“Para los educadores de Estados Unidos, este es un gran día: van a tener uno de ustedes en la Casa Blanca”, anunció el presidente electo Joe Biden en su discurso de aceptación. De hecho, los educadores han expresado un alivio generalizado al exigir que la secretaria de Educación Betsy DeVos, una enemiga vitalicia de la educación pública, sea expulsada. #ByeBetsy ha sido tendencia en las redes sociales.
Pero los profesores deben controlar su entusiasmo. La declaración de Biden no podría ser más vacía. Un entendimiento de lo que una Administración de Biden tendría reservado para los educadores requiere una evaluación sobria del historial de la Administración de Obama-Biden, el programa del presidente electo y los intereses de clase a los que sirven Biden y el Partido Demócrata.
En primer lugar, Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris no tienen ninguna diferencia con Trump y Wall Street en lo que respecta a que los maestros, estudiantes y padres regresen a las escuelas y al trabajo. Han insistido en que la reapertura de escuelas “debe ser una de las principales prioridades nacionales”.
Tanto los demócratas como los republicanos están haciendo todo lo posible para garantizar que los estudiantes regresen a las aulas para que los padres puedan regresar a los lugares de trabajo para generar ganancias para la oligarquía financiera. Los demócratas y los sindicatos de maestros han abrazado la mentira de que las escuelas pueden reabrirse “de manera segura” con un poco más de equipos de protección personal y mamparas de plástico.
Con este fin, Biden ha sugerido la necesidad un nuevo alivio de $88 mil millones por COVID-19 para las escuelas. Esto es menos de la mitad de la cantidad que necesitan los distritos. El Consejo de Oficiales Principales de Escuelas Estatales (CCSSO) ha dicho que se necesitarían entre $158.1 mil millones y $244.6 mil millones adicionales para reabrir los edificios escolares de manera segura y atender a todos los estudiantes este año. Biden sabe muy bien que tales sumas nunca serían aprobadas por los republicanos, pero ha hecho la propuesta para proporcionar una cobertura política para su total apoyo al regreso a la educación presencial.
En segundo lugar, una Administración de Biden continuará las políticas de austeridad contra la educación pública, bajo condiciones de una grave crisis económica. Originalmente, Biden se lanzó a la campaña presidencial con propuestas de una serie de reformas leves, incluyendo un aumento de tres veces al financiamiento federal del Título I para escuelas de bajos ingresos, prescolar universal y mayor financiamiento para programas de educación especial bajo la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA). También propuso “arreglar” el Programa de condonación de préstamos de servicio público, apoyar la salud mental de los estudiantes y “contratar a más personas de color en el Departamento de Educación (ED)”.
Aparte del guiño a la política de identidades, estas medidas fueron todas mentiras típicas de campaña. La educación pública está en una crisis económica sin precedentes. La Oficina de Trabajo y Estadísticas muestra que más de 354,000 empleados de prescolar a doceavo grado y 337,000 empleados de educación superior han perdido sus trabajos durante la pandemia. Como resultado de la actual crisis fiscal, el Instituto de Política de Aprendizaje (LPI) proyecta que las escuelas de prescolar a doceavo de la nación enfrentan un déficit de financiamiento de educación acumulado de entre $295 mil millones y $370 mil millones.
En estas condiciones, cualquier nuevo programa o reforma presupuestaria será rechazado como “inviable” a la luz de las demandas de Wall Street de austeridad masiva y déficits estatales. En otras palabras, Biden no tiene intenciones de cumplir ninguna de sus promesas, excepto aumentar el número de negros, hispanos y mujeres adinerados en el Departamento de Educación. En cambio, habrá una continuidad política directa entre la Administración saliente de Trump y la Administración entrante de Biden. La única diferencia real es que Biden impondrá medidas de austeridad (y serán mayores) bajo la retórica de la política de identidades y con la confabulación de los sindicatos.
¿Cuál fue el registro de Biden?
Hace apenas cuatro años, Biden fue vicepresidente de una Administración infame por sus profundos ataques a la educación pública a través de pruebas estandarizadas punitivas, apoyo al pago por mérito y otras políticas contra los docentes, eliminación de fondos de los programas federales de ayuda a la educación y apoyo absoluto a la privatización.
