Luis Daniel Prieto, un vendedor ambulante de churros en Lagos de Moreno, Jalisco, fue arrestado el viernes cuando protestaba frente al ayuntamiento contra la respuesta del Gobierno a la pandemia del COVID-19, la cual ha empobrecido más a los trabajadores informales que componen un sector sustancial de la clase obrera mexicana.

Prieto es bien conocido en la ciudad por defender los derechos sociales y democráticos de los trabajadores contra sus empleadores a través de su página en Facebook "La pocilga laboral", además de acompañarlos físicamente a los tribunales y en protestas. Ya había sido sometido a golpizas y un intento de irrumpir en su casa a manos de matones de las empresas, como lo reportó el World Socialist Web Site.

Si bien fue liberado posteriormente, su arresto el viernes es una ominosa señal de que Prieto está siendo puesto en la mira de las fuerzas estatales según giran cada vez más hacia formas dictatoriales para suprimir la oposición social durante la crisis pandémica.

Tras su liberación, Prieto le explicó al World Socialist Web Site, “Ya fui a la fiscalía, estoy denunciando al presidente [municipal] de secuestro. No llegaron con una orden por escrito para detenerme inclusive que no hay un fundamento para detenerme pues yo no cometí ningún crimen más que la protesta, lo cual es un derecho en la Constitución, protestar pacíficamente”.

Las noticias e imágenes de su arresto fueron compartidas rápido en las redes sociales locales. Una publicación ampliamente compartida indicó: “Cuidado! Ahora resulta que no podemos manifestarnos libremente, y justo hoy que asesinaron a una pequeña comerciante en pleno centro de Lagos, y que a diario se encuentran a personas asesinadas”.

El World Socialist Web Site condena el arresto de Prieto como una amenaza contra la clase obrera en su conjunto. Las protestas más recientes de Prieto comenzaron después de que las autoridades locales lo echaron el 27 de julio de 2020 de una esquina en el centro de Lagos de Moreno donde él y otro trabajador vendían churros. “Trajeron a unos policías que nos encañonaron, [diciendo] que teníamos que irnos o nos encarcelaban. No nos explicaron por qué, más que tenían indicaciones de algún superior”, explicó Prieto.

En el ayuntamiento, los funcionarios les dijeron que habían sido echados por reglamentos de COVID-19 en esa esquina específica. Prieto explica que ningún otro vendedor en esa cuadra ni área fue expulsado y que él estaba siguiendo los protocolos sanitarios oficiales. “Tienen más tintes de revanchistas porque, como saben, nos dedicamos a protestar por los trabajadores”, añadió.

Después de breves cierres económicos a fines de marzo y en abril, el Gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador y las autoridades locales de Jalisco implementaron una amplia reapertura a partir de mayo. Para el 1 de julio, Jalisco había abierto los parques, otros lugares exteriores y todos los negocios excepto bares, cines y otros lugares de reunión interiores.

Ni el Gobierno de López Obrador ni el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez jamás entregaron ayuda económica a los trabajadores y pequeños negocios más allá que créditos. Cuando anunciaron el cierre en marzo, el presidente municipal de Lagos de Moreno, Tecutli Gómez, anunció que entregaría 2.000 pesos (100 dólares) a los comerciantes afectados. “Esas ayudas nunca fueron transparentadas”, indicó Prieto, añadiendo, “aparte de ser miserables no se sabe entre los comerciantes a quién llegaron, solo fue una solución”.

La respuesta a la pandemia de todas las autoridades federales y locales de todos los partidos políticos en México se ha basado en reaperturas imprudentes para asegurar las ganancias de las principales empresas y bancos. La clase gobernante se ha rehusado a asistir a los trabajadores despedidos o que perdieron ingresos, utilizando la amenaza de la miseria económica para obligar a los otros a regresar a lugares de trabajo infectados, mientras dedican los recursos a saldar deudas con Wall Street y los adinerados dueños de los bonos mexicanos.

Esta política homicida y deliberada ha provocado 1,4 millones de casos confirmados de COVID-19 y 160.000 muertes en México, el tercer mayor número de muertes del mundo.

Los vendedores ambulantes y los pequeños comercios, por su parte, se ven obligados a elegir entre no tener comida en la mesa o exponerse a sí mismos, a sus familias y a los demás al riesgo de infección. “Si no vendemos, no comemos”, afirma Prieto.

Después de haber sufrido ya una importante pérdida de ventas por la pandemia –alrededor de un tercio para Prieto—, se vio obligado a trasladar su carro de churros lejos del centro de la ciudad.

En respuesta, Prieto protestó durante media hora cada semana frente al ayuntamiento con carteles que decían: “Tengo pobreza gracias a las ratas del mafioayuntamiento. Aquí es donde ocurren los robos en Lagos de Moreno”.

En una protesta a principios de este mes, Prieto grabó al presidente municipal Tecutli Gómez amenazándolo. Mientras Prieto lo llamaba “corrupto” y “ladrón”, Gómez respondió: “Búscame cuando no sea presidente”.

Luego, el viernes, Gómez hizo detener a Prieto sin presentar ninguna orden judicial. Prieto dice: “Me encerraron, me rompieron el pantalón con una navaja, me sacaron todas mis cosas, las pusieron en una bolsa”. Luego explicó a un médico de la prisión que estaba siendo secuestrado, explicando que el Gobierno lo estaba poniendo injustificadamente a él y a otros en riesgo de contraer COVID-19.

A continuación, escuchó a los policías discutir que no tenían ninguna justificación para mantenerlo allí, antes de que fuera finalmente liberado. Tratando de humillar a Prieto, un oficial lo grabó con un teléfono móvil mientras Prieto salía subiéndose los pantalones rotos.

El Gobierno “sigue reprimiendo a la clase trabajadora”, concluye Prieto, “en mi caso somos trabajadores ambulantes que no tenemos prestaciones ni seguridad social, vivimos al día de nuestras ventas... como en todo el mundo, las clases gobernantes son corruptas y mafiosas para hundir a los trabajadores, sean trabajadores callejeros, trabajadores de fábrica o trabajadores que están dentro de sus mismas instalaciones de Gobierno”.

Mientras la clase dominante se enriquece durante la pandemia y recurre a formas abiertamente autoritarias, los trabajadores deben responder organizando comités de base en los lugares de trabajo y en las colonias a fin de unir a todos los sectores de la clase obrera en México y a nivel internacional para paralizar todas las actividades no esenciales con plena compensación para los trabajadores y las pequeñas empresas. Estas organizaciones deben ser independientes de los sindicatos y de todos los partidos capitalistas, que han defendido invariablemente a los que lucraron de la pandemia.

Como escribió el WSWS, “liberar las fuerzas productivas de las restricciones del sistema de lucro capitalista y expropiar la riqueza de los ricos son necesidades urgentes e inmediatas para combatir la pandemia y salvar millones de vidas”.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 2 de febrero de 2021)