El domingo que viene se celebrarán las primeras elecciones generales en Bolivia desde que el presidente electo Evo Morales fue derrocado en un golpe de Estado militar respaldado EE.UU. y que le dio el poder al Gobierno autoproclamado de Jeanine Áñez.

El régimen golpista, que tomó el poder prometiendo convocar nuevas elecciones en 90 días, aplazó tres veces la fecha de los comicios. Hoy, menos de la mitad de los bolivianos, solo el 43 por ciento, creen que se respetará su voto del domingo, según un sondeo de Tu Voto Cuenta.

El amplio rechazo popular al Gobierno de Áñez ha sido expresado a lo largo del último año en constantes manifestaciones de masas de trabajadores y campesinos en todo el país.

En noviembre, decenas de miles de personas se volcaron a las calles de la capital La Paz y de otras ciudades bolivianas para resistir al golpe. Fueron reprimidos violentamente por fuerzas militares acompañadas por bandas fascistas como la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), vinculada al candidato presidencial ultraderechista Luis Fernando Camacho. En dos episodios brutales, el ejército masacró a por lo menos 23 personas y dejó heridas a otras 230, y ulteriormente recibió protección legal del Gobierno.

Las protestas se reanudaron este año en oposición a la respuesta incompetente y violenta del Gobierno a la pandemia de COVID-19 y sus sucesivos aplazamientos de las elecciones. En agosto, una ola de huelgas y cortes de ruta sacudieron el país durante 10 días, con las masas exigiendo la dimisión inmediata del Gobierno de Áñez.

En ambas ocasiones, el Movimiento al Socialismo (MAS) desempeñó el papel esencial de desarmar la revuelta en las calles, maniobrando con los promotores del golpe a espaldas de los trabajadores y campesinos. Morales se opuso tajantemente a la demanda popular del derrocamiento del régimen, argumentando que celebrar nuevas elecciones era la única manera de reestablecer la democracia en Bolivia.

El acuerdo electoral ideado por el MAS, sin embargo, está demostrando ser una farsa, que no brinda ninguna garantía de que la clase gobernante restaure formas democráticas de gobierno.

El 18 de septiembre, la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez retiró su candidatura presidencial fracasada, que recibió poco más del 10 por ciento de apoyo entre los votantes potenciales, y dio su respaldo al candidato presidencial derechista Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC), quien fue derrotado en las elecciones del año pasado por Morales.

Cuando Áñez renunció a su candidatura, Mesa iba segundo en los sondeos, con el 26,2 por ciento, más de 10 puntos por detrás de Luis Arce del MAS, con el 40,3 por ciento, lo que indicaba una victoria del candidato del MAS en la primera vuelta.

Pero los cálculos políticos de Áñez y sus aliados, incluso mientras intentan apoyar a un competidor de MAS más fuerte, no son guiados por una estrategia electoral. Cuando se retiró de la contienda presidencial, Áñez pidió la unidad de los partidos derechistas, gritando: “Si no nos unimos vuelve Morales, vuelve la dictadura”. Esta declaración, cuyo contenido esencial ha sido repetida sistemáticamente por los líderes golpistas, implica que incluso una victoria del MAS en las urnas será considerada ilegítima y probablemente sea revertida por el ejército.

Este es exactamente el camino que está allanando Áñez, con las elecciones de fondo. Ella y el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, están usando su control sobre la maquinaria estatal para llevar adelante una campaña para ilegalizar al MAS y movilizar a las fuerzas fascistas del ejército para que hagan de pilares de un régimen de terror contra las masas trabajadoras y populares.

El viernes pasado, el Gobierno de facto celebró el 53 aniversario de la ejecución sumaria de Ernesto Che Guevara a manos del ejército boliviano y sus “asesores” de la CIA, rindiendo un repugnante homenaje a sus asesinos. Áñez declaró que la lección de la muerte de Guevara “es que la dictadura comunista aquí no tiene paso”. Y advirtió de que cualquier extranjero, “sea cubano, venezolano, argentino”, que venga a Bolivia a “causar problemas, encontrará la muerte”.

La agitación fascista continuó los días siguientes. El sábado, en un evento oficial transmitido por la televisión nacional, Áñez violó las leyes electorales de Bolivia al pedir a la población que votara por aquellos que aseguren que “Morales y el MAS no nos vuelvan a gobernar”. También dijo sobre el MAS: “Ellos son violentos, ellos desprecian la democracia, ellos quieren someter a todo el pueblo y diseñar un estilo de vida”.

