El jueves, el gobernador de Georgia, Brian Kemp promulgó una ley que ataca ampliamente el sufragio intentando impedir que los pobres, las minorías y la clase obrera puedan votar. Kemp, un republicano, firmó la mal llamada “Ley de Integridad Electoral” en una ceremonia a puerta cerrada pocas horas después de que ambas cámaras legislativas estatales, controladas por los republicanos, votaran a favor de la medida según líneas partidarias.

Georgia es uno de los 43 estados cuyas asambleas legislativas, en su mayoría controladas por el Partido Republicano, han introducido proyectos de ley que atacan el derecho democrático más fundamental de todos, el sufragio. Esta campaña se ha acelerado dramáticamente después del intento fallido de Donald Trump de anular la elección de 2020 y retener el poder como un dictador de facto. Georgia es el primero de estos estados en el que una de estas propuestas ha entrado en vigor como ley.

El complot de Trump para derrocar la Constitución se basó en la mentira, la cual fue respaldada por casi todo el Partido Republicano, de que hubo un fraude electoral generalizado y una “elección robada”. Su conspiración culminó en el asalto fascista contra el Capitolio el 6 de enero, que contó con la asistencia de Trump y los jefes que el nombró en el Pentágono y que estuvo a segundos de lograr su objetivo de tomar a los congresistas como rehenes y bloquear la certificación de la victoria electoral de Joe Biden por parte del Congreso.

Dada la historia de linchamientos y la segregación de Jim Crow en Georgia, la detención y encarcelamiento de la representante estatal Park Cannon, una mujer afroamericana, por exigir entrar en la oficina de Kemp para protestar por la eliminación de conquistas clave del movimiento de los derechos civiles, tiene un significado simbólico siniestro.

Georgia fue uno de los cinco “estados reñidos” que antes respaldaban a los republicanos y favorecieron a los demócratas en la contienda presidencial de 2020, dándole a Biden una contundente victoria en el voto electoral y contribuyendo a su amplia mayoría de 8 millones de votos en el voto popular.

En unas elecciones en las que se registró un récord de participación electoral a nivel nacional, los votantes de Georgia acudieron las urnas en cifras sin precedentes, y los votantes demócratas negros y de clase trabajadora, en particular, optaron por votar por correo debido a la pandemia.

La derrota de Trump en noviembre fue seguida a principios de enero por la victoria de los aspirantes demócratas a dos escaños en el Senado, impulsada por la gran participación de los votantes jóvenes y negros. Esas victorias en Georgia cambiaron el control del Senado de los republicanos a los demócratas, dándoles el control de ambas cámaras del Congreso, así como de la Casa Blanca.

Las disposiciones republicanas de “integridad electoral” están en línea con las demandas infructuosas de Trump a los funcionarios estatales y a los tribunales de que anularan los resultados de las elecciones de 2020. Trump atacó repetidamente a Kemp y a la secretaria de Estado de Georgia después de que rechazaran sus reclamos de fraude electoral y se negaran a cumplir su exigencia de que anularan la victoria de Biden.

Las nuevas disposiciones de la ley de Georgia incluyen requisitos de identificación del votante para votar a distancia, un período más corto para que los votantes soliciten el voto por correo, límites en el uso de buzones electorales y la prohibición de las camionetas para recolectar votos (que se utilizaron en la zona de Atlanta, fuertemente negra y demócrata).

La ley incluso tipifica como delito ofrecer comida y agua a los votantes que esperan en la cola. Le permite a cualquier residente del estado presentar un número ilimitado de impugnaciones sobre el registro y la elegibilidad de los votantes. También les permite a los legisladores estatales tomar control de las juntas electorales locales, legalizando que bloqueen la certificación de las victorias demócratas por parte de los funcionarios locales de los condados pobres, predominantemente de minorías y de la clase trabajadora. Esto es algo que Trump intentó hacer extrajudicialmente al intervenir personalmente para anular los resultados en ciudades como Atlanta y Detroit.

Los proyectos de ley que se están presentando en otros estados, desde Arizona a Mississippi, Carolina del Sur, Florida y Texas hasta estados industriales del norte como Michigan, incluyen disposiciones similares. Algunos incluyen disposiciones aún más abiertamente inconstitucionales, como darle a la asamblea legislativa estatal el poder de anular el voto popular y elegir su propia lista de electores.

Toda la clase trabajadora debe estar unida en la lucha por derrotar el asalto al sufragio. Sin embargo, el primer prerrequisito para esa lucha es entender que la defensa del sufragio no puede depender del Partido Demócrata, el otro partido de la oligarquía corporativo-financiera estadounidense.

Trump y los republicanos representan a los sectores más depredadores y fascistizantes de la clase dominante. Se han visto lo suficientemente envalentonados como para acechar las conquistas democráticas de las luchas de millones de trabajadores de todas las razas gracias a la respuesta pusilánime y engañosa de Biden y los demócratas al intento de golpe de Estado del 6 de enero.

En lugar de exigir el enjuiciamiento criminal de Trump y sus cómplices republicanos, les han suplicado incesantemente a sus “colegas republicanos” que haya unidad y bipartidismo. Al mismo tiempo, han tratado de encubrir la escala masiva de la conspiración golpista y el papel del Partido Republicano y de los funcionarios de alto rango en el ejército, la policía y el aparato de inteligencia. Hasta ahora solo han celebrado un puñado de audiencias públicas y se han negado a citar a los funcionarios del Pentágono que retrasaron durante horas el envío de tropas de la Guardia Nacional para proteger el Capitolio de la turba fascista.

