El jueves, Presidente Joe Biden dio un discurso demagógico desde la Casa Blanca presentando a su plan presupuestario “Volver Mejor” como la revocación histórica del enriquecimiento que ha durado décadas de la élite corporativista en detrimento de la clase obrera.

Citó varios índices del saqueo de la sociedad llevado a cabo por las corporaciones y los superricos, incluidos:

• Los milmillonarios estadounidenses han visto un aumento de su patrimonio de $1,8 billones desde el inicio de la pandemia.
• Cincuenta de las corporaciones más grandes en los Estados Unidos no pagaron impuestos en 2020, mientras colectivamente ganaron ingresos de $40 mil millones.
• El primer 1 por ciento en los Estados Unidos evitan pagar una cantidad estimada de $160 mil millones de impuestos que deben cada año.

“Éste es el momento de dejar que gente obrera entre de nuevo en la economía. Éste es el momento de demostrar a la gente americana que el gobierno trabaja por ella”, declaró Biden.

Pero al explicar el caso por la incautación de la riqueza de las personas a las que él se refirió como “beneficiarios de la pandemia”, él rápidamente añadió: “No busco castigar a nadie. Soy un capitalista. Si tú puedes acumular un millón o un mil millón de dólares, maravilloso. Que Dios te bendiga. Lo único que pido es que pagues tu parte justa”.

Biden hizo estos comentarios un día después de que los Demócratas de la Cámara de Representantes recopilaron las varias partes de su plan presupuestario que habían redactado y aprobado en los comités. El paquete de 26.000 páginas supuestamente debe destinar $3,5 billones durante 10 años para medidas de la asistencia social, pagados en parte por $2,1 billones en subidas de impuestos para las corporaciones grandes y los individuos ricos.

El Senado está en el proceso de recopilar su propia versión del presupuesto. Lo que emerge al final de este proceso de concesiones internas entre las varias facciones del Partido Demócrata, manipulado por una campaña de presión corporativista para bloquear cualquier incursión a las ganancias y las fortunas personales de la oligarquía gobernante, será más modesto que las medidas ya tímidas contenidas en la propuesta actual de la Cámara de Representantes.

Los Demócratas tienen el control de las dos cámaras por un margen pequeño, y el Partido Republicano está 100 por ciento opuesto al plan presupuestario de la administración y ha prometido votar en su contra. Para evitar un filibustero en el Senado dividido en dos campos iguales, los Demócratas buscan aprobar su presupuesto bajo el procedimiento de reconciliación presupuestaria, que sólo requiere un voto de la mayoría en la cámara alta, 50 Demócratas y el voto de calidad de la vicepresidenta Kamala Harris, y no puede ser derrotado por un filibustero.

Esto significa que Biden y la dirección Demócrata no pueden darse el lujo de perder un solo voto Demócrata. En la Cámara de Representantes, no pueden perder más de tres votos Demócratas. El resultado es que los intereses corporativistas están planteando sus exigencias directamente a través de sus portavoces sobornados en los comités del congreso Demócratas.

En una concesión a los miembros derechistas del comité de la Cámara de Representantes Demócrata, la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi el mes pasado acordó a llevar a cabo un voto sobre el proyecto de ley de infraestructura de $1 billón bipartidista para el 27 de septiembre, abandonando su insistencia previa en que no pudiese llevar a cabo tal voto sobre ese proyecto de ley hasta que el Senado aprobara el proyecto de ley presupuestario más amplio de “la infraestructura humana”.

El proceso entero–una combinación de tratos secretos y posturas políticas–es dominado por las exigencias de la derecha del Partido Demócrata. Senador de Virginia Occidental Joe Manchin, el dueño multimillonario de una compañía carbonífera, y senadora de Arizona Kyrsten Sinema, cuyo ídolo es el reaccionario Republicano y halcón de guerra John McCain, han declarado públicamente su oposición al precio de $3,5 billones del plan presupuestario de la administración.

Manchin ha dado a conocer que está listo para aceptar un proyecto de ley que recorta una mitad de esa cantidad. Ha propuesto la imposición de medios de prueba y requisitos laborales para los créditos fiscales por hijo extendidos, el cuidado de niños y los subsidios antes del jardín de infancia, las universidades comunitarias sin matrícula y otras medidas sociales incluidas en el proyecto de ley. Está opuesto completamente a disposiciones que promocionen energía limpia o infrinjan las ganancias de la industria de los combustibles fósiles, de los que ha recibido $400.000 en dinero para sus campañas desde 2017, para que él sea el beneficiario más remunerado por esa industria.

La semana pasada Manchin apareció en unos cuantos de los programas de televisión de domingo por la mañana para promocionar la aprobación por la Cámara de Representantes de un proyecto de ley de infraestructura física respaldado por las corporaciones y argüir que no hubiera “urgencia” para el alivio social y las medidas contra el cambio climático contenidos en el plan presupuestario de Biden.

