El viernes, Amazon inició un juicio en un tribunal de distrito federal contra la fiscal general del Estado de Nueva York Letitia James, en el que afirma que la empresa no se somete a la "supervisión del Estado" y no se le requiere que cumpla las leyes y regulaciones de sanidad y seguridad laboral de Nueva York en relación con la pandemia de coronavirus.

El juicio es una muestra de altanería ilimitada acorde a un conglomerado controlado por uno de los megabillonarios más ricos del mundo, Jeff Bezos. La teoría legal de Amazon es que no tiene que cumplir con las leyes o regulaciones de seguridad de Nueva York porque esas son supuestamente reemplazadas o "suplantadas" por regulaciones federales más permisivas.

Hasta hace poco, las regulaciones federales en cuestión eran promulgadas por la administración republicana de Trump, que se oponía ferozmente a cualquier medida que protegiera la vida de los trabajadores en detrimento de las ganancias corporativas. Esta política ha sido continuada en todos los aspectos esenciales por parte de la nueva administración demócrata de Biden, que está empeñada actualmente en una campaña cada vez más intensa por reabrir las escuelas, desarrollada sin interrupción desde la administración de Trump. Se sabe que las escuelas contribuyen muchísimo a la extensión del virus mortal.

Amazon busca una sentencia declarativa que dictamine que está exonerada de las leyes laborales de Nueva York en lo que se refiere a la salud y la seguridad por el coronavirus y que no se le requiere que cumpla con las instrucciones de la fiscal general de Nueva York, que incluyen modestas demandas de que "Amazon devuelva ganancias, subvencione el servicio público de autobuses, reduzca las velocidades de producción y requisitos de actuación", recontrate a empleados contra quienes Amazon había tomado represalias, "retenga un asesor de salud y seguridad para supervisar la seguridad y la producción", y adopte otras políticas relativas a la seguridad.

El tono de la querella de Amazon de 64 páginas es para indignarse y enfurecerse. Amazon, según sus abogados, es la verdadera víctima, sometida a la "extralimitación" del gobierno por las autoridades del Estado que estaba "usurpando" poderes supuestamente reservados al gobierno federal. Amazon afirma que sus derechos están siendo violados por las regulaciones de seguridad del Estado y que tiene que intervenir un tribunal federal para proteger a Amazon.

Gibson Dunn representa a Amazon en la querella, que es una empresa de servicios legales con 1.400 abogados y 20 sedes en todo el mundo. Los socios de Gibson Dunn ganan un salario medio anual de $308.000, o cerca de 10 veces el salario medio de un trabajador de almacén de Amazon.

A pesar de lo largo de la demanda judicial y su tono de suprema indignación moral, la teoría legal de Amazon es contraria a todo sentido común. No es inusual, por ejemplo, que los Estados y los municipios locales promulguen leyes de salario mínio que es mayor que el salario mínimo federal de $7,25 la hora, tal como el salario mínio de Nueva York de $12,50 la hora. Según la lógica de la teoría de Amazon, esas leyes de salario mínimo constituirían intentos ilegales de "usurpar" el mínimo federal.

Sin embargo, en el sistema legal estadounidense, que una teoría legal sea descabellada y absurda no garantiza que se la rechace, especialmente si hay tras ella intereses poderosos de ganancia y un ejército de abogados corporativos. De hecho, Amazon está probablemente envalentonada por decisiones recientes del Tribunal Supremo estadounidense. En noviembre, por ejemplo, la mayoría ultraderechista en el Tribunal Supremo derogó regulaciones de salud y seguridad del Estado de Nueva York alegando que supuestamente violaban la "libertad religiosa".

Citando un fallo favorable que consiguió en una querella anterior traída por empleados de Amazon en el depósito JFK8 de Staten Island, Nueva York, Amazon argumenta que las "instalaciones JFK8 no son la fuente del COVID-19", que "el público en general no puede evitar el COVID-19 simplemente evitando el JFK8, su área circundante inmediata, y sus empleados", y que "el público se arriesga a exponerse al COVID-19 casi en cualquier parte del país y del mundo".

Dicho de otra manera, según los abogados de Amazon —Amazon no causó el coronavirus, y la gente va a contraer el coronavirus trabaje en Amazon o no, así que Amazon no tiene que ser "castigada" siendo sometida a requisitos de seguridad que protegerían la salud de los trabajadores y la salud de sus familias.

