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Perspectiva

Más de 1.200 doctores y científicos condenan la política británica de COVID-19 como “peligrosa y antiética”

Más de 1.200 científicos y doctores han firmado una carta abierta del 7 de julio a la revista médica The Lancet que se opone a los planes de contagios masivos del Gobierno británico como “un experimento peligroso y antiético”.

Apenas unos 120 expertos habían firmado la carta cundo se publicó por primera vez. Una semana después, la cifra se ha multiplicado por diez.

Primer ministro británico Boris Johnson preside una rueda de prensa sobre el COVID-19 junto a su principal asesor científico, sir Patrick Vallence, y su director médico, el profesor Chris Whitty, el 12 de julio de 2021. En las declaraciones, Johnson dio luz verde, con el respaldo de Whitty y Vallance, a poner fin a todas las restricciones anti-COVID el 19 de julio de 2021 (crédito: Andrew Parsons/No 10 Downing Street/Flickr)

El lunes, once de estos signatarios publicaron una declaración de emergencia que refuerza sus críticas de la política británica ante el coronavirus.

La declaración identifica correctamente la estrategia del Gobierno conservador como la búsqueda de “inmunidad colectiva por medio de contagios masivos”, lo que “someterá al 48 por ciento de la población (niños incluidos) que no han sido completamente vacunados, incluyendo a personas con vulnerabilidades clínicas y con el sistema inmunológico deprimido, a un riesgo inaceptable”.

Condena al primer ministro Boris Johnson y su Gobierno por “exponer imprudentemente a millones los impactos graves y de largo plazo de contagios masivos” y los acusa de “incumplir el deber fundamental del Gobierno de proteger la salud pública”. Los autores citan al director del Programa de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, quien comentó: “la lógica de que es mejor cuando se contagian más personas, considero que es una lógica que ya demostró su vacío moral y su estupidez epidemiológica”.

En una conferencia de prensa de urgencia organizada el día en que se hizo pública la declaración, la Dra. Helen Salisbury, profesora de la Universidad de Oxford y columnista de la revista BMJ (antes, British Medical Journal ) calificó de “criminal” la búsqueda por parte del Gobierno de la inmunidad colectiva por medio del contagio, en lugar de la vacunación.

El Dr. Richard Horton, redactor jefe de The Lancet, condenó al director médico del Gobierno, el profesor Chris Whitty, y al asesor científico principal, sir Patrick Vallance. Horton declaró: “La falsa deferencia que se vio de ambos hacia el primer ministro [en la conferencia de prensa del lunes en Downing Street] al tratar de respaldar su toma de decisiones, me pareció una renuncia a su papel independiente como asesores del Gobierno”.

Refiriéndose a la afirmación de Whitty de que había “un acuerdo generalizado en toda la comunidad científica” en cuanto a la posición del Gobierno, Horton comentó: “Me temo que hay que concluir que el director médico está tergiversando deliberadamente la opinión científica en todo el país, y esa es una observación extraordinaria”.

La respuesta masiva a la carta original enviada a The Lancet proporcionó una refutación condenatoria de las afirmaciones de Whitty de que existe un consenso. Su evaluación de la política del Gobierno de Johnson es devastadora. Advirtiendo de los “peligros de confiar en la inmunidad a través de la infección natural”, enumera los riesgos: “crear una generación que quede con problemas de salud crónicos y discapacidad”, crear “una reserva de contagio, que probablemente acelerará la propagación cuando las escuelas y universidades vuelvan a abrir en otoño”, proporcionar “un terreno fértil para la aparición de variantes resistentes a las vacunas” y “poner más presión” al sistema de salud “en un momento en que millones de personas están esperando procedimientos médicos y atención de rutina”.

La carta añadía que las políticas “seguirán afectando de forma desproporcionada a los más vulnerables y marginados, profundizando las desigualdades”.

El hecho de que estas advertencias cuenten ahora con el respaldo de los que más saben da fe de la magnitud del crimen que está encabezando la clase dirigente británica, seguida por sus homólogos internacionales.

Desde que señaló su intención de poner fin a todas las restricciones de salud pública el 19 de julio, el Gobierno ha anunciado planes para poner fin a las cuarentenas tras los viajes y a las burbujas en las escuelas y eliminar las órdenes de uso de mascarillas. El secretario de Salud, Sajid Javid, ha admitido que las listas de espera del Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) podrían aumentar hasta los 13 millones.

La semifinal y la final de la Eurocopa de fútbol se convirtieron en eventos masivos de súper propagación mientras el Gobierno utilizaba todos los trucos sucios posibles para proclamar la “vuelta a la normalidad”.

