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Perspectiva

¡Derroten la campaña bipartidista en Australia para dar de baja partidos políticos!

El Socialist Equality Party (Partido Socialista por la Igualdad) está iniciando una campaña en toda la clase trabajadora contra proyectos de ley electorales abiertamente antidemocráticos que se aprobaron la semana pasada en el Parlamento australiano a una velocidad récord.

A escondidas de la población —detrás de un muro de silencio en la prensa corporativa—, el Partido Laborista unió fuerzas con el Gobierno de la Coalición Liberal-Nacional para imponer forzosamente las legislaciones en ambas cámaras del Parlamento en tan solo 24 horas.

Los votantes emiten sus votos en Sídney, Australia, en una elección federal, 18 de mayo de 2019 (AP Photo/Rick Rycroft)

La legislación es parte de un asalto global contra los derechos democráticos básicos y de un giro hacia formas autoritarias de gobierno, en medio del recrudecimiento de la pandemia de COVID-19 y de la oposición en l clase obrera a las políticas de “reapertura” perseguidas por los Gobiernos capitalistas para impulsar las ganancias a expensas de millones de vidas.

Estos proyectos de ley son un intento de silenciar la oposición a una élite política cada vez más desacreditada y que está decidida a poner fin a las restricciones limitadas actuales con base en que las personas tienen que “vivir con el virus”, incluso cuando la pandemia se sale de control en Australia.

Las leyes pretenden despojar de su registro a todos los partidos políticos, incluido el Socialist Equality Party (SEP, Partido Socialista por la Igualdad), que actualmente no tienen representación parlamentaria, triplicando el número de miembros necesarios de 500 a 1.500 para ser reconocidos oficialmente.

Los partidos tendrán que proporcionar a la Comisión Electoral Australiana nuevas listas ampliadas de miembros, lo que supone una violación directa de la privacidad política, en un plazo de tres meses, en medio de confinamientos amplios y con unas elecciones federales previstas para el próximo mes de mayo, a más tardar.

El requisito de registro de los partidos, junto con la anterior norma de 500 miembros, fue en sí una disposición antidemocrática introducida por primera vez bajo el Gobierno laborista de Hawke en 1984 para tratar de apuntalar el monopolio bipartidista de la Coalición y el laborismo.

El SEP siempre se ha opuesto a estas leyes de registro de partidos, que dan al aparato estatal capitalista el poder de supervisar a los partidos políticos y decidir cuáles partidos tienen apoyo en la población. Esto anula la función de las propias elecciones, que están destinadas a determinar los niveles de apoyo político. Estas leyes también obligan a los partidos a entregar los datos de sus miembros, sometiéndolos a la vigilancia y el hostigamiento.

Sin embargo, el SEP, bajo protesta, ha presentado los nombres de 500 miembros electorales a tiempo para cada elección, tal y como exigen las autoridades electorales, con el fin de ejercer nuestro derecho elemental a presentar candidatos en las elecciones con nuestro nombre de partido.

Sin el registro del partido, los candidatos a las elecciones no pueden identificar su afiliación política en las papeletas. Tienen que presentarse sin ningún nombre de partido, o como “independientes” indefinidos. Esto niega el derecho esencial de los electores a conocer las plataformas políticas de los candidatos.

El SEP pide una campa ñ a concertada para exigir la derogación de estas leyes y de todas las restricciones al derecho democrático de los partidos e individuos a presentarse a las elecciones. Al mismo tiempo, hacemos un llamamiento a todos nuestros seguidores y lectores: inscríbanse como socios electorales del SEP para ayudarnos a conservar nuestro registro y derrotar este ataque.

El mismo día —el 26 de agosto— en que los proyectos de ley se aprobaron a toda prisa en el Senado, el Gobierno de coalición de Nueva Gales del Sur, el estado más poblado del país, anunció que las infecciones diarias por COVID-19 habían superado la marca de 1.000 por primera vez en cualquier jurisdicción australiana.

Aunque este nivel sigue estando muy por debajo de los registrados en EE.UU. y el Reino Unido, se ha roto el mito de que Australia es una excepción en la pandemia mundial.

El número de víctimas sigue aumentando y se extiende a otras partes del país. Los expertos en salud pública, los profesionales de la medicina y los trabajadores sanitarios advierten que los hospitales públicos, crónicamente faltos de personal, ya son incapaces de hacer frente a una marea creciente de pacientes.

A menos que la clase trabajadora la detenga, esta crisis se va a multiplicar en los próximos meses, produciendo el tipo de colapso sanitario desgarrador que se ha visto en otros lugares, desde Estados Unidos y el Reino Unido hasta la India e Indonesia.

Del mismo modo en que Australia no es una excepción al desastre del COVID-19, tampoco lo es respecto al ataque mundial a los derechos democráticos y al cultivo de fuerzas fascistas —desde EE.UU. a Alemania y Brasil— para reprimir las crecientes luchas globales de la clase trabajadora contra las desastrosas políticas de las clases dominantes.

Los proyectos de ley electorales que se han presentado en el Parlamento son paralelos a las leyes que se están aprobando en los estados de EE.UU. que restringen la capacidad de los votantes de la clase obrera para votar. La crisis del dominio capitalista en Australia no es menos aguda que la revelada por el complot de Donald Trump para anular las elecciones presidenciales de EE.UU. y su fomento del intento de golpe de Estado fascistizante del 6 de enero.

