Desde el lunes, un movimiento de huelgas y bloqueos de las principales carreteras por parte de trabajadores y campesinos se ha extendido en Bolivia. Los manifestantes se oponen a un decreto que aplaza aún más las elecciones generales, amenazando con mantener indefinidamente en el poder al gobierno de facto de Jeanine Áñez.

Las acciones de esta semana son una continuación de las manifestaciones masivas que tuvieron lugar la semana pasada, el 28 de julio, poco después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunciara la cancelación de las elecciones previstas para septiembre. En medio de una protesta en El Alto, una sección tradicionalmente militante de la clase obrera de la capital de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) convocó una huelga general y bloqueos el 3 de agosto si el tribunal no se retractaba.

Según la COB, el lunes se levantaron bloqueos en 75 lugares del país, incluyendo puntos estratégicos en las regiones de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro y Sucre. Se produjeron marchas de mineros, campesinos, indígenas y trabajadores urbanos pobres.

En Potosí y El Alto, las fuerzas policiales se enfrentaron a los manifestantes, lanzando bombas de gas y deteniendo a la gente. En La Paz, varios jóvenes que estaban en huelga de hambre frente al TSE fueron detenidos y puestos bajo custodia por dos autobuses de la policía.

La ira de los trabajadores y campesinos bolivianos contra el régimen golpista ha aumentado considerablemente en el curso de la pandemia COVID-19. La devastación del virus se cruza con el aumento sustancial de la pobreza en el país.

El desempleo se ha disparado en Bolivia, pasando del 4,8 por ciento a finales de 2019 al 8,1 por ciento en mayo en las zonas urbanas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) prevé que para finales de año unos 500.000 bolivianos se verán abocados a la pobreza extrema y el 36% de la población será pobre.

En esas condiciones, el Gobierno ha aprovechado la perspectiva de la infección por el coronavirus para aplicar medidas de estado policial y aplazar tres veces la fecha de las elecciones, demostrando al mismo tiempo su absoluta incapacidad para contener la propagación de la enfermedad y el hambre entre los bolivianos.

En el último mes, el número de infecciones por COVID-19 se ha duplicado con creces, habiendo superado ya los 80.000 casos confirmados. El número de muertes ha aumentado aún más bruscamente. Con el récord de 89 muertes en un solo día registrado el domingo, el número total de muertes se triplicó en julio hasta superar las 3.000.

Estas cifras son una subestimación flagrante de la situación real, ya que el país tiene uno de los índices de pruebas más bajos del mundo. La reciente explosión del número de casos está directamente asociada a la reanudación anárquica de la actividad económica, promovida por el gobierno desde junio en interés de la burguesía.

Sus resultados más terribles se han demostrado en el colapso del precario sistema de salud boliviano. La mayoría de los hospitales ya se han visto obligados a cerrar temporalmente sus puertas tras la contaminación generalizada de su personal. El último caso ocurrió en el policlínico 9 de abril en La Paz, que declaró el lunes el estado de emergencia después de que el 70 por ciento de las enfermeras y el 60 por ciento de los médicos fueran hallados posiblemente enfermos con COVID-19.

El colapso del sistema funerario, que se está produciendo simultáneamente, se expresó gráficamente en la reciente puesta en marcha de crematorios "portátiles" fijados en la parte trasera de los vehículos que circulan por las calles de las ciudades bolivianas.

En las cárceles bolivianas, que albergan a 18.000 personas, la mayoría de ellas en régimen de prisión preventiva, el gobierno ya ha contabilizado más de 150 casos y 40 muertes. La semana pasada estalló una rebelión simultánea en cuatro cárceles de Cochabamba, en la que se exigió asistencia médica y medidas para evitar la transmisión del virus.

Médicos y profesionales de la salud han protestado contra la falta generalizada de equipos de protección personal, lo que está dando lugar a un altísimo número de enfermedades y muertes de estos trabajadores. Se ha visto a grupos de estos profesionales participando en las manifestaciones de esta semana.

El régimen golpista está aterrorizado de que las crecientes manifestaciones se salgan de control y amenacen con derrocar su poder. Su respuesta desesperada es promover una escalada de violencia.

Dejando claro que el gobierno se prepara para una intervención militar contra las protestas, el ministro de Gobierno Arturo Murillo ha amenazado a los manifestantes este martes: "Levanten los bloqueos o lo vamos a hacer nosotros".

Murillo ha sido uno de los principales responsables de las diatribas fascistizantes del gobierno. En los últimos meses, ha atacado los bloqueos de residentes que ya se están llevando a cabo en el distrito pobre de Cochabamba, K'ara K'ara, por estar orquestados por el "narcoterrorista" Evo Morales.

Las acusaciones conspirativas de toda la oposición como "terroristas", que justifican el mantenimiento permanente de Áñez y sus aliados en el poder, crecen en proporción directa a la oposición social.

La semana pasada, el ministro de Defensa Fernando López apareció en un programa de televisión acusando a las masivas protestas que crecen en las afueras de La Paz de ser en realidad un ataque terrorista biológico de los campesinos, supuestamente contaminado con COVID-19, contra las ciudades. "No es una marcha … es gente del Chapare que ha llegado a El Alto para hacer desmanes, están llegando a infectar al pueblo alteño y al pueblo", dijo.

La amenaza de una brutal represión de las masas bolivianas en las calles no puede ser sobreestimada. El gobierno está preparando una violencia aún mayor que la empleada por los militares tras el golpe, en el que murieron al menos 23 manifestantes y más de 230 resultaron heridos.

De la misma manera que abandonó a los que luchaban contra el golpe en las calles el año pasado, Morales está negociando un acuerdo entre la COB y el Movimiento al Socialismo (MAS) y la burguesía.

"Las reuniones entre TSE Bolivia y la COB no deberían quedar solo en un saludo; es importante el diálogo para llegar a consensos sobre decisión unilateral de la autoridad electoral de consecuencias dramáticas en la población como es postergar elecciones una y otra vez”, declaró Morales en Twitter el lunes.

El acuerdo que está preparando Morales con las mismas fuerzas que promovieron el golpe de Estado sólo allanará el camino para el aplastamiento de las fuerzas de la clase obrera y campesina.

Para luchar contra las amenazas fascistizantes, contra las condiciones miserables y el coronavirus que asola a la población, los trabajadores bolivianos necesitan avanzar en una perspectiva política independiente hacia el socialismo, unidos con sus hermanos y hermanas de América Latina y del mundo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 5 de agosto de 2020)