Con la pandemia de COVID-19 en Perú fuera de control y el sistema de salud del país en estado de colapso, el gobierno ha enviado escuadrones de policía para desalojar a miles de personas sin hogar y desempleadas de las tierras que habían ocupado en la capital de Lima y sus alrededores.

Perú ha registrado el mayor número de muertes por millón de habitantes que cualquier otro país de América Latina, al tiempo que ha sufrido el mayor declive económico del continente como consecuencia de la pandemia. Como resultado, miles de familias de la clase trabajadora y de los pobres, que se han quedado sin trabajo y sin techo, han tomado tierras y han levantado casas improvisadas en las afueras de Lima y otras ciudades peruanas.

En marzo y abril de este año, entre 4.000 y 10.000 familias instalaron casas chabolas en los cerros Lomo de Corvina y El Morro Solar, mientras que otras 100 familias se instalaron en la pequeña y contaminada playa de La Chira, todas ellas situadas al sur de Lima. Construyeron casas precarias con materiales como piedras, plástico y palos, además de mantas, tiendas de campaña y cartones.

Las familias sin techo también se instalaron en terrenos de Jicamarca, al este de la capital. Asimismo, 300 personas se instalaron en el asentamiento Hijo de la Caledonia II, donde se han construido casas con materiales prefabricados y techos de chapa ondulada. "Hemos hablado con las autoridades. No somos invasores y llevamos más de dos meses allí. Lo único que pedimos es que el Estado nos dé su apoyo", comentó una mujer al diario La Rep ú blica .

Las ocupaciones de tierras amenazan con extenderse al cerro San Cristóbal, un icono de Lima donde una gran estatua iluminada de Cristo en la cruz se eleva sobre la ciudad. El cerro se encuentra en el distrito del Rímac, originalmente construido por la nobleza española en la época colonial y hoy convertido en un barrio obrero superpoblado y empobrecido.

Los medios de comunicación corporativos denunciaron inmediatamente las invasiones como ilegales y exigieron a la Policía Nacional del Perú (PNP) que desalojara a los pobladores. Invocaron una ley aprobada en 2015 por el notoriamente corrupto Congreso de Perú, que castiga las invasiones de tierras con penas de prisión.

Con el objetivo de ganar tiempo mientras se preparaba un asalto, inicialmente las autoridades de los distritos afectados dijeron que la PNP actuaría con cautela, respetando los derechos de los ciudadanos. Nada más lejos de la realidad.

En numerosos desalojos, la policía recurrió a la fuerza, disparando gases lacrimógenos a las familias, incluidos niños y ancianos, que se resistieron a las órdenes de desalojo. Para defenderse, las familias lanzaron piedras a los policías que les atacaban. Se produjeron varias detenciones. La operación fue llevada a cabo por más de 2.300 policías.

"Necesitamos un techo sobre nuestras cabezas. Estamos... durmiendo (en el Morro Solar). No nos van a sacar porque estamos necesitados. Aunque no tengamos agua corriente ni electricidad, encontraremos una salida. Toda invasión empieza así, de cero", dijo a La Rep ú blica un hombre que había llegado con su mujer y sus hijos.

Los desalojados del cerro Lomo de Corvina acampan ahora en las calles de Villa El Salvador, un distrito obrero del cono sur de Lima. "Estaremos allí todos los días hasta que nos den un pedacito de tierra. No tenemos dónde vivir. No tenemos dinero; no hemos comido desde ayer. Tengo a mi hija de 13 años y no está estudiando", dijo una mujer que fue desalojada.

Otra mujer dijo que fue desalojada por su casero en el distrito de Ventanilla, situado al norte de Lima a unos 10 kilómetros de Lomo de Corvina, porque no podía pagar el alquiler mensual. Una tercera mujer declaró que todos sus parientes habían perdido su trabajo.

Las miserables condiciones de vida han llevado a la ocupación de terrenos reservados para proyectos inmobiliarios en otras ciudades.

