La administración del fascistizante presidente filipino Rodrigo Duterte durante el mes pasado intensificó drásticamente sus ataques políticos contra activistas y disidentes, "etiquetándolos" sin presentar ninguna prueba de que fueran miembros del Partido Comunista de Filipinas (PCF). El PCF y su brazo armado, el Nuevo Ejército del Pueblo (NPA, sigla inglesa), han sido considerados "organizaciones terroristas" por la administración de Duterte.

En el centro de la ola de etiquetados rojos está el Grupo Nacional de Trabajo del gobierno para poner fin a los conflictos armados comunistas locales (NTF-ELCAC) y uno de sus miembros más vocales, el teniente general Antonio Parlade.

En las últimas semanas, Parlade ha emitido declaraciones denunciando a varias organizaciones de masas como "grupos terroristas" por sus supuestos vínculos con el PCF. Sobre esta base, ha denunciado a miembros de la Cámara de Representantes, dirigentes sindicales, estrellas de cine y una reina de la belleza como parte de esta red terrorista, amenazándolos públicamente no sólo con el enjuiciamiento sino también con la posibilidad de una ejecución extrajudicial.

Cuando la estrella de televisión de 22 años, Liza Soberano, participó en un seminario en línea organizado por la organización de derechos de la mujer Gabriela, Parlade publicó una declaración dirigida a ella, advirtiéndole que "todavía hay una posibilidad de abdicar de ese grupo. Si no lo haces, sufrirás el mismo destino que Josephine Anne Lapira". Lapira fue asesinada a tiros por los militares como miembro de la NPA en 2017.

Parlade emitió amenazas públicas similares a la actriz de cine Angel Locsin y a la Miss Universo 2018, Catriona Gray.

Como resultado del estatus de celebridad de sus objetivos, la ola de acoso rojo de Parlade se convirtió en el tema de las noticias nacionales, y la oposición masiva rápidamente tomó forma en línea denunciando los cargos infundados y las vulgares amenazas de Parlade. Después de todo, estaba acusando a Miss Universo de ser un terrorista. La administración de Duterte se vio obligada a distanciarse de Parlade y Parlade finalmente emitió una disculpa parcial.

Si bien los ataques a estas celebridades fueron exagerados por parte de Parlade, la NTF-ELCAC ha estado involucrada en una campaña sistemática de etiquetado rojo contra los activistas de base en todo el país. El poder del grupo de trabajo anticomunista aumentó enormemente el 3 de julio, con la aprobación de la Ley Antiterrorista.

La Ley Antiterrorista, que recibió un apoyo abrumador en ambas cámaras de la legislatura, otorgó a la administración de Duterte amplios poderes de estado policial. Autorizó las escuchas telefónicas y la vigilancia, y las detenciones sin orden judicial durante un máximo de 24 días de cualquier persona acusada de terrorismo por una comisión designada por el Presidente, el Consejo de Lucha contra el Terrorismo.

La organización estadounidense Human Rights Watch declaró que la ley convierte al Consejo Antiterrorista en "fiscal, juez, jurado y carcelero".

El NTF-ELCAC ha publicado una larga lista de varios grupos legales que ha etiquetado como organizaciones miembros del Partido Comunista de Filipinas. Esta acusación abre a las decenas de miles de miembros de estas organizaciones a acusaciones de terrorismo y a la plena vigencia de la Ley Antiterrorista.

En un intento de fomentar la histeria pública y el apoyo a la caza de brujas, se imprimieron y desplegaron pancartas de lona en toda la zona metropolitana de Manila en las que se denunciaba al PCF-NPA-NDF (Frente Democrático Nacional) como "persona non grata".

La administración Duterte ha orquestado una campaña de asesinatos masivos en los últimos cuatro años en nombre de su "guerra contra las drogas". Los objetivos de las ejecuciones extrajudiciales de la policía y los paramilitares son los pobres. Hay un recuento nocturno de víctimas, a menudo decenas de muertos. Desde que Duterte asumió el cargo, casi 30.000 personas han sido asesinadas como parte de la llamada guerra contra las drogas.

Las medidas estatales fascistas y policiales de la administración de Duterte han recibido un apoyo casi universal de la élite gobernante. Los representantes de los diversos partidos en la legislatura han votado repetidamente, por una supermayoría sin precedentes, a favor de extender poderes adicionales al presidente en apoyo de su autoritarismo.

Las políticas de Duterte expresan una tendencia de la clase dirigente de todo el mundo a recurrir a formas autoritarias de gobierno como medio de suprimir los disturbios masivos ante la crisis social y los niveles explosivos de desigualdad.

Las diversas organizaciones de masas que el gobierno de Duterte está marcando ahora con una etiqueta roja —Bayan, Bayan Muna, Gabriela, el Kilusang Mayo Uno (KMU)— le dieron su apoyo entusiasta al asumir el cargo. Los miembros de estas organizaciones no son secretamente miembros del Partido Comunista, a pesar de las mentirosas amenazas de la NTF-ELCAC. Estas organizaciones, sin embargo, comparten una línea política común con el PCF, el programa del estalinismo. Este programa, que subordina a los trabajadores a la clase capitalista en nombre del nacionalismo, sirvió para justificar los lazos que el PCF estableció con Duterte.

Los representantes de Gabriela y otras organizaciones ahora marcadas en rojo por el gobierno de Duterte entraron en el gabinete de Duterte en 2016 y proclamaron con orgullo que Duterte era un presidente "de izquierda" y "socialista". Luz Ilagan, portavoz de Gabriela, sigue formando parte del gabinete de Duterte, donde se desempeña como subsecretaria del Departamento de Bienestar Social y Desarrollo. Su supervisor inmediato, el secretario del DSWD, está en el consejo de NTF-ELCAC.

A medida que las relaciones del PCF con el gobierno de Duterte se deterioraban en 2017, como resultado de un cambio en el gobierno de Duterte hacia una dependencia más abierta del ejército, el partido comenzó a buscar una alianza con la oposición burguesa en el Partido Liberal (LP), que actualmente es una pequeña minoría en la legislatura.

El fundador del PCF y líder ideológico, José María Sisón, a principios de 2020 comenzó a emitir declaraciones públicas en las que pedía a los militares que retiraran su apoyo a Duterte e instalaran como presidente a la vicepresidenta Leni Robredo, la presidenta del LP.

Las crecientes acusaciones de los militares y de la NTF-ELCAC son una respuesta viciosa a estos planes golpistas del PCF. El gobierno de Duterte intenta suprimir la organización de la disidencia de masas detrás de sus enemigos políticos e intimidar a los trabajadores en general.

Es imposible para los trabajadores, campesinos y jóvenes filipinos defender la democracia y los derechos humanos sobre la base de la línea política del PCF. Las organizaciones que ahora son blanco de la violencia de NTF-ELCAC desempeñaron un papel fundamental en el apoyo a Duterte en 2016, presentándolo como una figura progresista. La única manera de oponerse a la criminalización de Duterte es romper con la línea política del PCF y retomar la lucha de la clase obrera por el socialismo, independiente de todas las fracciones de la burguesía.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 2 de noviembre de 2020)