Ha aparecido más información sobre las condiciones brutales e inseguras en la fábrica de jugos Shezan, donde un incendio en la noche del 8 de julio mató al menos a 52 trabajadores jóvenes en el área de Bhulta de Narayanganj, en las afueras de Daca.

Cuarenta y nueve trabajadores murieron luego de quedar atrapados en el tercer piso del edificio de seis pisos tras quedarse atrapados. Otros tres murieron después de saltar del edificio en llamas. La fábrica de jugos es una subsidiaria de Sajeeb Group y es propiedad de Hashem Foods Ltd.

Entre los muertos había 16 o más menores de 18 años, algunos tan jóvenes como de 11, lo que indica que la empresa estaba explotando el trabajo infantil, en abierta violación de las limitadas leyes laborales de Bangladés.

Entrevistado por la agencia de noticias AFP, el jefe de policía del distrito de Narayanganj, Jayedul Alam, describió la tragedia como un “asesinato deliberado”. Detalla numerosas infracciones de seguridad básica, incluido el hecho de que la entrada de la fábrica estaba cerrada con candado.

En medio de críticas generalizadas, a nivel mundial y local, las autoridades de Bangladés arrestaron a ocho personas por cargos de asesinato el sábado por la mañana. Entre ellos se encuentran el presidente y director general de Sajeeb Group, Md Abul Hashem, sus cuatro hijos y otros tres altos funcionarios de la fábrica. La comisaría de Rupganj ha presentado una demanda contra los individuos y varias personas desconocidas.

La primera ministra del país y miembro de la Liga Awami, Sheikh Hasina, declaró superficialmente su “profunda conmoción y dolor” y ofreció sus condolencias, declarando que “rezo por la paz eterna de las almas difuntas” y expresó su “profunda simpatía a las familias en duelo”.

Los medios de comunicación del país han pedido al Gobierno que emprenda acciones legales inmediatas contra los responsables de la tragedia. Un editorial de New Age declaró: “La gerencia negligente de la fábrica debe ser llevada ante la justicia”, mientras que el Daily Star declaró: “Las muertes en el incendio de Narayanganj fueron causadas por negligencia grave: los propietarios de la fábrica deben ser considerados responsables”.

Los comentarios reflejan el nerviosismo dentro de la élite gobernante de que la última tragedia producirá protestas generalizadas de la clase trabajadora. De hecho, la defensa constante de la Liga Awami de los propietarios de fábricas que deliberadamente ignoran la seguridad básica en los lugares de trabajo es de conocimiento común en todo el país e internacionalmente.

El Gobierno, en un intento de desviar la ira de las masas, ha establecido rápidamente varios comités de investigación. El Ministerio de Trabajo y Empleo de Bangladés ha formado una investigación de siete miembros, mientras que el ministro del Interior, Asaduzzman Khan, ha establecido otros tres comités separados para investigar el desastre.

“Es un asesinato”, dijo Khan a los medios, y “nadie se salvará si se descubre su negligencia en el incidente”. Al igual que las investigaciones anteriores sobre los frecuentes desastres industriales del país, las investigaciones actuales serán encubrimientos que no harán nada para acabar con las horribles condiciones en las fábricas de Bangladés.

La investigación del Ministerio de Industrias sobre el incendio masivo de una fábrica en febrero de 2019 que mató al menos a 80 e hirió a otros 50 en el área de Chawkbazar en Daca ha quedado en nada. La investigación oficial insistió en que el edificio no era una fábrica de productos químicos ni un almacén que almacenaba productos químicos.

Estos hallazgos fueron rechazados explícitamente por los bomberos que intentaron controlar el incendio e insistieron en que se originó en sustancias altamente inflamables en el edificio. El Gobierno liderado por la Liga Awami de Hasina también continúa retrasando las audiencias judiciales relacionadas con el peor desastre industrial del país, el colapso del complejo de edificios Rana Plaza en Daca en 2013, en el que murieron más de 1.200 personas. “El proceso judicial en el caso de asesinato presentado [contra el propietario Sohel Rana] en relación con el colapso de Rana Plaza en Savar no ha progresado en los últimos cinco años”, informó el Daily Star el 24 de abril.

Muy consciente de la protección legal en curso que se brinda a los propietarios de las fábricas, el presidente y director general de Sajeeb Group, Abul Hashem, ha intentado arrogantemente culpar a los trabajadores por la tragedia de la semana pasada. “Si hay trabajadores, entonces habrá trabajo, y si hay trabajo, puede haber incendios”, dijo al Daily Star. “¿Soy responsable de esto? No es como si fuera a prenderle fuego. Tampoco lo hizo ningún gerente mío”, continuó, insistiendo en que “el incendio pudo haber sido el resultado del descuido de los trabajadores. Quizás algún trabajador no apagó su cigarrillo antes de tirarlo”.