En Iquitos, a orillas del río Amazonas, la policía desalojó a 2.000 personas que ocuparon terrenos dedicados a cultivos especiales.

Asimismo, el gobierno del departamento de La Libertad, en el norte de Perú, denunció el desalojo de "varias construcciones rústicas y otros actos de invasión, cometidos por quienes pretendían apoderarse de terrenos en el Área del Proyecto Mar de Huanchaco".

Mostrando desprecio por la vida de las familias que no tienen dónde vivir, la titular de la Secretaría de Gestión y Diálogo Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Gisselle Huamaní, dijo de los desalojados por la policía: "Deberían ser ellos los que abandonen el lugar y regresen a sus viviendas originales."

Al parecer, no se le ocurrió que estas personas no tienen casas a las que puedan regresar precisamente porque han perdido sus empleos y no tienen casa. Este es el resultado del criminal mal manejo de la pandemia del COVID-19 por parte de un gobierno corrupto al servicio de la oligarquía peruana y de los bancos y mineras transnacionales.

Invocando la Constitución promulgada en 1993 bajo el régimen autoritario del presidente Alberto Fujimori, que favoreció las inversiones extranjeras y nacionales a costa de los derechos de los trabajadores, el gobierno declaró: "Hoy en día en Perú no hay base legal para expropiar tierras. Es un atentado contra la propiedad privada en el Perú y no cumple con la Constitución, que está por encima de cualquier ley. Es un proyecto abiertamente ilegal".

"Sólo beneficia a los traficantes de tierras y hace que las familias vivan en condiciones precarias y sin servicios básicos durante varios años", declaró la ministra de Vivienda, Solange Fernández, como si los ocupantes de los terrenos tuvieran acceso a mejores condiciones en otro lugar.

La afirmación de Fernández fue rápidamente refutada por los ocupantes de los terrenos. "Aquí no hay traficantes de tierras, sólo queremos vivir porque antes estábamos en un cuarto alquilado que nos cobraba 300 soles (US$ 80) y, por la pandemia, ya no tenemos trabajo, nos echaron. He sido inquilino, hemos estado en la calle, pero ahora ocupamos este lugar tranquilamente", dijo uno de los ocupantes a Am é rica Noticias .

Para hacer frente a la falta de terrenos baratos y de viviendas asequibles, desde hace muchos años las familias de clase trabajadora se trasladan a las afueras de Lima, en busca de un espacio en el que puedan permitirse construir un hogar para sus hijos. Viajando al sur de Lima, uno ve un asentamiento tras otro. En muchos casos, estos residentes se ven obligados a desplazarse 60 kilómetros hasta la capital en busca de trabajo.

Las precarias casas se construyen en cerros estériles porque casi todo el litoral, hasta 120 kilómetros de Lima, ha sido tomado por la burguesía, construyendo casas privadas en la playa -algunas valoradas en más de 500.000 dólares- y negando el acceso a las playas a los no propietarios.

Las invasiones son una expresión más de la incapacidad del capitalismo peruano para satisfacer las necesidades básicas de la clase trabajadora y los pobres. Los ocho años de desaceleración de la economía del país se han visto agravados por la crisis del COVID-19. El Estado peruano se está derrumbando bajo el peso de décadas de corrupción en las que están implicados todos los expresidentes vivos.

La situación sanitaria está fuera de control. Según el Ministerio de Salud (MINSA), hasta el 22 de mayo, el número de muertes registradas por COVID-19 había alcanzado las 68.358, y el número de contagios 1.926.923. "Exceso de muertes", un concepto desarrollado por un modelo económico que incluye 121 variables socioeconómicas, indica que el verdadero número de muertes por COVID-19 en Perú es al menos tres veces mayor que el reportado por el MINSA.

