Lo que se aclama como un triunfo para la agenda doméstica de presidente Joe Biden –la aprobación por la Cámara por la noche del viernes de un proyecto de infraestructura bipartidista– de hecho, marca un movimiento más a la derecha por parte del Partido Demócrata, que esencialmente está terminando cualquier impulso serio por un aumento de gastos en programas sociales domésticos.

El proyecto –una versión recortada de la propuesta original de Biden de $2,6 billones en infraestructura que da solo $550 mil millones en dinero nuevo por 10 años– fue aprobado cerca de la medianoche por un voto de 228 contra 209. Marcó la última capitulación de la Comisión Progresista de la Cámara de Representantes y senador Bernie Sanders frente a las exigencias de Demócratas derechistas, tales como senadores Joe Manchin y Kyrsten Sinema, ahora abiertamente respaldado por Biden y presidenta de la Cámara Nancy Pelosi, para aprobar un proyecto de ley respaldado por las corporaciones y esencialmente dejar atrás la mayoría de o toda la legislación más amplia de ayuda social y el clima, llamada “Build Back Better”.

La primavera pasada, Biden se rindió ante las exigencias Republicanas a separar sus propuestas de abordar la infraestructura física decrépita de Estados Unidos y de abordar la crisis social grave causada por décadas de recortes en programas sociales y beneficios para los ricos, un proceso que ha sido inmensamente exacerbado por la pandemia del COVID-19.

Pero Biden prometió que no firmaría ningún proyecto de infraestructura, que según insistió él tenía que ser bipartidista, a menos que el Congreso también aprobase su proyecto de ayuda social y el clima. Eso requeriría los votos de todos los 50 Demócratas en el Senado para evitar el filibustero y asegurar la aprobación por un voto de la mayoría, según los procedimientos de reconciliación presupuestaria. Desde el inicio, era obvio que no habría ningún apoyo Republicano en el Senado para incluso aumentos modestos en programas de ayuda social o aumentos tributarios sobre corporaciones y los ricos.

La presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi en ese entonces se alineó con la Bancada Progresista del Congreso y presidente del Comité de Finanzas del Senado Bernie Sanders. Los dos aceptaron la maniobra de Biden, basándose en la promesa de que la Cámara no consideraría el proyecto de infraestructura hasta que el Senado hubiese pasado la medida más amplia de gasto social.

Luego Biden designó a la senadora de Arizona Kyrsten Sinema, entre los Demócratas más derechistas, a encabezar un grupo bipartidista de senadores que iban a construir la medida de infraestructura. El proyecto de concesión –con menos de 20 por ciento de la financiación designada en la propuesta original de Biden– se aprobó en el Senado con 19 votos Republicanos, incluido el del jefe de la minoría en el Senado Mitch McConnell.

El proyecto –que según se dice valora $1,2 billones, pero incluye sólo $550 mil millones en financiación nuevamente destinada, mientras el resto se consta de dinero de alivio de pandemia no gastado– fue respaldado entusiasmadamente por el gran negocio. La Cámara de Comercio estadounidense publicó una lista de organizaciones corporativas que habían apoyado el proyecto, la misma cámara incluida, así como el Business Roundtable [rueda de comercio], la Asociación Nacional de Fabricantes, la Federación Nacional Minorista y grupos de empujo de las compañías aéreas, el sector de puertos, de camioneros, ferroviario y otros. También en la lista hubo la AFL-CIO y los sindicatos de construcción.

La élite corporativa respaldó el proyecto porque las corporaciones iban a ganar un montón de dinero con contratos gubernamentales, subvenciones e incentivos tributarios, y porque, según creían, era necesario empezar a abordar la crisis de infraestructura para conducir la guerra económica y posiblemente militar contra los rivales mayores del capitalismo estadounidense, y de todos el primero es China.

