Argentina vive su mayor brote de contagios de COVID-19 desde que comenzó la pandemia, impulsado por la propagación de la nueva variante ómicron. El viernes 14 de enero, el país estableció un récord de 139.853 contagios en un solo día. Este número es más de tres veces mayor que el récord de la ola anterior de 41.080 casos, registrado en mayo de 2020.

Hasta diciembre, el promedio de casos diarios en Argentina era inferior a 2.000. En el período comprendido entre el 6 y el 12 de enero, el país registró un total de 749.022 nuevos contagios, más del doble que la semana anterior con 359.456 contagios. Hace una semana, la tasa de positividad de la prueba fue del 66 por ciento, lo que indica un alto nivel de subregistro.

En la provincia de Buenos Aires, que representa el 40 por ciento del total de casos diarios del país, los hospitales están admitiendo un número sin precedentes de nuevos pacientes. El sistema de atención médica está al borde del colapso. Entre el 20 y el 25 por ciento del personal hospitalario fue enviado a casa durante la semana pasada con infecciones de coronavirus.

Ante la nefasta situación, el gobierno peronista del presidente Alberto Fernández relaja las medidas para controlar la pandemia. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, y los medios están promoviendo la narrativa de que la nueva variante es “suave”, siguiendo la campaña de las clases dominantes de todo el mundo para justificar mantener abierta la economía durante el brote mundial de COVID-19.

Esta nefasta campaña es promovida en unidad con la derecha argentina a la que Fernández finge oponerse. El jueves pasado, el exministro de Salud en el gobierno reaccionario de Mauricio Macri, Adolfo Rubinstein, fue invitado por La Nación a abogar por la misma idea de una ómicron “suave”. El mismo día se registraron 128.402 nuevos casos en Argentina, parte de la escalada de contagios sin precedentes en el país.

Expresando la indiferencia de la clase dominante ante el contagio y muerte de millones de personas, Rubinstein señaló que “tres de cada cuatro hospitalizaciones [COVID-19] son de personas no vacunadas, o personas con esquemas de vacunación incompletos”. Concluyó: “Eventualmente, todas las personas serán vacunadas o se infectarán”. Esta declaración resume las políticas que está adoptando el gobierno peronista.

A fines del año pasado, cuando el país ya enfrentaba un crecimiento vertical de la curva de contagios, Fernández declaró a la prensa que no haría ningún cambio en las restricciones por el coronavirus. Afirmó: “Hemos extendido la emergencia sanitaria, pero no implementaremos nuevas medidas”. Tras las medidas implementadas por el CDC estadounidense, Argentina anunció de inmediato la revisión del tiempo de cuarentena para las personas contagiadas con COVID-19, que se redujo de diez a siete días.

El 10 de enero, Vizzotti afirmó en una entrevista que “el aumento en el número de contagios no está siendo acompañado por un aumento en las hospitalizaciones, dada la vacunación generalizada de la población”. Esta declaración irresponsable, con el objetivo de desorientar y romper la conciencia de la población, choca con la realidad. La explosión de admisiones en UCI que está teniendo lugar hoy en Europa y Estados Unidos es una imagen de cómo serán las próximas semanas en Argentina y América Latina en general.

Vizzotti también declaró que se reunirá con 'expertos' durante la semana para decidir sobre el retiro del requisito de cuarentena para las personas que hayan estado en contacto directo con personas contagiadas, y que uno de los criterios para la decisión será su impacto económico. El ministro explicó la importancia central de mantener las actividades económicas para el gobierno de Fernández, refiriéndose a la región industrial de Córdoba donde los empresarios abogan por que solo se realicen pruebas en las puertas de las fábricas, excluyendo cualquier tipo de cuarentena.

Al servicio de los intereses capitalistas asesinos, el gobierno peronista anunció el fin de la cuarentena para las personas vacunadas que entraron en contacto directo con personas infectadas, limitando las pruebas a aquellas “con esquema de vacunación incompleto (una sola dosis)”. Actualmente, el 74,1 por ciento de la población está vacunada con dos dosis, o casi el 90 por ciento de los adultos, y solo el 17,3 por ciento ha recibido una vacuna de refuerzo. Con ómicron altamente transmisible entre las personas vacunadas, esto significa que millones de trabajadores se verán obligados a frecuentar lugares de trabajo donde las personas dieron positivo, lo que garantiza que los almacenes, fábricas, centros comerciales, escuelas y otros lugares se conviertan en centros de propagación de la variante súper infecciosa.

La nueva medida adoptada por el gobierno de Fernández no se basa en ningún análisis científico de ómicron. Muchos expertos ya han advertido sobre la promoción de la idea fraudulenta de un ómicron “suave”, y aún con el bajo número de pruebas, el propio gobierno se ve obligado a admitir la infección masiva ante casos récord. La gran cantidad de infecciones que se están produciendo será suficiente para causar un aumento sin precedentes en las hospitalizaciones en las próximas semanas y llevar al sistema de atención médica al límite.

La política de “inmunidad colectiva” (de rebaño) que está adoptando en la práctica el gobierno argentino tiene como objetivo garantizar que los trabajadores continúen brindando ganancias a las grandes corporaciones, independientemente de las muertes masivas que provocará. Los gobiernos están implementando políticas similares en toda América Latina, que está experimentando el peor brote de infecciones desde el comienzo de la pandemia de COVID-19. Según AFP, entre el 7 y el 13 de enero la región registró un promedio récord de 300.000 casos diarios, más del doble de lo reportado durante la ola anterior.

Perú, el país con la tasa de mortalidad per cápita más alta del mundo, estableció este sábado un récord de casos diarios, con 49.745 nuevos contagios, casi cuatro veces más que el récord anterior de abril de 2021. El gobierno de Pedro Castillo, proclamó, junto a Fernández en Argentina como representante de una nueva ola de la “Marea Rosa” en América Latina, respondió a la situación con indiferencia. El ministro de Salud, Hernando Cevallos, señaló que el aumento de muertes, de 30 a 60 con respecto al día anterior, demuestra que “la letalidad no se ha modificado sustancialmente” con la variante ómicron, y anunció que disminuiría el tiempo de aislamiento para las personas asintomáticas.

Bolivia también está experimentando una explosión abrumadora de infecciones por COVID-19. El país comenzó diciembre con un promedio de unos 1.000 casos diarios y ya superó el promedio de 11.000, con 14.461 casos reportados el sábado pasado. Jeyson Auza, ministro de Salud del gobierno de Luis Arce del Movimiento Al Socialismo (MAS), se limitó a señalar que las personas que están hospitalizadas o muriendo “son las que no se vacunaron”.

Ya sea en los gobiernos que promueven abiertamente la estrategia de la “inmunidad de rebaño”, como el del presidente fascista Jair Bolsonaro en Brasil, o en los países gobernados por los partidos burgueses que se hacen pasar fraudulentamente como “de izquierda”, las políticas de respuesta a la pandemia ponen los intereses de la oligarquía capitalista por encima de salvar la vida de la clase obrera.

En oposición a las políticas de los gobiernos capitalistas, es necesario implementar todas las medidas de salud pública disponibles para eliminar el coronavirus en todo el mundo, incluidos cierres temporales, pruebas y rastreo de contactos, vacunación, distribución de máscaras de alta calidad y control de viajes. La implementación de esta política requiere el desarrollo en Argentina y en toda América Latina de una dirección verdaderamente socialista en la clase trabajadora, secciones del Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI).

(Artículo publicado originalmente en inglés el 17 de enero de 2022)