El arresto del líder fascista de los Oath Keepers, Stewart Rhodes, y diez otros miembros del grupo bajo cargos de conspiración sediciosa desmiente que el 6 de enero fue meramente una protesta que se salió de control y no una conspiración de Trump para anular el resultado de las elecciones de 2020 y establecer una dictadura.
Los hechos en la imputación presentada por los fiscales federales el jueves dejan en claro que los Oath Keepers fueron un componente crítico en los planes operacionales para detener de manera violenta la certificación constitucional del voto del Colegio Electoral. Estos planes estuvieron asombrosamente cerca de tener éxito.
“Después de las elecciones presidenciales”, dice la acusación, “Elmer Stewart Rhodes III conspiró con sus coacusados... para oponerse por la fuerza a la transferencia legal del poder presidencial”. Los Oath Keepers “coordinaron viajes por todo el país para entrar en Washington D.C., se equiparon con diversas armas, se pusieron equipo de combate y táctico” y “planearon utilizar las armas de fuego en apoyo de su complot para impedir el traspaso legal del poder presidencial”.
La acusación señala que Rhodes estableció “equipos de respuesta rápida” que se desplegaron por toda la ciudad el 6 de enero. Establecieron una base y un depósito de armas en un hotel de Arlington, Virginia, y se prepararon para lo que Rhodes llamó “una lucha sangrienta y desesperada”. Los miembros de los equipos de respuesta rápida se prepararon para el 6 de enero realizando un entrenamiento de “guerra no convencional” y discutieron la posibilidad de que sus acciones implicaran un “conflicto armado” y una “guerra de guerrillas”.
Aproximadamente a las 2:30 p.m. del 6 de enero, las fuerzas de los Oath Keeper se desplegaron en formación de “columna” al estilo SWAT y marcharon hacia las escaleras del Capitolio. La turba entró en el Capitolio a las 2:38 p.m. tras un breve enfrentamiento con la policía.
Una vez dentro, la “columna” se dividió en dos grupos, uno de los cuales intentó entrar en el hemiciclo del Senado y el otro “se dirigió a la Cámara de Representantes, en busca de la presidenta de la cámara, Nancy Pelosi. No encontraron a la presidenta Pelosi y finalmente abandonaron el edificio”. Otro equipo de respuesta rápida entró en el Capitolio desde el lado opuesto una media hora después. Otras fuerzas “permanecieron estacionadas a las afueras de la ciudad en dichos equipos. Los equipos estaban preparados para transportar rápidamente armas de fuego y otras armas a Washington DC, en apoyo de las operaciones destinadas a utilizar la fuerza para detener la transferencia legal del poder presidencial”.
El objetivo de los Oath Keepers era claramente secuestrar y detener o matar a miembros del Congreso. En los días anteriores al 6 de enero, Rhodes compró armas y equipos por valor de más de 20.000 dólares para los equipos de respuesta rápida. En diciembre, compró miras de armas y gafas de visión nocturna por valor de 7.000 dólares para utilizarlas el 6 de enero y, en algún momento a principios de enero, gastó otros 15.000 dólares en armas, munición, miras y un bípode. Se trata de artículos utilizados por los escuadrones de asesinato y secuestro.
La detención de Rhodes y otros diez Oath Keepers por cargos de “conspiración sediciosa” plantea la pregunta: ¿de quién recibían órdenes los equipos de respuesta rápida? El propio Trump ordenó a sus partidarios paramilitares fascistas que “esperaran y se mantuvieran listos” en un debate con Biden en septiembre, y la acusación deja en claro que Rhodes y sus cómplices actuaron repetidamente entendiendo que estaban siguiendo las instrucciones de Trump.
A pesar de la importancia de las detenciones, los Oath Keepers no son más que un componente de la conspiración que se desarrolló el 6 de enero. Dentro del Estado, una red de actores poderosos ayudó a garantizar que los equipos de respuesta rápida y los manifestantes tuvieran la oportunidad de rodear el Congreso y capturar a senadores y diputados. Tras las elecciones del 3 de noviembre, el asesor de Trump Stephen Bannon creó un “centro de mando” en el Hotel Willard, donde Michael Flynn, Roger Stone, Rudy Giuliani, el abogado de Trump John Eastman y otros conspiradores se reunieron para coordinar el plan de Trump para mantenerse en el poder.
El 6 de enero, casi 150 congresistas republicanos votaron en contra de certificar los resultados de las elecciones, activando reglas de debate que aseguraban que esta obligación constitucional tardaría horas. El día anterior, Eastman y la abogada de Trump, Sidney Powell, presentaron una solicitud de última hora para que la Corte Suprema suspendiera la certificación, una solicitud que quedó pendiente mientras se desarrollaba el 6 de enero.
