El periódico británico i reveló que el primer ministro Boris Johnson llevó a cabo un “análisis de costo-beneficio” para determinar si “salvar vidas” a través de confinamientos futuros se justificaría con base en “los efectos de las muertes en la economía británica”.

Dos asesores del Gobierno le dijeron a i que una discusión a puerta cerrada había establecido que “el nivel aceptable de muertes por COVID-19” era de unas 1.000 muertes por semana.

Según un asesor, Johnson había aceptado en privado que se producirían al menos otras 30.000 muertes en el Reino Unido a lo largo del año siguiente, y que “sólo consideraría la posibilidad de imponer más restricciones [anti-COVID-19] si esa cifra parecía que podía superar las 50.000”.

Johnson, que tiene la conciencia social de un Heinrich Himmler, situó el coste aceptable de salvar la vida de un paciente con COVID-19 en 30.000 libras. Sin embargo, esta propuesta de límite máximo para tratar a un paciente se combinó después con un cálculo de “cuánto le cuesta a la economía británica la pérdida de cada vida”.

Según las dos fuentes, “el análisis muestra que el coste de mantener la tasa de mortalidad anual por debajo de 50.000 superaría el coste para la economía británica de permitir que aumentara por encima de este nivel”. Esto se traduce en “137 muertes por Covid al día, o algo menos de 1.000 a la semana”.

El profesor Graham Medley, presidente del grupo Spi-m de modelización de pandemias del Gobierno y miembro del Grupo de Asesoramiento Científico para Emergencias (SAGE, por sus siglas en inglés), dijo al periódico i a modo de justificación: “Las medidas como la vacunación de los niños contra la meningitis o la imposición de límites de velocidad en las carreteras reducen las muertes y las enfermedades, pero también cuestan dinero y limitan las libertades”.

Las fuentes de la i subrayaron que “no será una reacción inmediata” y que solo un “índice sostenido de muertes de alrededor de 1.000 a la semana durante dos o tres semanas... llevaría a discutir la reimposición de las restricciones”. Ni siquiera se producirá una “discusión” sobre confinamientos. El desencadenante propuesto para esa posible reconsideración tenía como único objetivo legitimar el fin del confinamiento y la supresión de todas las medidas de mitigación el 19 de julio. Nunca se pretendió poner en práctica.

Simpatizándose con el supuesto dilema de Johnson, la fuente del diario i afirma: “Por desgracia, los primeros ministros tienen que sopesar el coste de salvar vidas con el impacto en la economía. Nadie quiere hablar de que así es como funciona”.

Pero Johnson ya ha dejado claro exactamente “cómo funciona”. Su resentido exasesor Dominic Cummings reveló mensajes de WhatsApp enviados por Johnson a sus asesores el pasado mes de octubre, en los que declaraba sobre las muertes por COVID: “La edad media es de 82-81 años para los hombres, 85 para las mujeres... Hay como máximo 3 millones [de personas] en este país con más de 80 años. Esto demuestra que no vamos a un confinamiento nacional”.

Los acontecimientos han evolucionado desde que se hicieron estos cálculos criminales. Según los datos de los últimos siete días en el Reino Unido, las muertes por COVID-19 han alcanzado ya algo menos de 800 a la semana o 110 cada día. Durante tres de esos días el número de muertos superó la cifra de 137. Para la semana que viene, el número de muertos superará casi con toda seguridad los 1.000 en siete días, un equivalente anual que superará los 50.000.

Dentro de un mes, las predicciones de 50.000 muertos al año parecerán tremendamente optimistas.

La próxima semana se reabrirán todas las escuelas primarias y secundarias de Inglaterra y Gales, un acontecimiento de proporciones masivas. Desde la reapertura de los colegios en Escocia a partir del 16 de agosto, los casos diarios han pasado de 1.567 a 6.835, es decir, un aumento de más del 300 por ciento. Solo en la última semana, han aumentado un 114 por ciento.

Ayer, el grupo de modelización de SAGE advirtió que los ministros deben realizar planes ante un enorme aumento de los casos de COVID-19 cuando vuelvan las clases “a finales de septiembre de 2021”.

Por eso, la respuesta del Gobierno a las filtraciones al diario i fue afirmar: “No hay un número determinado de muertes aceptables por Covid”. No trató de negar la cifra de 50.000 que se citaba, sino de dejar claro que ningún número de muertes provocará un cambio en la política asesina del Gobierno de dejar que el virus arrase entre la población.

