Los partidos cristianos, fascistas y sunitas de Líbano, agrupados en torno al ex primer ministro Sa’ad Hariri, han comenzado a pedir abiertamente el regreso al poder de este milmillonario corrupto.

La demanda se hizo pública por primera vez pocas horas después de que el primer ministro Hassan Diab anunciara la renuncia de su gobierno “tecnocrático” el lunes por la noche, luego de las protestas antigubernamentales tras la explosión masiva portuaria el 4 de agosto.

El desastre, cualquiera que sea su causa precisa, fue el resultado de la negligencia criminal y la indiferencia cruel mostrada por los sucesivos gobiernos y la élite gobernante, que durante años ignoró repetidas advertencias sobre los peligros de almacenar nitrato de amonio sin los controles de seguridad adecuados tan cerca de áreas residenciales.

Se le ha dado mucha importancia a que Diab recibió una carta sobre el almacenamiento de la potente sustancia química en el puerto el 20 de julio, después de lo cual llamó al Consejo Supremo de Defensa a la acción. En su propia defensa, Diab respondió: “El gabinete actual recibió el expediente 14 días antes de la explosión y actuó en cuestión de días. Las administraciones anteriores tuvieron más de seis años y no hicieron nada”.

Sin embargo, cuando quedó claro que el gobierno de Diab iba a ser calificado de principal culpable, algunos de sus colegas de gabinete dimitieron, lo que precipitó la renuncia del propio Diab, aunque él sigue en el cargo de primer ministro en funciones. Como le dijo a Al Jazeera Ghada Shreim, ministra para personas desplazadas en el Gobierno en funciones de Diab: “Al final, sentimos que querían convertirnos en criminales, que querían culparnos de todo esto, y fue una gran motivo detrás de la dimisión del gobierno”.

Al dimitir, Diab atribuyó el “terremoto” en Líbano a los corruptos predecesores de su gobierno, aunque guardó silencio sobre a quién se refería o qué habían hecho exactamente.

En ningún momento durante los seis meses que ocupó las riendas del poder, Diab advirtió públicamente sobre las maquinaciones de la élite política, incluso cuando le imposibilitaron tomar medidas para hacer frente a la crisis económica y mucho menos paliar la difícil situación de las familias de clase trabajadora.

El jueves, en su primera acción desde la explosión, el Parlamento aprobó un estado de emergencia que otorga a los militares amplios poderes para frenar la libertad de expresión, reunión y prensa, así como para ingresar a las casas y arrestar a cualquier persona considerada una amenaza para la seguridad y juzgar a las personas en tribunales militares. La medida está claramente dirigida a reprimir la oposición a las dificultades económicas, la corrupción y la desconfianza de la élite política.

El Movimiento Futuro de Hariri, en alianza con las fuerzas libanesas fascistizantes lideradas por el exlíder de milicia Samir Geagea, y el Partido Socialista Progresista de Walid Jumblatt, basado en los drusos, están trabajando enérgicamente para formar un gobierno dirigido por Hariri.

Esto podría resultar difícil de vender a un público enfurecido que es plenamente consciente de que Hariri estuvo en el poder durante cuatro de los seis años que el nitrato de amonio estuvo almacenado en el puerto y que está disgustado con toda la élite gobernante.

La posición alternativa de estas capas es un gobierno de “salvación nacional”, potencialmente encabezado por militares y compuesto por banqueros y otras figuras empresariales, para supuestamente resolver la crisis y preparar el camino para las elecciones sobre la base de una nueva ley electoral. Las discusiones giran en torno a que este órgano no elegido estaría en el poder durante dos o tres años.

La opción preferida de Washington es aparentemente un gobierno de “independientes” encabezado por Nawaf Salam, un diplomático-jurista y vástago de una de las dinastías gobernantes del Líbano, cuyo primo Tammam Salam fue primer ministro entre 2014 y 2016, y como Hariri fue responsable de ignorar los peligros de almacenar el potente químico.

Hariri y compañía serían la fuerza impulsora detrás de un gobierno de “salvación” o “independiente”. Su objetivo es revertir el repliegue que sufrieron en octubre pasado, cuando hubo protestas sociales masivas en todo el país que obligaron a dimitir al Gobierno liderado por Hariri. Están decididos a restaurar el dominio directo de la plutocracia, al servicio del imperialismo, y limitar o erradicar la influencia de los “mafiosos” en Líbano y Siria, término empleado siempre como eufemismo para Hezbolá.

