Durante la semana pasada, las empresas tecnológicas desde Silicon Valley hasta la ciudad de Nueva York emitieron declaraciones expresando su simpatía por las protestas masivas en todo el mundo que exigen el fin de la violencia y el racismo policiales. Estas declaraciones han incluido contribuciones financieras de millones de dólares a organizaciones de libertades civiles y causas de justicia social.
En algunos casos, los ejecutivos de tecnología publicaron tuits personales, como el CEO de Facebook Mark Zuckerberg, el CEO de Google Sundar Pichai y el fundador de Microsoft Bill Gates, que mencionaron la memoria de George Floyd, Breonna Taylor y Ahmaud Arbery y se opusieron a la injusticia contra los negros en los Estados Unidos.
Mientras que ahora están expresando públicamente su apoyo a millones de personas que exigían la igualdad real, la verdad es que las empresas de alta tecnología son una parte integral de la militarización de la policía que se ha desarrollado en las últimas dos décadas. Además, el aparato de represión de alta tecnología que han ayudado activamente a desarrollar se ha desatado contra los manifestantes desde que George Floyd fue asesinado por agentes de policía de Minneapolis el Día Conmemorativo.
Un ejemplo de ello es el papel de las corporaciones de telecomunicaciones Verizon y AT&T, que emitieron declaraciones el fin de semana pasado prometiendo apoyo a la "diversidad e inclusión" e "igualdad e inclusión", mientras que ambas financian un grupo dedicado a militarizar la policía local y trabajar con el estado de seguridad para ampliar la vigilancia secreta del público sin orden judicial.
Según un informe publicado en el sitio web de anticorrupción Sludge el 4 de junio, Verizon y AT&T son "socios platino" de la Asociación Nacional del Sheriff (NSA), un grupo de cabildeo con sede en Alexandria, Virginia, y fundado en 1940.
El informe Sludge señala: “Las dos compañías de telecomunicaciones más grandes de los Estados Unidos se encuentran entre las corporaciones más prominentes que se asocian con la NSA. Verizon también es uno de los tres ‘socios de diamantes’ de la NSA, el principal nivel de asociación corporativa del grupo, que le da derecho a una cena privada con el Comité Ejecutivo de la NSA. ‘Este entorno íntimo le dará un tiempo codiciado con los responsables políticos claves dentro de la organización’, se lee en un folleto”.
Un objetivo clave de la Asociación Nacional del Sheriff es hacer permanente el programa 1033 Military Surplus que permite a las agencias policíacas civiles adquirir armas y equipos del gobierno federal que originalmente fueron diseñados para la guerra.
Como explica el informe Sludge, "bajo el programa 1033 del Departamento de Defensa, la policía estatal y local puede obtener vehículos protegidos contra emboscadas resistentes a las minas (MRAP), lanzagranadas, helicópteros, vehículos aéreos y terrestres no tripulados, bayonetas y otras armas de guerra. Las fuerzas del orden público estatales y locales actualmente poseen equipos militares por valor de $1.75 mil millones que adquirieron a través del programa”.
El programa 1033 se inició en 1997 durante la administración de Clinton y está dirigido por la Agencia Logística de Defensa federal, que aprueba las solicitudes de transferencia de los departamentos de policía locales y les entrega el equipo. El programa se aceleró como parte de los ataques a los derechos democráticos en los Estados Unidos en los años posteriores a los ataques terroristas del 11 de septiembre, 2001.
Algunas estimaciones sitúan el valor del equipo militar transferido a lo largo de los años en $7,4 mil millones. Un ejemplo particularmente relevante de las formas en que el equipo 1033 se puede usar en la situación actual contra los manifestantes es la adquisición por la ciudad de Santa María, California, de un Dispositivo Acústico de Largo Alcance (LRAD), un llamado "cañón de sonido" diseñado para dispersar a las multitudes haciéndolo sonar como un ruido fuerte y doloroso.
Según el informe Sludge, en 2012, Verizon equipo un Humvee adquirido por la Asociación Nacional del Sheriff con tecnología móvil que permite a la policía "acceder a los registros y gestionar el papeleo en el campo, acceder a la videovigilancia antes de llegar a la escena del crimen, comunicarse con despacho y más".
Otra de las prioridades legislativas de la NSA es la oposición a la reforma de la Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas (ECPA), una ley federal que permite a la policía obtener registros de comunicaciones de corporaciones de telecomunicaciones como AT&T y Verizon sin una orden judicial. Según la información en el sitio web del grupo de presión, "la NSA reconoce la creciente amenaza que tiene el" oscurecimiento "en su capacidad para obtener de manera efectiva y eficiente materiales digitales salvavidas".
La NSA describe la ECPA como "una legislación esencial que busca asegurar que las compañías de telecomunicaciones trabajen adecuadamente en colaboración con las fuerzas del orden". En su cabildeo anterior sobre el tema, la NSA instó al Congreso a permitir que las telecomunicaciones tengan acceso ilimitado a los datos de comunicaciones privados en asociación con las agencias policiales.
Como lo demostró el ex contratista de inteligencia Edward Snowden, la colaboración de Verizon y AT&T con vigilancia gubernamental sin orden judicial las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es una práctica bien establecida. Dadas estas exposiciones, tiene mucho sentido que las telecomunicaciones apoyen a grupos de presión como la NSA que están a favor de legalizar la vigilancia electrónica sin orden judicial del público.
La historia de Sludge confirma que dicha vigilancia ilegal está en camino al señalar el Proyecto C, también conocido como Hemisferio, en el cual "AT&T mantiene y analiza miles de millones de registros de llamadas nacionales e internacionales que pasan a través de sus redes y pone a disposición la información sin una orden judicial a la Agencia de Control de Drogas y varias otras organizaciones de aplicación de la ley".
Otros ejemplos de empresas tecnológicas que colaboran con métodos avanzados de aplicación de la ley que violan los derechos básicos son el uso de tecnologías de reconocimiento facial vinculados a una base de datos nacionales de imágenes faciales, el uso de información de geolocalización en dispositivos móviles para determinar el paradero de las personas y el seguimiento de conversaciones en las redes sociales basadas en búsquedas de palabras claves.
Cualesquiera que sean las opiniones profesadas de los ejecutivos corporativos individuales sobre el asesinato policial y la discriminación racial en los Estados Unidos, la base de la desigualdad y la militarización de la aplicación de la ley es el sistema capitalista. La integración de la industria tecnológica de Estados Unidos con la policía y el estado de inteligencia se ha intensificado en las últimas dos décadas junto con el crecimiento de las guerras imperialistas de Estados Unidos en el Oriente Medio y África.
Bajo el capitalismo, los logros técnicos más avanzados, independientemente de su potencial para mejorar y extender la vida de miles de millones de personas en todo el mundo, están subordinados a la búsqueda de ganancias y, en última instancia, se utilizan como instrumentos de represión y guerra. La lucha contra la militarización de alta tecnología a la aplicación de la ley, así como la brutalidad policial y el asesinato, son inseparables de la lucha de la clase obrera por la reorganización socialista de la sociedad y el uso planificado de la ciencia y la tecnología para la necesidad humana y no fines de lucro.
El autor también recomienda:
Tech giants discuss restructuring amid mass layoffs and pay cuts
[27 May 2020]
(Artículo publicado originalmente en inglés el 13 de junio de 2020)