Esto ocurrió bajo las condiciones de una cuarta ola de la pandemia a causa de la variante Delta, que abruma a los hospitales e infecta a números récord de niños en escuelas reabiertas, la terminación de beneficios por desempleados federales y la moratoria de desalojamientos, que amenaza a millones con el desamparo y la pobreza, y los huracanes e incendios forestales provocados por el cambio climático que han devastado a millones desde California al Golfo de México a la ciudad de Nueva York.

En la Cámara, tres Demócratas derechistas en el comité de Energía y Comercio–representantes Scott Peters (California), Kathleen Rice (Nueva York) y Kurt Schrader (Oregón)–el martes votaron contra la propuesta de la dirección de permitir que Medicare negocie miles de los precios de fármacos con las compañías farmacéuticas, usando los precios internacionales, generalmente una mitad de los en los Estados Unidos, como el estándar. La administración de Biden y Pelosi calculan que esto ahorraría al gobierno $700 mil millones, que proponen usar para expandir la cobertura de Medicare a incluir la dental, la de la visión y la del oído. Los tres votos Demócratas de “no” previnieron que el comité incluyese esta disposición en su porción del proyecto de ley.

Según el Centro para una Política Reactiva, el mayor contribuyente de industria a la campaña de Peters durante el año 2021–2022 es la de productos de salud y fármacos, que ha donado $88.550. Sus mayores contribuyentes son Pfizer ($10.800), Eli Lilly ($10.500), Amgen ($7.900) y Gilead Sciences ($7.750).

El mayor contribuyente de industria de Schrader es la petrolera ($34.000), luego la de fármacos y productos de salud ($24.000).

El segundo mayor contribuyente de industria a la campaña de Rice es la de seguro.

Biden y la dirección del congreso Demócrata se han esforzado por adaptarse a y aplacar estas fuerzas. El miércoles, Biden se reunió individualmente con Manchin y Sinema. El jefe de personal de la Casa Blanca Ron Klain dijo que el paquete de $3,5 billones podría ser rebajado por recortar el tamaño de unos de los programas y reducir su duración.

El plan presupuestario de la Cámara de Representantes como existe actualmente levanta el impuesto sobre rentas de 37 por ciento a 39,6 por ciento (el nivel al que estaba antes de los beneficios extraordinarios dados a los ricos por Trump en 2017). Levanta la tasa de impuestos corporativa de 21 por ciento a 26,5 por ciento, más baja que la propuesta de Biden de 28 por ciento y mucho más baja que la tasa de 35 por ciento antes del proyecto de ley sobre impuestos Republicano de 2017. Levanta la tasa del impuesto sobre plusvalías de 20 por ciento a 25 por ciento–todavía una tasa mucho más baja que los ingresos salariales equivalentes y más baja que la propuesta inicial de Biden.

Más significante que el aumento pequeño de impuestos a los ricos que contiene el proyecto de ley de la Cámara de Representantes es lo que él no se incluye. El proyecto de ley solo aborda los ingresos, no la riqueza acumulada por los oligarcas estadounidenses. Los salarios solo forman una parte negligible de las fortunas de los milmillonarios. Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, en 2020 recibió un salario de Amazon de solo $81.840. Su dinero proviene de los valores de las acciones, los bonos, la propiedad inmobiliaria y otros activos que mayormente son libres de impuestos.

El proyecto de ley de la Cámara elimina una propuesta en el plan original de Biden que cerraría la escapatoria que permite que los ricos den sus activos acumulados a sus herederos sin tener que pagar impuestos sobre el aumento del valor de esos activos desde el tiempo de la compra inicial. También mantiene el llamado “interés devengado”, la laguna que trata a los ingresos de administradores de fondos de cobertura como una plusvalía, en vez de como un salario normal, que requieren una tasa de impuestos mucho más alta.

El Wall Street Journal se regodeó en el fracaso de los Demócratas de desafiar este regalo notorio a los milmillonarios de fondos de cobertura, publicando un artículo con el título “Demócratas Se Vacilan Sobre el Interés Devengado”.

Nada de esto previno que Biden diera su aprobación del proyecto de ley de la Cámara.

El Washington Post citó a Steve Wamhoff, el director de la política fiscal federal del Instituto del Impuesto y la Política Económica, quien dijo: “Si el plan de la Comisión de Medios y Arbitrios [de la Cámara] se llevara a cabo como es escrito, Jeff Bezos y Elon Musk efectivamente estarían pagando una tasa de $0 sobre la mayoría de sus ingresos si dan sus activos a sus herederos”.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 17 de septiembre de 2021)