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Una cinta revela los métodos gansteriles de Trump en su intentona golpista electoral

En una conversación telefónica de una hora de duración el sábado, filtrada a los medios de comunicación y hecha pública por primera vez el domingo por el Washington Post, el presidente Donald Trump trató de intimidar al secretario de Estado de Georgia para que anulara el resultado de las elecciones presidenciales en su estado, que fueron ganadas por el demócrata Joe Biden.

"Sólo quiero encontrase 11.780 votos", dijo Trump a Brad Raffensperger, el funcionario de Georgia. Eso es uno más que el margen de 11.779 votos con el que Biden ganó los 16 votos electorales del estado. Raffensperger rechazó el alegato, declarando que se mantenía firme en el resultado de la votación, que se ha contado dos veces, incluido un recuento manual de todas las papeletas pasadas por las máquinas de votación.

Trump amenazó a Raffensperger y a su abogado general, Ryan Germany, con un proceso penal por haber encubierto presuntamente actos de fraude electoral en su estado. Afirmó que en realidad había ganado el estado por cientos de miles de votos, y que una derrota allí era imposible. "La gente de Georgia está enfadada, la gente del país está enfadada", declaró. "Y no hay nada malo en decirlo, ¿sabes? que has recalculado (los votos)”. Raffensperger respondió: "Bueno, señor presidente, el reto al que usted se enfrenta es que sus datos están mal".

Donald Trump (AP Photo/Andrew Harnik)

Trump utilizó el lenguaje de un gánster mafioso al referirse a una trabajadora electoral en el condado de Fulton (Atlanta), que ha sido satanizada en los medios sociales de derecha y amenazada repetidamente tras las falsas acusaciones de la campaña de Trump de que había contado tres veces una pila de votos de esta zona, fuertemente demócrata.

Después de que Raffensperger reiterara que no había pruebas de tales acciones y que Trump se había equivocado, el presidente respondió:

"Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí, gente? Sólo necesito 11.000 votos. Gente, necesito 11.000 votos. No me joda. Sabe, ya tenemos eso en puntas de lanza. O podemos mantenerlo pero no es justo para los votantes de Georgia porque van a ver lo que pasó y van a ver lo que pasó. Quiero decir, yo, yo me enfrentaré a quien quiera con respecto a [nombre de la trabajadora electoral] y a su encantadora hija, una joven muy encantadora, estoy seguro".

Se trata nada menos que de una amenaza de violencia física contra la trabajadora electoral —cuya nombre se ha ocultado— y su hija, que viene del presidente de los Estados Unidos, el "comandante en jefe" de un vasto aparato militar y policial, así como el líder del Partido Republicano, que cada vez tiene más la coloración de un movimiento fascista.

Quien filtró la grabación de la conversación telefónica no se ha hecho público. Podrían haber sido funcionarios del lado de Georgia, que trataban de asegurarse de que Trump no pusiera en práctica sus violentas amenazas. Igualmente probable, la filtración podría venir de dentro del propio aparato de inteligencia-militar, que monitorea todas las conversaciones telefónicas de los EE.UU. y anteriormente filtró la llamada telefónica de Trump al presidente de Ucrania, que condujo a su destitución hace un año.

Cualquiera que sea su fuente, la grabación es una amplia evidencia —si es que se necesitan más— para la acusación y procesamiento de Donald Trump por conspiración para derrocar la Constitución de los EE.UU. y establecer una dictadura presidencial. Entre sus coconspiradores estarían el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, que participó en la llamada, y varios abogados y ayudantes de la campaña de Trump.

Se unen como cómplices la mayoría de los republicanos del Congreso en Washington. Hasta el domingo, al menos 140 miembros republicanos de la Cámara de Representantes habían anunciado que apoyarían una impugnación de los votos electorales emitidos por varios estados cuando el Congreso se reúna en una sesión conjunta el 6 de enero para recibir y contar los votos.

Una docena de senadores republicanos han emitido declaraciones diciendo que también apoyarían tal desafío. Según la Constitución, toda impugnación de los votos electorales de cualquier estado debe ser apoyada por al menos un miembro de la Cámara y un miembro del Senado. Las dos cámaras deben reunirse por separado y votar sobre las impugnaciones. Se espera que estos fracasen, dado que los demócratas tienen la mayoría en la Cámara y muchos republicanos en el Senado ya han concedido la victoria de Biden.

Pero no tiene precedentes en la historia de los Estados Unidos el hecho de que un presidente en ejercicio se niegue a ceder después de una derrota casi aplastante, por un margen de siete millones de votos, y que la mayoría de su propio partido siga tratando las elecciones como ilegítimas y trate de anularlas.

Las declaraciones de los congresistas y senadores republicanos que respaldan el desafío de Trump a las elecciones han adoptado abiertamente una perspectiva política autoritaria. La demanda presentada por el representante Louie Gohmert de Texas, por ejemplo, declaró que el vicepresidente Pence, que actuará como presidente en la sesión conjunta del Congreso del miércoles, tiene la autoridad de expulsar a los electores de un estado y elegir una lista de candidatos en competencia, o descartar por completo los votos electorales de un estado.