El mismo día, el ministro Gobierno, Murillo participó en un acto de la policía en Santa Cruz, donde glorificó el papel desempeñado por los agentes de policía en el golpe de noviembre, y apeló a ellos: “Nosotros, digo nosotros porque me siento uno más de ustedes, tenemos doble cita; uno con la democracia para ir a votar para hacer que no vuelva la dictadura, que no vuelva el pedófilo, y lo otro, tenemos la obligación de cuidar el voto de la gente”.

El lunes, en una celebración del aniversario de la Fuerza Aérea Boliviana, Áñez siguió con el mismo guion. Declaró: “El año pasado, en noviembre, las Fuerzas Armadas junto al pueblo boliviano le dijeron no a la dictadura, y ese fue el final de un largo y terrible período de autoritarismo populista”.

Murillo dejó clara la “doble cita” que le tiene reservada al ejército en las elecciones al pedir una prórroga para el “auto de buen gobierno”, que prohíbe las reuniones de personas en espacios públicos, durante dos días tras las elecciones. Una operación conjunta de las fuerzas armadas y la policía se movilizará por todo el país, preparada para reprimir violentamente cualquier manifestación popular contra un nuevo golpe electoral.

Estos esfuerzos están siendo coordinados casi abiertamente con el imperialismo estadounidense. El 28 de septiembre, Murillo se embarcó en un viaje oficial a los Estados Unidos, supuestamente “para cumplir una agenda de trabajo con la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Departamento de Estado de esa nación norteamericana”.

Aunque los representantes del MAS denunciaran una serie de violaciones que cuestionaban la legitimidad de todo el proceso electoral, su respuesta a estos acontecimientos expone la cobardía de este partido de la burguesía boliviana, así como su hostilidad a cualquier movilización independiente de la clase trabajadora.

Las actividades de la campaña del MAS han sufrido repetidos ataques violentos, como el uso de gases lacrimógenos para disolver un reciente encuentro de la juventud en El Alto. Por otro lado, varios ataques han sido atribuidos, sin pruebas, a militantes del MAS por parte de la prensa y los partidos derechistas, que junto con el gobierno intentan tachar al MAS de organización terrorista.

A solo 10 días de las elecciones, el candidato presidencial del MAS, Luis Arce, fue acusado de enriquecimiento ilícito mientras era ministro de Economía en el Gobierno de Morales. El MAS respondió declarando que la acusación era parte de una “guerra sucia” contra ellos. Cuatro acusaciones criminales pesan sobre Arce, incluso una de “terrorismo”, todas fabricadas por el régimen golpista de Áñez.

Esta semana, el MAS advirtió de que se está preparando un “segundo golpe” en el país, y señalaba a una serie de irregularidades y la falta de transparencia en los procedimientos que se adoptaron para las elecciones del domingo.

Sin embargo, en una entrevista este lunes con La Razón, el portavoz del MAS Sebastián Michel dijo que los problemas de la población terminarán el próximo domingo, ¡en cuanto se celebren las elecciones!

Michel hizo un llamamiento a confiar en el proceso electoral amañado, instando: “Que la gente que está sufriendo, tenga un poco de paciencia; que la gente que está pasando hambre, aguante un poco más; ya falta poco para que termine la pesadilla … ya viene un momento en que las empresas estatales van a volver a funcionar … en que la distribución del ingreso va a volver a funcionar”.

Es mentira. No solo por la naturaleza fraudulenta de las elecciones organizadas por el régimen golpista, sino porque los problemas con los que se enfrentan las masas bolivianas se arraigan en una crisis profunda del capitalismo internacional, que la perspectiva nacional burguesa del MAS no puede resolver. No tienen nada que ofrecer a las masas trabajadoras, excepto la demanda de que “aguanten un poco más”.

Las condiciones económicas sobre las que se basaba la Administración de Morales, el aumento de los precios de las materias primas y el influjo de capital europeo y chino, ya estaban reculando rápidamente en los últimos años de su Gobierno, que estuvieron marcados por ataques a la clase trabajadora. Es su defensa del capitalismo la que hace que el partido capitule vergonzosamente a los fascistas.

Solo se puede luchar contra los esfuerzos dictatoriales de la clase gobernante y las condiciones de miseria creciente entre las masas mediante la movilización política independiente de la clase trabajadora boliviana sobre la base de un programa socialista. Tal lucha abrirá grandes posibilidades y encontrará un enorme apoyo entre los trabajadores de América Latina, los Estados Unidos y el mundo.

(Publicado originalmente en inglés el 13 de octubre de 2020)