El régimen boliviano, el cual fue instaurado por el derrocamiento militar y patrocinado por EE.UU. del presidente Evo Morales en noviembre pasado, ha reconocido la victoria del Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales en las elecciones presidenciales celebradas el domingo.

Si bien no se han publicado los resultados oficiales, las encuestas a pie de urna mostraron una abrumadora victoria en primera vuelta para Luis Arce, el candidato presidencial del MAS y exministro de economía de Morales. El candidato del MAS obtuvo el 52,4 por ciento de los votos contra el 31,5 por ciento del expresidente de derecha Carlos Mesa. El político de extrema derecha Luis Fernando Camacho, quien dirigió grupos paramilitares fascistas durante y desde el golpe del año pasado, recibió el 14 por ciento de los votos.

Mesa ya concedió su derrota, mientras que la presidenta de facto Jeanine Áñez y el presidente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, han felicitado a Arce por la victoria. La OEA desempeñó un papel crucial en el derrocamiento de Morales el año pasado al publicar un informe con falsas acusaciones de fraude electoral.

A pesar de la pandemia del coronavirus y la fuerte presencia militar en las urnas, los medios locales informaron de una alta participación. Millones acudieron a las urnas con mascarillas y esperaron horas en colas socialmente distanciadas.

Este resultado electoral demuestra el profundo odio popular hacia el régimen fascistizante de Áñez, que pospuso dos veces las elecciones y tuvo una respuesta catastrófica a la pandemia, marcada por represión militar y corrupción desenfrenada. Con casi 8.500 muertes confirmadas de COVID-19, Bolivia tiene la mayor cantidad de muertes per cápita después de Perú y Bélgica.

La decisión de aceptar los resultados de las elecciones, devolviendo el poder al MAS, está siendo tomada por el imperialismo estadounidense y sus títeres en el régimen de Áñez y el ejército boliviano como una maniobra táctica necesaria para desarmar políticamente y paralizar las crecientes luchas de los trabajadores, incluso mientras preparan un giro hacia formas de gobierno autoritarias.

Al mismo tiempo, consideran que un Gobierno de Arce es un mejor vehículo para reabrir la economía, aplicar una política de contagio generalizado o “inmunidad colectiva”, aplicar medidas brutales de austeridad en respuesta a la recesión económica y seguir fortaleciendo el aparato represivo del Estado.

Hubo preparativos para anular la elección del MAS. Menos de un año después de que los militares derrocaran a Morales, cientos de tropas, algunas con equipo antidisturbios y otras con fusiles, patrullaron las calles de La Paz, Santa Cruz y otras ciudades para vigilar las elecciones. En al menos un caso, el ejército fue sorprendido transportando clandestinamente bolsas con papeletas en Santa Cruz.

Salvador Romero, nombrado por el régimen golpista para presidir el tribunal electoral, es un extitular electoral nombrado por el propio Mesa. Se convirtió en informante del embajador de los Estados Unidos, Philip Goldberg cuando este último complotaba una guerra civil junto con las élites de Santa Cruz en 2008, y se convirtió en director residente del National Democratic Institute (un frente del Departamento de Estado de EE.UU.) en Honduras en 2011-2014 con la misión de “generar confianza en las elecciones” dirigidas por el régimen instalado en el golpe de Estado respaldado por EE.UU. en 2009.

Romero anunció a última hora que, supuestamente por problemas del sistema, los resultados preliminares no se publicarían la noche de las elecciones, lo que facilitaba un fraude.

Nada de esto impidió que el expresidente Morales, a quien se le prohibió arbitrariamente presentarse como candidato, y otros líderes del MAS presentaran las elecciones como una “fiesta democrática”.

En una conferencia de prensa celebrada en Buenos Aires, Argentina, Evo Morales añadió: “Hoy hemos recuperado la democracia y la patria. ¡Recuperaremos la estabilidad y el progreso, recuperaremos la paz!”.

Mientras tanto, en La Paz, mientras la policía reforzaba el cordón para proteger el cuartel general de campaña del MAS, el presidente electo Arce leyó una declaración a los medios indicando: “Vamos a gobernar para todos los bolivianos, vamos a construir un gobierno de unidad nacional, vamos a construir la unidad en nuestro país”.

Estas declaraciones equivalen a una rama de olivo para los golpistas, que simplemente quedaran a la espera de que el MAS sea considerado de nuevo inadecuado para suprimir la oposición social.

