Mientras el COVID arrasa España, el gobierno de Podemos y el PSOE (el Partido Socialista Obrero Español) sigue rechazando medidas para salvaguardar la vida de los trabajadores y sus familias. Habiendo negado ya solicitudes de gobiernos autonómicos para autorizar la adopción de políticas de cuarentenas en el hogar, está insistiendo en que esta política no es posible ni necesaria.

El martes pasado, en una rueda de prensa para el Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, dejó clara esta política criminal: "Ahora mismo lo que tenemos en España no es confinamiento (domiciliario) y probablemente no llegue a ser necesario".

Seguía: "Si se hace un confinamiento real, completo y todas las personas no salen de su domicilio absolutamente para nada, con alrededor de 15 días tendríamos esto controlado, podría ser un mes. Pero eso es imposible.

"Si el objetivo es eliminar por completo la transmisión", añadió, "olvidémonos, es imposible".

Las prioridades de la clase gobernante son claras: aunque un confinamiento pudiera eliminar en gran medida el virus, preferiría ver contagio y muerte masivas para asegurarse de que la clase trabajadora siga generando ganancias. Los comentarios de Simón se produjeron mientras España registraba su mayor número de fallecidos diarios desde finales de mayo, con 368 muertos por coronavirus el jueves pasado.

Cerca de 20.000 nuevos casos están siendo registrados cada día en España, muchos más que en la primavera. Un promedio de 200-250 mueren cada día por la enfermedad, y las estimaciones sugieren que ocurrirán por lo menos 7.000 muertes por coronavirus solo en noviembre en España. Para el lunes, la cifra oficial de muertos llegaba a los 39.345, y hasta entonces había más de 1,4 millones de personas infectadas con COVID-19 en todo el país.

Se reconoce ampliamente, hasta en los principales medios corporativos, que estas cifras oficiales subestiman masivamente el impacto del virus. La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó un documento que mostraba que había habido 65.892 muertes de más registradas desde marzo, mientras los hospitales saturados luchaban por tratar el aluvión de pacientes con COVID-19.

Nuevas estimaciones del Secretario de Estado para Derechos Sociales de España también arrojan una luz más clara sobre la verdadera escala de la devastación causada por la pandemia. Según estas cifras, publicadas el viernes, aproximadamente 43.697 personas murieron de coronavirus solo en la primera oleada de la pandemia (hasta el 23 de junio), muchas más que la cifra oficial de muertos de 28.148 registradas durante este período.

Fueron afectadas especialmente las residencias de ancianos, donde se estima que murieron 20.268 personas mayores o vulnerables por la enfermedad durante la primera oleada. Esto quiere decir que entre el 47 y el 50 por ciento del total de muertes por COVID-19 registradas en ese período fueron en estas instalaciones residenciales.

Durante el pico de marzo-abril de la pandemia, el virus arrasó residencias de ancianos en España y en Europa, superando la capacidad de sus empleados de atender y salvaguardar a los residentes. En marzo, se dejó sin atención ni comida a algunos ancianos residentes en Madrid debido a la ausencia de personal y condiciones de trabajo imposibles. El ejército, que intervino tarde para aliviar las residencias, encontró 23 muertos en una residencia de la capital española, incluyendo a dos monjas que estaban brindando atención allí.

Las tasas de mortalidad para los infectados con COVID-19 en las residencias eran de alrededor del 13 por ciento en marzo, mientras el virus devastaba estas instalaciones, elevándose al 22 por ciento para los de más de 80 años de edad. Aunque bajaron las tasas de mortalidad por coronavirus en residencias desde marzo, todavía se estiman en un muy alto 7 por ciento.

Las residencias de ancianos surgen otra vez como epicentros de la infección en España —137 de los 1.526 brotes registrados en España en la semana del 29 de octubre fueron en tales instalaciones— lo que afectó a 2.336 personas. José Augusto García, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, le dijo al Canal 24 horas: "Los brotes en residencias de mayores son 12 veces más frecuentes y tres veces más intensos que en la población general".

Trabajadores de la sanidad también se están llevando la peor parte en la pandemia, con 76.431 infecciones entre este sector de los trabajadores desde el comienzo de la pandemia, o el 5,75 por ciento del total. Había 63 trabajadores de la sanidad fallecidos hasta el 5 de junio.

Mientras tanto, según el sindicato del sector público Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sistema sanitario español destruyó 17.548 empleos en septiembre y octubre, justo cuando la segunda oleada de infecciones empezaba a coger velocidad. La mayoría de estos empleados eran trabajadores temporales contratados para rellenar huecos durante las vacaciones de verano. Cerca del 28 por ciento de todos los trabajadores de la sanidad en España tienen contrato temporal.

La agitación contra las medidas para combatir la pandemia está siendo dirigida por la burguesía española, que está demandando que el gobierno mantenga a los trabajadores en sus puestos y que mantenga abiertas las escuelas. Hablando para El País, Antonio Garamendi, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales declaró que un nuevo confinamiento "sería un desastre para la economía, las empresas y el empleo".

Haciéndose eco de este punto de vista, un banquero le dijo tajantemente al mismo diario: "Cuantos menos confinamientos se hagan, mejor. No se pueden cerrar ni la industria ni las escuelas, porque eso supone que los padres tengan que estar en casa con sus hijos y que no funcione la economía. Sería una verdadera catástrofe".

Afirmando de manera engañosa que las medidas de confinamiento implementadas en marzo no tuvieron ningún efecto, un representante de un grupo español de energía le dijo a El País: "No creemos que un confinamiento sea una buena medida. Hemos visto el resultado de marzo y su efecto casi nulo. Creemos que antes de aplicarlo deben agotarse todas las soluciones posibles para evitar la paralización en seco de la economía".

Incluso mientras el gobierno del PSOE y Podemos sigue poniendo en peligro la vida de los trabajadores en interés de la burguesía española e internacional —justificando su negativa criminal a implementar medidas sustanciales para combatir la pandemia con afirmaciones mentirosas de que la economía no se lo puede permitir— han sido capaces de abrir las arcas del Estado para darles rescates masivos a las grandes empresas.

La semana pasada, el gabinete español aprobó su primer paquete de rescate estatal masivo desde que empezara la pandemia, prometiendo rescatar a Air Europa por unos €475 millones. Con esta ayuda estatal, la tercera aerolínea más grande de España (tras Iberia y Vueling) recibirá €240 millones en préstamos participativos y otros €235 en préstamos ordinarios, a ser devueltos a lo largo de seis años.

El rescate será supervisado por el holding industrial estatal SEPI (Sociedad Estatal de Participación Industrial), que tendrá derecho a nombrar a dos representantes para la junta asesora de la compañía y tendrá que autorizar cualquier reestructuración de plantilla planificada por la aerolínea.

El sustento de los casi 3.000 trabajadores de la aerolínea ahora pende de un hilo, y Air Europa se niega a desvelar los detalles de su supuesto "plan de viabilidad" a sus empleados, según el sindicato de pilotos SEPLA. El rescate estatal será predicado sobre ataques masivos al empleo y las condiciones en Air Europa.

(Publicado originalmente en inglés el 9 de noviembre de 2020)