Steven Donziger, un abogado que ganó una demanda de $9.500 millones en Ecuador contra Chevron en 2011 en nombre de 30.000 agricultores e indígenas, fue condenado el viernes a seis meses de prisión por un tribunal estadounidense.

La jueza de distrito estadounidense Loretta Preska impuso la sentencia tras su declaración de culpabilidad por seis cargos de desacato penal el pasado mes de julio, derivados de la negativa de Donziger a entregar su ordenador y otros dispositivos electrónicos al tribunal en relación con un caso presentado contra él por Chevron.

Al dictar la sentencia, la juez Preska dijo: 'Parece que sólo el proverbial dos por cuatro entre los ojos le inculcará algún respeto por la ley'.

En agosto de 2019, Donziger fue acusado de desacato y la jueza Preska lo puso bajo arresto domiciliario. Lleva más de dos años confinado en su apartamento de Nueva York por considerar que supone un riesgo de fuga.

La sentencia de la jueza Preska se produjo un día después de que los abogados de Donziger presentaran al tribunal un dictamen de un grupo de trabajo de expertos independientes de las Naciones Unidas en el que se consideraba que su confinamiento domiciliario constituía una violación del derecho internacional de los derechos humanos.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria (WGAD) es un organismo formado por cinco juristas internacionales y expertos en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El análisis del WGAD concluyó que 'la prolongación de la detención preventiva del Sr. Donziger por parte de este Tribunal es 'arbitraria' según las normas internacionales de derechos humanos y, por tanto, ilegal'.

El grupo constató la existencia de 'gravísimas' violaciones de numerosos artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como de 'terribles' violaciones de los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los Abogados. La declaración del WGAD afirmaba que el remedio que exige el derecho internacional es 'liberar al Sr. Steven Donziger inmediatamente y concederle un derecho exigible a una indemnización y otras reparaciones'.

Por último, el grupo de trabajo solicitó que el gobierno de EE.UU. 'garantice una investigación completa e independiente de las circunstancias que rodean el [caso]' y realice procedimientos de seguimiento específicos.

Nada de esto inquietó lo más mínimo a la jueza Preska. La prejuiciosa sentencia de Donziger es el último episodio de una venganza política contra él por parte del sistema judicial estadounidense en nombre de Chevron, la industria petrolera y los intereses imperialistas estadounidenses en Sudamérica.

En agosto de 2020, Donziger fue inhabilitado por la jueza de apelación de Nueva York, Judith Gische, por 'atroz mala conducta profesional'. En ese momento, Donziger dijo: 'Sin duda, los contaminadores en serie de Chevron que han gastado miles de millones para tratar de demonizarme están bailando en sus suites corporativas. Pero la batalla está lejos de haber terminado. La empresa aún se enfrenta a un enorme riesgo por su legado tóxico en Ecuador y otros países que perseguirá sus operaciones comerciales durante décadas'.

Aunque los fiscales federales se habían negado a presentar cargos por desacato contra Donziger, en un extraordinario abuso del proceso legal, el juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan —que tenía inversiones en fondos con participaciones en Chevron— encargó a un bufete de abogados privado que lo persiguiera por desacato.

Donziger está en el punto de mira porque ha librado una batalla de décadas contra Texaco, que fue adquirida por Chevron Corporation en 2001, por contaminar la selva amazónica y el agua del campo petrolífero de Lago Agrio, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos.

A partir de 1993, Donziger y un grupo de abogados presentaron una demanda colectiva contra Texaco, en nombre de más de 30.000 agricultores e indígenas, alegando que las perforaciones petrolíferas de la empresa en la Amazonia habían provocado una contaminación masiva. Después de una visita a la región, Donziger dijo que lo que vio en ese momento fue 'lo que honestamente parecía un desastre apocalíptico', incluyendo niños caminando descalzos por caminos cubiertos de petróleo y lagos en la selva llenos de petróleo. Debido al trabajo realizado por Donziger, la región pasó a ser conocida como el 'Chernobyl amazónico'.

La demanda colectiva se presentó originalmente en la ciudad de Nueva York, donde se encontraba la sede de Texaco. Dado que los demandantes no tenían propiedades, la financiación de la demanda corrió a cargo de la Coalición de Defensa de la Amazonia y otras entidades que recibirían una pequeña parte de cualquier acuerdo. Tras la fusión, Chevron argumentó que Texaco ya había limpiado sus operaciones en Lago Agrio y que su socio local Petroecuador era responsable de la contaminación restante.

