Ante la pobreza masiva y dislocación social derivadas de la crisis del COVID-19, la élite corporativa, política y mediática de EE.UU. están intensificando su campaña para recortar las ayudas a desempleados para obligar a los trabajadores a regresar a empleos de bajos salarios.

El miércoles pasado, el gobernador republicano de Montana anunció que revocaría de forma temprana la participación de su estado en el pago suplementario federal de $300 para desempleados, retirándose del programa el próximo mes. El pago adicional de $300 semanales fue incluido en el plan de estímulo de $1,9 billones promulgado por el Gobierno de Biden en marzo y que expirará a nivel nacional el 6 de septiembre, en menos de cuatro meses. Después del anuncio en Montana, Carolina del Sur y luego Arkansas indicaron que también eliminarían los pagos federales a desempleados de forma temprana.

Pero, la publicación el viernes del reporte sobre empleos marcó el inicio de una nueva etapa importante en esta campaña. Antes del reporte, las encuestas oficiales de economistas en la prensa predecían la creación de un millón de empleos nuevos, una cifra sin precedentes en la historia estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial.

El reporte descubrió que EE.UU. había visto 266.000 nuevos empleos en abril, una cifra significativa en términos históricos, pero 700.000 empleos menos de lo que mostraban las encuestas de economistas en la prensa.

Pero, a pesar de que nadie pudo explicar cómo fue que los economistas fallaron por tal margen, el reporte “decepcionante” sobre empleos se ha utilizado inmediatamente para una campaña cuidadosamente coreografiada.

Una hora después de la publicación del reporte, le grupo cabildero empresarial más grande del país, la Cámara de Comercio de EE.UU., se convirtió en la punta de lanza de esta campaña al publicar una declaración exigiendo que se eliminen las ayudas federales a desempleados. Escribe: “El decepcionante reporte de empleos deja en claro que pagarles a las personas para que no trabajen está mermando lo que debería ser un mercado laboral fuerte”.

Ahora hay más Gobiernos estatales que señalan que dejarán de distribuir la ayuda federal. Indiana y Arizona han indicado que también están estudiando la posibilidad de cortar la ayuda federal al desempleo, y otros estados, como Florida, han anunciado que planean volver a imponer restricciones al acceso a las prestaciones.

Las medidas para suprimir el suplemento federal por desempleo de 300 dólares significarán que cientos de miles, si no millones, de familias se enfrentarán a la más absoluta miseria.

El mes pasado, un nuevo estudio mostró que la tasa de pobreza en Estados Unidos aumentó hasta el 11,7 por ciento, frente al 10,3 por ciento de marzo de 2020, alcanzando el nivel más alto desde el inicio de la pandemia.

Un gran número de desempleados ya ha visto la interrupción de sus prestaciones sin explicación alguna, mientras que otros simplemente han renunciado a presentar solicitudes, hartos de los sistemas de desempleo estatales, bizantinos, anticuados y a menudo sobrecargados. En muchos estados, los que llevan un año recibiendo la ayuda se someten a una revisión automática por parte de las agencias estatales, según la CNBC, que a menudo retrasa, reduce o corta por completo sus pagos.

Durante la pandemia, millones de personas se han quedado en casa y fuera de la fuerza de trabajo para cuidar a un niño o a un pariente anciano, o en un esfuerzo por proteger de la infección a un miembro de la familia con una salud vulnerable. Para muchas de estas familias y otras que simplemente no pueden encontrar trabajo, la ayuda federal complementaria a desempleados —que se permitió deliberadamente que caducara a finales del verano pasado mientras la Administración de Trump y ambos partidos en el Congreso negociaban la reducción del pago anterior de $600— les ha permitido sobrevivir a duras penas.

El objetivo de la campaña de los medios de comunicación corporativos para recortar la ayuda al desempleo es promover de alguna manera una política deliberada y brutal que llevará a la pobreza y la miseria a un gran número de personas, presentándolo como una necesidad inevitable, imprescindible para defender la “recuperación económica”.

Pero el viernes, el consejo editorial del Wall Street Journal, la voz de los elementos más despiadados de la aristocracia financiera, reveló sin tapujos los verdaderos objetivos subyacentes de la campaña para recortar las prestaciones por desempleo.

Refiriéndose a los recientes aumentos salariales en algunas industrias, el periódico concluyó: “El riesgo es que estos aumentos salariales se incrusten en las expectativas y conduzcan a una inflación más general. La lección política consiste en aliviar las restricciones gubernamentales sobre la oferta. Eso significa derogar el bono federal para no trabajar”.