Hasta para los estándares degradados del discurso público estadounidense en el presente, es notable ver a una corporación gigantesca repleta de decenas de miles de millones de dólares en ganancias entrar en un tribunal a plena luz del día y lloriquear por ser obligada a tomar las precauciones más esenciales para evitar que los trabajadores se contagien de un virus mortal.

Entre las medidas de las que Amazon se queja de que se le pide que implemente están darles a los empleados desinfectante de manos adecuado y otros productos de limpieza, darles un tiempo adecuado para que se laven las manos de manera regular y frecuente, reconfigurar las estaciones de empleados para permitir la distancia social, y darles a los empleados información adecuada y completa respecto a su posible exposición al COVID-19. Según la teoría de Amazon, estos requisitos legales básicos constituyen una "extralimitación" indignante del gobierno.

La querella de Amazon parece haber sido un esfuerzo por salirle al paso a un juicio contra la empresa por su flagrante violación de las leyes sanitarias y de seguridad del Estado durante la pandemia, que fue entablado por la fiscal general de Nueva York el martes.

La prisa de Amazon en el juzgado el viernes fue en ese sentido tanto una maniobra de "relaciones públicas" como una estrategia legal, ya que la demanda de 64 páginas alaba extensamente la supuesta implementación excelente de Amazon de las medidas de seguridad por el coronavirus. Amazon también señala hacia la falta de acciones de cumplimiento de las medidas contra otras compañías, y de manera similar medidas inadecuadas tomadas para proteger a los empleados del Estado de Nueva York, como prueba de que le están dando un trato especial por la aplicación "inconsistente" de las regulaciones aplicables.

El Partido Demócrata, que controla el Estado de Nueva York de arriba abajo, sin dudas tiene sus propias razones políticas para llevar a Amazon a los tribunales, incluyendo su ansiedad por no ser percibido como que una corporación gigantesca que se considera libre de ignorar las leyes y regulaciones del Estado lo volvió totalmente irrelevante. Pero no se puede depositar nada de confianza en el Partido Demócrata ni en aquellos a quienes este nombra para librar una lucha sin principios contra las condiciones laborales inseguras en Amazon, especialmente dado que ese mismo partido está ahora dirigiendo la embestida nacional por reabrir las escuelas.

Aún así, la demanda contra Amazon por la fiscal general de Nueva York pinta un retrato devastador de la indiferencia de Amazon hacia la vida de los trabajadores según progresaba la pandemia.

"Desde por lo menos marzo de 2020 cuando el brote de COVID-19 empezó a devastar a la ciudad de Nueva York", dice la demanda de la fiscal general, "Amazon no cumplió con los requisitos de limpieza y desinfección cuando trabajadores contagiados habían estado presentes en sus instalaciones; Amazon no identificó adecuadamente ni notificó acerca de contactos potenciales de tales trabajadores contagiados; y Amazon no aseguró que sus políticas de disciplina y productividad, y tasas de productividad automatizadas por velocidades de línea, les permitieran a sus empleados tomar el tiempo necesario para implicarse en prácticas higiénicas, de desinfección, de distancia social y de limpieza necesaria".

La demanda continúa: "Cuando los empleados de Amazon empezaron a plantear objeciones a las prácticas inadecuadas de Amazon y a quejarse ante la gerencia de Amazon, agencias delgobierno, y los medios, Amazon tomó rápidas medidas de represalia para acallar las quejas de los trabajadores".

"La respuesta de Amazon a la pandemia continúa siendo deficiente", continúa la demanda, señalando a la incapacidad "de cerrar todas o una parte de sus instalaciones para la ventilación, limpieza y desinfección obligatorias, cuando ha estado presente en las instalaciones un trabajador contagiado en un plazo de siete días". Por la propia versión de Amazon, según la demanda, "no ha tomado estas medidas en por lo menos ocho ocasiones" solo en unas instalaciones.

Además, la demanda de la fiscal general declara, "el proceso [de Amazon] para identificar y notificar contactos de trabajadores contagiados fue deficiente desde el punto de vista legal". Mientras tanto, "durante la pandemia, Amazon ha continuado rastreando y disciplinando a empleados basándose en sus tasas de productividad y su tiempo no empleado en procesar pedidos de clientes ('tiempo aparte de la tarea'), que ha limitado de manera significativa la capacidad de los empleados de dar pasos que son necesarios para mantener la distancia social, limpiar sus lugares de trabajo, e implicarse en prácticas sanitarias e higiénicas necesarias para protegerse plenamente a sí mismos y a sus compañeros de trabajo de la difusión del virus".

