No menos que en los estados controlados por los republicanos, la administración del Partido Demócrata del gobernador de California, Gavin Newsom, ha actuado, desde el comienzo de la pandemia, para proteger los intereses de los ultrarricos. Hace tiempo que abandonó cualquier esfuerzo serio para contener la propagación del virus.

El 7 de mayo, seis semanas después de que California se convirtiera en el primer estado en emitir órdenes de refugio en el lugar, Newsom anunció que el estado enfrentaba un déficit de ingresos de $54 mil millones. Un día después, con el estado promediando más de 1.700 casos nuevos por día, la administración comenzó a planificar una reapertura gradual.

El 12 de junio, cuando el número de casos en el estado superó los 125.000, con más de 3.600 casos nuevos por día, California pasó a la etapa tres de la reapertura, permitiendo la reapertura de negocios cerrados como restaurantes, bares y gimnasios. Durante este período, la tasa de infección se disparó de aproximadamente 1.700 nuevos casos por día el 8 de mayo a más de 5.300 el 28 de junio.

Después de alcanzar un máximo de más de 9,000 nuevos casos por día a fines de julio, y luego de un renovado cierre de bares, comedores interiores y gimnasios, la tasa de infección ahora es de aproximadamente 6.000 por día. Pero el impulso para reabrir los lugares de trabajo y las escuelas amenaza con provocar otra ola de casos.

El nivel de pruebas, a 85.000 por día, sigue siendo extremadamente inadecuado para monitorear, y mucho menos contener, la pandemia.

El 13 de agosto, el Los Angeles Times publicó una cronología titulada "Cómo la prisa por reabrir llevó al condado de Los Ángeles a una crisis de salud". Documentó el impacto directo de la política de reapertura en el número de infecciones y muertes en Los Ángeles. En el momento de esa exposición, solo en Los Ángeles, 5.000 habían muerto por COVID-19. En las tres semanas siguientes, ese número ha aumentado en un 15 por ciento.

A pesar de los datos alarmantes, el viernes pasado Newsom anunció un proceso de reapertura de cuatro niveles que comienza hoy con la reapertura de peluquerías y tiendas minoristas al 25 por ciento de su capacidad, que se extenderá progresivamente. La medida se promociona como un retorno a la “libertad” pre pandémica, una clara concesión a las quejas de la derecha de que las restricciones científicas necesarias son una limitación de las libertades personales. En realidad, la oposición organizada a las restricciones basadas en la salud pública en nombre de la “libertad” está siendo promovida por la élite empresarial en línea con su política asesina de regreso al trabajo.

El desastre económico y fiscal que se desarrolla, que el gobierno estatal se ha aprovechado para profundizar sus ataques a la educación pública y la infraestructura social, amenaza con hundir a millones de californianos en la indigencia. La administración de Newsom estima que el año fiscal 2020-2021 verá una tasa de desempleo del 24,5 por ciento, una caída del nueve por ciento en los ingresos personales y una disminución del 21 por ciento en los permisos de vivienda nueva. Estas proyecciones son optimistas a la luz de la realidad social.

En el condado de Los Ángeles, el desempleo solo ha disminuido ligeramente: del 20 por ciento en abril al 17,5 por ciento en julio, lo que significa que un millón de personas están sin empleo. Un estudio de 2020 del Instituto de Desigualdad y Democracia de UCLA estima que casi medio millón de personas que viven en viviendas de alquiler en el condado de Los Ángeles no tienen ingresos y corren un alto riesgo de quedarse sin hogar.

Se estimó que la población de personas sin hogar de California era de aproximadamente 150.000 en 2019, un número que se cree que es una subestimación drástica. La población sin hogar aumentó en 21.000 en 2019 y se espera que crezca en otros 30.000 este año como resultado del desempleo masivo y económico.

Con 154 multimillonarios y más riqueza que todos los países más ricos del mundo, excepto los cuatro, California es a la vez el estado más rico y el más pobre del país. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, después de ajustar por el costo de vida, California tiene la tasa de pobreza más alta del país, con un promedio del 18,2 por ciento de sus 39,5 millones de residentes viviendo en la pobreza durante los últimos tres años. Si bien el ingreso medio en el estado está ligeramente por encima del promedio nacional, los costos de vivienda, energía eléctrica y bienes esenciales son mucho más altos que el promedio nacional.

En un informe reciente, el Instituto de Políticas Públicas de California encontró que más del 35 por ciento del estado, casi 14 millones de personas, viven en la pobreza o "casi en la pobreza". Este sector de la población, sometido a viviendas precarias, atención médica inadecuada y condiciones de trabajo inseguras, enfrenta tasas de infección y mortalidad más altas que la población en general. En julio, más de 300 trabajadores, tres cuartas partes de la fuerza laboral, se infectaron en una fábrica de explotación del centro de Los Ángeles propiedad de Los Angeles Apparel.

La pandemia se ha extendido por el notoriamente superpoblado sistema penitenciario de California, infectando a más de 9.300 presos y 2.200 miembros del personal. El confinamiento cerrado, la atención médica deficiente y el acceso limitado a equipo de protección personal han llevado a una tasa de infección casi cinco veces mayor entre los presos estatales que entre la población en general. La población carcelaria de California era de aproximadamente 117.000 en abril de 2020, con 32 de las 35 cárceles que tienen poblaciones encarceladas por encima de su capacidad de diseño.