A nivel mundial, las normas democráticas se están desmoronando de nuevo bajo la presión de las tensiones de clase y geoestratégicas, como lo hicieron en la década de 1930. En este frente, Australia ha ido más lejos que otros países occidentales. Los laboristas y la Coalición unieron sus fuerzas en 2017-18 para orquestar una caza de brujas nacionalista, en medio de una campaña antichina cada vez más intensa, para expulsar a los miembros del Parlamento que no fueran considerados total y únicamente “leales” al país por tener derecho a la doble nacionalidad. De este modo, unos seis millones de personas de origen inmigrante quedaron inhabilitadas para presentarse a las elecciones parlamentarias.

No hay que olvidar que, en 1975, en medio del último período de auge de la clase obrera mundial, el barniz de la democracia se desprendió en Australia cuando el gobernador general destituyó el Gobierno laborista de Whitlam.

Una protesta de trabajadores contra la deposición del Gobierno laborista de Whitlam, Melbourne, 1975 (WSWS Media)

Las encuestas de los medios de comunicación en Australia dejan entrever la hostilidad de la población hacia la élite política y sus medidas pandémicas. Un sondeo de Essential de esta semana informaba de que solo el 12 por ciento de las personas se sentirían cómodas con cualquier reapertura que aumente las muertes y las hospitalizaciones.

Newspoll mostró un desplome del apoyo a la Coalición del primer ministro Scott Morrison, hasta el 36 por ciento, que se traduciría en una aplastante derrota electoral. Mientras que los laboristas ganaron algo de terreno y el apoyo a los Verdes y al partido de extrema derecha One Nation se estancó, los “otros” partidos no identificados aumentaron hasta el 11 por ciento. Estos partidos se enfrentan ahora a la cancelación de su registro como resultado de la nueva legislación.

La oposición a la Coalición y al Partido Laborista ha crecido en las últimas tres décadas como consecuencia del programa bipartidista favorable a las empresas que ha diezmado los empleos, los salarios y las condiciones de la clase trabajadora, ha hecho retroceder los servicios y ha provocado un aumento de la desigualdad social. La desafección se ha visto agravada por la participación de Australia en guerras criminales dirigidas por Estados Unidos, como las de Afganistán e Irak. En las elecciones de 2019, alrededor del 25 por ciento de los votantes votaron por partidos distintos al Laborista y al Liberal-Nacional.

La pandemia del COVID-19 no ha hecho más que profundizar la oposición y el enfado de la clase trabajadora con los dos partidos de las grandes empresas —la Coalición y los laboristas— que han antepuesto el lucro a la salud y las vidas. La preocupación en los círculos gobernantes es que esta hostilidad se exprese en las próximas elecciones en votos para otros partidos políticos, desestabilizando aún más el sistema bipartidista de gobierno del que la clase capitalista ha dependido durante mucho tiempo.

Aunque en la actualidad muchos de los partidos menores son de carácter derechista, el verdadero temor que acecha a la clase política es que, sobre todo en las condiciones de las luchas emergentes de la clase obrera, la oposición gire marcadamente a la izquierda hacia una alternativa socialista.

El frágil Gobierno de la Coalición bajo Morrison se apoya en el Partido Laborista para que encabece la ofensiva contra los derechos democráticos. En el Parlamento, los diputados laboristas fueron los más flagrantes a la hora de intentar reprimir la disidencia. Uno de ellos denunció a “la gente que se queja y se lamenta de este cambio, los llamados creyentes en la libertad y la democracia”.

El papel de los laboristas está ligado a su apoyo “constructivo”, junto con los sindicatos, en la vigilancia de la respuesta empresarial y gubernamental a la pandemia. Este frente bipartidista está arraigado en el “gabinete nacional” de líderes gubernamentales federales, estatales y territoriales, en su mayoría del Partido Laborista. Reunidos a puerta cerrada, y amparados por disposiciones de confidencialidad, este órgano no elegido ha constituido un virtual “gabinete de guerra”, que gobierna el país mediante decretos.

El SEP, junto con sus partidos hermanos del Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI), ha llamado a los trabajadores y a la juventud a tomar el asunto en sus manos mediante la formación de comités de base en los lugares de trabajo y en los suburbios para luchar por las medidas necesarias para proteger a los trabajadores. Para combatir la pandemia se necesita una estrategia internacional. El CICI ha defendido la formación de una Alianza Obrera Internacional de Comités de Base para desarrollar esta lucha en todo el mundo.

Por encima de todo, la clase obrera debe tener una voz política, que la clase dominante, a través de su ú ltima legislación, está tratando de sofocar. La oposición a los dictados de las grandes empresas y sus sirvientes políticos tiene que estar guiada por un programa socialista que ponga las necesidades sociales de los trabajadores —ante todo su salud y sus vidas— por delante de las ganancias privadas de un pu ñ ado de ricos. El SEP es el único que lucha por esta perspectiva.

Hacemos un llamamiento a todos nuestros miembros electorales existentes, a nuestros lectores, a los miembros de los comités de base y a todos los trabajadores, estudiantes y jóvenes: ayúdenos a reunir los 1.000 miembros electorales adicionales que necesitamos para mantener nuestro registro del partido.

Para discutir y avanzar esta lucha, urgimos a los lectores a que contacten el SEP por medio de nuestro sitio web , Facebook o Twitter .

(Publicado originalmente en inglés el 1 de septiembre de 2021)

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