Estas capas se oponen con vehemencia a Hezbolá, que está respaldada por Irán, y que forma junto a sus aliados el bloque político más grande en el Parlamento. Hezbolá es un movimiento islamista burgués, político y socialmente conservador y profundamente hostil a cualquier movimiento independiente de la clase trabajadora. Durante años ha sido miembro de los Gobiernos de coalición del país y desempeñó un papel clave en la defensa del régimen sirio del presidente Bashar al-Asad contra los islamistas de extrema derecha respaldados por la CIA, los monarcas del golfo Pérsico y Turquía.

La campaña contra Hezbolá está ligada al régimen de sanciones de “máxima presión” de la Administración de Trump contra Irán, que equivale a un estado de guerra y apunta a derrocar su Gobierno e instalar un régimen clientelar.

La campaña de Hariri ha sido ayudada e instigada por las potencias imperialistas y regionales y los medios de comunicación internacionales, quienes han sugerido que Hezbolá es el culpable de la explosión y la han señalado habitualmente como el “obstáculo” para una reforma democrática y una ruptura con el sectarismo.

Diab, un profesor de ingeniería, fue elegido por Aoun para encabezar un Gobierno “tecnocrático” e “independiente” en enero como apoyo a la demanda popular de una ruptura con todo el sistema político corrupto.

Bassel Sallouk, profesor asociado de ciencias políticas en la Universidad Libanesa Americana, dijo a Al-Jazeera que el objetivo de la élite del Líbano era “desactivar el impulso de las protestas del 17 de octubre, y lo hicieron de manera muy brillante.... Vimos que el impulso del movimiento de protesta se apagó después de que Diab llegó al poder”.

El gabinete de Diab, en gran parte profesionales no alineados, contó con el apoyo de Hezbolá, el Movimiento Patriótico Libre Cristiano del presidente Aoun y el Movimiento chiíta Amal dirigido por Nabih Berri, el presidente del Parlamento.

Si bien los oligarcas cristianos y sunitas aliados con el Movimiento Futuro de Hariri se oponían amargamente al Gobierno, les convenía culpar a Diab y Hezbolá de la creciente crisis económica que afecta al Líbano, que había acumulado deudas del 170 por ciento del PIB cuando los países del golfo Pérsico retiraron su apoyo financiero.

En pocas semanas, cuando el valor de la moneda se desplomó y la inflación se disparó, Diab anunció que Líbano dejaría de pagar sus deudas externas de $30 mil millones y solicitó un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero el acceso a préstamos internacionales y apoyo económico prometidos en la conferencia Cedre de 2018, supervisada por Washington y París, siempre dependería de la agenda de política exterior y económica de los imperialistas.

La Administración de Trump ha estado ejerciendo presión en apoyo de sus títeres locales, intensificando sus sanciones a Hezbolá y esas organizaciones, incluidos los bancos, que traten con Hezbolá e imponiendo nuevas sanciones a Siria, cuya economía está estrechamente vinculada a la del Líbano.

El Gobierno de Diab presentó un plan al FMI que habría involucrado a los bancos del Líbano, los principales acreedores del país, tomando un “recorte” sustancial, así como una serie de medidas de austeridad y privatizaciones. Pero los bancos, propiedad de los plutócratas cristianos y sunitas alrededor del Movimiento Futuro de Hariri, lo rechazaron.

El Movimiento Futuro se negó a cooperar con el gobierno, lo que provocó el estallido de pequeños pero violentos enfrentamientos entre ambos bloques rivales. En junio, Aoun advirtió que esto podría desencadenar otra guerra civil en un país que vivió un amargo conflicto armado entre 1975 y 1990.

Incluso si la explosión del puerto no hubiera ocurrido, la incapacidad del Gobierno de Diab de brindar un mínimo de apoyo social a los trabajadores libaneses y sus familias afectados por los cierres de coronavirus impuestos en marzo habría sellado su destino.

