Los hambrientos piden pan, Plomo les da la milicia
“La Carta”, Violeta Parra, 1964

El gobierno ultraderechista del presidente chileno Sebastián Piñera ha respondido al estallido de protestas contra el hambre en todo el país con bombas lacrimógenas, cañones de agua y detenciones masivas. Con el aliento de la fascista Unión Democrática Independiente (UDI), las leyes draconianas recientemente promulgadas se están aplicando para reprimir e intimidar a una población inflamada a medida que la pandemia de coronavirus bate nuevos récords en el país y en el continente.

Al 20 de mayo, había 53.617 infecciones confirmadas de coronavirus en Chile y 544 muertes. El día alcanzó un máximo histórico de más de 4.000 nuevos casos y 35 muertes más. Como en toda América Latina y a nivel internacional, estas cifras son sin duda una gran subestimación de la magnitud de la propagación y el número de víctimas reales del virus.

Solo este mes Piñera anunció un paquete de emergencia para ayudar a los 4,9 millones de trabajadores del sector informal que últimamente se han manifestado contra el hambre. El Ingreso Familiar de Emergencia entrega un miserable pago máximo de 65.000 pesos (US$80) por cada miembro con un máximo de 500.000 pesos (US$620) por grupo familiar por mes hasta por tres meses. El gobierno, mientras tanto, se ha jactado de que en un período de 24 horas, Carabineros ha detenido a 2.026 personas en todo el país, principalmente por violar cuarentenas y toques de queda, mientras que 1.088 fueron arrestados por violar el artículo 318 del Código Penal, poniendo en peligro la salud pública.

El 18 de mayo fueron detenidos 37 manifestantes de la comuna El Bosque del Gran Santiago. Quince de ellos enfrentan serios cargos por disturbios contra el hambre y la falta de provisiones después de no recibir ninguna ayuda financiera del Estado, a pesar de estar bajo encierro desde mediados de abril debido a la pandemia.

El subsecretario del Interior Juan Francisco Galli presentó demandas contra 10 de ellos en virtud de la ley “anti saqueos” por robar cilindros de gas de una empresa distribuidora desatendida. Tres fueron acusados bajo la ley “anti barricadas” por obstruir una vía pública. Dos fueron acusados de llevar presuntamente dispositivos incendiarios para hacer cócteles molotov. Todos fueron acusados de violar la cuarentena y el artículo 318 por poner “la salud de la población en riesgo”.

Los políticos de la UDI han intentado ir más allá, con la diputada María José Hoffmann acusando a los manifestantes de albergar a los narcotraficantes en su entorno y pidiendo a los carabineros que “hagan su parte”, mientras que el alcalde de la UDI, Rodolfo Carter, en el programa Mucho Gusto dejó escapar un llamamiento a la “represión” y a que se les “dispare” a los manifestantes.

Algunos sectores de la ultraderecha pretendían afirmar que las protestas se debían a una “acción política premeditada” llevada a cabo por la izquierda chilena, a lo que el presidente del Partido Comunista y diputado de la Cámara de Representantes, Guillermo Teillier, respondió con sinceridad: “Es muy grave porque nosotros no aceramos nada. Si la realidad es la realidad. La realidad es que la gente está protestando. ¿Qué podemos hacer nosotros?” Teillier entonces rogó al gobierno que trabajara constructivamente con su partido.

¿Qué provocó los disturbios? El lunes 18 de mayo, con un despliegue militar de 10.000 efectivos que obligó a cerrar la Región Metropolitana de 7 millones de habitantes, cientos de residentes de la comuna de El Bosque, en la provincia de Santiago, se amotinaron después de que Carabineros reprimiera una protesta anterior de adultos mayores que pedían ayuda financiera, asistencia para el pago de servicios públicos y apoyo básico.

“Lo de hoy fue causado en gran parte por la represión que fue ejercida en contra de los adultos mayores, que estaban haciendo las protestas en la mañana y eso desembocó en el enojo de los jóvenes que salieron a defender a sus abuelos y sus papás”, dijo a El D esconcierto Héctor Pérez, residente de El Bosque.

A medida que se transmitía la noticia de la violenta represión a través de los medios de comunicación social, las manifestaciones se extendieron a otras comunas obreras empobrecidas de la capital, conocidas por su histórica resistencia contra los 17 años de dictadura militar de Augusto Pinochet. También surgieron manifestaciones en las ciudades regionales de San Antonio, Antofagasta, Arica, Concepción y Valparaíso. Cacerolas fueron golpeadas durante la noche.

Para el miércoles, los residentes de Villa San Francisco de la comuna de La Pintana pusieron barricadas y cortaron el tráfico para protestar por las mismas privaciones sociales. Un poblador de La Pintana explicó a Teletrece “Somos nosotros los que movemos el país. Nosotros somos los que levantamos las empresas porque sin trabajadores las empresas no existirían. Muchos de mis vecinos están con sus contratos suspendidos sin goce de sueldo… no podemos hacer una cuarentena como lo hace el sector oriente porque ellos pueden encerrase. Tienen sus neveras llenas. Nosotros no. Nosotros vivimos de día a día”.

Como muchas otras partes de la capital, secciones de La Pintana y El Bosque son campamentos que subsisten en extrema pobreza y hacinamiento en medio de condominios y apartamentos aburguesados. La comuna de El Bosque sufre una pobreza multidimensional que casi duplica el promedio nacional; el hacinamiento afecta al 18 por ciento de los hogares y la pobreza de ingresos es la más alta de la Región Metropolitana, con un 14,5 por ciento.

