El domingo, el presidente estadounidense Donald Trump reconoció explícitamente que su estrategia política después de las elecciones de 2020 era “anular el voto” y “cancelar los resultados”, conduciendo al establecimiento de una dictadura presidencial.

En respuesta a los esfuerzos bipartidistas del Congreso para reformar una disposición de la Ley de Escrutinio Electoral de 1887 que permite al vicepresidente presidir la certificación oficial del voto del Colegio Electoral, Trump volvió a afirmar falsamente que el vicepresidente Mike Pence tenía el poder de anular el voto popular y validar las listas de electores pro-Trump de los estados ganados por Biden. Su declaración escrita dice:

“Si el vicepresidente (Mike Pence) no tenía 'absolutamente ningún derecho' a cambiar los resultados de la elección presidencial en el Senado, a pesar del fraude y muchas otras irregularidades, ¿cómo es que los demócratas y los republicanos RINO [sigla peyorativa para “republicanos solo en nombre”], como Wacky [chiflada] Susan Collins, están tratando desesperadamente de aprobar una legislación que le prohibiría al vicepresidente cambiar los resultados de la elección? En realidad, lo que están diciendo, es que Mike Pence sí tenía el derecho de cambiar el resultado, y ahora quieren quitarle ese derecho. Desafortunadamente, no ejerció ese poder, ¡pudo haber anulado el voto!”.

La afirmación de Trump de que el vicepresidente tiene el poder de “cambiar los resultados de las elecciones presidenciales en el Senado” es la admisión más clara de una intención criminal de anular las elecciones del 6 de enero. Confirma las advertencias del World Socialist Web Site antes de las elecciones presidenciales de que Trump bloquearía el traspaso de poderes si perdía.

La declaración de Trump no solo echa por tierra la afirmación de que el 6 de enero no fue más que una protesta que se salió de control, sino que también revela el tipo de régimen que Trump planeaba establecer si su complot tenía éxito. Si el poder ejecutivo tiene el poder de anular el voto del Colegio Electoral y el voto popular, entonces no hay absolutamente ningún límite al poder presidencial. Trump planeaba abolir la Constitución y establecer una forma de dictadura fascista.

Después de que Pence se negara a certificar las listas falsas el 6 de enero, Trump y sus asesores fascistas Steve Bannon y Peter Navarro lanzaron un plan llamado “Green Bay Sweep” mediante el cual los republicanos en el Congreso, ayudados por una turba violenta, intentaron retrasar la certificación electoral. Si la certificación se hubiera retrasado, aunque fuera un día, el resultado de las elecciones presidenciales habría sido determinado por una votación de las delegaciones estatales del Congreso, que probablemente habría ganado Trump.

La declaración de Trump del domingo es razón suficiente para detener al expresidente bajo cargos de intentar derrocar la Constitución. Sin embargo, mientras Trump se jacta de sus planes en público, la estrategia del Partido Demócrata sigue encaminada a ocultar el peligro a la población e impedir el desarrollo de un movimiento popular contra la amenaza de una dictadura.

Por temor a que tal movimiento desencadene una descarga de las quejas sociales en la clase trabajadora sobre el aumento de la desigualdad social, la inflación y la política bipartidista de inmunidad colectiva ante el COVID, los demócratas tratan de anestesiar a la población con la afirmación de que el peligro del fascismo se puede prevenir a través de espectáculos parlamentarios. Esto está en consonancia con los esfuerzos de los demócratas para encubrir el peligro de dictadura y la participación de sus “colegas republicanos” en el intento de golpe de Estado.

Con este fin, el Washington Post publicó el domingo una declaración del consejo editorial titulada: “La democracia sigue bajo amenaza, esto es algo que el Congreso todavía podría hacer”. El editorial del Post reconoce que Trump está planeando algo aún peor que el 6 de enero: “Los senadores no pueden dejar pasar esta convergencia de apoyo a una reforma. Lo que hagan ahora podría determinar si Estados Unidos se enfrentará a una crisis de la misma magnitud –o peor— de lo que el país experimentó el 6 de enero de 2021”. Concluye que la gente debe tener fe en “la esperanza de que el Congreso actúe para proteger la democracia estadounidense” mediante la reforma de la Ley de Escrutinio Electoral para exigir que los electores voten de acuerdo con el voto popular.

Estos intentos de dirigir la ira social detrás de reformas parlamentarias son precursores de la inmensa campaña de propaganda que pronto desatarán los demócratas y los medios de comunicación corporativos para engatusar a los votantes para que respalden a los candidatos demócratas de derecha al Congreso en las elecciones legislativas de noviembre.

Mientras los demócratas se dedican a un inútil bloqueo parlamentario, Trump y sus principales cómplices se preparan para la guerra. Trump expuso sus planes extraparlamentarios en un mitin en Conroe, Texas, el sábado.