La comparación de costes y beneficios no es más que una versión alternativa de la insistencia de Trump en que “la cura no debe ser peor que la enfermedad”. Lo que el “análisis coste-beneficio” significa en la discusión sobre la pandemia es que los trabajadores pagarán con sus vidas y su salud para preservar la rentabilidad capitalista.

La política de la clase dominante en Reino Unido y a nivel internacional sigue siendo la que manifestó tan rotundamente Johnson tras verse obligado a aceptar un segundo confinamiento truncado a finales del año pasado: “No más malditos confinamientos: dejemos que los cadáveres se apilen por miles”.

Acabar con esta situación catastrófica exige la intervención política independiente de la clase trabajadora.

La pandemia se ha cobrado más de 155.000 vidas en Reino Unido y oficialmente más de 4,5 millones en todo el mundo. La cifra real es de más de 10 millones. Nada de esto tenía que ocurrir. Una política de cierres bien ejecutada, que implica el cierre de las escuelas y el mantenimiento solo de la producción socialmente necesaria, combinada con el uso de tecnología de seguimiento y localización y de equipos de protección personal científicamente aprobados, pudo haber eliminado con éxito el virus antes de su propagación por todo el mundo y antes de la aparición de cepas más mortíferas, especialmente con el desarrollo de vacunas.

En cambio, aparte de los cierres ocasionales y limitados, se dio al virus casi rienda suelta, ya que la clase capitalista antepuso el lucro privado a la salud pública.

Los aliados políticos de los bancos y las corporaciones que abarcan todo el espectro político oficial, desde Johnson y el líder laborista sir Keir Starmer, a Donald Trump y Joe Biden, y sus contrapartes internacionales, están unidos en su oposición a los intereses fundamentales de los trabajadores y sus familias.

El 20 de agosto, el World Socialist Web Site hizo un llamado a los trabajadores de todos los países a emprender una lucha estratégica, de vida o muerte, por la erradicación del COVID-19. No solo llamamos a rechazar la agenda de “inmunidad colectiva” avanzada por Johnson y su calaña, sino también a las políticas limitadas de “mitigación” que tan solo buscan limitar el impacto de la pandemia a través de las vacunas, las mascarillas, el distanciamiento social y medidas similares.

La rápida escalada y la propagación global de la variante altamente contagiosa delta han confirmado que la “inmunidad colectiva” no se puede alcanzar y que la mitigación tan solo le permitirá al virus propagarse, mutar y reclamar millones de vidas más. El WSWS concluyó: “Por ende, la única estrategia viable es la erradicación, basada en las políticas promovidas por los más destacados epidemiólogos, virólogos y otros científicos a lo largo de la pandemia. La erradicación involucra la implementación universal de todo el arsenal de medidas para combatir el COVID-19, coordinada globalmente, para sofocar el virus de una vez por todas”.

Eliminar el COVID-19 exige una lucha unificada de los educadores, padres, trabajadores automotores, del transporte, logística, salud y toda clase obrera internacionalmente.

Con este fin, el 22 de agosto, el WSWS organizó una discusión en línea, “ ¡Por una estrategia global para detener la pandemia y salvar vidas!”. El evento reunió a científicos eminentes, el profesor Michael Baker de la Universidad de Otago, Nueva Zelanda, la Dra. Malgorzata Gasperowicz de la Universidad de Calgary, Canadá, y el Dr. Yaneer Bar-Yam del Instituto de Sistemas Complejos de Nueva Inglaterra en EE.UU., para explicar la necesidad de una estrategia de eliminación. Además, contó con la participación de maestros en EE.UU., Brasil y Australia en la primera línea de la lucha contra las políticas criminales de la elite gobernante. También participó Lisa Diaz, una madre opuesta a enviar a sus hijos a un ambiente escolar inseguro, cuya descripción de la situación en Reino Unido llevó al profesor Baker a tildar las políticas de Johnson de “experimento bárbaro sobre la población británica”.

La reunión les ofreció a los trabajadores y jóvenes un enfoque científico para combatir la pandemia. Avanzó la perspectiva política necesaria para una lucha, insistiendo en que no se pueden colocar límites en los gastos para erradicar el COVID-19. Los recursos necesarios deben tomarse de la riqueza fabulosa acaparada por los bancos, las principales corporaciones y los superricos y ser puestos al servicio de la humanidad. Esta es la perspectiva que necesita ser adoptada por millones de personas en todo el mundo.

(Publicado originalmente en inglés el 27 de agosto de 2021)