Decenas de miles de transportistas españoles, que llevan dos semanas en un paro nacional indefinido contra el aumento del precio del combustible, rechazaron el lunes una propuesta de acuerdo. Mantienen la huelga en puertos clave e instalaciones industriales de toda España, cerrando fábricas que no pueden obtener piezas y limitando el suministro en los supermercados.

El presidente del Gobierno socialdemócrata, Pedro Sánchez, propuso un paquete de 16.000 millones de euros en préstamos respaldados por el Estado. Detalló el plan en un foro empresarial de corporaciones cotizadas en el IBEX-35 tras las demandas urgentes de los círculos financieros españoles para poner fin a la huelga. Se comprometió a discutir ayer un plan en su gabinete para liberar 'aproximadamente 6.000 millones de euros en ayudas directas y rebajas fiscales y 10.000 millones de euros en préstamos garantizados por el Estado para amortiguar el impacto de la crisis en las familias y las empresas'.

Se trata de una medida temporal que sólo compensará parcialmente la explosión de los precios de los combustibles. Se mantendrá vigente hasta el 30 de junio y supondrá 'una reducción mínima de 20 euros por litro de combustible', dijo Sánchez, con 15 euros de la reducción financiados por el Estado y 5 euros por las petroleras. El lunes, los precios medios de la gasolina en España oscilaron entre los 1,84 y los 1,98 euros por litro, mientras que el diésel se situó entre los 1,86 y los 1,95 euros.

La Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, la asociación de pequeñas empresas de transporte y conductores autónomos que ha convocado la huelga, emitió un comunicado rechazando el paquete por inadecuado y exigiendo una ley que garantice que sus clientes no puedan ser obligados a operar con pérdidas'. El análisis de la situación actual del transporte es que en estos momentos estamos mucho peor que cuando paramos, el gasóleo más caro y con previsiones de subir mucho más ', declaró la Plataforma, y agregó: 'sigamos hasta el final'.

Las medidas propuestas por Sánchez no abordan las preocupaciones de los camioneros ni abordan las causas subyacentes de los aumentos de precios que están devastando a los trabajadores en España y otros países. Los precios del combustible, los alimentos y otros productos básicos han aumentado a medida que la inflación es impulsada por la desorganización de las cadenas de suministro y la creación a gran escala de dinero por parte de los bancos centrales, especialmente durante la pandemia de COVID-19. La política de la OTAN de eliminar el petróleo, el gas y el grano ruso de los mercados mundiales en medio de la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania está acelerando aún más el aumento de los precios.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que también es la líder del partido Podemos, elogió la propuesta de Sánchez al IBEX-35: 'Los datos son absolutamente excepcionales y de las medidas que tomemos va a depender la salida rápida y la reconstrucción de esta crisis'. En realidad, el paquete de Sánchez no pretende redistribuir los billones de euros entregados a los inversores en los últimos años, ni poner fin al creciente peligro de que estalle una guerra mundial en Europa.

Con su paquete de 16.000 millones de euros, el gobierno de coalición del Partido Socialista (PSOE) y Podemos encabezado por Sánchez espera poner fin a la huelga, que no ha logrado reprimir a pesar de una movilización masiva de 23.000 policías antidisturbios, sin poner fin a ninguna de sus políticas antiobreras para enriquecer a la aristocracia financiera.

Las demandas para las medidas aprobadas por Sánchez no vinieron de los huelguistas, que exigen protección legal para no verse obligados a operar con pérdidas debido a los altos precios del combustible, sino de las grandes empresas españolas. La semana pasada, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) emitió una advertencia exigiendo acciones urgentes para poner fin a la huelga antes de que cause un mayor daño a sus beneficios y provoque un estallido incontrolable de huelgas y protestas.

En un comunicado la CEOE declaró: “En esta situación, el clamor de las empresas y de la sociedad amenaza con desbordarse ante la inacción política… Es difícil de comprender que no se haya actuado con mayor contundencia y rapidez frente a los bloqueos de los suministros y en favor de aquellos que no pueden mantener su actividad por ello”.

Las declaraciones de la CEOE y del PSOE de Sánchez exigiendo el fin de la huelga fueron repetidas por las burocracias sindicales, que han denunciado la huelga de camioneros como ilegal, y el partido 'populista de izquierda' Podemos, que ha calumniado a los camioneros como fascistas.

