Tres meses después de que el Gobierno español ordenara el fin de los confinamientos en medio de la pandemia de Covid-19, el repunte del virus está saturando de nuevo los hospitales madrileños. Las autoridades sanitarias informan de que el 90 por ciento de las camas de las salas de cuidados intensivos de Madrid están ocupadas y 139 personas murieron allí la semana pasada a causa del Covid-19.

Estos acontecimientos son una advertencia para los trabajadores de toda Europa y a nivel internacional: el fin prematuro de los cierres nos conduce a la catástrofe. En España, se han encontrado 31.428 nuevos casos de Covid-19 y 168 muertes sólo desde el viernes. En Madrid, el número de casos se ha multiplicado por 73 desde julio, pasando de 9 a 659 por cada 100.000 habitantes. En todos los países europeos se están produciendo oleadas similares, y muchas ciudades europeas están a pocas semanas detrás de Madrid en la propagación del virus.

Los barrios de clase trabajadora del sur de la ciudad son los más afectados, con el doble de la tasa media de infección: Puente de Vallecas tiene 1.280 casos por cada 100.000 habitantes, Villaverde 1.208 y Usera 1.198. Muchos trabajadores esenciales altamente expuestos a Covid-19 viven en estas zonas, donde muchas familias numerosas viven hacinadas en pequeños apartamentos.

Un médico del hospital Doce de Octubre, en el sur de Madrid, que ha comenzado a cancelar las cirugías programadas para hacer frente a la oleada de Covid-19, dijo a la prensa: “La situación está empezando a ser insostenible. Ya no nos faltan equipos de protección ni respiradores, pero sí manos. La fuerza de trabajo está muy agotada. Hay falta de médicos, enfermeras y administradores. Lo hemos advertido una y otra vez, pero nadie nos escucha”.

No sólo los hospitales están colapsando en medio de la afluencia de pacientes, sino que los rastreos y los centros de pruebas se están quedando muy atrás en la identificación y las pruebas a todos los pacientes expuestos al Covid-19.

El Gobierno del derechista Partido Popular (PP) de la región de Madrid, liderado por Isabel Ayuso, admitió este fin de semana que sus propios cálculos muestran que han de duplicarse el número de rastreadores, pero tardará un mes en contratarlos a todos. “Actualmente tenemos más de 800 rastreadores”, dijo el consejero de salud de Madrid Enrique Ruiz Escudero. “El objetivo es tener 1.100 a finales de mes y llegar en algún momento de octubre a 1.500, para poder hacer el trabajo de investigación tanto de los infectados como de sus contactos, así como el seguimiento diario”.

El viernes, Ayuso decretó 14 días de “restricción de la movilidad y reducción de la actividad” en 37 distritos madrileños que albergan a 850.000 personas, una octava parte de la población de Madrid. Ayuso también afirmó que las autoridades sanitarias administrarían allí un millón de pruebas de antígeno para Covid-19. Ayer, los funcionarios regionales de Madrid comenzaron a trabajar con la policía nacional española y la Guardia Civil bajo la autoridad del Gobierno de coalición del Partido Socialista (PSOE)-Podemos para hacer cumplir las órdenes de restricción.

La orden de “restricción” de Ayuso no es una política de cuarentena o de cierre que tenga como objetivo detener la propagación del Covid-19 y garantizar el distanciamiento social, permitiendo así que los trabajadores no esenciales se refugien en sus casas. De hecho, la orden declara que se puede seguir exigiendo a los trabajadores que viajen “por motivos laborales, médicos o de acceso a la educación y que luego regresen a sus residencias; que asistan a personas mayores, menores o dependientes; que accedan a entidades bancarias, de seguridad o administrativas; que asistan a exámenes o a cualquier otra necesidad que tenga prioridad, sea urgente o surja de fuerza mayor”.

En realidad, se trata principalmente de prohibir la socialización de los trabajadores y los jóvenes mientras no están en el trabajo o en la escuela, pero, por otro lado, los obliga a exponerse al Covid-19 para que rindan beneficios a bancos y empresas.

Ayuso está aplicando en Madrid las mismas políticas de la Unión Europea (UE) con respecto al Covid-19, gestionadas en España por el Gobierno del PSOE-Podemos. La UE ha canalizado 750.000 millones de euros en rescates corporativos, respaldados por el Banco Central Europeo (BCE) con un aval de 1,25 billones de euros para enriquecer a grandes corporaciones e inversores. Estos rescates se basan en poner fin al distanciamiento social, en volver a abrir los centros de enseñanza y que los padres de los estudiantes puedan regresar al trabajo para seguir produciendo beneficios para las compañías rescatadas.