Chevron convenció entonces al tribunal estadounidense de que la jurisdicción del caso estaba en Ecuador. A cambio de este acuerdo, el tribunal estadounidense exigió a Chevron la promesa de que aceptaría la decisión de los tribunales ecuatorianos.

Cuando se trasladó el caso, Donziger lanzó una campaña de educación pública para informar al público ecuatoriano sobre la contaminación en la región amazónica. Donziger argumentó que los indígenas 'nunca conseguirían un juicio justo en Ecuador si no iluminaban lo que les había ocurrido y conseguían el apoyo del público'. Los detalles del caso y el trabajo de Donziger se recogen en el documental de 2009 Crudo.

En 2011, un tribunal provincial ecuatoriano declaró culpable a Chevron y, tras tres comparecencias en apelación, incluso ante la más alta Corte Nacional de Justicia, se concedieron daños por valor de 9.500 millones de dólares. Para evitar pagar, Chevron procedió a trasladar todos sus activos fuera de Ecuador, lo que obligó a los demandantes a reclamar su indemnización a través de tribunales de Canadá, Brasil y Argentina. En los tres casos, los tribunales rechazaron la petición de Donziger de confiscar los activos de Chevron.

Tras las maniobras legales de la corporación petroquímica mundial, Chevron y el sistema judicial estadounidense lanzaron una campaña de contrademanda contra Donziger. En 2011, Chevron presentó una demanda civil bajo RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) contra Donziger en la ciudad de Nueva York y le acusó de sobornar a un juez ecuatoriano, de escribir de forma fantasma la sentencia por daños y perjuicios y de 'arreglar' los estudios medioambientales. La ley federal RICO se promulgó en 1970 y se utilizó originalmente para perseguir a las mafias.

En 2014, el juez Kaplan dictaminó que la sentencia de la demanda colectiva ecuatoriana no era válida porque Donziger la había obtenido mediante actividades 'delictivas', como chantaje, fraude electrónico, blanqueo de dinero, obstrucción de la justicia, soborno, coacción, manipulación de testigos y extorsión. Kaplan también dictaminó que Donziger debía pagar a Chevron 800.000 dólares como parte del acuerdo RICO.

El caso del juez Kaplan se basó en gran medida en el testimonio de Alberto Guerra, un ex juez ecuatoriano, a quien Chevron había trasladado a los Estados Unidos en 2013 por 'razones de seguridad.' Guerra afirmó que Donziger pagó al juez ecuatoriano que falló a favor de los demandantes $500.000. En 2015, Guerra se retractó en un tribunal internacional y dijo que había mentido sobre el soborno; sin embargo, las audiencias posteriores del tribunal de apelación se han negado a considerar su admisión y han mantenido el núcleo de la sentencia de Kaplan contra Donziger.

Fue también durante el proceso de apelación cuando Kaplan exigió a Donziger que entregara su ordenador, teléfonos y otros dispositivos electrónicos a Chevron para que pudiera buscar activos líquidos. Donziger se negó a cumplir y Kaplan respondió con los cargos de desacato.

De forma previsible, el Wall Street Journal aclamó el encarcelamiento y la violación de los derechos de Donziger como algo meritorio por su 'intento de saqueo de Chevron por delitos medioambientales espurios en Ecuador' que 'figura entre las mayores estafas legales de la historia'. Sin embargo, Donziger cuenta con un apoyo masivo a nivel internacional por su valiente defensa de los derechos de los ecuatorianos y su postura contra una de las corporaciones más poderosas del mundo.

El músico de rock y activista político Roger Waters se ha pronunciado constantemente contra la persecución de Donziger y ha elogiado su lucha por los derechos de los pueblos indígenas de Ecuador. Waters intervino el viernes en una concentración ante el tribunal federal de Nueva York y denunció a la juez Preska por su veredicto de culpabilidad y exigió que Donziger fuera liberado inmediatamente.

El pasado mes de marzo, Donziger condenó el caso penal 'por un juez relacionado con Chevron y procesado por un abogado relacionado con Chevron Es un error. Todo esto forma parte de un plan urdido por Chevron para desmantelar mi vida. Quieren hacer esto para evitar pagar y convertirme en un arma de intimidación contra toda la profesión legal'.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 3 de octubre de 2021)