Ayer, el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, volvió a atacar a la Plataforma del Transporte, señalando que la huelga debería haber terminado después de que el estado llegase a un acuerdo con las grandes compañías del transporte.

“Lo más razonable sería acabar con los paros” después de que el gobierno del PSOE y Podemos llegara a un acuerdo con la Confederación Nacional de Transportes por Carretera (CNTC) de las grandes empresas, comentó Echenique. Además agregó que “El portavoz de la Plataforma del Transporte que ha liderado la huelga es un hombre de Vox” El principal partido neofascista de España, ignorando las repetidas declaraciones del portavoz de Transporte, Manuel Fernández, de que no tiene afiliación política.

Los sindicatos españoles han estado trabajando para aislar la huelga de camioneros y se han negado a movilizar a los trabajadores en su defensa. El sindicato Estalinista comisiones obreras (CCOO) dijo que el gobierno 'necesita tomar medidas para salir de esta situación [de] un enorme conflicto en un sector como la logística', y agregó que 'de alguna manera debemos salir de este callejón sin salida'.

Mientras La Plataforma del Transporte negociaba el lunes con el gobierno PSOE-Podemos, medios periodísticos de toda España insisten en que la huelga prácticamente ha terminado. La agencia de noticias Europa Press escribió: Los transportistas vuelven progresivamente a la normalidad tras las medidas del Gobierno y a pesar del paro. Según informan a Europa Press varias fuentes del sector, tanto empresariales como sindicales, este fin de semana la actividad se ha situado en torno al 97% respecto a los niveles normales y los puertos ya han vuelto a la normalidad…”

En realidad, los informes de la prensa local y las declaraciones de los camioneros en huelga dejan claro que el paro continúa y tiene un amplio impacto en los puertos, supermercados y fábricas:

● El puerto de Valencia aseguró que el nivel de congestión es 'muy alto' debido a la huelga de camioneros, ya que solo el 30 por ciento del número normal de camiones siguen operando. La Autoridad Portuaria se ha visto obligada a 'detener' la entrada de contenedores de carga en el puerto. El presidente de la Asociación de Transportes Portuarios (Asotranport), Álvaro Ortiz, informó ayer de que unos 2.000 camiones estaban detenidos desde primera hora de la mañana en el Puerto de Valencia.

● En el puerto de Barcelona, los camioneros confirmaron a fuentes de prensa que continúan la huelga y planean bloquear la infraestructura portuaria en los próximos días, después de que la actividad policial rompiera los piquetes fuera del puerto y en las instalaciones de transporte de alimentos en la ciudad a principios de la huelga.

● En el puerto de Bilbao, 450 de los aproximadamente 700 camiones que trabajan para descargar y transportar contenedores estaban en huelga y rechazaron una oferta insuficiente de mejoras de las condiciones por parte de las autoridades portuarias. 'Nadie quiere trabajar a pérdidas', declaró la Plataforma del Transporte.

● Se informó de nuevas acciones de marchas lentas en Galicia y las Islas Canarias. El coordinador regional de Transportes en la comunidad asturiana, José Fernández, también negó los informes de que la huelga se está debilitando allí y dijo que continúa, debido a la 'falta de voluntad política' por parte del gobierno para resolver los problemas que causan la huelga.

Mientras tanto, el gobierno del PSOE y Podemos está intensificando la represión de la huelga llevada a cabo por las decenas de miles de policías que han movilizado contra los camioneros. A finales de la semana pasada, el Ministerio del Interior español informó de que 67 camioneros habían sido encarcelados y que las unidades policiales habían escoltado a 6.969 convoyes de camiones conducidos por esquiroles. Sin embargo, hay indicios de que esto puede ser una subestimación sustancial. Las autoridades regionales de Castilla y León dijeron que 40 camioneros han sido arrestados y 6.000 camiones escoltados solo en su región.

La cuestión decisiva ahora es la movilización de capas más amplias de la clase obrera para defender a los transportistas contra las políticas reaccionarias del gobierno PSOE-Podemos y la alianza de la OTAN.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 28 de marzo de 2020)