Cuatro días después de que se reanudara la educación presencial en Chile, 30 escuelas fueron cerradas temporalmente debido a la detección de infecciones por coronavirus en niños y personal. Otras 21 escuelas pusieron en cuarentena a los infectados pero mantuvieron las instalaciones abiertas. No obstante, el gobierno ultraderechista chileno del presidente Sebastián Piñera sigue adelante con una política temeraria de apertura progresiva de todos los colegios públicos y privados subvencionados del país.

El año académico 2021 comenzó el 1º de marzo con modalidades mixtas de enseñanza y en medio de la oposición de la comunidad en general. Manifestaciones sacudieron la capital a principios y finales de esta semana, mientras los estudiantes secundarios y los jóvenes se enfrentaban a un masivo despliegue de Fuerzas Especiales de Carabineros con el ya habitual procedimiento operativo de brutal represión y detenciones. Sólo una fracción de la población escolar pública de primaria y secundaria asistió a las clases presenciales.

Se está ejerciendo una presión abrumadora sobre los profesores ante el aumento de los casos de COVID-19. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, reiteró el carácter supuestamente voluntario del regreso a la enseñanza presencial. Sin embargo, a los maestros y empleados de la educación se les indicó que estuvieran presentes en las escuelas por si acaso los estudiantes se presentaban, lo que ridiculiza la afirmación.

"Quiero ser muy claro en que son los padres los que deben tomar la determinación de si sus hijos van o no en este momento a las actividades presenciales", amenazó Figueroa, añadiendo que "desde hace mucho tiempo los países del hemisferio norte también lo están haciendo".

Los gobiernos sudamericanos están utilizando la autoridad de UNICEF para forzar la apertura de las escuelas en un intento de aplicar una política criminal de inmunidad de rebaño.

El director regional de la organización afirmó que "los niños de América Latina y el Caribe llevan más tiempo fuera de las aulas que cualquier otro niño del mundo". En línea con esto, la BBC entrevistó a la especialista en educación de emergencia de UNICEF, Ruth Custode, quien afirmó "que no se puede aplazar más el proceso de apertura, aunque sea gradual". Custode continuó: "Los gobiernos deben pensar cuáles son los riesgos de abrir los colegios versus los riesgos de no abrirlos. De lejos, no abrirlos será más perjudicial para la región".

En las últimas dos semanas, un ministro tras otro se ha sumado a la campaña para amedrentar a los profesores. El ministro de Economía, Lucas Palacios, calumnió a los educadores como vagos. En su entrevista con T13 Radio, Palacios dijo que "en el caso de los profesores, llama la atención que busquen por todas formas no trabajar, es un caso único en el mundo y yo diría que de estudio".

Para adaptarse a la agenda del gobierno, el ministro de Salud, Enrique Paris, dijo que "los niños transmiten muy poco el coronavirus". El ministro de Educación, Raúl Figueroa, que se opuso al cierre de escuelas durante todo el año pasado, argumentó falsamente que "las escuelas son espacios seguros cuando cumplen con las medidas y protocolos sanitarios requeridos".

Diversos estudios científicos han demostrado fehacientemente que el cierre de escuelas se asocia a una disminución significativa tanto de la incidencia del COVID-19 como de la mortalidad. Es más, las experiencias en Estados Unidos y en Europa atestiguan el carácter falso y engañoso de los argumentos del gobierno. Los encierros y el cierre de escuelas son hoy más necesarios que nunca.

El viernes pasado, el país registró 5.325 casos de COVID-19 en 24 horas, la cifra más alta en ocho meses. Los colegios se cerraron el pasado mes de marzo, cuando el virus acababa de hacer su aparición, y la educación se desarrolló en línea debido a la preocupación generalizada de la población.

Hoy, con el número de casos y muertes que superan los 950.000 y 27.000 respectivamente, el gobierno de derechas está obligando a los profesores a acudir a las aulas mientras impulsa un paradigma de "vuelta a la normalidad". Esta "nueva normalidad" es tanto más criminal cuanto que en Chile el grupo de edad laboral de 24 a 69 años constituye el 73% de los casos y un tercio de las muertes. Además, las cepas británica y brasileña, más infecciosas y letales, han sido detectadas desde febrero y se han extendido por todo el país.

Los espurios argumentos para reabrir las escuelas —que el gobierno está preocupado por el bienestar de los niños y los jóvenes— son desmentidos por la realidad. Doce meses de pandemia han puesto de manifiesto el absoluto desprecio de la clase política por las familias pobres y de clase obrera.

Sin duda, los niños han sufrido las consecuencias del aislamiento social, y las tensiones intrafamiliares alcanzaron nuevas cotas el año pasado, debido al confinamiento forzoso. El principal contribuyente a esta trágica situación ha sido la inseguridad derivada del desempleo masivo, el hambre, la amenaza de los desalojos y la falta de vivienda, todo lo cual aumentó bruscamente en un país que sufre una desigualdad social multidimensional.

