El Grupo Socialista por la Igualdad en Nueva Zelanda pide apoyo internacional para la demanda del Comité de Familias de Pike River de una investigación exhaustiva sobre el desastre y el enjuiciamiento de los líderes de la empresa que convirtieron la mina en una trampa de muerte. ¡Llamamos a todos los trabajadores del mundo a que envíen declaraciones de apoyo para las familias y su lucha!
La batalla por establecer la verdad sobre las muertes de 29 trabajadores por una explosión en la mina de carbón Pike River hace 10 años requiere el apoyo urgente de los trabajadores en todo el mundo.
Las familias de 23 de los 29 hombres fallecidos en la mina de carbón del 2010 están exigiendo que el Gobierno del Partido Laborista y el Partido Verde, encabezado por la primera ministra Jacinda Ardern, retracte su reciente decisión de poner fin a la investigación forense de la mina y sellarla permanentemente, enterrando los cuerpos de los hombres y la evidencia crucial de la causa del desastre. El Gobierno está buscando proteger las empresas, las agencias estatales reguladoras, los políticos y los líderes sindicales que comparten la culpa de uno de los desastres industriales más mortales en la historia neozelandesa.
El 19 de noviembre de 2019, la mina en la costa occidental de South Island, tras menos de un año de producción, se vio sacudida por una explosión de gas metano. Después de una segunda explosión cinco días después, la policía y el Gobierno del Partido Nacional anunciaron que los 29 hombres que estaban trabajando en lo profundo de la mina habían fallecido. Las víctimas incluyen a 24 neozelandeses, dos escoceses, dos australianos y un sudafricano. El más joven era Joseph Dunbar de 17 años, quien falleció en su primer día bajo la tierra.
Esta devastadora tragedia no fue un accidente al azar, sino un crimen. Fue el resultado de decisiones conscientes de la gerencia de Pike River Coal (PRC), que antepuso las ganancias y la producción a la seguridad de los trabajadores. Después de enviar un cargamento inicial a India en febrero de 2010, tras numerosos atrasos y sobrecostos, la empresa aceleró significativamente la extracción de carbón en octubre, a través de una operación de 24 horas con dos turnos. PRC estaba decidida a evitar cualquier retraso costoso necesario para que la mina fuera estándar.
Una comisión investigativa real concluyó en 2012 que la mina era una trampa mortal. Una ventilación y un monitoreo de gases completamente inadecuados significaron que el entorno bajo tierra se encontraba dentro de los parámetros explosivos en docenas de ocasiones durante los días previos a la primera explosión. Infringiendo las normas obligatorias, la mina no contaba con una segunda salida. Su principal ventilador estaba instalado bajo tierra, algo que nunca se hace en las minas de carbón, parcialmente por el riesgo de que se convierta en una fuente de ignición para el metano y el carbón pulverizado.
Sin embargo, hasta el día de hoy, nadie ha tenido que rendir cuentas. Toda la élite política, junto a los reguladores gubernamentales, la burocracia sindical, la policía y el sistema judicial, han trabajado juntos a lo largo de la última década para proteger a los ejecutivos, directores y administradores de PRC.
El director ejecutivo Peter Whittall fue acusado inicialmente de infracciones de salud y seguridad, pero el Departamento de Trabajo las retiró en 2013, a cambio de un pago único a las 29 familias. El propio departamento regulador fue cómplice de la catástrofe: conocía las peligrosas condiciones de Pike River pero no ordenó el cierre de la mina. Su acuerdo de trastienda con Whittall fue posteriormente declarado ilegal por el Tribunal Supremo, pero los cargos no se restablecieron. Mientras la catástrofe devastó comunidades enteras, Whittall y otros miembros de la cúpula directiva de PRC pudieron ocupar cómodos puestos en otras empresas por todo el mundo.
Como explicó el Grupo Socialista por la Igualdad (Nueva Zelanda; SEG por sus siglas en inglés) en un reciente seminario web, las muertes de Pike River y el actual encubrimiento contienen lecciones políticas vitales para la clase obrera internacional. El desastre refleja las experiencias de los trabajadores en un país tras otro, que están siendo obligados a trabajar en condiciones que amenazan las vidas durante la pandemia de COVID-19. La burocracia sindical está aplicando políticas descritas por el British Medical Journal como “asesinato social”, al tiempo que victimiza a quienes, como el conductor de autobús londinense David O'Sullivan, tratan de movilizar a los trabajadores en oposición a dichas políticas.
El SEG argumentó que, al igual que la pandemia, Pike River demuestra la necesidad de que los trabajadores construyan nuevas organizaciones para tomar el control de su propia salud y seguridad fuera de las manos de los sindicatos, así como de las corporaciones y los Gobiernos que representan. Deben crearse comités de base dirigidos democráticamente por los propios trabajadores y políticamente independientes de los sindicatos. El SEG también planteó la necesidad de un auténtico partido político socialista, que luche por liberar a la clase obrera del dominio de todos los grandes partidos empresariales, incluidos los laboristas, y por unir a los trabajadores de todos los países contra el capitalismo.
