La Oficina de Justicia de Menores y Prevención de la Delincuencia es la máxima autoridad que supervisa la detención de menores en los Estados Unidos. Describe su misión como “Mejorar la seguridad. Garantizar la responsabilidad. Empoderar a los jóvenes”. En realidad, en medio de una pandemia mortal, las instalaciones supervisadas por la autoridad, la mayoría de las cuales son de propiedad privada, continúan con la brutalidad insensata de los niños y les permiten estar expuestos a COVID-19 y a una plétora de problemas conexos que pueden afectar gravemente a su salud a largo plazo.
Según prisonpolicy.org, al menos 48.000 personas menores de 18 años se encuentran actualmente en centros penitenciarios. La gran mayoría de los jóvenes encarcelados provienen de la clase obrera, y alrededor de dos tercios de los delincuentes también dependen del sistema de bienestar infantil. El 40 por ciento de los jóvenes que son encarcelados antes de cumplir los 18 años se encuentran en prisiones para adultos a la edad de 25 años. También se da el caso de que los reclusos más pobres son los que tienen más probabilidades de volver a delinquir.
Como reflejo de las condiciones de las prisiones para adultos, COVID-19 se ha extendido rápidamente por los centros de detención de menores. Según sentencingproject.org, al 22 de mayo había 474 casos entre los jóvenes detenidos en todo EE.UU., y 561 casos confirmados entre el personal. Estos números son subestimaciones enormes de la verdadera propagación del virus. Mientras que algunos estados, como Nueva Jersey, afirman haber hecho pruebas a todos sus jóvenes detenidos, la mayoría de los estados ni siquiera han prometido nominalmente abordar las consecuencias mortales del contagio del virus a través de sus poblaciones de menores encarcelados.
Como infor mó el WSWS el 13 de mayo, a medida que se conoce más sobre la enfermedad, las primeras declaraciones de que los jóvenes no corren ningún riesgo de infección se demostraron imprudentes e incorrectas. La enfermedad está vinculada a un síndrome inflamatorio similar a la enfermedad de Kawasaki y puede causar sepsis entre los pacientes más jóvenes. Al menos cinco niños en Nueva York han muerto de esta enfermedad después de ser diagnosticados con COVID-19.
En un estudio de 48 niños y adultos jóvenes ingresados en unidades de cuidados intensivos en los EE.UU. y Canadá por COVID-19, el 20 por ciento experimentó una insuficiencia orgánica. El coautor del estudio, el profesor Lawrence C. Kleinman de Rutgers, declaró: “La idea de que COVID-19 no afecta a los jóvenes es simplemente falsa”. Dos de los niños que aparecen en el estudio murieron.
Más de 500 niños encarcelados en los EE.UU. tienen 12 años o menos, mientras que más de 4.500 de los menores de 18 años encerrados están en realidad encarcelados en instalaciones para adultos. Los niños encarcelados suelen residir en grandes grupos, con el 60 por ciento de los jóvenes encarcelados en grandes instalaciones diseñadas para más de 50 reclusos. Esto sólo aumenta el riesgo de infección por el virus. Dos tercios de los encarcelamientos de jóvenes son "a largo plazo", lo que significa que los individuos pasan más de un mes en una instalación, y casi el 10 por ciento se mantienen durante más de un año. La rotación de los reclusos jóvenes, al igual que en las prisiones y cárceles normales, significa que estas instalaciones actúan como vectores de la propagación de la enfermedad en la comunidad.
El mayor brote registrado ha sido en el centro de detención juvenil de la cárcel del condado de Cook en el área de Chicago. Se han confirmado al menos 14 casos entre los menores detenidos, incluyendo uno en la población general de la prisión juvenil el 23 de mayo. Esto significa que la mayoría de los internos del centro han estado expuestos a un individuo positivo. También ha habido 21 casos confirmados entre los empleados del centro.
El centro de detención de menores de la cárcel es parte de un sistema más amplio en el lugar, que ahora tiene la tasa de infección más alta de cualquier población definida en los EE.UU., pasando por encima de Rikers Island en Nueva York a finales de abril. Más de 500 prisioneros en el centro han dado positivo, con al menos siete muertos. A pesar del brote, al menos 4.200 reclusos, incluidos menores, permanecen en la prisión.
Incluso en los estados que han afirmado abordar la situación de los niños encarcelados se ha hecho poco. Por ejemplo, a mediados de abril, tanto el más alto tribunal de Maryland como el Tribunal Supremo de Pensilvania denegaron peticiones de emergencia para liberar a reclusos menores de 18 años. A finales del 27 de abril, sólo 200 jóvenes fueron liberados de las instalaciones de encarcelamiento del estado, dejando a 456 todavía encerrados. El mismo patrón de órdenes ejecutivas y judiciales vacías ha plagado la población de reclusos adultos de EE.UU.