Leyendo comentarios cuidadosamente preparados de un teleprompter, Trump denunció el enjuiciamiento de los conspiradores del 6 de enero por parte del Departamento de Justicia de Biden y sugirió que perdonaría a los acusados de participar en una conspiración criminal que él mismo dirigió.

“Si me postulo y gano, trataremos con justicia a esa gente del 6 de enero”, dijo. “Los trataremos con justicia, y si se requieren indultos, les daremos indultos porque están siendo tratados muy injustamente. Lo que está haciendo ese comité 'no seleccionado' y lo que están haciendo las personas que dirigen esas prisiones, es una vergüenza”.

Durante el mismo mitin en Conroe, Trump anunció que está dispuesto a convocar más manifestaciones violentas para protegerse de cualquier imputación. De nuevo leyendo del teleprompter, dijo: “Si estos fiscales radicales, viciosos y racistas hacen algo malo o ilegal, espero que tengamos en este país las mayores protestas que hayamos tenido nunca en Washington, D.C., en Nueva York, en Atlanta y en otros lugares porque nuestra nación y nuestras elecciones son corruptas”.

Estas declaraciones son una admisión de que Trump está planeando activamente otra insurrección. Trump se refirió a Nueva York y Atlanta porque los fiscales de ambas ciudades están investigando actividades delictivas llevadas a cabo por Trump. Los fiscales de Nueva York están investigando un fraude empresarial de Trump y la Organización Trump, mientras que los fiscales del condado de Fulton han convocado un gran jurado para investigar su intento de anular la victoria de Biden en el estado de Georgia. Si bien sus declaraciones constituyen obstrucción a la justicia y amenazas criminales de violencia contra funcionarios, el Partido Demócrata y los medios de comunicación corporativos se han limitado a decir que las declaraciones son una prueba más de la necesidad de reformar la Ley de Escrutinio Electoral.

En estas condiciones, la noción de que es posible oponerse al fascismo a través de una reforma parlamentaria es una receta para el desastre que desmoviliza la oposición popular a la dictadura y solo fortalece a la derecha.

A pesar de toda la ira popular contra Trump en el período previo a las elecciones generales de 2020, el Gobierno de Biden ha implementado efectivamente la misma política de inmunidad colectiva que Trump, lo que ha llevado a los Estados Unidos a superar las 900.000 muertes mientras los valores de las acciones y las ganancias corporativas se disparan a máximos históricos. Bajo Biden se detiene a más inmigrantes que bajo Trump. Biden también está apelando a los elementos más derechistas y pro-Trump del Senado en un esfuerzo por lograr la unidad de la clase gobernante en apoyo a sus provocaciones bélicas contra Rusia.

En una rueda de prensa la semana pasada, la subsecretaria de Estado Victoria Nuland citó favorablemente el llamado del conspirador del 6 de enero, Ted Cruz, para que Estados Unidos destruya el gasoducto Nord Stream 2, que tiene previsto entregar gas natural ruso a los países europeos. El Gobierno de Biden no puede alertar a la población sobre el peligro de dictadura de Trump porque hacerlo aumentaría la resistencia a los esfuerzos prolongados de los demócratas por aumentar los poderes de la Presidencia y eviscerar los derechos democráticos, especialmente en caso de guerra y poderes de emergencia en tiempos de guerra.

La amenaza cada vez mayor de dictadura es un fenómeno internacional. En Brasil, Jair Bolsonaro amenaza con anular los resultados de las elecciones presidenciales de este año mediante referencias explícitas a las acciones de Trump en 2020-21. En Francia, el candidato presidencial Éric Zemmour amenaza con deportar a un millón de inmigrantes si es elegido presidente este año. Durante su mitin del sábado, Trump proclamó su apoyo a una caravana de activistas canadienses de extrema derecha que se oponen a las restricciones a los negocios debido al COVID-19. Los manifestantes con banderas nazis y carteles que dicen “Make Canada Great Again” [Hagan a Canadá Grande de Nuevo] llegaron a la capital, Ottawa, y amenazan con un intento de golpe de Estado en línea con la política de la clase gobernante de “ganancias antes que vidas”.

La respuesta, por lo tanto, reside en la movilización de la clase obrera internacional sobre la base de un programa socialista de lucha de clases. Está en marcha una primera ola de poderosas huelgas y protestas en todo el mundo –en Francia, Turquía, Estados Unidos y otros lugares— contra las mortales políticas de COVID-19 promulgadas por los Gobiernos y aplicadas por los sindicatos. La clase obrera es la fuerza social capaz de aplastar el fascismo y la dictadura, pero para hacer valer su poder debe llevar a cabo una lucha independiente de los partidos políticos capitalistas y oponerse a la fuente de la dictadura: el sistema capitalista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 1 de febrero de 2022)