Según informes de los medios de comunicación, muchos trabajadores de Shezan Juice, incluidos algunos de los que murieron en el incendio, no recibieron el salario del mes pasado. El martes, varios cientos de trabajadores se reunieron frente a los restos de la instalación para exigir su salario de junio y el subsidio para el festival religioso Eid-ul-Azha. Los sueldos miserables y la retención de salarios han provocado una serie de acciones de protesta de los trabajadores en las fábricas de todo el país durante los últimos años.

El hecho de que Shezan Juice utilizara mano de obra infantil tampoco es único. La práctica, basada en la explotación de la desesperada situación que enfrentan muchas familias pobres en todo el país, es endémica.

Según informes internacionales recientes, alrededor de 4,7 millones de niños de entre 5 y 14 años trabajan en Bangladés en abierta violación de las leyes del país que prohíben a las empresas emplear a niños menores de 14 años. En 2016, el Overseas Development Institute, con sede en Londres, encuestó a casi 3.000 hogares en los tugurios de Daca. Descubrieron niños, algunos de solo seis años, empleados a tiempo completo y otros que trabajaban hasta 110 horas a la semana.

Laizu Begum, pariente de uno de los niños empleados en la fábrica de Shezan, habló con la agencia de noticias AFP. Estaba esperando información sobre su sobrino de 11 años, que trabajaba en el tercer piso. “Escuchamos que la puerta del piso donde trabajaba mi sobrino estaba cerrada con candado. Luego nos dimos cuenta, después de ver lo grande que era el fuego, que probablemente estaba muerto”, dijo.

Bilal Hossain visitó la morgue del Hospital Universitario de Daca para tratar de encontrar a su hija desaparecida de 14 años. “Envié a mi bebé a morir”, dijo el padre llorando a la AFP. Dijo que la empresa le debía salarios atrasados a la niña.

Los reporteros de AFP hablaron con 30 sobrevivientes y familiares de los muertos que afirmaron que a los niños trabajadores se les pagaba solo 20 taka ($24 centavos de dólar) por hora.

La ministra estatal Trabajo, Monnujan Sufran, derramó lágrimas de cocodrilo sobre el uso de trabajo infantil por parte de Shezan y dijo que su Ministerio había comenzado a investigar, pero agregó con crueldad que a algunos de los niños se les permitía trabajar en trabajos no peligrosos. Declaró con ligereza: “Si se prueba que hubo trabajo infantil, tomaremos medidas contra el propietario y los inspectores”. Dado el historial del Gobierno, esto probablemente resultará ser retórica vacía y, en cualquier caso, no abordará la explotación desenfrenada de los niños que todavía está en curso en otros lugares de trabajo.

Según un informe del Daily Star del 12 de julio, la fábrica de Shezan Juice fue visitada por funcionarios del Departamento de Inspección de Fábricas y Establecimientos (DIFE) el mes pasado. Los representantes de DIFE, a quienes “se les ha confiado la tarea de verificar los peligros de incendio y otros problemas de seguridad en el lugar de trabajo, no investigaron nada de eso”, informó el periódico.

El edificio de seis pisos solo tenía dos escaleras en lugar del mínimo requerido de cinco, y en el edificio se almacenaban productos químicos y plásticos altamente inflamables. Un editorial de New Age del 13 de julio decía que DIFE estaba “sumida en la corrupción” y que la agencia gubernamental solo tenía 314 inspectores para cubrir “unas 500.000 fábricas y establecimientos en todo el país”.

Se ha permitido a los empleadores explotar a los trabajadores en condiciones de trabajo esclavo en abierta violación de los requisitos de seguridad extremadamente inadecuados establecidos por los Gobiernos que están plenamente comprometidos a defender los intereses de lucro de los inversores locales y extranjeros a expensas de la salud y la vida de los trabajadores.

Muchos propietarios de fábricas, incluidas figuras como Abul Hashem, están bien conectados con los partidos de la élite política de Bangladés. De hecho, Hashem se postuló como candidato de la Liga Awami en el distrito de Laxmipur en Chittagong durante las elecciones de 2008. El propietario de Rana Plaza, Sohel Rana, también era un político local afiliado a la Liga Awami. En 2013, Reuters informó que “más de 30 jefes de la industria de la confección son miembros del Parlamento, lo que representa alrededor del 10 por ciento de sus legisladores”.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 15 de julio de 2021)