En su primera conferencia de prensa, celebrada el jueves, incluso mientras los legisladores estatales se apresuraban para aprobar el proyecto de ley de Georgia, Biden repitió su llamado a la “unidad” y se negó a respaldar las demandas de los defensores del derecho al voto y de algunos demócratas para que el Congreso, controlado por los demócratas, ponga fin al filibusterismo antidemocrático que les da a los republicanos un veto efectivo sobre cualquier legislación sobre el sufragio.

El actual asalto al derecho al voto es una escalada de una campaña de varias décadas contra la cual el Partido Demócrata no ha montado ninguna oposición seria. Demostró su falta de compromiso genuino con la defensa del derecho al voto en 2000, cuando Al Gore y todo el partido aceptaron el fallo de la Corte Suprema que detuvo el recuento de votos en Florida y entregó la victoria electoral al perdedor del voto popular, George W. Bush.

En 2013, la Corte Suprema llevó a cabo el siguiente ataque importante contra el derecho al voto en su decisión de 5 a 4 de anular la Sección 5 de la histórica Ley de Derecho al Voto de 1965, el logro más importante de las luchas masivas por los derechos civiles de las décadas de 1950 y 1960. Ese fallo invalidó el mecanismo para hacer valer la ley, eliminando el requisito de que los antiguos estados del sistema sureño de Jim Crow tuvieran que autorizar previamente cualquier cambio en los procedimientos de votación con el Gobierno federal.

La Ley del Derecho al Voto puso fin a la exclusión sistemática de los negros de las urnas, aplicada principalmente mediante atentados del Ku Klux Klan y el asesinato de activistas de los derechos civiles, tanto blancos como negros, por parte de las “fuerzas del orden”. Este reino de terror se llevó a cabo con el apoyo tácito del FBI de J. Edgar Hoover, quien declaró que la lucha por los derechos civiles era un complot comunista. Todo esto tuvo lugar bajo la égida del Partido Demócrata, que basó su control político en el sur en una aplicación brutal de la segregación.

La aprobación del proyecto de ley se arrancó de la Administración de Johnson a costa de la sangre y las vidas de cientos de mártires. Entre ellos, los tres jóvenes activistas, dos blancos y uno negro, que se unieron a la campaña del verano de 1964 para registrar a los negros en Mississippi y fueron asesinados por el Ku Klux Klan y la policía local. La aprobación de la ley fue precedida por las marchas por el derecho al voto de Selma a Montgomery de 1965, en las que varios participantes y simpatizantes fueron asesinados por la policía y por informantes del FBI.

Ni el Gobierno de Obama ni los congresistas demócratas hicieron ningún esfuerzo por aprobar una legislación que restableciera las disposiciones para hacer valer la Ley de Derecho al Voto, lo que envalentonó a los republicanos para ampliar su campaña de barreras en los estados de todo el país para bloquear a los votantes de la clase trabajadora.

No puede depositarse ninguna confianza en el partido demócrata para defender el derecho al voto. Los demócratas están motivados sobre todo por el miedo a la aparición de un movimiento de izquierda, socialista y contra la guerra de la clase trabajadora que esté fuera del sistema bipartidista. Cuando se trata de bloquear el acceso a las urnas a los partidos a su izquierda, sobre todo a los socialistas, no son menos despiadados y desprecian los derechos democráticos tanto como los republicanos.

En las elecciones de 2020, los gobernadores demócratas, los funcionarios electorales y los jueces desempeñaron el papel principal en prevenir que los candidatos presidenciales del Partido Socialista por la Igualdad (PSI) aparecieran en la papeleta electoral. Los gobernadores demócratas de Michigan y California se opusieron a las mociones legales del PSI y sus candidatos, Joseph Kishore y Norissa Santa Cruz, para suspender los requisitos de firmas, que para comenzar ya son prohibitivos y antidemocráticos –de 12.000 en Michigan y 200.000 en California—a la luz de la pandemia de coronavirus, que convirtió la recolección de firmas en una amenaza para la salud tanto de los partidarios del PSI como del público en general.

Se negaron a incluir a los candidatos del PSI en la papeleta electoral, argumentando que debían arriesgar sus vidas y violar los requisitos de confinamiento del estado, incluso cuando la tasa de infección y el número de muertes aumentaban.

El fiscal general demócrata de California argumentó que permitir que el PSI apareciera en la papeleta electoral la haría “una papeleta electoral inmanejable y sobrecargada” que crearía “confusión entre los votantes” y “la frustración del proceso democrático.” Por supuesto, ocurrió lo contrario. Los demócratas estaban, y siguen estando, decididos a impedir que los votantes de la clase trabajadora tengan la oportunidad de votar por una alternativa socialista a los políticos capitalistas.

Como lo ha explicado el WSWS, la pandemia es un acontecimiento desencadenante que ha intensificado la crisis global del capitalismo y ha acelerado el impulso de las clases dominantes hacia la guerra y la dictadura. Este es un proceso internacional. La respuesta criminal e incompetente de los Gobiernos capitalistas de todo el mundo a la pandemia, sacrificando a sabiendas a millones de vidas para proteger y ampliar las ganancias y la riqueza de los ricos y los superricos, está desacreditando a todo el sistema a los ojos de la clase obrera.

El giro hacia el fascismo y la dictadura es la respuesta universal de la clase dominante. Ninguna de las conquistas sociales y democráticas del siglo pasado puede defenderse en el marco de un sistema que alimenta niveles de desigualdad social cada vez más pasmosos.

La defensa del sufragio es imposible sin una ruptura política con el Partido Demócrata y la construcción de un movimiento socialista de las masas obreras. Millones de trabajadores de todo el mundo comprenderán que hoy no hay democracia sin socialismo y, consecuentemente, entraran en acción bajo la dirección revolucionaria del PSI y sus partidos hermanos del movimiento trotskista mundial.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 26 de marzo de 2021)