Las infecciones han seguido aumentando, en camino a alcanzar 100.000 casos diarios, como admitió el secretario de Salud, y muchos más. Las hospitalizaciones y las muertes también están aumentando notablemente, ambas en un 50 por ciento en la última semana. El jueves pasado, unos 74.000 estudiantes no asistieron a la escuela por un caso confirmado o sospechoso de COVID-19.

La situación en los Países Bajos apunta a una explosión aún mayor de infecciones por venir. Tras el levantamiento de las restricciones en cafés, restaurantes, clubes y discotecas en junio, los casos de coronavirus han aumentado un 500 por ciento en la última semana.

El fortalecimiento de la oposición entre los científicos refleja una oposición más amplia y creciente a estas políticas criminales en la población. Múltiples encuestas muestran que grandes mayorías favorecen mantener el distanciamiento social y el uso obligatorio de mascarillas en locales cerrados. Un sondeo de Opinium realizado por el Observer reveló que el 50 por ciento quería que se retrasara la fecha de reapertura del 19 de julio.

Pero ni este sentimiento popular ni las advertencias informadas de los expertos científicos encuentran ninguna articulación política dentro de los límites de la política capitalista. Más bien, las declaraciones de principios que se oponen a las políticas de asesinato social se han hecho frente a una decidida campaña de censura y a la caza de brujas mccarthista de los científicos.

Se requiere un nivel de atención forense para hallar en los medios de comunicación nacionales cualquier evidencia de las recientes críticas hechas al Gobierno y a sus asesores por Horton y compañía o del aumento masivo de apoyo a la carta de The Lancet. Los informes están en su mayor parte enterrados en las páginas interiores y se mantienen bien alejados de las historias principales en línea. El más culpable es el nominalmente liberal Guardian, que sólo hace una breve referencia a la última declaración y no menciona en absoluto el número de nuevos firmantes de la carta original en su artículo de la página ocho de la edición impresa del miércoles.

Los editores están reforzando el frente común de la clase dirigente a favor de la reapertura. La declaración de emergencia de los científicos argumenta que “el Gobierno está aplicando políticas que satisfacen a una minoría política de sus propios partidarios y grupos de presión”. Pero la verdad es que acabar con las restricciones es la política mayoritaria de las grandes empresas, que también están representadas por el Partido Laborista y sus socios sindicales corporativistas, si bien con un mayor grado de nerviosismo por las consecuencias socialmente explosivas.

La misma conspiración de silencio acompañó a dos editoriales del BMJ a principios de este año en los que se acusaba al Gobierno de “asesinato social” y de crear “una vorágine de daños evitables”. Al aislar a los científicos de principios, la élite gobernante busca despejar el campo para las fuerzas reaccionarias más violentas. En la prensa de derechas y en las bancadas de los conservadores, la oposición popular a la política pandémica del Gobierno es tachada de “holgazanería” o “cobardía”, y la crítica científica es vilipendiada como una conspiración de aspirantes a dictadores “comunistas” que odian la libertad. Se ha dado un trato similar a los científicos que se oponen a la mentira política ─diseñada para facilitar la política de asesinato social y fomentar el militarismo convirtiendo a China en chivo expiatorio─ de que el COVID-19 se originó en un laboratorio de Wuhan.

El programa brutal y anticientífico de Johnson y sus perros de presa de los medios de comunicación dicta los acontecimientos a pesar de la oposición de los expertos y de la población debido a que cuenta con el apoyo de la riqueza y el poder de la clase dominante. Un programa científico, racional y humano para combatir el COVID-19 requiere su propia fuerza social aliada.

El éxito de la lucha contra la pandemia depende de la movilización política de la clase obrera internacional, independientemente de los partidos socialdemócratas, la pseudoizquierda y los sindicatos, en la lucha por el socialismo.

El Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI) está trabajando para establecer una red mundial de comités de seguridad de base que, en estrecha colaboración con los profesionales científicos y médicos, deben cerrar los lugares de trabajo no esenciales e inseguros y garantizar las más estrictas medidas de seguridad en la producción y distribución necesarias. Estos comités liderarán la lucha por el pago del salario completo de los trabajadores que deban quedarse en casa, sistemas de prueba y rastreo totalmente financiados y eficaces, ventilación y otras medidas esenciales de seguridad en el lugar de trabajo, y un despliegue rápido y equitativo de las vacunas, todo ello pagado por la obscena riqueza de la oligarquía multimillonaria.

Los trabajadores y los científicos y profesionales de la medicina con más principios deben estar unidos detrás de esta perspectiva.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 14 de julio de 2021)

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