El gigante farmacéutico Gilead Sciences anunció el lunes que cobrará 3.120 dólares por un tratamiento de cinco días de su remdesivir terapéutico para el coronavirus para la gran mayoría de la población de EE.UU., incluidos los inscritos en los seguros públicos de Medicare y Medicaid. Un solo frasco de remdesivir, que contiene una décima parte de un gramo del medicamento, costará 520 dólares, cien veces más caro que su peso en oro.

Esto no es menos que la extorsión del público estadounidense en medio de la pandemia de COVID-19. Se estima que el precio es 400 veces más alto que lo que necesita para ser rentable. Se espera que Gilead gane 1,3 mil millones de dólares de las ventas privadas para finales de año.

El anuncio de Gilead envía un claro mensaje: las compañías farmacéuticas estadounidenses planean ganar miles de millones con la pandemia de COVID-19, que ha infectado a más de 10,5 millones de personas y ha matado al menos a 513.000 en todo el mundo. Notablemente, Wall Street aumentó 800 puntos en los últimos dos días en medio de las noticias.

La repulsión hacia Gilead después de su comunicado de prensa fue expresada con mayor fuerza por el presidente de la Fundación de Salud para el SIDA, Michael Weinstein. “Gilead Sciences se desenmascaró hoy como deseosa de lucrar de la guerra y bastardos codiciosos —una hazaña deprimente y una respuesta espectacularmente indolente a una pandemia mundial que hasta ahora ha matado a más de medio millón de personas en todo el mundo, incluyendo más de 120.000 muertes en los EE.UU.”.

En un intento de justificar el aumento de los precios de la compañía, el presidente y director general de Gilead, Daniel O'Day, publicó una carta abierta. Basándose en datos preliminares y no significativos desde el punto de vista estadístico, O'Day afirmó que remdesivir “acortó el tiempo de recuperación en un promedio de cuatro días”, lo que, según él, les ahorra a los hospitales “aproximadamente 12.000 dólares por paciente”.

Los ejecutivos de la compañía generosamente “decidieron poner el precio de Remdesivir muy por debajo de este valor”. Continuó: “Para asegurar un acceso amplio y equitativo en un momento de urgente necesidad global, hemos fijado un precio... que equivale a 2.340 dólares por paciente”. En opinión de O'Day, esto permitiría que “todos los pacientes [tengan] acceso” a la terapia y cumpliría las “responsabilidades a largo plazo de la empresa”.

La carta no explica cuáles son estas “responsabilidades a largo plazo”, pero no tienen que ver con los pacientes con coronavirus. Un informe del Instituto de Revisión Clínica y Económica muestra que las materias primas necesarias para fabricar el remdesivir cuestan sólo unos 10 dólares para un tratamiento de diez días, y el terapéutico está siendo vendido a 600 dólares por los productores genéricos en Bangladesh e India, una cuarta parte del precio “amplio y equitativo” del que se jactó O'Day.

Además, si bien el costo del terapéutico estará cubierto por los seguros de millones en los Estados Unidos, muchos millones más dependen de la financiación de la Ley CARES para los tratamientos contra el coronavirus. Tendrán pocas opciones una vez que se agote ese fondo, especialmente porque incluso antes de la pandemia, casi el 40 por ciento de la población no podía permitirse un gasto de emergencia de 400 dólares, mucho menos uno que es seis u ocho veces esa cantidad.

En un mundo racional, el secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS, todas las siglas en inglés), Alex Azar, habría exigido que Gilead terminara con su descarada usurpación de precios inmediatamente. En cambio, aclamó el medicamento como un “salvavidas” y se comprometió a que el HHS compre hasta 1.560 millones de dólares del medicamento.

El propio Azar tiene muchos lazos con la industria farmacéutica. Fue presidente de la gran empresa farmacéutica Eli Lilly and Company antes de ser nombrado secretario del HHS bajo el presidente Donald Trump. También fue director del grupo cabildo de la Organización de Innovación Biotecnológica. Ha sido acusado por el denunciante Rick Bright, el director destituido de la agencia gubernamental que supervisa el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus, por tratar de restarle importancia a la pandemia cuando surgió por primera vez en China en diciembre y enero.