Esa tarde, Trump animó a su turba a marchar hacia el edificio del Capitolio mientras se realizaba el recuento electoral. La policía del Capitolio no ofreció ninguna resistencia seria a los manifestantes y el ejército se mantuvo al margen durante 199 minutos, permitiendo que se produjera el ataque. Varios informes recientes muestran ahora que el Departamento de Seguridad Nacional minimizó sistemáticamente las amenazas creíbles y no defendió el edificio del Capitolio. Trump calculó que el Partido Demócrata no haría nada para movilizar a la población contra el golpe, porque los demócratas estaban más aterrorizados por la oposición social que estallaría desde abajo si la población conocía el peligro de lo que estaba ocurriendo.
El complot fracasó, pero no por ninguna acción de las instituciones del Estado ni de los demócratas, sino por problemas tácticos y por azar. Los equipos de respuesta rápida de Rhodes y los grupos de manifestantes furiosos estuvieron a pocos minutos o segundos de capturar a los congresistas. Si hubieran tenido éxito, no hay duda de que los demócratas habrían negociado su liberación mediante algún acuerdo que hubiera permitido que Trump siguiera en el poder.
La acusación deja claro que Rhodes y sus equipos de respuesta rápida no actuaban solos. Rhodes tiene conexiones de alto nivel y fue un invitado con credenciales en la conferencia republicana CPAC del año pasado, y ya se sabe que dos de los otros Oath Keepers detenidos son antiguos guardaespaldas del confidente de Trump, Roger Stone, quien también asistió al Hotel Willard. Los hechos que se han hecho públicos en la acusación son solo la punta del iceberg.
El Gobierno de Biden todavía no ha tomado medidas serias contra los principales conspiradores, quienes siguen sueltos y planean activamente sus próximos intentos de tomar el poder.
El principal de ellos es Donald Trump, que pronunciará un discurso en un mitin en Florence, Arizona, el sábado y se espera que celebre el primer aniversario del 6 de enero. Según sus asesores, Trump seguirá afirmando que las elecciones fueron robadas y que el 6 de enero fue una protesta patriótica contra el fraude electoral. Los asesores dicen que el mitin en Florence marca el inicio de la campaña electoral de Trump para las elecciones legislativas y que organizará mítines por todo el país desde ahora hasta noviembre.
Muchos de los implicados en liderar el golpe estarán presentes en el mitin del sábado. El director general de My Pillow, Mike Lindell, que instó a Trump a imponer la ley marcial el año pasado, es un invitado especial, al igual que los congresistas Paul Gosar y Andy Biggs, ambos involucrados en la campaña fascista “Stop the Steal” [“Detengan el Robo”], así como el legislador estatal de Arizona, Mike Finchem, que es miembro de los Oath Keepers. También intervendrá la presidenta del Partido Republicano de Arizona, Kelli Ward, que apoyó el intento de golpe de Estado e instó anteriormente a los votantes republicanos a “luchar hasta la muerte” por Trump.
Con esta lista de personajes, Trump está enviando un mensaje claro: la conspiración para tomar el poder no terminó con el fracaso del 6 de enero. En cambio, esperan mitificar el 6 de enero como un nuevo comienzo. Mientras tanto, el Partido Republicano y el asesor de Trump, Steven Miller, están empeñados en un esfuerzo sistemático por restringir el derecho al voto para prepararse mejor para futuros robos electorales.
Una encuesta del 12 de enero realizada por Quinnipiac afirmó que una mayoría significativa del país cree que es probable que se esté planeando otro 6 de enero. El peligro de dictadura permanece. Es urgente que la clase trabajadora conozca lo que ocurrió el 6 de enero para que pueda movilizar su tremenda fuerza social para detener los complots de Trump.
En estas condiciones, los demócratas apelan al “bipartidismo” con sus “colegas” republicanos, mientras que el editor de la revista Jacobin y destacado miembro de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés), Bhaskar Sunkara, ofrece sus servicios para ayudar a los demócratas a anestesiar a los trabajadores afirmando que la importancia del 6 de enero está siendo “exagerada” y que “no fue un golpe de Estado”.
En un reciente artículo en The Guardian, Sunkara escribió que el 6 de enero mostró que la clase gobernante está “lejos de estar preparada para abandonar abiertamente las normas democráticas liberales” y ataca las críticas de la izquierda a los demócratas por ayudar a “las fuerzas reaccionarias a ser aún más agresivas”.
Desde la ultraderecha hasta la pseudoizquierda, toda la élite política les está mintiendo a los trabajadores para minimizar el peligro de dictadura y facilitar así los complots de Trump. Pero en la clase obrera se está produciendo otro proceso. En todo el mundo se están desarrollando huelgas y protestas sociales contra la mortal política de regreso al trabajo de la élite gobernante, así como contra los bajos salarios y el impacto de la inflación. Estas importantes luchas iniciales deben estar vinculadas a la lucha por defender los derechos democráticos y a la lucha contra todo el sistema capitalista. Para ello, la clase obrera debe tomar conciencia tanto del verdadero peligro de la dictadura como de su poder revolucionario para detenerlo.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 14 de enero de 2022)