El presidente de derecha de Perú, Martin Vizcarra, anunció el viernes una prórroga hasta el 24 de mayo de un estado de emergencia impuesto en respuesta a la pandemia del coronavirus, a medida que el número de infecciones y muertes sigue aumentando en el país sudamericano.

La población peruana ha estado sometida a cuarentena desde el 16 de marzo. No obstante, el país se ha convertido en un punto caliente regional en la propagación mundial de la pandemia. Hasta el viernes, el número de infecciones registradas oficialmente había aumentado a aproximadamente 62.000, y el número de muertes registradas por COVID-19 a más de 1.700. Como en todas partes, hay una brecha importante entre los números oficiales y la cifra real del virus.

El impacto real de la pandemia ha sido expuesto gráficamente en una cinta de video espantosa que emerge de Iquitos, la capital del departamento de Loreto en la cuenca amazónica, mostrando docenas de cuerpos envueltos en bolsas de basura negras y apilados uno encima del otro en la morgue de la ciudad.

"Los dos hospitales de Iquitos están desbordados", dijo a la BBC Luis Leonardo Runciman, decano del Colegio Médico Regional de Iquitos de Perú. "No tenemos donde tratar a más pacientes y esto significa que la gente va a morir en sus hogares".

El anuncio de Vizcarra de la extensión de la cuarentena se produjo pocos días después de la convocatoria del Acuerdo Nacional, un órgano que reúne a los principales partidos políticos del país, incluido el pseudoizquierdista Frente Amplio, junto con las asociaciones de empleadores y agrícolas y funcionarios gubernamentales.

Vizcarra reconoció en la reunión que, a pesar de las semanas de cuarentena, "los resultados no han sido exactamente los que esperábamos". Añadió que "no es sólo una crisis sanitaria; lo que estamos viviendo es una crisis social y económica sin precedentes en Perú y en el mundo".

Entre los objetivos declarados del organismo está mantener la "competitividad" del Perú y fomentar una "economía social de mercado". Una de las sesiones principales fue dedicada a un informe de la Ministra de Economía María Antonieta Alva presentando la propuesta del gobierno para reabrir la economía peruana. Como en todas partes, la burguesía peruana y las corporaciones transnacionales que explotan la riqueza mineral del país están decididas a reanudar la producción y la extracción de beneficios, sin importar el costo en la vida de los trabajadores.

Mientras tanto, en una reversión histórica, los inmigrantes del interior del Perú están haciendo esfuerzos desesperados para regresar a sus lugares de origen. Durante décadas, la gente ha acudido a la capital en busca de trabajo, convirtiéndola en una ciudad de 1 millón de habitantes en 1950 a más de 10 millones en 2020, más del 30 por ciento de la población nacional.

Ha habido enormes colas en las estaciones de autobuses y en las carreteras, con familias con niños pequeños y bebés esperando días para encontrar un camino de regreso a sus aldeas. Otros se han tomado la decisión de viajar a pie, formando largas colas a lo largo de las carreteras principales con destinos a miles de kilómetros de Lima. Muchas personas ya han agotado sus ahorros y viven en tiendas de campaña improvisadas porque no pueden pagar su alquiler.

A mediados de abril, se estima que 167.000 personas en Lima de zonas rurales se habían registrado ante sus gobiernos regionales pidiendo ayuda para su regreso. Sin embargo, los obstáculos burocráticos son enormes. En abril, de esos 167.000, sólo 3.579 habían podido regresar por tierra o por aire.

Con el regreso de cientos de miles, o millones, de personas a sus regiones de origen desde Lima, donde se concentran la mayoría de los casos, la pandemia del coronavirus sólo puede propagarse entre poblaciones aún más vulnerables.

Detrás de este éxodo masivo no es miedo a contraer el virus en Lima, sino más bien a la falta de empleo, la pérdida de vivienda y el hambre resultante del bloqueo económico.

Se estima que hasta un tercio de la población se ha quedado desempleada desde el brote de la pandemia. La cifra real puede ser mucho mayor en un país donde el 70 por ciento de los puestos de trabajo son informales.

Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), "más de 10 millones de peruanos viven de su ingreso diario". Agrega que "el 89 por ciento de los peruanos urbanos viven en condiciones vulnerables y trabajan en el sector informal. Pero esa cifra oculta la realidad de la enorme desigualdad social. Mientras que en los sectores económicos más ricos, A y B, el desempleo alcanza el 17 por ciento, en el otro extremo, D y E —clase trabajadora, jóvenes pobres y propietarios de pequeñas empresas— la suma total alcanza un alarmante 59 por ciento; es decir, seis de cada 10 han perdido sus puestos de trabajo".

Además, la mayoría de los desempleados están recibiendo poco, si nada en absoluto, de los miserables bonos que el gobierno está distribuyendo como la "cesta familiar". Incluso un bono completo es insuficiente para la mayoría de las familias, proporcionando menos de la mitad del salario mínimo.

La pandemia también se ha extendido entre la población carcelaria del país, apoderándose de al menos 15 reclusos, con 500 infecciones confirmadas en prisiones de cuatro ciudades peruanas. Las prisiones están terriblemente superpobladas —viviendas del orden de cinco veces su capacidad— y sirven como caja de yesca para la propagación del virus. Además, los infectados carecen de atención médica adecuada.

El 28 de abril en la prisión Miguel Castro de Lima, que alberga a 5.500 reclusos a pesar de una capacidad de sólo 1.140, decenas de reclusos quemaron recientemente colchones y colocaron carteles que exigían protección del contagio. El motín dejó nueve reclusos muertos y 67 heridos.

En la prisión de Lurigancho, en la provincia de Lima, la más grande del país, que actualmente alberga 10.000 habitantes, cuatro veces su capacidad, los reclusos protestaron exigiendo atención médica antes de regresar a sus celdas.

Recientemente en la prisión de Huancayo, ubicada en los Andes a 200 kilómetros de Lima, los reclusos llevaron a cabo una revuelta, exigiendo que fueran probados para el coronavirus después de las muertes por virus. La prisión también reúne a los reclusos, albergando a 2.100 reclusos a pesar de una capacidad de sólo 680.

El 18 de abril, dos prisioneros murieron en un motín provocado por el miedo a la infección por coronavirus en una prisión en la ciudad septentrional de Chiclayo. Un motín similar sin muertes también ocurrió en la ciudad septentrional de Piura.

El director del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Gerson Villar, confirmó que dos reclusos murieron de COVID-19 en las prisiones de Lima el domingo. Dijo que los reclusos están exigiendo los indultos de los que ha hablado el gobierno, y que se preste atención adecuada a los que están infectados.

La pandemia ha puesto al desnudo la marcada desigualdad y la opresión económica que domina la sociedad peruana, al tiempo que crea las condiciones para una erupción de conflicto de clases.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 9 de mayo de 2020)