Tampoco está claro si el remdesivir es realmente eficaz para tratar el nuevo coronavirus. Gilead había probado la eficacia del remedio contra los coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y del síndrome respiratorio de Oriente Próximo (MERS), lo que llevó a la empresa a sospechar que podría funcionar contra el virus pandémico, el SARS-CoV-2. Los médicos de China comenzaron a tratar a los pacientes con remdesivir en enero.

Desde entonces, los estudios médicos sobre la eficacia de remdesivir para tratar el COVID-19 han demostrado que no reduce significativamente la tasa de mortalidad de las personas con la enfermedad. Las investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) en marzo y abril llegaron a la conclusión de que, “dada la elevada mortalidad a pesar del uso de remdesivir, es evidente que el tratamiento con un medicamento antivírico por sí solo probablemente no sea suficiente”. En ese contexto, se están gastando miles de millones de dólares para adquirir un medicamento que, según la ciencia disponible, no funciona.

La investigación no impidió que el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), Anthony Fauci, declarara, cuando se dieron a conocer los resultados preliminares: “Los datos muestran que el remdesivir tiene un claro y significativo efecto positivo en la disminución del tiempo de recuperación... Creemos que está abriendo la puerta al hecho de que ahora tenemos la capacidad de tratar [el coronavirus]”.

El apoyo de Fauci ayudó a llevar los precios de las acciones de Gilead a nuevas alturas. Desde principios de año, la capitalización del mercado de la compañía ha aumentado 20.100 millones de dólares hasta alcanzar los 96.500 millones de dólares, en gran parte gracias a la promoción de remdesivir como un tratamiento eficaz para la pandemia. Este proceso también se refleja en la fortuna de la farmacéutica Moderna, cuya valuación ha aumentado más del 200 por ciento hasta alcanzar un valor neto de casi 25.000 millones de dólares después de anunciar que trabaja en su propia vacuna.

El miembro de la junta directiva de Moderna, Moncef Slaoui, quien fue elegido por Trump para dirigir la campaña gubernamental de desarrollo de la vacuna a “velocidad máxima”, se enriqueció en 2,4 millones de dólares como resultado del frenesí mediático que rodeó el anuncio de que Moderna había avanzado hacia una vacuna.

Además de aumentar el precio de las acciones de los gigantes farmacéuticos, los medios de comunicación han promovido el remdesivir y la vacuna de Moderna como “remedios milagrosos” para impulsar la campaña para que los trabajadores regresen a las fábricas y lugares de trabajo que han sido focos de contagio del COVID-19.

Wall Street ve la pandemia como una potencial bonanza lucrativa. Los grandes bancos y las grandes corporaciones han recibido al menos 6 billones de dólares desde marzo en rescates y van a obtener miles de millones más manteniendo a la población estadounidense y mundial como rehenes cobrando en exceso por tratamientos de coronavirus potencialmente salvadores.

Gilead es sólo un ejemplo de la anarquía de las corporaciones en los Estados Unidos. El pasado reciente ha sido testigo del envenenamiento de Flint, los dos accidentes del Boeing 737 Max, la epidemia de opiáceos alimentada por los gigantes farmacéuticos y los incendios forestales de California causados por PG&E. Ningún ejecutivo ha ido a la cárcel por estos crímenes. Como dijo el fiscal general de Barack Obama al Congreso en 2013, los capitalistas ladrones de hoy día son “demasiado grandes para ir a la cárcel”.

La desastrosa respuesta del capitalismo estadounidense a la pandemia de COVID-19 pone de manifiesto la necesidad de acabar con el capitalismo y el sometimiento de la salud al lucro privado. Esto significa movilizar a toda la clase obrera para expropiar a los gigantes farmacéuticos y a todas las grandes industrias, y transformar estos monopolios en servicios bajo propiedad pública y control democrático. La dictadura de los intereses corporativos sobre la clase obrera necesita ser abolida y la vida económica debe ser colocada en manos de los propios trabajadores.

(Publicado originalmente en inglés el 1 de julio de 2020)