El gobierno de Chile despliega tropas en las calles mientras los casos de coronavirus se disparan

por Mauricio Saavedra
18 mayo 2020

El gobierno del presidente ultraderecha de Chile, Sebastián Piñera, ha respondido a la explosión de la pandemia y a los signos de una creciente resistencia popular con leyes tramitaron por la vía rápida que normalizan el despliegue de los militares en las calles. No menos de una docena de leyes que refuerzan los organismos represivos del Estado han sido redactadas por el ejecutivo y el Congreso en los últimos seis meses. Ya se están utilizando a medida que el coronavirus se propaga rápidamente en los distritos de la clase obrera de Santiago y las ciudades regionales.

Boinas negras desplegadas en las calles de Santiago

Hoy en día, toda la Región Metropolitana de Santiago, de casi siete millones de habitantes, está en cuarentena, con más de 2.500 nuevos casos reportados diariamente. El número total de infecciones confirmadas ha aumentado a aproximadamente 40.000, y el número de muertes a cerca de 400. Como en otras partes de América Latina y a nivel internacional, el número real de víctimas es mucho mayor.

Dado que el virus mortal golpea con más fuerza en los barrios de clase obrera más densamente poblados de Santiago, su propagación es una acusación condenatoria de las políticas criminalmente negligentes e imprudentes del gobierno, lo que inflama aún más la ira hacia toda la clase política.

A partir del 14 de mayo, 14.000 miembros de las Fuerzas Armadas, los paramilitares Carabineros, la policía PDI, junto con destacamentos de la élite del Ejército, la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro, o boinas negras, las fuerzas especiales de la Fuerza Aérea, la Infantería de Marina, así como las fuerzas especiales de Carabineros, la policía antimotines y las unidades tácticas comenzaron a patrullar las calles de Santiago metropolitano.

Se han enviado más de 74.450 efectivos militares y policiales a lo largo y ancho del país, y los mandos militares se han hecho cargo de las 16 zonas regionales desde que Piñera declaró el estado de catástrofe en marzo. Hasta la fecha, estas patrullas han detenido a 6.888 personas por violar el toque de queda, 969 por cometer delitos durante el toque de queda y 1.255 por violar la cuarentena total. En otras palabras, con COVID-19 como tapadera, los militares están siendo utilizados para suprimir a la clase obrera.

El ministro de Defensa, Alberto Espina, explicó que los 52 alcaldes de la Región Metropolitana incluyendo los del Partido Comunista de Chile (PCCh), Partido Socialista de Chile (PSCh), Frente Amplio, así como la derecha, tendrán asignados oficiales para que puedan aportar “sugerencias y opiniones” para mejorar los patrullajes de los militares, quienes estarán a cargo.

El ministro de Defensa Espina con las tropas en Santiago

“Entre estas acciones está el resguardo de infraestructura crítica que comprende más de 22 centros de distribución de alimentos y de salud” en la Región Metropolitana que proveen de recursos al resto del país, dijo Espina, agregando lo que sólo se puede caracterizar como una amenaza: “es fundamental y decisivo para su éxito la colaboración de la ciudadanía”.

Estas acciones fueron prefiguradas por un proyecto de ley aprobado en el Senado que permite al presidente llamar a los militares para proteger la electricidad, las comunicaciones, el transporte, los hospitales, los suministros, etc., sin tener que declarar un Estado de Excepción que requiere la aprobación del Congreso. También se permitirá a los militares “proteger” a las ramas del gobierno o poner estas instituciones políticas bajo supervisión militar.

El 8 de mayo, Francisco Chauan, senador de la Renovación Nacional ultraderechista, presentó en el Congreso un proyecto de ley que no sólo criminalizará las manifestaciones, las huelgas masivas y las protestas, sino que permitirá a la policía y a los militares realizar redadas masivas. Han tomado prestada esta ley del estatuto alemán “Landfriedensbruch”, o “violación de la paz”. Permite el arresto masivo de individuos presentes en “manifestaciones violentas” y conlleva penas de prisión de hasta tres años.