Incluso antes de la crisis, las condiciones que enfrentaban los jóvenes eran particularmente brutales. En un informe, el Centro de Leyes Juveniles (JLC) declaró que los reclusos menores de edad a menudo son sometidos a confinamiento solitario, un castigo que es reconocido como una forma de tortura por las Naciones Unidas. Al amparo del distanciamiento social, esas medidas se han hecho cada vez más frecuentes en las cárceles corrientes, lo que significa que es probable que ocurra lo mismo en los centros de detención de menores.
Otras medidas aplicadas en nombre de la lucha contra el virus, como la prohibición de las visitas de familiares y la restricción de las llamadas telefónicas, han dado lugar a un mayor aislamiento del contacto humano. Esto es particularmente perjudicial para los niños que se encuentran en períodos delicados de su desarrollo social. Además, su progreso académico, muy obstaculizado por el encarcelamiento antes de la crisis, se verá aún más socavado por el aplazamiento indefinido de todos los servicios educativos en los centros de detención de menores.
Durante la crisis, los menores detenidos continuarán enfrentando medidas invasivas y de abuso físico como registros corporales, encadenamientos y rociadas químicas. El JLC describe los efectos de estas condiciones: “Estas prácticas abusivas causan lesiones físicas, traumas emocionales y daños psicológicos, e interrumpen el desarrollo saludable”. Según un estudio de Harvard de 2016, desde 2011, 13 estados tienen condiciones violentas y abusivas que están claramente documentadas.
El abuso sexual también está muy extendido en los centros de detención de menores. Según la Oficina de Estadísticas de Justicia, en 2012 uno de cada ocho jóvenes encarcelados informó de abusos sexuales por parte del personal del centro o de otros reclusos. El informe del JLC continúa diciendo: “Los jóvenes en prisión también se enfrentan a la violencia física y sexual, lo que agrava el trauma impuesto por su aislamiento y separación de sus familias, amigos y comunidades”. Del mismo modo, el informe de Harvard concluyó que “el maltrato es endémico y generalizado”.
El costo del alojamiento de los niños encarcelados también es exorbitante. El costo anual de encerrar a un niño es de 88.000 dólares, casi 10 veces el gasto promedio anual por niño en las escuelas públicas. Según el Centro Nacional de Justicia Juvenil, casi la mitad de los centros de detención de jóvenes son privados. La disposición de los estados a pagar estos costos exorbitantes es un reflejo de la influencia que los contratistas de prisiones privadas tienen sobre las autoridades políticas burguesas. Mientras tanto, las fuerzas de policía locales desempeñan felizmente su papel suministrando un flujo constante de reclusos por el que se puede acusar al contribuyente.
Como en el caso de los adultos, las minorías también son objeto de arresto y encarcelamiento a un ritmo más elevado. Por ejemplo, los indios americanos constituyen el 3 por ciento de todas las niñas encarceladas y el 1,5 por ciento de todos los niños encarcelados, a pesar de que representan menos del 1 por ciento de la población infantil de los Estados Unidos. Los niños negros menores de 18 años también tienen más probabilidades de ser juzgados en tribunales para adultos que sus homólogos. El cultivo de actitudes chovinistas hacia las minorías marginadas entre los encargados de hacer cumplir la ley es un componente crucial del esfuerzo por mantener una alta afluencia de reclusos para garantizar que los centros de detención de menores privatizados sigan siendo lucrativos.
La continúa embrutecimiento de los jóvenes encarcelados, cuyos delitos son producto de condiciones sociales extremas y, a falta de un término mejor, de la incapacidad de saber más, carece de sentido. En lugar de la rehabilitación, el ingreso en un centro de detención de menores tiene más probabilidades de condenar a un niño a sufrir abusos y a toda una vida de pobreza y encarcelamiento. La crisis de COVID-19 sólo ha expuesto aún más esta bárbara realidad.
La causa principal del embrutecimiento de la juventud de la clase trabajadora y las condiciones en los centros de detención de menores es la subordinación del sistema judicial al afán de lucro que es endémico en el sistema capitalista. La lucha contra la brutal detención de todos los prisioneros no puede divorciarse de la lucha contra el sistema internacional de lucro en su conjunto.
El autor tambien recomienda:
Minnesota buys a warehouse to store bodies of expected COVID-19 victims
[25 mayo 2020]
Nurse fired by Detroit Sinai-Grace Hospital for refusing to work in unsafe conditions
[12 mayo 2020]
(Artículo publicado originalmente en inglés el 25 de mayo de 2020)