El extraordinario nivel de tensión en los círculos gobernantes de EE.UU. se revela en la carta publicada el domingo por la noche, también en el Washington Post, por los diez secretarios de defensa en activo, rechazando las afirmaciones de fraude de Trump y pidiendo al Congreso que se comprometa en el recuento formal de votos el miércoles y confirme la victoria de Biden en el Colegio Electoral.

La mayor parte de la declaración está dirigida a altos funcionarios civiles y militares, advirtiéndoles contra cualquier interferencia en la elección. "Los esfuerzos para involucrar a las fuerzas armadas de EE.UU. en la resolución de las disputas electorales nos llevaría a un territorio peligroso, ilegal e inconstitucional", dice la declaración. "Los funcionarios civiles y militares que dirigen o llevan a cabo esas medidas serían responsables, incluso con la posibilidad de enfrentarse a sanciones penales, de las graves consecuencias de sus acciones en nuestra república".

Estas palabras son aún más ominosas si se tiene en cuenta que uno de los diez firmantes, Mark Esper, acaba de ser despedido por Trump en noviembre, en parte debido a su oposición al llamamiento de Trump a desplegar las fuerzas armadas para suprimir las manifestaciones masivas contra la violencia policial que estallaron tras el asesinato policial de George Floyd el pasado 25 de mayo. Ha habido discusiones abiertas en la Casa Blanca sobre la invocación de la Ley de Insurrección —como Trump amenazó hacer el verano pasado— para hacer cumplir un golpe post electoral que mantendría a Trump en el cargo.

Además de Esper, los firmantes incluyen a su predecesor, el general retirado James Mattis; Donald Rumsfeld, coarquitecto de la guerra de Irak; y su socio en el crimen Dick Cheney, secretario de defensa del presidente George H. W. Bush antes de convertirse en vicepresidente de George W. Bush. A ellos se unieron Robert Gates, William Perry, Leon Panetta, Ashton Carter, Chuck Hagel y William Cohen.

Este grupo de criminales de guerra de ambos partidos, demócratas y republicanos, advierte contra la interferencia militar en la transferencia del poder porque consideran a Biden como un par de manos seguras para los asuntos del imperialismo estadounidense, y porque temen que los nuevos esfuerzos de Trump por permanecer en el cargo puedan provocar una avalancha sin precedentes de oposición política de la clase obrera estadounidense. Esto bajo condiciones en las que miles mueren cada día por la pandemia del coronavirus, y millones de personas se enfrentan al desempleo, la pobreza y la falta de vivienda.

En medio de esta crisis social, económica y política cada vez más profunda, los sectores dominantes de la élite gobernante consideran a Biden, a la vicepresidenta electa Kamala Harris y a los miembros de su gabinete, procedentes en su totalidad del sistema de seguridad nacional y empresarial, como un medio más viable de mantener su dominio de clase.

Por su parte, los demócratas están haciendo todo lo posible para restarle importancia a las acciones de Trump e impulsar a su presidente electo de 78 años a través de la línea de meta del Día de la Inauguración sin una completa ruptura del orden constitucional de los Estados Unidos. Incluso en este punto, a apenas dos semanas, una sucesión Biden no es una certeza.

Las acciones de Trump y su comportamiento en la llamada telefónica tienen un tufillo a desesperación, pero las amenazas a los derechos democráticos se están intensificando. El presidente ha convocado a partidarios fascistas como los Proud Boys para que vengan a Washington el 6 de enero, y ha prometido unirse a ellos en las calles, apoyando los esfuerzos de sus secuaces dentro del Capitolio, ya que "objetan" los votos emitidos por el pueblo americano.

Cualquiera que sea el resultado inmediato, la sustitución de Trump por Biden en la Casa Blanca no marcaría el fin de la crisis política, sino sólo el comienzo de un nuevo y más explosivo capítulo. Trump no está jugando con las reglas de la política estadounidense convencional, y el Partido Republicano, cada vez más bajo su control personal, se está transformando en el instrumento de un movimiento fascista autoritario.

Si la grabación de Trump confirma algo, es que la mera presencia de este gánster en la Casa Blanca es una acusación al sistema político estadouunidense, a su élite dirigente y a su establishment político-mediático.

Fue el Partido Demócrata, a través de las políticas de derecha de la administración Obama y la campaña de derecha de Hillary Clinton, que preparó el camino para Trump. Fue el Partido Demócrata, a través de su campaña derechista contra Rusia, el que trató de canalizar toda la oposición popular a la administración Trump detrás de su reaccionaria agenda de política exterior. Y es el Partido Demócrata el que busca cegar al pueblo estadounidense de las peligrosas implicaciones de la actual crisis política.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 4 de enero de 2021)

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