Como de costumbre, el Wall Street Journal dice burda y abiertamente lo que otros sectores de la élite política solo se dicen en voz baja y para sí mismos: Bajo ninguna circunstancia se puede permitir que los salarios suban, porque si los salarios de los trabajadores suben, ¡la riqueza de los ricos crecerá más lentamente!

Esta supresión de los salarios ha sido el principio rector central de todas las Administraciones, tanto demócratas como republicanas, desde Jimmy Carter, quien inició una recesión artificial en nombre de la lucha contra la “inflación”, una política que continuó Reagan. Los salarios han seguido estancados desde la Administración de Clinton, que atacó la red de seguridad social bajo el lema de “acabar con el bienestar tal y como lo conocemos”, pasando por los años de Bush, hasta imposición bajo Obama de un recorte salarial del 50 por ciento para los nuevos trabajadores de la industria automotriz en 2009, hasta la Administración de Trump.

Ahora, en medio de la mayor crisis de salud pública de la historia de Estados Unidos, la clase dominante se dirige a los trabajadores y les dice: ¡Pueden trabajar por salarios de pobreza, o pueden morir de hambre!

La premisa no declarada en el argumento del Wall Street Journal y otros es que simplemente no hay suficiente dinero para aumentar sustancialmente los salarios o pagarles a todos los que no pueden trabajar. Esto es una mentira.

Los índices bursátiles siguen alcanzando niveles récord. De hecho, tanto el Dow Jones como el S&P 500 alcanzaron máximos históricos o casi históricos el viernes tras la publicación del informe de empleo de abril.

La interminable subida de los mercados bursátiles, alimentada por las políticas de dinero barato de la Reserva Federal, ha inflado las fortunas de los oligarcas corporativos a niveles sin precedentes, con la creación de toda una nueva capa de “centimilmillonarios”, aquellos con una riqueza superior a los 100.000 millones de dólares.

Entre marzo de 2020 y abril de 2021, la riqueza de los milmillonarios estadounidenses —aproximadamente 700 individuos— se disparó más de $1,62 billones, alcanzando un total de más de 4,56 billones, según el Instituto de Estudios Políticos. Esto es aproximadamente cuatro veces la riqueza que posee la mitad inferior de la población estadounidense, 165 millones de personas.

El crecimiento continuo de la bolsa de valores y de la riqueza de la clase dominante depende, en última instancia, de la supresión de los salarios y de la intensificación de la explotación de la clase trabajadora. Cualquier aumento sustancial de los salarios de los trabajadores, sobre todo de los que menos ganan, amenaza con poner en jaque estas operaciones y liberar las demandas reprimidas de los trabajadores de revertir la caída en sus ingresos de las últimas décadas. Esto, desde el punto de vista de la clase dominante, debe evitarse por todos los medios posibles, incluyendo el corte de la ayuda a desempleados.

Por eso Biden, quien acaba de solicitar el mayor proyecto de ley de gasto militar de la historia y pide al capitalismo estadounidense que destine billones de dólares para “competir” con China, abandonó poco después de su inauguración su promesa electoral de aumentar el salario mínimo por encima de su nivel absurdamente bajo de $7,25 por hora.

El argumento de que la sociedad carece de riqueza para pagarles a los trabajadores un salario digno y prestaciones por desempleo es absurdo. No solo hay que mantener y ampliar las prestaciones por desempleo, sino que hay que aumentar inmediatamente el salario mínimo hasta al menos 25 dólares por hora.

Los trabajadores ya están iniciando huelgas y otros esfuerzos en busca de salarios más altos y mejores condiciones de trabajo, desde los trabajadores de Volvo Truck en Virginia, hasta los mineros del carbón en Alabama y los trabajadores acereros en Pensilvania y otros estados. Estas luchas deben ampliarse y quitarse de las manos de los sindicatos, que han facilitado los ataques de la clase dominante a los puestos de trabajo y a los salarios durante los últimos 40 años, bloqueando las huelgas y forzando la aprobación de contratos entreguistas.

Cada vez está más claro que la propiedad privada de las gigantescas fortunas de los oligarcas corporativos y financieros es uno de los mayores obstáculos para satisfacer cualquiera de las necesidades básicas de la población trabajadora, ya sea la ayuda a los desempleados y a los pobres, condiciones y salarios dignos de trabajo, o las medidas de salud pública necesarias para controlar la pandemia.

Por lo tanto, hay que desposeer a los oligarcas de esta riqueza, para que pueda ser reorientada a la satisfacción de las necesidades sociales urgentes. Para que estas políticas se lleven a cabo, hay que construir una dirección revolucionaria en la clase obrera, que se base ella misma en un programa socialista para acabar con la explotación capitalista de una vez por todas.

(Publicado originalmente en inglés el 9 de mayo de 2021)