“Nuestro Código Penal chileno carece de una figura legal que permita sancionar a quienes participan de una aglomeración violenta si es que no son sorprendidos cometiendo directamente un delito...” Chauan declaró.

Una semana antes, el 28 de abril, el ministro de Defensa Espina se dirigió a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados —un comité de 11 miembros que incluye a Guillermo Tellier (PCCh), y Jaime Toha (PSCh)— urgiéndola a aprobar un proyecto de ley que otorgue poderes de gran alcance a los servicios de inteligencia militar y policial. El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en enero por los 43 miembros del Senado, 16 de los cuales son de Nueva Mayoría (PSCh, PDC, PPD, PCCh), y uno del Frente Amplio.

El peligro de este proyecto de ley no puede ser exagerado. Un sistema de inteligencia renovado estará compuesto por la Agencia Nacional de Inteligencia, que incluye las direcciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas, el Estado Mayor Conjunto, Carabineros, la policía de investigación, la gendarmería y la aduana. El Servicio de Impuestos Internos y la Unidad de Análisis Financiero participarán en el suministro de información.

Esta vasta operación de recolección de inteligencia, aparentemente creada para lidiar con “el tráfico de drogas, la corrupción, el lavado de dinero, la prostitución infantil y la pedofilia”, tiene todos los poderes que las dictaduras latinoamericanas y el imperialismo estadounidense han empleado en el pasado contra las luchas revolucionarias de masas, como con la Operación Cóndor en los años 70 y 80.

La legislación represiva es la respuesta de la burguesía a las protestas masivas inicialmente desencadenadas por el aumento de las tarifas del transporte público en octubre del año pasado, que se desarrollaron bajo la consigna de “no son 30 pesos, son 30 años” en manifestaciones que sacaron a las calles a millones de personas en contra de décadas de privatización y transferencia de riqueza al 5 por ciento superior de la población y que han llevado a niveles obscenos de desigualdad social.

Chile atraviesa una profunda crisis de gobernabilidad burguesa. Históricamente reaccionaria, débil y venal, la élite gobernante se apoyó en el siglo XX en los servicios de las políticas económicas nacionalistas y antimarxista del PSCh y los estalinistas del PCCh. Estos partidos subordinaron a la clase obrera al Estado capitalista sembrando ilusiones en el mito de la tradición democrática parlamentaria chilena, mientras la burguesía se preparaba para desatar la represión masiva en el sangriento golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

Hoy en día, las instituciones del gobierno burgués carecen de toda credibilidad. El apoyo al gobierno ultraderechista que llegó al poder en 2018 oscila entre el 5 y el 20 por ciento. Sin embargo, la legislatura cuenta con una aprobación de un solo dígito, mientras que los partidos que la componen —el PCCh, los Verdes, el PSCh, el Frente Amplio, los Demócratas Cristianos, así como la extrema derecha— han registrado un apoyo de un solo dígito, según las encuestas realizadas en el momento más álgido de las manifestaciones. El poder judicial es visto como un simple bastión corrupto de poder arraigado.

La izquierda chilena intenta endilgarle a la clase obrera una nueva trampa política con el fin de canalizar el malestar social de las masas hacia el parlamentarismo, ocultando al mismo tiempo las ominosas medidas dictatoriales que se preparan bajo Piñera. El camino a seguir, dicen, es la convocatoria a una Asamblea Constituyente, como si la redacción de una nueva carta de principios cambiara la naturaleza del Estado capitalista. Todas las supuestas organizaciones de izquierda están promoviendo esta perspectiva, entre ellas el maldenominado Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR), que está ideológicamente ligado al fallecido pablista argentino Nahuel Moreno.

La burguesía y sus sirvientes políticos están utilizando la pandemia del coronavirus como medio para preparar la siguiente etapa de la lucha de clases con detenciones masivas, torturas masivas y desapariciones masivas. Es un legado grabado con sangre en los anales del Chile capitalista.

La única respuesta a esta amenaza es la movilización independiente de la clase obrera en la lucha por el socialismo internacional revolucionario y el derrocamiento del capitalismo. Esto requiere, sobre todo, la construcción de una sección chilena del Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

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(Artículo publicado originalmente en inglés el 16 de mayo de 2020)