La peor catástrofe social que ha sufrido la clase trabajadora estadounidense desde la Gran Depresión de la década de 1930 sigue dejando a millones de personas hambrientas, sin trabajo y enfrentando el desalojo.

Un video tomado fuera de un sitio de distribución de alimentos en Dallas, Texas, el pasado fin de semana por CBS News, da algunos indicios del hambre generalizada que enfrentan los trabajadores y sus familias. El sorteo del sábado organizado por el North Texas Food Bank fue el más grande jamás realizado por la organización.

Feeding America, la segunda organización benéfica de alimentos más grande de los EE. UU., estima que más de 54 millones de personas, incluido 1 de cada 4 niños en los EE. UU pasan hambre.

La creciente necesidad de alimentos entre millones de trabajadores y sus familias coincide con niveles récord de infecciones por COVID-19 reportados en estados de todo el país. En Texas, más de 1 millón han contraído el coronavirus con más de 20.000 muertos, la segunda mayor cantidad en el país detrás de Nueva York. El Institute for Health Metrics pronostica aproximadamente otras 190.000 muertes para el 1 de marzo de 2021 si continúan las tendencias actuales.

Además de la inseguridad alimentaria, entre 11 y 13 millones de hogares arrendatarios en todo el país están en riesgo de ser desalojados, según una investigación de Stout, un banco de inversión y una firma de asesoría global.

El Laboratorio de Desalojos de la Universidad de Princeton informa que las solicitudes de desalojo han aumentado en varias áreas metropolitanas importantes después de la expiración de las disposiciones de la Ley CARES a fines de julio y antes de que se implementara la moratoria de desalojo de los CDC el 4 de septiembre. Sin embargo, incluso con la moratoria, los investigadores de Princeton tienen en cuenta que los desalojos han continuado en todo el país, y Stout estima que con su vencimiento a fin de año, esto podría dar lugar a hasta 6,4 millones de solicitudes de desalojo.

Los datos del Laboratorio de Desalojos mostraron que dos semanas después de que se implementó la moratoria de los CDC, los desalojos aún se seguían procesando, con 508 en Fort Worth y 1.053 en Houston, Texas. Las presentaciones también aumentaron mes a mes en varias ciudades después de su aprobación, incluso en Filadelfia, Pensilvania y en las ciudades de Florida de Tampa, Jacksonville y Gainesville.

En Carolina del Norte se presentaron casi 25.000 casos de desalojo entre julio y septiembre, según datos de la Oficina Administrativa de los Tribunales de Carolina del Norte, con casi 15.000 completados. En general, Stout estima que entre 300.000 y 410.000 hogares de Carolina del Norte no pueden pagar el alquiler, con 240.000 solicitudes de desalojo esperadas para enero de 2021.

En una entrevista con CNN, el abogado Michael Trujillo comentó sobre el problema en el que se encontrarán los inquilinos el 1 de enero de 2021. “La pandemia no va a desaparecer antes de fin de año”, dijo. Trujillo agregó que, sin protecciones adicionales, “una gran ola de desalojos” está en el horizonte.

En una encuesta de Hill-HarrisX realizada entre el 10 y el 13 de noviembre, el 77 por ciento de los votantes estadounidenses estaban a favor de aprobar un paquete de ayuda para el coronavirus "lo antes posible". Sin embargo, a pesar del apoyo popular masivo para más estímulos, no llega ningún alivio.

Después de que la Cámara y el Senado aprobaron la Ley CARES de $2.2 billones a fines de marzo, que proporcionó miles de millones a Wall Street, las grandes corporaciones y las personas bien conectadas, asegurando su estabilidad financiera para toda la vida, los trabajadores se quedaron con protecciones limitadas y sensibles al tiempo. Y no alivio del desempleo. El Congreso aún tiene que aprobar otro proyecto de ley mucho después de que expiraran los cheques de estímulo de $1,200 y el aumento del desempleo. Meses de inacción han dejado a millones de trabajadores y sus familias sin estímulos adicionales, protecciones de desalojo, atención médica, alimentos o medicamentos, lo que agrava los problemas de salud mental y el estrés.

La Ley CARES incluyó una moratoria de desalojo que expiró, junto con el suplemento federal de desempleo de $600 a la semana a fines de julio. Después de que el Congreso no llegó a un acuerdo sobre otro proyecto de ley a fines de julio, el 4 de septiembre los Centros para el Control de Enfermedades implementaron una moratoria federal de desalojo, que requería que los inquilinos firmaran una declaración y proporcionaran una copia al propietario. Esto, junto con la asistencia federal adicional para el desempleo distribuida en virtud de los programas Asistencia por desempleo pandémico (PUA) y Compensación por desempleo de emergencia pandémica (PEUC), expirarán la última semana de diciembre, lo que dejará a millones de personas que aún no han encontrado trabajo o han surgido con el dinero necesario para pagar el alquiler atrasado, enfrentando desalojos en menos de 50 días.

