Los bloqueos de las principales carreteras por parte de trabajadores y campesinos bolivianos en protesta por el aplazamiento de las elecciones presidenciales se encuentran ahora en su décimo día, ya que la crisis política y los conflictos sociales en el país se intensifican constantemente.

La oposición generalizada al gobierno de facto de Jeanine Áñez se expresa en el crecimiento de los bloqueos, erigidos en más de 100 puntos de Bolivia, con la incorporación de nuevos sectores sociales en las ciudades y en el campo. La demanda de la caída inmediata de Áñez y el régimen que llegó al poder en un golpe respaldado por Estados Unidos en noviembre del año pasado está ganando un apoyo popular cada vez mayor.

La creciente indignación de la población está ligada a la respuesta del gobierno a las protestas, por un lado eximiéndose cínicamente de toda responsabilidad política y, por otro, promoviendo una escalada de amenazas, provocaciones y órdenes de represión violenta.

En una entrevista con CNN el lunes por la noche, el ministro de Gobierno Arturo Murillo amenazó con ahogar en sangre las protestas y con perseguir a sus opositores políticos.

Respondiendo al periodista Fernando Del Rincón, quien le preguntó por qué no llevó a cabo una intervención militar inmediata contra los bloqueos, el ministro dijo: “Nosotros estamos tratando de evitar una guerra civil en el país… No es solamente salir y meter bala [apesar de que] eso sería lo políticamente correcto”.

“Si no se logra en las próximas horas a llegar a un acuerdo con todos los que han hecho este desastre nacional, entonces no va quedar otra forma que aturar con la mano más dura”, concluyó.

Estas amenazas no son retóricas. Murillo solo miente cuando dice que quiere evitar una guerra civil. El camino que está tomando el odiado gobierno en su intento de mantenerse en el poder es precisamente el de la represión violenta contra la población.

El lunes se militarizaron las principales ciudades bolivianas, con el envío de tropas a las calles de la capital La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Según el gobierno están “resguardando las instituciones públicas, de infraestructura estrategia, como aeropuertos y plantas de gas” y esperando órdenes de intervención directa contra los bloqueos.

Se movilizó una ostensiva operación militar para escoltar camiones que transportaban oxígeno médico por tierra a diferentes puntos de Bolivia. Un convoy de camiones escoltados por soldados y helicópteros del ejército partió el lunes para cruzar provocativamente varios bloqueos, incluso cuando los manifestantes dijeron que no bloquearían los suministros médicos.

Sin embargo, el ejército no actúa solo. Desde el fin de semana, los llamados “grupos de choque” organizados por fascistas, que intervinieron durante el golpe de noviembre, se han movilizado nuevamente en Cochabamba, Santa Cruz y La Paz para atacar brutalmente a los manifestantes.

En Cochabamba, una pandilla de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) se reunió en el barrio de Cala Cala y salió conduciendo motocicletas y armados con armas de fuego y palos de fabricación casera para chocar con bloqueos en nueve puntos distintos de la ciudad. Los fascistas se unieron en sus acciones a la policía, que atacó los bloqueos simultáneamente con granadas de gas lacrimógeno.

En Santa Cruz, la Unión Juvenil Crucenista (UJC), vinculada al político de extrema derecha Luis Fernando Camacho, lanzó un brutal ataque contra los manifestantes, dejando al menos 23 heridos, tres de ellos con graves heridas de bala.

La Defensoría del Pueblo de Bolivia emitió un comunicado en el que condenaba "una suerte de complicidad y permisividad por parte del Estado” con las acciones violentas de los grupos paramilitares ocurridas durante el fin de semana.

Un informe publicado en julio por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard, que informa sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por el estado boliviano durante y después del golpe de noviembre, señala el papel de esos grupos de choque.

Dice: “Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y sus motoqueros parecen ser los más estructurados y capaces de movilización violenta. El RJC se autodefine como una entidad policial y de control lista para responder a `amenazas y vandalismo' ... El RJC tenía aproximadamente 150 miembros en el momento de las elecciones de octubre, pero para diciembre de 2020 se creía que tenía más de 20.000 miembros a nivel nacional ... Según los informes, se han armado con garrotes, cañones caseros, bazucas, cócteles molotov, pistolas de perdigones y armas de fuego. Varios entrevistados percibieron un 'vínculo y coordinación muy claros' entre los motoqueros y la policía”.

Durante el fin de semana, Áñez convocó con farsa una reunión de “diálogo nacional” para “ confirmar la fecha electoral y suspender los bloqueos que están impidiendo el paso de oxígeno para los pacientes de COVID-19 [énfasis agregado]”.

Absolutamente de responsabilidad por los sucesivos aplazamientos de las elecciones, en las que intervino activamente y con el apoyo declarado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Áñez se negó a discutir el asunto y criticó hipócritamente al Tribunal Electoral, diciendo: “Sean serios y dejen de mover la fecha".

Aunque no asistieron los principales actores políticos, incluidos los candidatos presidenciales del Movimiento al Socialismo (MAS, el partido del derrocado presidente Evo Morales) y Corriente Ciudadana (CC), que son los que más apoyos cuentan, Áñez logró utilizar el evento como un medio de promover sus preparativos violentos contra la oposición social, con la participación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) como supervisores internacionales.

La OEA, que jugó un papel central en la preparación del golpe de noviembre, apoya la campaña fraudulenta del gobierno de facto, acusando los bloqueos de provocar una crisis mortal en relación con el suministro de oxígeno en los hospitales.

La Secretaría General de la OEA denunció a los manifestantes “bloquean el paso de camiones con insumos de salud para combatir el COVID-19, en un momento en que la pandemia ha alcanzado su punto álgido en el país sudamericano”.

