Dado que las infecciones y las muertes por COVID-19 se han disparado desde que la economía comenzó a reabrirse en julio, la crisis política y social de Perú se ha intensificado. Se han desatado huelgas en el sector minero por las altas tasas de infección, y un enfrentamiento del 9 de agosto entre manifestantes indígenas y la policía en la región amazónica golpeada dejó cuatro trabajadores indígenas muertos.

Con 796 muertes por COVID-19 por millón de habitantes, Perú tiene la tasa de mortalidad más alta de todas las Américas y la segunda más alta del mundo, solo detrás de Bélgica. Su número total de casos de coronavirus ha superado los 535,000, con un récord de más de 10,000 nuevos casos registrados el domingo. El Ministerio de Salud (Minsa) ha registrado más de 26.000 muertes, aunque se cree que el número real es el doble debido al exceso de muertes que no fueron investigadas.

Desde el inicio de la reapertura de la economía, el número de contagios aumentó en un 78 por ciento en seis semanas, informa El Comercio. También ha habido un aumento del 75 por ciento en las infecciones entre niños y adolescentes.

En respuesta a esta propagación incontrolada de la pandemia, el presidente Martín Vizcarra ha ordenado el restablecimiento de una cuarentena general solo los domingos. Esto significa que “todas las reuniones familiares y sociales están prohibidas” y los parques permanecerán cerrados. En cuanto al resto de la semana, se seguirá trabajando. Esto se suma a los necesarios continuos llamados a cuarentenas en 15 de las 25 regiones de Perú. En la capital, Lima, y en otros lugares, se han desplegado unidades militarizadas de la Policía Nacional del Perú para hacer cumplir rigurosamente el toque de queda dominical.

El argumento del gobierno es que el virus mortal se propaga principalmente a través de reuniones sociales entre amigos y familiares, y no a los trabajadores peruanos regresen a laborar en las minas y otros lugares de trabajo.

Dentro de la clase trabajadora, sin embargo, existe una creciente resistencia a las condiciones homicidas de trabajo impuestas por los empleadores y respaldadas por el gobierno. Los mineros de la mina de oro y plata Minera Aurifera Retamas S.A. (MARSA) dejaron sus puestos de trabajo la semana pasada después de que 280 mineros contrajeran el coronavirus. Denunciaron a los dueños de la mina, una de las minas subterráneas más grandes del país, por no brindar las mínimas condiciones sanitarias. Además de la aplicación de las normas básicas de salud, una de sus demandas fue el cese de la práctica de camas calientes, bajo la cual los trabajadores de los turnos matutino y vespertino se ven obligados a compartir las mismas camas.

Los mineros de MARSA indicaron que su huelga podría continuar luego de la detención del líder del sindicato local, Luis Cerna Polo.

Los mineros han protestado y atacado en otros lugares a medida que aumentan los casos y las muertes por coronavirus. En Uchucchacua, a unas 150 millas al noreste de la capital, los trabajadores han informado de 150 infecciones dentro de sus filas. En la mina Cerro Lindo, 700 trabajadores fueron puestos en cuarentena debido a los síntomas del COVID-19, mientras que en la mina Cerro Corona, 150 trabajadores fueron evacuados luego de contraer la enfermedad. En ambas instalaciones, los mineros se ven obligados a compartir barrios abarrotados.

Mientras tanto, en la región amazónica, los manifestantes indígenas se apoderaron de un complejo petrolero en el Lote 95, ubicado en la región de Loreto, para protestar contra la falta de ayuda del gobierno en medio de uno de los brotes más virulentos de la pandemia. En toda la cuenca del Amazonas, ha habido más de 100.000 infecciones y al menos 3.000 muertes por COVID-19. Con una población indígena de 330.000 personas, esto significa que casi un tercio ha sido infectado y casi uno de cada 100 ha muerto.

Las fuerzas de seguridad respondieron con una brutal represión a la protesta indígena, matando de inmediato a tres personas e hiriendo de muerte a otra. Otros diecisiete manifestantes resultaron heridos.

La instalación petrolera Lote 95 es propiedad de la transnacional canadiense PetroTal, que reinició la producción el mes pasado debido a las protestas de la población local, que temen que los trabajadores petroleros que regresan a la selva del norte de Perú traigan consigo el coronavirus. El gobierno y las transnacionales han tratado a la población indígena como poco más que un obstáculo para la extracción de recursos y las ganancias.