Al mismo tiempo, la oligarquía lanzó una campaña de impulso masiva contra el proyecto de ayuda social y clima, y movilizó sus secuaces más obvios y reaccionarios en el Partido Demócrata, tales como Sinema y senador de West Virginia Joe Manchin, para bloquear su aprobación en el Senado o remover cualquier medida que incidiría en sus ganancias y riqueza, por ejemplo, tasas tributarias más grandes sobre corporaciones y los ricos y ayuda social expandida.

Cuando el proyecto de infraestructura se había aprobado en el Senado, Manchin, Sinema y Demócratas derechistas en la Cámara de Representantes exigieron que los dos proyectos fuesen desvinculados. Insistieron en que la Cámara aprobase el proyecto de infraestructura y lo enviase al escritorio de Biden para que él lo hiciera ley, haciendo que el proyecto de gasto social fuera eviscerado o bloqueado en el Senado.

Esto ha pasado. Entretanto, Manchin –el dueño multimillonario de una compañía carbonífera– y Sinema –exactivista del Partido Verde que cambió sus botones políticos de Ralph Nader por sobornos de campaña masivos de Wall Street y milmillonarios ultraderechistas como la familia De Vos– han compartido la tarea de exigir recortes en el proyecto de gasto social. Ninguno de los dos para ahora se ha cometido a sí mismo a votar en favor de una versión recortada, reducida de los $6 billones de Sanders durante la primavera a los $3,5 billones en septiembre y a los $1,75 billones (dividido entre 10 años) en su última versión.

Solo seis de los Demócratas “progresistas” no se unieron a los 13 Republicanos para asegurar la aprobación del proyecto de infraestructura el viernes, después de un día frenético de conversaciones trastiendas en la oficina en el Capitolio de Nancy Pelosi y llamadas telefónicas de Biden a Demócratas recalcitrantes. Esto incluyó a un grupo de seis derechistas que rechazaron a cumplir con el plan de la dirección de votar sobre los dos proyectos el viernes para que los Demócratas pudieran decir, deshonestamente, que la promesa de vincular los dos se había cumplido. Dijeron que no votarían sobre el proyecto de ley de gasto social hasta que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) había emitido su cálculo del coste –un proceso que podría tardar semanas. Esto retrasaría o destruiría el proyecto de infraestructura en la Cámara, donde los Demócratas apenas tienen una mayoría.

Los supuestos progresistas, incluido el “Squad” (brigada) –Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley, Jamaal Bowman, Cori Bush, y Rashida Tlaib– habían acordado a la mentira. Pero cuando la dirección aseguró un trato para que el grupo derechista prometiera apoyo condicional para el proyecto de gasto social, suponiendo que la opinión de la OPC sobre el proyecto alineaba con la de la administración Biden, Pelosi acordó a retrasar la acción sobre “Bring Back Better” hasta la semana del 15 de noviembre.

La administración Biden y Pelosi luego exigieron que la Bancada Progresista dejara de demorarse en el voto por el proyecto de infraestructura esa tarde. Representante Pramila Jayapal, la jefa de la bancada, rápidamente se alineó, así como todos excepto los seis miembros del “Squad”. Significativamente, Pelosi movilizó la Bancada Afroamericana del Congreso para impulsar a Jayapal y su bancada, subrayando el papel derechista y corporativista de los beneficiarios principales de la promoción Demócrata de la política racial e identitaria.

El desacuerdo de los seis miembros del “Squas”–unos de los que están afiliados con los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA) –formaba una parte de las maniobras sórdidas y políticas. Como reportó el New York Times: “Todavía, Sra. Pressley esperó a estar segura de que el proyecto de infraestructura tuviera votos suficientes para ser aprobado antes de votar contra la medida”.

El catalizador que puso en curso el proceso largo de recortar las pretensiones de reforma progresistas que ha alcanzado el estado actual –“ el remanente de una hoja de parra ”, según escribió el World Socialist Web Site – era la debacle electoral Demócrata el 2 de noviembre. El WSWS predijo que la respuesta del Partido Demócrata sería una sacudida “violenta” más a la derecha. Esto ya ha sido confirmado por el retirar de facto del proyecto de ayuda social y clima.