La demanda concluye que "Amazon recortó el presupuesto para cumplir con los requisitos particulares que más habrían hecho peligrar su volumen de venta y tasas de productividad, y por ello asegurando muy grandes ganancias a una tasa de crecimiento sin precedentes para la compañía y sus accionistas".

De hecho, la demanda del fiscal general señala a que "Amazon encajó más de $130 mil millones en ganancias por ventas en línea —lo que representa un 35% de crecimiento desde sus ingresos anteriores a la pandemia y una tasa de crecimiento un 10% mayor que en los años anteriores— en detrimento de sus trabajadores de primera línea que han experimentado riesgos significativos de contagio por covid mientras trabajaban para Amazon".

La demanda entablada por la fiscal general de Nueva York justifica completamente la exposición de las condiciones de trabajo en Amazon por parte del World Socialist Web Site (WSWS) y la Voz Internacional de los Trabajadores de Amazon (IAWV) desde el propio comienzo de la pandemia, que planteó sin demora exigencias de medidas básicas de seguridad basadas en las versiones de primera mano de los trabajadores de Amazon sobre la limpieza y desinfección inadecuadas, equipo de seguridad inadecuado, la negativa a parar la producción no esencial, y la negativa de la patronal a desacelerar los ritmos y las velocidades de línea.

El WSWS y la IAWV han informado ampliamente sobre la vigilancia de la empresa a los trabajadores y la represión contra trabajadores que cuestionaran las condiciones laborales durante la pandemia, así como el encubrimiento por parte de Amazon del alcance de los contagios en sus almacenes.

La demanda civil del Estado de Nueva York en ese sentido llega notablemente tarde, ya que las violaciones que describe empezaron en marzo del año pasado, ya casi hace un año entero. Las autoridades de Nueva York no tienen explicación creíble de por qué se le permitió a Amazon que se empeñara en esta conducta peligrosa e ilegal durante tanto tiempo, amasando enormes ganancias, sin que se tomara ninguna medida aunque estaba en riesgo la vida de los trabajadores.

Sin embargo, los hechos presentados en la demanda presentada por las autoridades del Estado de Nueva York solo ponen de relieve que la lucha de los trabajadores de Amazon contra la patronal no tiene que limitarse a pedir un salario más alto y condiciones de trabajo más seguras, por importantes que sean estas exigencias. Los trabajadores tienen que exigir también responsabilidades y consecuencias de todos aquellos oligarcas y ejecutivos corporativos —y sus cómplices en el Partido Demócrata y el Partido Republicano— que expusieron deliberadamente a los trabajadores al riesgo del contagio en su búsqueda de ganancias.

La conducta de estos individuos llevó directamente a la muerte de trabajadores y familiares suyos y contribuyó a la difusión de una enfermedad que ya le ha costado la vida a medio millón de personas solo en los EEUU. Lo reprobable de esta conducta es agravado por haber sido motivada por intereses exclusivamente pecuniarios. Dicho de otra manera, no hay motivo alguno por el cual Amazon no pudiera implementar medidas adecuadas de seguridad —la compañía no estaba en riesgo de quebrar— pero la codicia por las ganancias primó por encima de la vida humana.

Hay que confiscar todas las ganancias ilícitas acumuladas durante la pandemia, y también el control de la propia Amazon. Con su conducta cruel y homicida, Bezos, sus compinches oligarcas, y sus cómplices han perdido cualquier derecho a dirigir la empresa. Estos crímenes demuestran la necesidad del control obrero, una exigencia clave planteada por los comités de base entre docentes, trabajadores automotores, y trabajadores de Amazon. Los trabajadores ahora han visto lo que pasa cuando se deja el control en manos de los oligarcas.

Los trabajadores de Amazon tienen que rechazar cualesquiera demandas de "dejar atrás" estos crímenes monstruosos. No hay que confiarle la investigación, exposición, y condena de cada individuo responsable, al Partido Demócrata, sino que tienen que asumirlas los comités de base de trabajadores de Amazon así como comités de trabajadores "esenciales" en posiciones similares en toda la economía.

(Publicado originalmente en inglés el 17 de febrero de 2021)