Un brote particularmente mortal en la Institución de Hombres de California ha provocado más de 1.000 infecciones y 20 muertes. El traslado de 121 reclusos de esta prisión a la prisión estatal de San Quentin resultó en un brote aún más letal. Hasta ahora, más de 2.100 prisioneros en San Quintín, la mitad de su población al inicio del brote, han sido infectados.

Después de décadas de salarios estancados y recortes en la atención médica y los servicios sociales, los trabajadores se han visto obligados a soportar la peor parte del reciente recorte de $54 mil millones en el presupuesto estatal, que incluye un recorte salarial del 10 por ciento para los empleados estatales, pagos retrasados a las escuelas públicas, un recorte de $1,7 mil millones en fondos para colegios y universidades públicas, y un recorte de $248 millones en programas de vivienda. Newsom, quien se comprometió a mediados de mayo a aceptar un recorte salarial en solidaridad con los trabajadores estatales, ha seguido recibiendo su salario mensual completo de 17.479 dólares.

En una conferencia de prensa de agosto, Newsom tuvo la audacia de afirmar que "no hay dinero en la alcancía" para pagar las prestaciones por desempleo. Pero entre marzo y junio, el mismo período durante el cual el virus se disparó en todo el estado, los 154 multimillonarios de California vieron aumentar su riqueza neta en aproximadamente $170 mil millones, más del triple del déficit presupuestario.

Los sindicatos han accedido en todos los casos a las demandas del estado, incluido un recorte del 9,23 por ciento en los salarios de los trabajadores estatales y una suspensión de las contribuciones estatales a la atención médica de los jubilados, acordada por el sindicato de empleados públicos más grande del estado, el Service Employees International Union ( SEIU) Local 1,000. Cal Fire Local 2881 acordó un recorte salarial del 7,5 por ciento.

Los sindicatos también han apoyado planes para reanudar la instrucción presencial en el sistema de escuelas públicas. Mientras que el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el segundo más grande de la nación, abrió el año escolar con instrucción completamente en línea, el sindicato United Teachers Los Angeles (UTLA), que agotó la huelga de maestros del año pasado y allanó el camino para más recortes presupuestarios y privatizaciones escolares, colabora en planes de reapertura escolar.

En un informe de julio, el UTLA propuso una lista de medidas a medias, que incluyen mantener a los estudiantes en pequeños "grupos", reducir el tamaño de las clases y exigir máscaras para los estudiantes y el personal. La convocatoria de "grupos" es prácticamente idéntica a las pautas de la administración de Newsom, que exigen que los niños se agrupen en "cohortes" de aprendizaje de no más de 14 niños y no más de dos adultos supervisores.

La Asociación de Maestros de California también ha pedido, en los términos más vagos posibles, lavarse las manos, cubrirse la cara, distanciarse socialmente dentro de las aulas y "asesoramiento sobre salud mental". Incluso si se hicieran cumplir estas medidas inadecuadas, harían poco para que las aulas fueran seguras para estudiantes y educadores.

En todo el estado, los condados pueden reabrir escuelas si están fuera de la lista de vigilancia de COVID-19 del estado durante dos semanas. El condado de Orange y el condado de San Diego, dos de los condados más grandes del estado, ya están fuera de la lista. El lunes, la Junta de Educación del Condado de Orange votó para permitir que las escuelas reanuden la instrucción en persona el próximo mes, sin máscaras ni distanciamiento social. Un grupo de maestros y padres protestó fuera de la reunión y reunió 26.000 firmas instando a la junta a reconsiderar.

Según la directora de Salud Pública de Los Ángeles, Barbara Ferrer, la administración de Newsom está otorgando a los funcionarios de salud locales la capacidad de otorgar exenciones a los distritos escolares que permiten que las escuelas vuelvan a abrir para los estudiantes en los grados K-6 una vez que las tasas de casos caigan por debajo de 200 por cada 100.000 personas. Este umbral, veinte veces mayor que lo que los Centros para el Control de Enfermedades definen como baja incidencia, se eligió no por consideración a la seguridad de los estudiantes y educadores, sino para proporcionar una justificación para la reapertura. El martes, la tasa de casos en el condado de Los Ángeles fue de 196 por cada 100.000 habitantes, justo por debajo del umbral.

Se ha demostrado que las afirmaciones de que los niños transmiten el virus con menos frecuencia que los adultos son fraudulentos. Un artículo publicado en el Journal of the American Medical Association encontró que los niños menores de cinco años portan cantidades más altas del virus en sus fosas nasales que los niños mayores y los adultos, mientras que un extenso estudio de rastreo de contactos realizado en Italia encontró que los niños menores de 15 años transmiten el virus de manera más eficiente.

La inmensa mayoría de padres y educadores se oponen a reanudar la instrucción presencial. "No creo que una exención sea apropiada en este momento dada la tasa de transmisión y la cantidad de casos", dijo el padre de Mill Valley, David Howard, "Sabes, tienes un montón de niños en un salón de clases con aire estancado, eso es una placa de Petri para propagar el virus".

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(Artículo publicado originalmente en inglés el 31 de agosto de 2020)