La incompetencia del gobierno ha provocado graves retrasos en la vacunación de la población. Aparte del "personal esencial", sólo está previsto vacunar a los mayores de 60 años. Tener dinero importa. El virus mortal ataca más a los trabajadores que a los ricos, muchos de los cuales han volado a Estados Unidos para vacunarse.

El Banco Central de Reserva (BCR) de Perú indicó que el PIB se contrajo un 30,2 por ciento en el segundo trimestre de 2020. Aproximadamente nueve millones de trabajadores han perdido su empleo desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado, mientras que se estima que 3.330.000 han caído en la pobreza, lo que eleva la proporción de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza a más del 30 por ciento.

La precaria situación económica llevó al presidente del BCR, Julio Velarde, a admitir que "es la mayor caída de los últimos cien años, realmente dramática".

Como fiel servidor de la burguesía nacional, Velarde dio una proyección optimista destinada a evitar el pánico entre los inversionistas extranjeros y nacionales. Afirmó que el BCR proyectaba un aumento del 11,25 por ciento del PIB para el 2021. Esta cifra sólo podrá cumplirse si el gobierno realiza esfuerzos criminales para reabrir la economía a costa de que muera más gente. Abril de 2021 fue el peor mes de la pandemia, con 8.255 muertos, superando el récord anterior de junio de 2020, con 8.165 muertos.

La moneda nacional, el nuevo sol, ha alcanzado mínimos históricos frente al dólar estadounidense. En los últimos 12 meses, ha caído un 11,46%. Y desde que comenzó la desaceleración económica peruana hace ocho años, ha perdido un tercio de su valor. Como consecuencia, los precios están subiendo, sobre todo los de los alimentos básicos.

El enfrentamiento por las ocupaciones de tierras es una expresión más de la desesperación y la rabia de millones de familias obreras que desde hace 14 meses viven bajo toques de queda nocturnos y encierros totales los domingos.

Desde finales de 2020, cientos de miles de jóvenes, estudiantes universitarios y de secundaria, ocuparon las calles para protestar contra un golpe de estado antidemocrático en el Congreso. A continuación, los trabajadores agrícolas bloquearon las principales carreteras de acceso a Lima durante más de un mes en una lucha por los salarios. Los conductores de la capital han realizado varias huelgas. Los mineros se han declarado en huelga por la propagación de infecciones de COVID-19 y las muertes en los campamentos mineros, y los trabajadores municipales se han declarado en huelga por los salarios impagados.

El 6 de junio se celebrará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, sin que ninguno de los dos candidatos ofrezca una alternativa a la clase obrera peruana.

El demagogo populista pequeñoburgués y líder sindical de los maestros rurales, Pedro Castillo, del partido Perú Libre, ha intentado, desde su victoria en la primera vuelta, tranquilizar a la burguesía peruana y a las empresas mineras transnacionales, asegurándoles que no tiene intención de aplicar las promesas de nacionalizaciones de su partido durante la campaña. En su lugar, se ha limitado a proponer una aplicación más rigurosa de las leyes fiscales, al tiempo que se desvincula de los "extremistas" y se declara "demócrata" y "católico".

Castillo se enfrenta a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. La hija corrupta y fascistizante del expresidente dictatorial Alberto Fujimori, que ahora cumple una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad, está llevando a cabo una campaña rabiosamente anticomunista.

Según el último sondeo del Instituto de Estudios Peruanos, Castillo va en cabeza con un 34% frente a Fujimori con un 30%. Un tercio de los encuestados indicó que votaría en blanco o nulo en señal de protesta. Esta cifra es notablemente alta teniendo en cuenta que faltan menos de dos semanas para las elecciones. Pero sigue subestimando la ira popular contra una sociedad capitalista que ha sumido en la pobreza a millones de familias de la clase trabajadora y a pequeños empresarios, mientras hace muy rica a una pequeña minoría de la población.

Dada la creciente inestabilidad política y la ira popular, Perú está preparado para el tipo de levantamiento de masas que ha estallado en el país vecino de Colombia.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 25 de mayo de 2021)