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Millones en EE.UU. se enfrentan a catástrofe al expirar ayuda federal por desempleo en medio del crecimiento de la pandemia

Decenas de millones de estadounidenses que han perdido sus empleos durante la pandemia de coronavirus se enfrentan a una catástrofe financiera según avanza el plan del Gobierno federal avanza para poner fin a la expansión federal semanal de $600 para los beneficios estatales por desempleo a fines de julio.

A pesar de que la pandemia continús expandiéndose y registra récords de contagios diarios (el promedio de siete días de nuevas infecciones por COVID-19 en los EE. UU. acaba de superar los 50.000), se está fraguando un acuerdo bipartidista en el Congreso para eliminar la ayuda federal y obligar a los trabajadores a caer en la indigencia o regresar al trabajo arriesgándose a enfermarse o morir.

En una conferencia de prensa el martes, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, un republicano de Kentucky, dijo que el beneficio por desempleo que se incluyó en la Ley CARES aprobada en marzo no se incluirá en el nuevo proyecto de ley de alivio por el coronavirus, cuya votación en el Senado se planea para fines de julio.

Hablando en defensa de los intereses de la élite corporativa y financiera estadounidense, McConnell comentó sobre el beneficio de $600 que el Gobierno no debería estar “pagándole a la gente un bono para no volver a trabajar ... Y estamos escuchando en todo el país que en realidad hizo más difícil que la gente volviera al trabajo”.

McConnell, quien se opuso a la expansión de los pagos por desempleo en primer lugar, dijo: “Creo que fue un error”, y que cualquier proyecto de ley nuevo que incluya el beneficio “nunca pasará al Senado”.

En una entrevista con Fox Business Network el miércoles, el presidente Donald Trump respaldó la opinión de McConnell diciendo que el beneficio por desempleo de la Ley CARES les dio a los estadounidenses “un desincentivo para trabajar”.

Si bien los demócratas, sabiendo muy bien que la mayoría republicana no lo aprobará, han dicho que están a favor de una extensión del beneficio federal, se está elaborando un acuerdo tras bastidores que vinculará cualquier ayuda nueva a las condiciones económicas en cada estado u ofrecerá algún tipo de “bono de regreso al trabajo” reducido.

Cualquiera que sea el acuerdo elaborado a finales de mes, está claro que la élite política de EE.UU. está preparando una nueva ronda de financiación gubernamental que se distribuirá a las corporaciones y al mercado de valores, mientras que la clase trabajadora se verá excluida de la ayuda mínima como parte de la “reapertura de la economía”, aun cuando se proyecta que las infecciones diarias confirmadas por coronavirus podrían aumentar a 100.000 en cuestión de semanas.

Las consecuencias de esta política serán devastadoras para los trabajadores que, como lo expresaron algunos analistas, caerán por un precipicio fiscal el 31 de julio. Para muchas personas, la pérdida del beneficio suplementario federal de $600 significará que sus cheques de desempleo, limitados a los beneficios estatales, bajarán a $385 por semana. Un informe dice que el límite federal reducirá los beneficios para 31 millones de trabajadores en un 61 por ciento.

Al exponer como fraude la afirmación de que el beneficio suplementario impide que los trabajadores regresen a trabajar, una nueva investigación realizada por el Economic Policy Institute (EPI) publicada el 29 de junio muestra que unos 17,6 millones de trabajadores no tienen ninguna posibilidad de regresar a un trabajo.

El informe EPI, que salió antes de que se publicaran las cifras oficiales de desempleo de junio, señala: “De los 32,5 millones de trabajadores que están oficialmente desempleados o sin trabajo debido al virus, 11,9 millones de trabajadores, o 7,2 por ciento de la fuerza laboral está sin trabajo sin esperanza de ser llamado nuevamente a un trabajo anterior”.

En este total, EPI descubrió que “5,7 millones de trabajadores, o el 3,5 por ciento de la fuerza laboral, no tienen trabajo y esperan que los llamen a un trabajo anterior, pero probablemente no lo harán”.

Para millones de trabajadores, la terminación de la asistencia por beneficio de $600 por semana tendrá consecuencias devastadoras, ya que las familias se verán obligadas a tomar decisiones entre alimentarse o pagar los servicios públicos y el alquiler.

Bob Pinnegar, presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Apartamentos, dijo a Forbes el miércoles: “Los beneficios por desempleo expandidos son muy importantes para las personas, especialmente aquellas que tienen empleos con salarios más bajos. Realmente los están ayudando a llegar a fin de mes y poder poner comida en la mesa, pagar sus servicios públicos y pagar el alquiler. El desafío va a continuar”.

Una crisis masiva de vivienda es inevitable ya que la protección federal frente a desalojos, la cual se instituyó por 120 días, también expirará el 25 de julio, al mismo tiempo que finalizan los beneficios suplementarios de desempleo. Debido a que muchas propiedades de alquiler no califican para el programa de desalojo, una gran cantidad de familias serán expulsadas de sus hogares en agosto.

Una muestra de las prioridades de la élite gobernante estadounidense es el hecho de que la Ley CARES no ha abordado las necesidades de los sectores más pobres de la población, especialmente en lo que respecta a la inseguridad alimentaria. Un informe el viernes en The Hill dijo: “Los paquetes de estímulo del Congreso aprobados hasta ahora les han permitido a los estados aumentar los beneficios del SNAP [Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, sigla en inglés] durante dos meses para algunos, sin embargo, el 40 por ciento más pobre de los participantes, incluidos cinco millones de niños, aún no han visto ningún aumento de beneficios”.

Los datos del 11 al 23 de junio publicados por la encuesta House Pulse de la Oficina del Censo de los EE.UU. muestran que aproximadamente 11,8 millones de niños viven en hogares que no pagaron la hipoteca o el alquiler ni buscaron un aplazamiento, mientras que 3,9 millones de niños experimentan escasez de alimentos inducida por COVID-19 .

Mientras que el Congreso y el presidente Trump están avanzando con una agenda agresiva de regreso al trabajo, la realidad es que millones de trabajadores se resisten a verse obligados a trabajar bajo las condiciones de una pandemia en expansión que está comenzando a infectar a segmentos cada vez más amplios de la población.

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(Artículo publicado originalmente el 4 de julio de 2020)

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