerdos de venta pendientes, como los empleados de hoteles y restaurantes, los recortes salariales podrían fácilmente sumar un millón de trabajadores, de una fuerza laboral de 6 millones.

En los últimos años de medidas de austeridad, los salarios de los trabajadores no se han mantenido a la par de la inflación de los precios de los alimentos y de las necesidades básicas, reduciendo la brecha entre los ingresos familiares de los trabajadores y el umbral de pobreza. En diciembre pasado, el país entró en una crisis alimentaria.

El presidente Fernández decretó el jueves el control de los precios de la leche y los productos lácteos hasta el 2022. En el pasado, frente a la inflación masiva, tales controles de precios han sido fácilmente ignorados.

Los salarios reales promedio han perdido el 15 por ciento de su poder adquisitivo, al colapsar la economía argentina. Un 25 por ciento adicional equivale a un 40 por ciento total en términos de reducción de ingresos, según cálculos publicados este jueves en el diario Clarín de Buenos Aires.

La mitad de los asalariados del sector privado (3 millones) reciben 45.000 pesos, apenas por encima de la línea de pobreza de 41.994,86 pesos para una familia de cuatro personas.

Las medidas del Gobierno en respuesta a la pandemia COVID-19 significan que el número de los que están por debajo de las líneas de pobreza e indigencia ahora explotará.

Para los trabajadores del sector informal, incluidos los vendedores ambulantes y los trabajadores de los contingentes, las condiciones serán mucho peores.

La conmoción de la pandemia COVID-19 ha golpeado a la Argentina en una coyuntura política y económica crítica. Años de medidas de austeridad que han hundido a más de un tercio de la población en la pobreza y el hambre, junto con la incapacidad de pagar la deuda con los bancos de Wall Street y los fondos buitre, imponen severas restricciones al recientemente instalado Gobierno peronista de Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Incluso antes de que se produjera la pandemia, cientos de miles de argentinos se enfrentaban a la inseguridad alimentaria. A lo largo de 2018 y 2019, la anterior administración del presidente Mauricio Macri había impuesto medidas draconianas de austeridad, al tiempo que pedía prestado al Fondo Monetario Internacional para pagar a los acreedores de Wall Street, acumulando efectivamente nuevas deudas para pagar las antiguas deudas con los bancos y los fondos de cobertura.

Esta semana, Argentina, una nación de casi 40 millones, ha reportado más de 4.000 infecciones de COVID-19 y más de 200 muertes. En respuesta, el Gobierno de Fernández ha impuesto estrictas medidas de aislamiento social. En el frente económico, el Gobierno ha recurrido a la impresión de papel moneda, mientras intenta posponer la resolución de su deuda de 64 mil millones de dólares con Wall Street.

Si bien el Gobierno de Fernández supuestamente ha aumentado los pagos de asistencia social "anticíclicos" en 1,7 billones de pesos para el segundo trimestre del año (de abril a junio), se trata de una caída en picado en comparación con el efecto acumulativo de los ataques a los salarios.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 2 de mayo de 2020)