Tras la caída de Wall Street en 2008, la Administración de Obama-Biden rescató los bancos y las grandes empresas, canalizando billones hacia la élite financiera mientras destripaba los programas sociales. Esta política resultó en una transferencia ascendente sin precedentes de riqueza a los bolsillos de una oligarquía financiera, junto con un crecimiento horrendo de la desigualdad social y la pobreza. Ante la llegada al poder de Biden-Harris en 2021, podemos esperar la misma respuesta de clase, en circunstancias más severas.
Mientras que los maestros pensaban que la elección de Obama significaría el fin del odiado plan de George Bush “Que Ningún Niño Se Quede Atrás”, recibieron el programa “Carrera hasta la Cima” y la Ley Éxito para Todos los Estudiantes, que ampliaron el programa de la era Bush de escuelas autónomas o concertadas y la privatización en nombre de poderosa industria de la educación empresarial.
Por su parte, Jill Biden realizó una gira con el entonces secretario de Educación, Arne Duncan, en 2009 promocionando la “Carrera hasta la Cima” y Common Core. Para 2010, los distritos escolares de EE. UU. se enfrentaban a un déficit presupuestario combinado de $230 mil millones, resultando en recortes masivos que afectaron a los empleados y estudiantes de las escuelas públicas. Más de 300.000 empleados escolares perdieron permanentemente sus trabajos. El gasto por alumno en muchos distritos se redujo hasta $1,000 por año. En general, las escuelas primarias y secundarias recortaron el gasto en un 37 por ciento entre 2008 y 2013, y la infraestructura de las escuelas públicas se dejó desmoronar.
Para 2016, después de ocho años de la reforma educativa de Obama-Biden, la inscripción en las escuelas autónomas se duplicó, con un 6 por ciento de los estudiantes de escuelas públicas asistiendo a escuelas autónomas, en comparación con aproximadamente el 3 por ciento anterior.
Privadas de fondos, miles de escuelas públicas se vieron obligadas a competir entre sí por el dinero federal. Se diseñaron estándares de pruebas federales que etiquetaron a las escuelas en áreas afectadas por la pobreza como “reprobadas”. Estas escuelas sufrieron cambios arbitrarios de personal y, en última instancia, muchas fueron cerradas, solo para ser reemplazadas por empresas autónomas con fines de lucro, a menudo propiedad de empresarios minoritarios.
El presupuesto final de Obama para 2016, que recibió apoyo bipartidista, pedía un aumento del 50 por ciento en el apoyo federal para las escuelas autónomas. Tales ataques prepararon el escenario para un mayor asalto a las escuelas por parte de personas como Trump y DeVos.
Lo más significativo es que el equipo de transición de Biden incluye decenas de nombres de fundaciones de grandes empresas fuertemente asociadas con años de esfuerzos de privatización de escuelas, incluida la Fundación Bill & Melinda Gates y Bloomberg Philanthropies. Para dar una idea de las oportunidades comerciales en marcha para la industria de la tecnología gigante bajo una futura Administración de Biden, Gates anunció el proyecto Reimagine Education para la educación en línea en mayo pasado en las escuelas de la ciudad de Nueva York, justo cuando se anunciaron recortes de $827 millones.
A partir de 2021, los educadores, trabajadores escolares, padres y estudiantes emprenderán una lucha en una escala aún no vista. Los trabajadores no aceptarán las muertes masivas asociadas al regreso al trabajo en condiciones inseguras ni al desmantelamiento de la educación pública.
Por esta razón, Biden está sugiriendo como posible nueva secretaria de Educación a Randi Weingarten, la actual presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros (AFT, siglas en inglés), o a Lily Eskelsen-García, expresidenta de la Asociación Nacional de Educación (NEA) desde 2014- 2020.
Es muy poco probable que Biden nomine a alguna de estas titulares de sindicatos para el puesto, dado el énfasis en escoger nominados que serían aceptables para los republicanos, incluso cuando están respaldando los esfuerzos de Trump por anular las elecciones e instalarse como dictador presidencial.
Sin embargo, los funcionarios de la AFT y la NEA han demostrado durante mucho tiempo su utilidad para la élite política y la patronal en reprimir la oposición de los educadores a las salvajes medidas de austeridad y los planes de privatización de las escuelas.