Según el ministro de Asuntos Sociales, Ramzi Musharrafieh, hasta el 75 por ciento de la población necesita ayuda, según las personas busca comida en los basureros y les piden a los transeúntes algo de comer. El bloque de Hariri, que ya se preparaba para actuar contra Diab, aprovechó la oportunidad creada por la devastación para culpar a Hezbolá, centrándose en acusaciones de que el almacén era un vertedero de explosivos de Hezbolá y que Hezbolá administraba el puerto y, por lo tanto, fue responsable que no ser removiera el nitrato de amonio.

Hariri y sus aliados se negaron a aceptar la investigación emprendida por el Gobierno de Diab, que ha puesto a unos 20 funcionarios bajo arresto domiciliario, ha congelado sus cuentas bancarias y les ha prohibido viajar. Exigieron una investigación internacional, destinada a culpar a Hezbolá.

Estas fueron las fuerzas que organizaron la bienvenida al presidente francés Emmanuel Macron cuando visitó Beirut apenas dos días después de la explosión. Hablando como representante de la antigua potencia colonial del Líbano, pidió una investigación internacional sobre la causa de la explosión e insistió en que la ayuda financiera estaría condicionada a una “reforma política”. Reuters citó a una fuente del Gobierno libanés diciendo que Macron quería que Hariri encabezara un Gobierno de tecnócratas, pero Aoun y los partidos cristianos se oponían a esto.

El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, se hizo eco de este llamado durante su visita a Beirut el miércoles, cuando trajo un cheque por un millón de euros simbólicos para la Cruz Roja Libanesa, al tiempo que insistió en que la ayuda estaría condicionada a “reformas económicas y buen gobierno”.

El jueves, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, David Hale, pidió el fin de los “Gobiernos disfuncionales y las promesas vacías”. Agregó que el FBI junto con los investigadores franceses se unirían a la investigación del Líbano sobre la explosión en el puerto, en una aparente revocación de Aoun de su negativa anterior a aceptar una investigación internacional.

Según el Wall Street Journal, la Administración de Trump se está preparando para imponer sanciones anticorrupción contra destacados políticos y empresarios libaneses en un intento por abrir una brecha entre Hezbolá y sus aliados.

Un informe reciente del Comité de Estudio Republicano del Congreso (RSC), centrado en contener el poder y la influencia iraníes en Oriente Próximo, da alguna indicación del pensamiento en Washington. Recomendó una legislación que prohíba cualquier dinero del FMI para rescatar Líbano, ya que “solo recompensaría a Hezbolá”, así como una extensión de las sanciones estadounidenses a los aliados de Hezbolá en Líbano.

Cita a un analista libanés-estadounidense que escribió en 2017: “La estabilidad de Líbano, en la medida en que signifique la estabilidad del orden iraní y la base de misiles avanzados allí, no es, de hecho, un interés estadounidense”, lo que indica que, en lo que respecta a los EE. UU., una guerra civil libanesa podría ser bien recibida como una forma útil de socavar y atacar a Irán.

Cualquiera de los escenarios del bloque de Hariri para el regreso al poder —la completa reinstalación de Hariri o un Gobierno de “salvación nacional” dominado por los militares— presagia una escalada de la lucha de clases y amenaza con un giro hacia una guerra civil.

La clase trabajadora debe entender que sus demandas de seguridad económica e igualdad social son diametralmente opuestas a los intereses de todas las facciones de la cleptocracia que ha gobernado el Líbano durante décadas. Los trabajadores deben guiarse por una estrategia política y económica basada en sus propios intereses de clase que reconozca que es imposible resolver la crisis que enfrenta la clase trabajadora sin un desafío directo al capitalismo y su aparato estatal.

Mientras la élite gobernante que teme mortalmente a la clase obrera se vuelve hacia sus patrocinadores internacionales en una posición de debilidad, la fuerza de la clase obrera radica en su naturaleza internacional. Necesita una perspectiva internacional que se centre en construir una dirección política para unificar a la clase trabajadora a través de todas las divisiones sectarias, étnicas y nacionales, no solo dentro de las fronteras de Líbano sino en toda la región, en una lucha contra el capitalismo y por el socialismo.

Esto significa construir secciones del Comité Internacional de la Cuarta Internacional, con su perspectiva de los Estados Unidos Socialistas de Oriente Próximo, como líderes de esta lucha.

Artículo publicado originalmente en inglés el 15 de agosto de 2020)