El primer ministro del PSOE, Pedro Sánchez, se reunió ayer con Ayuso para repetir que no habría medidas de cierre o cuarentena. Mientras Ayuso provocaba un disgusto generalizado con comentarios fascistizantes atribuyendo el Covid-19 a “el estilo de vida de los inmigrantes de aquí”, así como pronosticando que “prácticamente todos los niños” contraerán el Covid-19 después de volver a la escuela, Sánchez mantuvo una conferencia de prensa junto a ella. Con Ayuso a su lado, Sánchez dijo: “Aquellos que esperan ver una confrontación aquí se irán a casa con las manos vacías”.

Sánchez descartó invocar el estado de alarma, el mecanismo jurídico utilizado para imponer una cuarentena u orden de confinamiento en España, para invertir la curva ascendente de las infecciones: “Hay muchas formas de ralentizar la curva que no requieren declarar el estado de alarma”. Apoyando a Ayuso, Sánchez añadió: “Esta es una batalla epidemiológica, no ideológica”.

Ayuso insistió en que el trabajo no esencial y el regreso de los estudiantes a las clases presenciales continuaría. Dijo, además, que “Madrid nunca se ha detenido, y nuestra comunidad ha seguido trabajando como en todas partes”. Saludó a la policía nacional y a la Guardia Civil: “Necesitamos que nuestras fuerzas de seguridad nos ayuden a aplicar nuestras medidas”.

Tales medidas políticamente criminales están provocando ira e indignación entre los trabajadores. Según la encuesta del CIS del propio estado, el 58,3 por ciento de los españoles quiere medidas de aislamiento “más estrictas” y el 56,8 por ciento no confía en la política estatal. Este sentimiento se manifestó en la entrevista de La Sexta a Flora, una enfermera que ha trabajado durante 15 años en Vallecas, que se hizo viral en Internet.

Ella dijo que “no hay necesidad de ser un genio” para ver lo que está sucediendo: “Hay gente que trabaja, la clase obrera; hay quienes se desplazan, la clase obrera; hay quienes no pueden trabajar a distancia, la clase obrera. ¿Quién vive con seis u ocho personas en apartamentos de 45 metros cuadrados? La clase que vive en Vallecas, Carabanchel o Usera”. Añadió que “no hace falta saber mucho de salud pública” para ver por qué las zonas de clase trabajadora tienen los mayores índices de infección.

La única manera de detener un resurgimiento devastador del virus que podría cobrarse cientos de miles de vidas en España, y millones en toda Europa, es que la clase obrera se movilice en una huelga general contra las políticas de regreso al trabajo y a la escuela. Los cierres son fundamentales para establecer el distanciamiento social, dejar que los trabajadores no esenciales se refugien en sus casas y detener la propagación del Covid-19. Se necesitan enormes recursos financieros para proporcionar a los trabajadores y a los propietarios de pequeñas empresas un sueldo completo mientras se refugian en sus casas y para apoyar al sector de la salud, que es fundamental.

Una parte integral de la lucha por preparar la huelga general es la lucha por movilizar la oposición de izquierda entre los trabajadores contra el PSOE y al partido “populista de izquierda” Podemos, que es cómplice de las políticas asesinas de Sánchez. Una huelga general conlleva inevitablemente una lucha por derribar el gobierno del PSOE-Podemos en unidad con los trabajadores que se oponen a las políticas homicidas de Covid-19 de los Gobiernos capitalistas de toda Europa.

Durante varios días, miles de manifestantes se han reunido por las tardes en la plaza de la Puerta del Sol de Madrid para protestar contra las políticas reaccionarias de Ayuso. Estas acciones plantean de forma muy clara los problemas políticos que enfrenta la clase obrera en la lucha con el Gobierno del PSOE-Podemos en medio de la pandemia de Covid-19.

Los responsables locales de Podemos y los sindicalistas han reforzado estas protestas, convocadas por las asociaciones de vecinos de Madrid en las zonas afectadas por la orden de “restricción” de Ayuso, denunciándola como “totalmente inaceptable, inútil y claramente manchada por el segregacionismo” y el “clasismo”.

De hecho, la decisión de Ayuso de negar a los trabajadores el alojamiento en sus casas ha sido elaborada con el Gobierno de Sánchez, del que Podemos es parte integrante. Los funcionarios de Podemos tampoco piden una política de refugio en casa, sino sólo “más rastreadores de contactos, personal de laboratorio y apoyo a los centros de atención primaria”. Así, apuntan a crear condiciones para que los trabajadores del ferrocarril y los estudiantes vuelvan al trabajo y a la escuela, afirmando cínicamente que están haciendo lo mejor que pueden, mientras implementan políticas que propagan el virus.

Esto subraya que el camino a seguir por la clase obrera contra la pandemia es construir sus propias organizaciones independientes de lucha y combate para derribar el Gobierno del PSOE-Podemos.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 22 de septiembre de 2020)