A octubre, unos 13 millones de personas estaban recibiendo beneficios a través del programa PUA o PEUC, más que el seguro estatal de desempleo, que también ha expirado para millones de trabajadores.

Si bien la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) estima que más de 11,1 millones de personas están desempleadas, miles de trabajadores, principalmente trabajadores con salarios bajos, continúan siendo despedidos. La semana pasada, el BLS registró más de 709.000 solicitudes de desempleo por primera vez por 34ª semana consecutiva, y las solicitudes de desempleo por primera vez superaron cualquier semana durante la Gran Recesión de 2008-09.

Se ha hecho que la clase trabajadora cargue con la peor parte de los despidos. Un análisis del Washington Post encontró que, entre los trabajadores de la educación superior, el personal administrativo y de bajos salarios ha visto pérdidas de trabajo mensuales continuas o no se les ha llamado para regresar al campus, mientras que los instructores mejor pagados han sido contratados. The Post descubrió que, si bien las universidades contrataron a 180.000 trabajadores durante el semestre de otoño del año pasado, solo se agregaron 20.000 puestos de trabajo este año.

El desempleo masivo ha llevado a los trabajadores a solicitar beneficios estatales por desempleo, pero cientos de miles aún no han recibido nada a casi ocho meses de la pandemia. En Wisconsin, los reporteros de TMJ que trabajan con Wisconsin Watch encontraron que a nivel nacional solo el 56 por ciento de las solicitudes de desempleo se pagaron de marzo a agosto, mientras que en Wisconsin fue solo el 42,5 por ciento. Al 10 de noviembre, más de 94.000 personas en el estado todavía estaban esperando beneficios de desempleo estatales o federales.

Para aquellos que tuvieron la suerte de recibir beneficios, su vencimiento y la incapacidad de encontrar un trabajo seguro y bien remunerado los ha dejado sin poder pagar las necesidades básicas.

La propagación fuera de control del virus, junto con los hospitales abarrotados, provocó una serie de declaraciones de salud pública en las últimas 72 horas de gobernadores republicanos y demócratas, como la republicana de Iowa Kim Reynolds y la demócrata de Michigan Gretchen Whitmer. Estos incluyeron toques de queda, mandatos de máscaras y llamadas para limitar las reuniones sociales a 10 personas o menos. Sin embargo, ningún político de ninguno de los partidos está promoviendo la demanda necesaria para reanudar los cierres de todos los negocios no esenciales con pago garantizado para los trabajadores desempleados y los propietarios de pequeñas empresas.

Como dejó claro el presidente electo demócrata Joe Biden en su discurso de ayer después de reunirse con ejecutivos corporativos, la principal preocupación de la clase dominante es "volver a encaminar la economía", no detener la propagación del virus, alimentar a los hambrientos, aprobar estímulos o albergar a las personas sin hogar, sino para asegurar y aumentar las ganancias para las corporaciones y Wall Street.

Ni una sola vez en el discurso de Biden pidió extender los beneficios de desempleo en la Ley CARES ni un estímulo adicional o una extensión de las moratorias de desalojo.

Esto se debe a que a pesar de todas sus declaraciones, el Partido Demócrata no es un partido de trabajadores. Como lo atestigua el equipo de transición de Biden, es el partido de Wall Street, los grandes bancos, Amazon y el complejo militar-industrial.

En la última ronda de teatro político el martes, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, escribieron una carta al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, en la que pedían, "por el bien del país", que "vengan a la mesa y trabajen con nosotros para producir un acuerdo que satisfaga las necesidades de Estados Unidos en este momento crítico ".

La carta señalaba que las negociaciones deberían comenzar con la oferta inicial fallida anterior de $2.2 billones, que McConnell y los republicanos han descartado como inviable, una posición de la que no se han movido en los últimos seis meses. A pesar de la supuesta intransigencia por parte de los republicanos, el hecho es que demócratas y republicanos en el Senado han encontrado tiempo para adelantar a varios de los jueces federales del presidente Donald Trump más allá de las audiencias del comité, incluida la jueza de la Corte Suprema Amy Coney Barrett, permitiendo su aprobación.

En última instancia, ambas partes ven la provisión de los beneficios más escasos a millones de personas de la indigencia como un "desincentivo" para su objetivo real: que los trabajadores vuelvan a trabajar en fábricas y otros lugares de trabajo en medio de una pandemia furiosa.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 18 de noviembre de 2020)