Vizcarra ha visto caer en picada su índice de aprobación ante el creciente número de víctimas del COVID-19 y la reapertura de la economía, pasando del 83 por ciento en junio a apenas el 56 por ciento en la actualidad.

El 1 de julio, Vizcarra llevó a cabo una reorganización del gabinete ante la creciente crisis de su gobierno, eligiendo a Pedro Cateriano como su nuevo primer ministro. El Congreso, sin embargo, rechazó el nombramiento por 54-37 en un voto de “no confianza” el 4 de agosto.

Mientras Vizcarra denunciaba el rechazo como una maniobra política, los críticos culparon a Cateriano por pronunciar un discurso ante el Congreso que promovió demasiado abiertamente los intereses de las transnacionales mineras y otros sectores de la gran empresa, sin siquiera fingir preocupación por el sufrimiento de las masas de trabajadores peruanos. y pobres en las condiciones de la pandemia, el desempleo masivo y la pobreza cada vez más profunda.

Posteriormente, Vizcarra propuso al general retirado Walter Martos, ex ministro de Defensa, como su nuevo primer ministro. Martos fue aprobado con el mayor apoyo del Congreso en 50 años: 115 votos a favor, cinco en contra y cuatro abstenciones.

Su ascenso al cargo de primer ministro es parte del creciente dominio de los militares dentro del gabinete de Vizcarra. Tres de los 19 escaños del gabinete están ahora ocupados por generales en activo o retirados: el del primer ministro y los ministros de Defensa, el general de Ejército Jorge Luis Chávez Cresta y del Interior, el teniente general de la Fuerza Aérea Jorge Montoya Pérez.

Vizcarra mantiene a su elección inicial, Pedro Cateriano, el favorito del lobby empresarial peruano Confiep (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas), como enlace con el poderoso sector minero.

El compromiso de Vizcarra con la minería y el capital extranjero se demostró aún más con la elección de Miguel Incháustegui para el puesto de Gabinete de Energía y Minería. La experiencia de Incháustegui incluye haber sido director de Turmalina Metals Corp y Cañariaco Copper Perú. También trabajó en Gold Fields y Lumina Copper.

En su discurso ante el Congreso, el general Martos reconoció el atraso de la economía peruana, que se enmascaró durante el período de auge de las materias primas cuando el país registró un crecimiento anual promedio de 6.3 por ciento entre 2002 y 2014. Destacó que solo este año el gasto público ha caído un 35 por ciento. En realidad, habiendo aumentado en los meses de enero y febrero, la caída desde que se inició la pandemia del COVID-19 en marzo es mucho mayor al 35 por ciento.

Como remedio para la profundización de la crisis económica del país —el banco central proyecta una contracción del 12 por ciento este año—, Martos propuso inyectar miles de millones de dólares en PYMES (pequeñas y medianas empresas). Si bien este sector representa el 86 por ciento del empleo privado y genera el 30 por ciento del PIB, las estadísticas muestran que la mayoría de las PYMES quiebran en pocos años, con perspectivas aún más desalentadoras frente a la pandemia.

Martos calificó la lucha contra la pandemia como "una guerra que irradia a todos los ámbitos de la vida nacional", y enfatizó que hablaba "como un miembro orgulloso de nuestras fuerzas del orden ..."

El general retirado destacó la modernización y el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad como elementos centrales de esta "guerra", con propuestas para la digitalización de las operaciones policiales, la apertura de 28 nuevas comisarías para diciembre de 2020 y el despliegue de "las Fuerzas Armadas, con la apoyo a las patrullas municipales [conocidas como serenazgos] de vigilancia nocturna, con el fin de incrementar el número de efectivos y la frecuencia de rondas, con acciones estratégicas especiales enfocadas en los lugares de mayor incidencia criminal ”.

En Perú, como en el resto de América Latina, la clase dominante capitalista y sus socios transnacionales se apoyan cada vez más en las fuerzas militares y policiales mientras enfrentan la amenaza de una explosión de la lucha de clases, impulsada por el desempleo masivo, la desigualdad social. y la campaña criminal de regreso al trabajo que está cobrando un número cada vez mayor de víctimas del COVID-19.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 18 de agosto de 2020)