El expresidente de Colombia Álvaro Uribe fue liberado del arresto domiciliario el sábado, dos meses después de que la Corte Suprema ordenara su detención. Uribe se enfrenta a por lo menos 60 investigaciones abiertas sobre sus vínculos con grupos paramilitares fascistas, corrupción y tráfico de drogas.

La liberación fue el resultado de la presión tanto del Gobierno del presidente Iván Duque del partido Centro Democrático, liderado por Uribe, como de la Casa Blanca.

El sábado, el presidente estadounidense Donald Trump celebró la liberación de Uribe, llamándolo "héroe" y "aliado de nuestro país en la lucha contra el CASTRO-CHAVISMO". Mientras incita a milicias fascistas y sus partidarios de extrema derecha a respaldar sus planes para anular las elecciones de noviembre, Trump aclama a una figura responsable de innumerables masacres.

La Corte Suprema decidió detener a Uribe por un caso abierto en 2018. Éste incluía pruebas de que Uribe sobornó a testigos para que mintieran sobre su papel en la fundación y financiación de una facción de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las AUC son una organización paramilitar responsable de la muerte de más de 260.000 personas, según el Observatorio de Memoria y Conflicto, y del robo de millones de hectáreas de tierra a los campesinos a instancias de las corporaciones agrícolas y mineras, los terratenientes locales y los cárteles de la droga.

La Corte Suprema ya lo había llamado a declarar sobre tres masacres específicas en 1996 y 1997, en las que participaron líderes de las AUC supuestamente sobornados por Uribe para que mintieran sobre su papel. Los cargos considerados contra Uribe incluían crímenes de lesa humanidad. Se informó de que los fiscales estaban a punto de presentar una acusación que lo llevaría a juicio.

En agosto, Uribe renunció al Senado. Esto obligó a la Corte Suprema a entregar el caso a los tribunales ordinarios de la Fiscalía, un procedimiento presidido por la jueza de garantías Clara Ximena Salcedo.

El fallo de Salcedo del sábado invalida la condición legal de riesgo de fuga y arresto domiciliario a la que había llegado la Corte Suprema. Sin embargo, lo más significativo es que ordena a la Fiscalía que desestime todas las demás sentencias y procedimientos hasta el momento y que inicie la pesquisa desde cero bajo una ley distinta.

Salcedo afirmó que el fallo busca proteger la "presunción de inocencia" de Uribe. Sin embargo, su explicación apunta a las verdaderas fuerzas del Gobierno de Duque que están detrás de la decisión, indicando que accede "a la solicitud elevada por parte de la defensa, apoyada por la Fiscalía General de la Nación y la representación del Ministerio Público".

La detención y liberación de Uribe solo puede entenderse en el contexto de la crisis económica y política que atraviesa Colombia y que la pandemia de coronavirus ha intensificado considerablemente.

Poco antes de la detención de Uribe en agosto, los tribunales y el Congreso se pronunciaron en contra del despliegue de tropas estadounidenses en Colombia, un fallo que fue desestimado por Duque y el Pentágono, con ejercicios militares conjuntos de EE.UU. y Colombia organizados el mes pasado.

Al mismo tiempo, Duque extendió una miserable entrega mensual de 43 dólares para los hogares más pobres en un esfuerzo por aliviar las crecientes tensiones de clases. Sin embargo, el asesinato de Javier Ordóñez por parte de la policía el 9 de septiembre en Bogotá, y la posterior masacre de manifestantes por parte de la policía disparando con municiones reales, dio paso a la ira latente por la crisis social y sanitaria subyacente.

Las protestas masivas contra la represión policial, junto con una serie de huelgas y protestas contra la austeridad que comenzaron en noviembre de 2019, han agudizado la lucha de clases en Colombia a niveles nunca vistos desde el insurreccional Paro Nacional de 1977.

Asier Hernando, director de la organización de ayuda humanitaria Oxfam para América Latina, dijo esta semana a Reuters que la crisis de la pandemia podría crear 52 millones de nuevos pobres y 40 millones de desempleados en la región, comentando: "Esto podría romper el contrato social de la región y podría llevar a años de enorme conflicto social".