Ambas presidentas sindicales han respaldado y reforzado la demanda de que los educadores regresen a las aulas, a pesar del creciente número de muertes de maestros y trabajadores escolares. Después de que miles de maestros de todo el país participaron en huelgas, manifestaciones y protestas durante la primavera y el verano, creando grupos independientes de Facebook para oponerse al regreso inseguro a las escuelas, la AFT permitió que respaldaran las “huelgas de seguridad” locales. Sin excepción, las impidieron y desmovilizaron a los maestros. Esto ha incluido distritos, como Detroit, que votaron por un 91-9 por ciento a favor de hacer huelga.
Eskelsen García enfatizó durante la Asamblea Representativa de la NEA en julio, “La economía estadounidense no se puede recuperar si las escuelas no pueden reabrir”. La AFT emitió un documento, "Un plan para reabrir de manera segura las escuelas y comunidades de Estados Unidos", exigiendo que el sindicato se asocie en los planes de reapertura.
Durante la gran ola de huelgas de maestros en 2018-2019, Weingarten, García y sus respectivos sindicatos aislaron, limitaron y sabotearon las huelgas estatales y locales. Se aseguraron de que los maestros — que estaban luchando por recuperar las pérdidas de gastos y los despidos que ocurrieron como resultado de la Gran Recesión y la privatización en curso de las escuelas — no convirtieran esta lucha en una huelga nacional que desafiaría las medidas de austeridad de los demócratas y republicanos y amenazaría la monopolización de la riqueza por parte de la clase capitalista y las capas acomodadas, que incluyen a las propias ejecutivas sindicales. (Cada una gana más de $500,000 al año.)
Es muy significativo que uno de los posibles candidatos a secretario del Tesoro sea Roger Ferguson, exvicepresidente de la Reserva Federal y asesor financiero de la Administración de Obama. Desde 2008, ha sido el director ejecutivo de la Asociación de Seguros y Anualidades de Maestros (TIAA), que administra $1,3 billones en fondos de pensiones para maestros, incluidos los controlados por AFT y NEA.
Ambos sindicatos tienen grandes inversiones en desarrollo de bienes raíces comerciales y acciones financieras. Esto les da a los sindicatos un incentivo financiero directo en apoyar la austeridad y otras medidas para mantener el incesante aumento del mercado de valores, cuando el número de muertos, incluso de educadores, sigue aumentando. Para ser francos, el acortamiento de la esperanza de vida de los docentes jubilados será un beneficio positivo para las carteras de inversiones de los ejecutivos sindicales, ya que supondrá menores desembolsos para el pago de las prestaciones de pensiones, dejando más dinero para invertir.
Biden y los demócratas, junto con los servidores de los sindicatos, temen más que nada un poderoso movimiento de la clase trabajadora contra la oligarquía empresarial y financiera. Es por eso que no están haciendo nada para alertar a los trabajadores sobre los peligros que representan las amenazas de golpe de Trump, presentando su negativa a ceder como una "rabieta" en lugar de una amenaza terrible a los derechos democráticos fundamentales.
La lucha contra esta amenaza y las políticas criminales de regreso a clases y de regreso al trabajo de ambos partidos controlados por las corporaciones, requiere la formación de nuevas organizaciones de lucha, comités de seguridad de base, que sean independientes de la AFT, NEA y otros sindicatos y que se comprometan a movilizar a la clase trabajadora para cerrar las escuelas y las industrias no esenciales, mientras compensan completamente a los trabajadores, los desempleados y las pequeñas empresas, hasta que la pandemia esté bajo control.
Esto debe combinarse con la construcción de un movimiento político de masas de la clase trabajadora para luchar por el socialismo, incluida la transformación de los bancos y las grandes corporaciones en propiedad y servicios públicos controlados democráticamente.
Los billones derrochados en la codicia de los súper ricos deben ser expropiados y utilizados para satisfacer las necesidades sociales de la población y el desarrollo de una sociedad basada en la igualdad y la democracia obrera. El Comité Nacional de Seguridad de Base de los Educadores te insta a unirte a la lucha para movilizar toda la fuerza de la clase trabajadora para proteger nuestras vidas, nuestros derechos y nuestro futuro.
(Publicado originalmente en inglés el 17 de noviembre de 2020)