Pero ni el ejecutivo ni el legislativo proporcionaron ninguna ayuda significativa para hacer frente a estas profundas disparidades sociales con millones de personas que viven en las superpobladas comunidades de clase obrera de Santiago o en los innumerables campamentos de todo Chile, que carecen de agua potable y de un suministro regular de electricidad y gas, por no hablar del acceso a Internet.

El gremio de los profesores es el responsable directo de las pésimas condiciones en las que se encuentra el personal de la educación. A pesar del inmenso apoyo de la clase obrera y de los jóvenes a los profesores, los sindicatos se han negado a movilizar a sus miembros por miedo a que se desate una oleada de oposición social.

Los sindicatos tampoco se oponen a la enseñanza presencial. Lo que quieren es que se les invite a la mesa de negociación. Dos semanas antes de la reapertura de las escuelas, se organizó una mesa redonda entre el gobierno y los gremios, en la que se propuso un plan de nueve puntos. Éste consistía en retrasar la enseñanza presencial hasta que toda la población educativa estuviera vacunada con las dos dosis y en una cuarentena dinámica que alcanzara la fase 4.

"Nosotros creemos que no hay ninguna posibilidad de volver en marzo, principalmente por la situación pandemia y porque más allá de la vacuna, que es un elemento importante, al 1 de marzo no vamos a tener las dos dosis. Ha habido mucha improvisación al respecto y no vamos a llegar todos inoculados a la fecha", dijo el presidente del gremio, Carlos Díaz, al salir de la reunión. (El 1 de marzo la mitad de la plantilla de 513.000 trabajadores estaba vacunada, y el resto recibió la primera dosis el 5 de marzo, y en total se han vacunado 3,9 millones de personas con una sola dosis).

Cuando el gobierno pasó por encima de las demandas del gremio, Díaz sólo ofreció un dedo acusador, pero no propuso nada para proteger a sus miembros. "En caso de cualquier contagio, de cualquier muerte, la responsabilidad será del Ministerio de Educación y del gobierno de Sebastián Piñera".

Con 51 colegios afectados por casos de coronavirus hasta el viernes 5 de marzo, Díaz hizo un somero llamado "al Gobierno de Sebastián Piñera, al Ministerio de Educación, porque dadas las condiciones que tenemos hoy, no es posible continuar con estas clases presenciales".

Díaz, miembro del Partido Humanista, está alineado con la coalición de pseudoizquierda Frente Amplio que ocupa escaños en el legislativo y junto al Partido Comunista controla el aparato sindical. Estas dos organizaciones multipartidistas han sido fundamentales para permitir que el profundamente odiado Piñera se mantenga en el poder durante los últimos dos años. A través de la oposición verbal al gobierno ultraderechista, se posan como "izquierdas", mientras frustran toda iniciativa para salvar las vidas, los empleos y las condiciones de la clase obrera.

Los sindicatos hace tiempo que dejaron de ser organizaciones nacionales reformistas. Durante la dictadura militar, se transformaron en instrumentos corporativizados para aumentar la productividad y vigilar los recortes salariales y la destrucción de puestos de trabajo en el afán de hacer que la economía sea competitiva a nivel internacional. Este proceso no está más expuesto que en las reformas de privatización de la educación que se consolidaron bajo el gobierno civil.

La agenda corporativista no ha hecho más que acelerarse durante la pandemia, ya que las federaciones sindicales hicieron que los mineros y otros sectores "orientados a la exportación" volvieran a trabajar. Ayudaron a imponer recortes salariales, apoyaron el despido de cientos de miles de trabajadores de la industria privada en beneficio de la patronal y se negaron a convocar cualquier acción industrial contra la pobreza, el hambre, la inseguridad y los desalojos que afectan a la clase obrera.

Esta amarga experiencia con los sindicatos no es exclusiva de Chile, sino universal. Los profesores de todo el mundo han entrado en conflicto directo con sus direcciones sindicales, que también están negociando la reapertura de las escuelas para satisfacer las exigencias de las élites financieras y empresariales.

En los últimos meses, la acción planificada por los profesores de Chicago fue traicionada por el Sindicato de Profesores de Chicago, allanando el camino para la reapertura de las escuelas en todo Estados Unidos. Una huelga masiva de profesores en São Paulo, Brasil, ha sido saboteada por el sindicato APEOESP, y las huelgas salvajes de profesores franceses han sido estranguladas por los sindicatos.

De estas experiencias comunes, los trabajadores de Chile deben sacar conclusiones definitivas. Deben romper con el estalinista PCCh, con el pseudoizquierda Frente Amplio, con la izquierda del establishment y con el aparato sindical, y crear nuevos órganos de poder político integrados y controlados por las bases.

Con su publicación en línea, el World Socialist Web Site, el Comité Internacional de la Cuarta Internacional ha creado el instrumento a través del cual los maestros, los profesionales de la salud y otros trabajadores pueden discutir democráticamente la lucha por la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, los ingresos y las condiciones decentes, y establecer comités internacionales de base que organizarán la lucha por estas cuestiones de vida y muerte como parte de la lucha por la transformación socialista de la sociedad a escala mundial.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 9 de marzo de 2021)