Históricamente, el movimiento de asentamiento comenzó en el decenio de 1950 con la adquisición de tierras y las compras colectivas por parte de los sin techo organizados, ya que muchos miles de familias rurales se trasladaron a la capital en busca de trabajo.

Hoy en día hay 882 campamentos que albergan a decenas de miles de familias en condiciones de miseria y hacinamiento. El 75 por ciento de los asentamientos tiene un acceso deficiente a la electricidad, sólo el 10 por ciento tiene acceso regular al agua potable y el 81 por ciento tiene un acceso deficiente a los servicios de alcantarillado. Los asentamientos ilegales han ido en aumento desde la crisis financiera mundial de 2008 y tanto bajo el Partido Socialista como bajo los gobiernos de ultraderecha. En 2007, 28.578 familias vivían en campamentos. En 2016 el número de familias había aumentado a 38.570, y en 2019 casi se había duplicado a 46.423, una fracción significativa de las cuales son inmigrantes que no reciben ninguna ayuda estatal en condiciones de desaceleración económica.

Eso fue antes de la pandemia. El Mostrador a principios de este mes reveló que 16 de las comunas de clase trabajadora más pobres de la Región Metropolitana tenían entre las mayores cifras de infecciones por coronavirus con una tasa de crecimiento de más del 40 por ciento. Las infecciones se están duplicando cada dos días y los hospitales, que funcionan con una ocupación del 90 por ciento, están saturados, sin suficientes recursos, camas o personal.

Hace sólo dos semanas, un incendio arrasó un campamento situado en La Pincoya, en la comuna de Huechuraba, que destruyó 24 casas y dejó a 100 familias en la más absoluta indigencia. Al igual que los demás barrios obreros que resistieron a la dictadura militar, La Pincoya ha sufrido una desproporcionada incidencia de la violencia policial y el abandono estatal.

Una carta abierta presentada a los medios de comunicación social por residentes Pincoyanos explicaba que desde la masiva explosión social del pasado octubre, “hemos debido afrontar graves y sistemáticas violaciones a nuestros Derechos Humanos por parte de agentes del Estado (Ejército, Carabineros y la PDI) solo por el hecho de manifestarnos y luchar por un futuro mejor para nuestra comunidad y nuestras familias”.

La carta denuncia la represión del Estado, los grandes conglomerados mediáticos por calumniar deliberadamente a la comunidad como delincuentes y narcotraficantes y las organizaciones de derechos humanos por abandonar su difícil situación.

En los últimos seis meses, la comunidad se ha enfrentado a la policía y los militares, que han lanzado gases lacrimógenos y disparado con perdigones a manifestantes, transeúntes y niños. Las zonas comunales han sido rociadas con gas pimienta para evitar que la gente se congregue. Se han hecho incursiones en hogares a punta de pistola en busca de manifestantes, mientras que los detenidos han sido golpeados y arrojados en lugares remotos. Se han disparado intencionadamente botes de gas lacrimógeno contra los tejados, provocando incendios. Drones y helicópteros se han cernido sobre la comuna. Las escuelas primarias y secundarias han sido objeto de gases lacrimógenos; los niños y adolescentes han sido acosados. Incluso el centro de salud local de atención primaria ha sido repetidamente víctima de gases lacrimógenos mientras atendía emergencias médicas y de salud pública.

La carta concluye: “Abandonados por el Estado, el municipio y la institucionalidad en general, los pobladores y pobladoras de La Pincoya resistiremos y seguiremos en las calles peleando por nuestros derechos... ¡Ni sus balas ni su represión podrán acallar la voz del pueblo! ¡Seguiremos resistiendo!”

Se han formado asambleas comunales en La Pincoya para oponerse a esta represión estatal. Estas asambleas sociales y políticas populares también se han establecido en muchas otras comunidades de la clase trabajadora.

La crisis económica, agravada por la crisis sanitaria y la falta total de asistencia sustantiva a millones de personas, ha dado lugar de hecho a muchas iniciativas de la clase trabajadora a un nivel no visto desde el período revolucionario de 1968 a 1973.

Entre ellas figura la “Olla Común” o cocinas comunitarias, que han surgido en todo el país a medida que los trabajadores se reúnen para comprar, distribuir y empaquetar canastas de alimentos para hacer frente al crecimiento exponencial de la necesidad y la miseria. Se contratan colectivamente camiones para recoger y distribuir raciones a las mujeres que participan en la producción de alimentos que luego se distribuyen a los pobres, los ancianos, los débiles y los enfermos.

El Desconcierto entrevistó a otra residente de El Bosque, Patricia Coñoman, que vive con otras nueve personas en un solo apartamento. Ella dijo: “Acá el derecho a la salud es una risa, el derecho a la vivienda igual y ahora el derecho a comer. Estamos viviendo tiempos muy difíciles.

“La gente ahora volvió a prender fuego para cocinar, en la feria están vendiendo un cuarto de aceite en botellas plásticas y en los negocios la gente compra bolsitas de té individuales. Es como estar retrocediendo en el tiempo, algo que jamás pensé que iba a volver a vivir. Es como los años 80, porque no solamente es el hambre sino también la represión”.

La clase obrera requiere un programa y una perspectiva claramente elaborados que transformen sus iniciativas en armas para la conquista del poder estatal. Esto sólo es posible cuando se moviliza independientemente en la lucha por el socialismo internacional revolucionario y el derrocamiento del capitalismo. Esto requiere, sobre todo, la construcción de una sección chilena del Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 22 de mayo de 2020)