El sindicato Engineering, Printing and Manufacturing Union (EPMU), que contaba con 71 miembros en la mina de Pike River, actuó como coadyuvante de la empresa, suprimiendo la oposición a sus prácticas mortales. Nunca criticó públicamente a la gerencia ni organizó acciones industriales, ni siquiera después de que un grupo de miembros del sindicato abandonara el trabajo para protestar por la falta de equipos de emergencia bajo tierra. El entonces líder del sindicato, Andrew Little, defendió el historial de seguridad de PRC tras la primera explosión, diciendo a los medios de comunicación que no había “nada inusual” en la mina.
No es casualidad que Little sea ahora el ministro encargado de la “recuperación de Pike River”. Tiene la misión de cerrar la investigación justo en el momento en que podría descubrir pruebas críticas que podrían utilizarse para presentar cargos penales. Busca proteger a la empresa, al Gobierno y a la burocracia sindical, que él dirigió y que contribuyó al desastre.
En las elecciones de 2017, los laboristas, liderados por Ardern y Little, sus aliados del Partido Verde y el partido derechista NZ First, trataron de engañar a las familias de Pike River con falsas promesas de que investigarían a fondo la mina y recuperarían los cuerpos de la misma. Ahora estas promesas se están dejando de lado.
Little ha hecho declaraciones no fundamentadas de que es demasiado difícil, caro y peligroso que los investigadores vayan más allá de la caída del techo en los trabajos en la mina, donde encontrarían la unidad de ventilación que se cree que provocó la primera explosión. Las afirmaciones del ministro han sido ampliamente desmentidas por expertos internacionales en minería que apoyan la lucha de las familias por la justicia.
Los obstáculos que impiden una investigación completa y exhaustiva, y que los responsables de la catástrofe sean juzgados penalmente, no son técnicos ni financieros, sino políticos.
La respuesta de los sucesivos Gobiernos neozelandeses a lo ocurrido en Pike River es de carácter de clase, al igual que en otros casos como la respuesta oficial a la catástrofe de la torre Grenfell de 2017 en Londres, y al derrumbe del edificio CTV de 2011 en Christchurch. Pike River se parece mucho a otras catástrofes mineras, como las explosiones de 1986 y 1994 en las minas de BHP en Moura (Australia), en las que murieron 23 mineros en total, y la catástrofe de 2010 en Upper Big Branch (Virginia Occidental), donde fallecieron 29 trabajadores. En prácticamente todos los casos, los responsables han sido protegidos de cualquier consecuencia grave.
En un reciente arrebato, tratando de justificar el abandono de la investigación sobre Pike River, Little dijo a un periodista que el Gobierno tenía que “sopesar varias prioridades” y “mi prioridad ahora son los vivos”. La verdad es que los laboristas y los sindicatos no priorizaron la vida de los mineros ni otros trabajadores en 2010, ni lo están haciendo ahora. Su verdadera prioridad son los intereses de la élite empresarial. Defienden un sistema económico —el capitalismo— que produjo Pike River y otros innumerables desastres y es responsable, a escala mundial, de unos 7 millones de muertes por coronavirus.
El Gobierno de la primera ministra Jacinda Ardern es promovido fraudulentamente por los medios de comunicación y los grupos pseudoizquierdistas como una alternativa compasiva y reformista. En realidad, el Gobierno laborista de Nueva Zelanda ha respondido a la pandemia y a la crisis económica resultante, como los Gobiernos de todo el mundo, entregando decenas de miles de millones de dólares a las grandes empresas y a los bancos. Está supervisando decenas de miles de recortes de puestos de trabajo e imponiendo una congelación salarial de tres años para profesores, enfermeros y otros trabajadores del sector público para pagar el rescate de los ricos.
El SEG, que durante más de 10 años ha denunciado los encubrimientos de Pike River en el World Socialist Web Site y en reuniones públicas, es la única tendencia política que apoya la lucha de las familias al insistir en una investigación adecuada de la mina Pike River.
La decidida lucha de las familias por la verdad les ha hecho entrar en conflicto con toda la élite política, así como con la burocracia sindical. Los medios de comunicación y los partidarios pseudoizquierdistas y de la clase media-alta del Gobierno de Ardern tratan de enterrar la cuestión.
Sin embargo, para la clase trabajadora internacional, esta lucha tiene un significado ardiente, de vida o muerte, que no puede ser ignorado. No se debe permitir que las grandes empresas sigan matando y mutilando impunemente. La vida humana es más importante que el lucro empresarial.
No hay tiempo que perder. Según informes recientes de los medios de comunicación, el Gobierno está listo para comenzar los preparativos para sellar y abandonar el sitio de la mina tan pronto como la próxima semana. Cualquier pretensión de que habrá juicios será desechada poco después.
El Comité de Familias de Pike River pide el apoyo de los trabajadores a nivel internacional, incluidos los mineros, para oponerse a este encubrimiento deliberado y para investigar a fondo la causa del desastre y procesar a los responsables. El World Socialist Web Site insta a los lectores a que envíen declaraciones de apoyo utilizando el siguiente formulario .
(Publicado originalmente en inglés el 21 de mayo de 2021)