También condenó la lucha de la población boliviana contra el odiado régimen que la propia OEA ayudó a imponer como una búsqueda de “intereses miserables y mezquinos” que violan “derechos humanos de orden público.”

Estas declaraciones hipócritas encubren a los verdaderos criminales que deben responder por la catástrofe de salud pública en Bolivia: no a los manifestantes, sino al propio gobierno.

Hasta ahora, más de 90.000 bolivianos han dado positivo por el coronavirus, y más de 3.700 han muerto por COVID-19. Sin embargo, la tasa de pruebas del país es una de las más bajas del mundo.

La falta de pruebas no solo subestima estos números, sino que también evita cualquier lucha real contra la enfermedad. Esto se ve agravado por la falta de los suministros más básicos en los hospitales.

La debilidad de la infraestructura se debe no solo a la falta de recursos en el país más pobre de América Latina. El gobierno de facto ha sido acusado por la compra fraudulenta de ventiladores sobrevalorados que, además, eran inútiles para el tratamiento del COVID-19.

La precaria situación de los hospitales ha sido denunciada por profesionales de la salud en protestas que han estallado en distintas ciudades de Bolivia. Han denunciado al gobierno por no proporcionar equipos de protección personal (EPP), obligándolos a comprarlos con su propio dinero o improvisar con bolsas plásticas.

Estas condiciones han llevado a tasas extremadamente altas de contaminación y muerte entre los trabajadores de la salud, posiblemente las más altas del mundo. Según el ministro de Salud, Eidy Roca, al menos 100 médicos y otros 100 trabajadores de la salud han muerto de COVID-19 en los últimos cinco meses.

Sin embargo, esta impactante cifra fue considerada una seria subestimación por el presidente del Sindicato de Ramas de Salud Médica (Sirmes), Fernando Romero. “Creemos que en todo el país fallecieron al menos 400 médicos y otros 400 trabajadores de salud. Tan sólo en La Paz perdimos a 100 profesionales de salud entre médicos, enfermeras y otros”, dijo.

La contaminación generalizada de los empleados ha provocado cierres temporales para la descontaminación de más de la mitad de los hospitales del país, acelerando el hacinamiento del sistema de salud y provocando un número incalculable de muertes.

Luego de meses de una política que permitió a los bolivianos morir en medio de las calles sin asistencia, ser tratados en precarios centros de salud con medicinas que no tienen validez científica para su uso contra el COVID-19 y ser obligados a morir de hambre en medio de ineficientes encierros ante la falta de las pruebas necesarias, el gobierno criminal de Áñez, apoyado por el imperialismo estadounidense y europeo, culpa de las muertes a la oposición social que ha surgido ante estas desastrosas condiciones.

El lunes, 12 personas fueron acusadas por el gobierno como presuntos responsables de los bloqueos. Entre los acusados están Evo Morales y los candidatos presidenciales y vicepresidenciales del MAS y el líder de la Federación de Trabajadores de Bolivia (COB) Carlos Huarachi. Están acusados de delitos de "terrorismo y genocidio".

Estas absurdas acusaciones apuntan a criminalizar toda oposición política al régimen, fortaleciendo su poder dictatorial. El ataque está especialmente dirigido contra el MAS con el objetivo de ilegalizar al partido.

Desde Argentina, donde se encuentra en el exilio, Morales está interviniendo en la crisis política boliviana en un intento de coser una nueva alianza burguesa, que involucre a los actores del golpe de noviembre y sus patrocinadores internacionales.

Ante la creciente disposición de las masas populares a enfrentar directamente al régimen, Morales insta a los manifestantes a retirarse y aceptar los términos impuestos por el gobierno y su Tribunal Electoral.

A través de Twitter, ha rechazado con insistencia la demanda popular por la caída del régimen, afirmando: “Los dirigentes y las bases sociales movilizados deben optar responsablemente entre la renuncia de Áñez que postergará aún más nuestro retorno a la democracia o elecciones prontas con la garantía de Naciones".

Y afirmó que la “único camino posible para solucionar la tensión en Bolívia” es un diálogo entre “La Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo Electoral y los movimientos sociales.”

El camino sugerido por Morales es la desmoralización y el desarme de las masas frente a la amenaza fascista. Allanaría el camino para la consolidación de una dictadura basada en la represión de los crecientes conflictos de clases bajo las botas militares.

A diferencia de Morales, los trabajadores y campesinos no podrán escapar en avión; se verán obligados a vivir las consecuencias del terror de Estado, pagando el precio con su propia sangre.

La lucha que los obreros y campesinos bolivianos libran con valentía solo puede encontrar un camino hacia adelante si se extraen las conclusiones políticas necesarias del proceso que condujo al golpe reaccionario de noviembre de 2019.

Si bien es cierto que las fuerzas de derecha triunfaron con el apoyo decisivo del imperialismo, su camino hacia el poder estuvo allanado por la profunda crisis de las políticas nacionales burguesas de Morales, implementando medidas impopulares y ataques contra la clase trabajadora.

Los trabajadores bolivianos deben luchar por su independencia política del MAS, la COB y los sindicatos que buscan someterlos a facciones de la burguesía. Solo pueden contar con ellos mismos y con la alianza con las masas rurales para defenderse de las fuerzas estatales y de los provocadores fascistas.

Sobre todo, es necesario construir una dirección revolucionaria basada en la unidad con la clase trabajadora en América Latina y en todo el mundo, y con una verdadera perspectiva socialista e internacionalista adelantada hoy solo por el Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

(Artículo publicado el 12 de agosto de 2020)