Diez meses después de que el expresidente Donald Trump derrotado desencadenó a una horda fascista al Capitolio para derrocar los resultados de las elecciones de 2020 y la Constitución estadounidense, el candidato Republicano, respaldado por Trump, Glenn Youngkin, derrotó al exgobernador Terry McAuliffe en Virginia, un estado que había votado por Biden por un margen de 10 puntos. Los Republicanos vencieron en todas las carreras electorales estatales, tomando el mando en posiciones de gobernador teniente y fiscal general, al mismo tiempo que ganaron el control de la Cámara de Delegados de Virginia.

En el baluarte Demócrata de Nueva Jersey, titular Phil Murphy apenas pudo ganar un segundo período.

La respuesta del Partido Demócrata y los medios de comunicación fue echar la culpa por la derrota Demócrata a los supuestos “progresistas”, que supuestamente habían movido el partido demasiado a la izquierda en una América “centrista-derechista”. La exigencia, repitiendo la posición de la oligarquía financiera-corporativa, fue que Biden y la dirección del partido abandonasen expresivamente cualquier charla sobre la reforma social y continuar con el asunto de reabrir la economía en el medio de una pandemia en curso y “restaurar la normalidad”, es decir, usar las medidas necesarias para poner fin a la rebelión creciente en la clase obrera, marcada por una ola huelguística determinada y rechazos de base de contratos entreguistas respaldados por los sindicatos.

Todo esto se expresó en un artículo de opinión en el New York Times publicado el viernes, que exigió que los Demócratas hicieran más para apaciguar a “moderados” y Republicanos, y dejar atrás sus pretensiones de reforma social, incluido el proyecto de ley “Volver Mejor”.

La afirmación de que Biden se había movido demasiado “a la izquierda” es absurda. Desde el inicio, su administración ha buscado rehabilitar el Partido Republicano mientras los Republicanos siguen respaldando a Trump y su complot en curso de derrocar la Constitución estadounidense. Biden ha mantenido la política homicida de Trump de “inmunidad colectiva” sobre la pandemia, abandonado cualquier lucha contra el asalto Republicano contra el derecho al voto, abandonado la reforma policial, hecho crecer los ataques contra inmigrantes en la frontera, y esforzado para encubrir la importancia de la intentona golpista del 6 de enero y la amenaza continua a los derechos democráticos.

Al mismo tiempo, el Partido Demócrata ha seguido promocionando la política racialista e identitaria, en un esfuerzo para dividir la clase obrera, y ha buscado apoyar el aparato de la burocracia sindical para suprimir la rebelión creciente de obreros por todo Estados Unidos.

Sobre el proyecto de infraestructura “histórico” y “transformacional”, el promedio anual de $55 mil millones en dinero nuevo es una fracción de los $760 mil millones de un solo año destinado a las fuerzas armadas en el presupuesto de defensa de Biden. El Banco de la Reserva Federal sigue inyectando $105 mil millones cada mes en los mercados financieros, y esa cantidad, combinada con los billones en rescates corporativos de la Ley de CARES bipartidista de 2020, ha llevado a un aumento récord del mercado bursátil, impulsando un aumento en la riqueza de milmillonarios estadounidenses de $1,8 billones en los primeros 18 meses de la pandemia.

El proyecto da aproximadamente $110 mil millones para carreteras y puentes, $66 mil millones para ferrocarriles y casi $40 mil millones para el transporte. Incluye $73 millones para modernizar la red eléctrica, $65 mil millones para expandir el servicio de internet de alta velocidad, y $55 mil millones para actualizar el sistema de agua.

La insuficiencia completa de estas cifras para abordar seriamente la crisis de infraestructura –el resultado de décadas de negligencia y de dar recursos a la oligarquía financiera-corporativa– se demuestra por el cálculo más reciente de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles, que declara que hay un atraso de $786 mil millones solo para las carreteras y los puentes.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 8 de noviembre de 2021)