Fundamentalmente, toda la respuesta del MAS al golpe se ha dirigido a impedir la movilización independiente de la clase obrera contra el Estado capitalista. Esto fue acompañado por promesas a la clase dominante de una “reactivación económica” y beneficios a los mismos militares responsables de masacrar a aquellos que resistieron el derrocamiento de Morales.

El sábado, Morales tuiteó: “Los soldados y personal de la Fuerza de Tarea Conjunta no recibieron bonos ni salarios en los últimos tres meses, situación que denunciamos por la violación flagrante de sus derechos y desconocimiento al trabajo que realizan”.

Esto siguió a una entrevista con Jacobin en la que se presentó como “el único presidente civil que había ido al cuartel”, indicando que entró en el servicio militar obligatorio en 1978, se especializó en la Policía Militar y proporcionó seguridad al Estado Mayor del Ejército. Luego sostuvo que el MAS puede proporcionar estabilidad al gobierno burgués en contraposición a la

Luego, sostuvo que el MAS puede proporcionar estabilidad al gobierno burgués, a diferencia de las décadas de un golpe tras otro antes de su elección en 2005.

Presentó fraudulentamente como “anticapitalista” su oposición a los cierres por el coronavirus, una posición basada en la protección del flujo continuo de ganancias a expensas de las vidas de los trabajadores. “Se paraliza el aparato productivo por la cuarentena, pero también lo paraliza el mismo gobierno, por someterse a las políticas del capitalismo”, dijo.

El MAS y Morales están preparando otra traición contra los trabajadores y las masas bolivianas frente a las amenazas mortales y continuas de la pandemia, una dictadura militar y el fascismo. Esto solo puede entenderse como el resultado de su política nacionalista burguesa, la cual está completamente subordinada a Wall Street y al imperialismo.

Evo Morales llegó al poder por primera vez para aplacar la crisis de gobierno burgués en 2000 y 2005, cuando estallaron protestas masivas contra la privatización del agua y en busca de la nacionalización del gas natural.

El aumento de los precios de los productos primarios y la creciente demanda china permitieron a Morales ofrecer importantes ingresos a las empresas transnacionales en calidad de “socios”, al tiempo que asignaba la propiedad mayoritaria y más ingresos para el Estado. El crecimiento económico y el equilibrio entre el capital chino, europeo y estadounidense enriquecieron enormemente a sectores de la élite empresarial local, la verdadera base social del MAS.

Nuevos programas sociales y las inversiones en servicios públicos ayudaron a millones de personas a salir de la pobreza, pero la mayoría permaneció cerca del umbral de pobreza oficial. Bolivia sigue siendo el país más pobre de Sudamérica, y la ONU ha descubierto que el 63 por ciento vive por debajo o cerca de la pobreza, el mismo porcentaje que vivía bajo la pobreza en 2004.

No bien cayeron los precios de los productos primarios en 2014, el Gobierno de Morales cedió a las presiones de las empresas transnacionales y el capital financiero, otorgando permisos para expandir la explotación minera y agrícola en tierras previamente protegidas, implementando recortes sociales y elevando la deuda externa a niveles récord.

Como consecuencia, la disminución de la pobreza se detuvo efectivamente en 2015, y la pobreza extrema comenzó a repuntar en 2018. Esto dio lugar a un resurgimiento de la lucha de clases y a una creciente oposición popular al Gobierno de Morales.

En febrero de 2016, Morales perdió un referéndum constitucional para buscar la reelección, un resultado que ignoró, lo que a su vez alimentó la ira social.

En las semanas previas a las elecciones de 2019, hubo una huelga nacional de los trabajadores de la salud y una huelga de 20 días en la mayor mina del país, en San Cristóbal. Esto ocurrió en el contexto de los estallidos sociales contra la desigualdad en Chile y Ecuador.

El golpe se organizó ante los temores de los círculos gobernantes de Bolivia de que Morales se estaba volviendo incapaz de suprimir la lucha de clases. También estaba en línea con el impulso del imperialismo estadounidense para recuperar su hegemonía sobre los recursos naturales y los mercados de Bolivia, incluidas las reservas estratégicas de litio, y de toda América Latina contra los competidores chinos y europeos.

Sin embargo, el golpe y la represión subsiguiente no intimidaron la resistencia masiva de los trabajadores y campesinos bolivianos, cuya ira no ha hecho más que crecer ante la represión y la desastrosa respuesta a la pandemia.

(Publicado originalmente en inglés el 20 de octubre de 2020)