La Comisión Económica para América Latina de la ONU  estima que la tasa oficial de pobreza de Colombia aumentará del 29 al 34 por ciento. Mientras tanto, la reapertura de los lugares de trabajo no esenciales ha impulsado un aumento en el promedio de siete días de nuevos casos de COVID-19 en un 30 por ciento en la última semana. Colombia tiene más de 912.000 casos, el quinto más alto del mundo, mientras que el número de muertes por COVID-19 en el país ha superado las 28.000.

En medio de los bajos precios de las materias primas y la recesión económica mundial, están aumentando las presiones sobre la clase dirigente para que lleve a cabo más ajustes estructurales en el sector público, incluyendo la devolución de un reciente préstamo de 17.200 millones de dólares del FMI, así como ataques a los salarios y beneficios de los trabajadores.

Además, el imperialismo estadounidense está respondiendo a la crisis intensificando su confrontación con la influencia china y rusa en la región. Esto incluye presionar a Colombia para que asuma un papel central en los esfuerzos por derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, incluso a través de una posible intervención militar.

Uribe, el verdadero poder detrás del gobierno de Duque, es visto por el imperialismo y la oligarquía colombiana como una figura crucial en la movilización del Estado y las fuerzas paramilitares de derecha para romper la resistencia a estas políticas tan impopulares.

Como escribe el conservador Nuevo Siglo, "su regreso al escenario político tiene amplias implicaciones, porque a 17 meses de las elecciones no tiene las ataduras propias de un parlamentario, por lo que se espera que ahora se le vea más decidido a liderar el Centro Democrático".

Bajo arresto domiciliario y amenazado con un inminente juicio, Uribe no podía accionar —y cuando fuera necesario resolver intereses en conflicto entre— sus redes en el ejército, los grupos paramilitares, el sector financiero, la oligarquía terrateniente y, más centralmente, la Casa Blanca.

De manera significativa, Uribe fue el invitado de Trump en los Estados Unidos después de la elección de Duque en 2018.

El respaldo de Washington a Duque y Uribe, que es bipartidista, expone las acusaciones de EE.UU. sobre "narcoterrorismo" que utiliza para justificar sus agresiones contra Venezuela. El mismo pretexto ha sido invocado para la ayuda militar masiva de EE.UU. a las sangrientas operaciones contrainsurgentes de Colombia contra las guerrillas y los campesinos y la represión de los trabajadores y la juventud.

Un informe desclasificado de la Agencia de Inteligencia de Defensa de EE.UU. de 1991 sobre "los narcotraficantes colombianos más importantes" incluye a Uribe, un hacendado y senador a la sazón. Dice que "estaba vinculado a un negocio involucrado en actividades de narcotráfico en los EE.UU." y que "ha trabajado para el Cártel de Medellín y es un amigo personal cercano de [el líder del cártel] Pablo Escobar Gaviria".

También desmiente las supuestas preocupaciones de los EE.UU. sobre "derechos humanos". Otros cables diplomáticos de EE.UU. publicados recientemente por la Administración de Trump confirman la financiación de grupos paramilitares por parte de Uribe. Además, Uribe supervisó los asesinatos de "falsos positivos" y su encubrimiento entre 2002 y 2008. Las tropas colombianas mataron a miles de civiles inocentes a sangre fría, alegando que eran guerrilleros, con el fin de inflar el número de muertos y ganar promociones y beneficios, así como un aumento de la ayuda militar de EE.UU. Los cables difundidos por WikiLeaks confirmaron que el Gobierno de Obama tenía conocimiento de esta operación que, según un estudio, se cobró la vida de 10.000 colombianos.

El Pentágono continuó dando pleno respaldo a Uribe, aplaudiendo su "agresivo liderazgo", mientras que el Congreso ha seguido otorgando 1.200 millones de dólares en ayuda anual para el nuevo gobierno uribista.

Los intentos de la Administración de Trump de establecer una dictadura presidencial autoritaria en el centro del imperialismo mundial es parte de un fenómeno global. Solo puede ser combatido por un movimiento político internacional de la clase obrera contra su fuente: el sistema del lucro capitalista.

(Publicado originalmente en inglés el 13 de octubre de 2020)