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Un juez federal ordena la continuación de las deportaciones del Título 42 de los solicitantes de asilo

El viernes, el juez federal de Luisiana, Robert Summerhays, emitió una orden preliminar para evitar que la administración Biden ponga fin al uso del Título 42, una oscura medida de salud que se utiliza para negar el derecho de asilo y llevar a cabo expulsiones masivas de refugiados que buscan ingresar a los Estados Unidos.

Una disposición de la Ley de Servicios de Salud Pública de 1944, Título 42, permite al gobierno de los EE. UU. impedir la entrada de inmigrantes de países en los que existe una enfermedad contagiosa. No se había utilizado contra los refugiados hasta marzo de 2020, cuando la administración de Donald Trump aprovechó la pandemia de COVID-19 como pretexto para impedir la entrada a EE. UU. de decenas de miles de inmigrantes a través de la frontera entre EE. UU. y México.

La política de utilizar el Título 42 como pretexto para la denegación masiva de asilo fue idea del asesor de Trump, Stephen Miller, admirador de Adolf Hitler. Su uso contra los inmigrantes solicitantes de asilo está en línea con la Teoría del Reemplazo fascista que cada vez más adopta el Partido Republicano, que demoniza a los inmigrantes como la punta de lanza de un esfuerzo por “reemplazar” a la población blanca de los Estados Unidos.

Inmigrantes en un centro de detención de EE. UU. [Photo: Department of Homeland Security]

Si bien en ocasiones Biden ha prometido poner fin al enfoque fascista de Trump sobre la inmigración, su propia estrategia contra la inmigración sigue la misma lógica y ataca los derechos democráticos de todos los trabajadores.

Desde el momento en que asumió el cargo en enero de 2021, Biden siguió utilizando las medidas del Título 42 contra los inmigrantes, al mismo tiempo que procedió a desmantelar las políticas para frenar la propagación del coronavirus. Un ejemplo particularmente brutal: durante el primer año de su administración, Biden presidió la deportación de 20.000 inmigrantes haitianos empobrecidos a su tierra natal, el país más pobre del hemisferio occidental.

En abril, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) declararon que el Título 42 ya no era aplicable debido a lo que afirmaba eran condiciones de salud pública más favorables en los EE. UU. en relación con 2020, incluida la disponibilidad de vacunas. La administración de Biden respondió ordenando que las restricciones del Título 42 finalicen el lunes 23 de mayo.

Esa decisión de suspender el Título 42 llevó a los gobiernos estatales de Arizona, Luisiana y Missouri a iniciar una demanda en un tribunal federal, argumentando que los CDC no siguieron los procedimientos adecuados sobre la suspensión de la política del Título 42 y que la administración no tenía suficiente razones para terminarlo. En total, 21 estados se unieron a la demanda. El juez Summerhays, designado por Trump, emitió su orden preliminar bloqueando la suspensión del Título 42 y dictaminó que los CDC no habían explicado adecuadamente los motivos de su decisión.

Si bien la decisión fue aclamada por la derecha republicana, los comentarios de la prensa señalaron que hubo un alivio considerable en la Casa Blanca y entre los demócratas en el Capitolio. Temían que una oleada repentina de inmigrantes a través de la frontera entre Estados Unidos y México fuera políticamente desventajosa, particularmente en Arizona y Texas, pero también en las contiendas legislativas lejos de la frontera. Lo último que quieren los demócratas es identificarse con la defensa de los derechos de los inmigrantes, o enfrentarse al chovinismo fascista de los que siguen llamando sus “colegas republicanos”.

Organizaciones de derechos de los inmigrantes denunciaron la decisión del juez. Tami Goodlette, directora de litigios del Centro de Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes con sede en Texas, criticó el fallo y al presidente Biden por no levantar de inmediato el Título 42 cuando asumió el cargo en enero de 2021: “El Título 42 nunca se trató de la salud pública, sino que está envuelto en racismo, ya que los médicos y expertos en salud pública han dejado en claro que la inmigración no es una fuente de propagación de la pandemia”, dijo Goodlette.

“Los graves abusos contra los derechos humanos que enfrentan las personas rechazadas en virtud del Título 42 continúan aumentando cada día que la administración de Biden evade la ley de refugiados mediante el uso de esta política ilegal e inhumana”, declaró Kennji Kizuka, director asociado de investigación sobre protección de refugiados en Human Rights First.

Bajo el Título 42, los inmigrantes atrapados cruzando la frontera son “expulsados” sumariamente de regreso a través de la frontera mexicana. Se les niega la oportunidad de demostrar que ellos y sus familias enfrentan persecución, tortura y hambre.

El costo humano de esta política es inmenso. Más de 1,7 millones de estos refugiados fueron devueltos a través de la frontera mexicana en 2021. Fuentes del gobierno mexicano indican que 114.000 fueron deportados de México durante el mismo período. Solo en América Central, más de 1 millón han sido devueltos a la fuerza a países donde enfrentan violencia y muerte.

Esta política es una violación directa del derecho universal de asilo y refugio.

Las políticas estadounidenses han obligado a los inmigrantes a elegir caminos cada vez más peligrosos a través de los desiertos, lo que ha provocado la muerte de miles de personas a causa de la sed, el hambre y la intemperie. Muchos de ellos nunca son encontrados o identificados. Desde 1998 más de 7.000 inmigrantes han perdido la vida cruzando el desierto.

Un promedio de al menos 365 personas ahora pierden la vida cada año intentando cruzar la tierra, según el grupo de derechos humanos. Además, decenas resultan heridas o mueren cada año al intentar saltar barreras o se pierden en el mar.

Sitios web como Adn Colibrí, una página de Facebook vinculada al Centro Colibrí de Derechos Humanos, publica regularmente avisos de personas perdidas cruzando la frontera, muchas de las cuales nunca serán encontradas, vivas o muertas.

El derecho a vivir y mudarse a un país de su elección es un derecho democrático, cuya violación tiene una larga historia bajo el capitalismo. Las leyes migratorias restrictivas y racistas, las cuotas y los 'requisitos de salud' falsos, como el Título 42, son parte de un catálogo de medidas diseñadas para mantener alejadas a las familias rurales y de clase trabajadora no deseadas.

La invocación del Título 42 durante la administración Trump es la más reciente de una cadena de medidas antiinmigrantes que siguió a la última reforma migratoria importante, promulgada hace casi 40 años, que legalizó a un número limitado de refugiados indocumentados. Comenzando con la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante, parte de las medidas de ley y orden contra la clase trabajadora iniciadas por la administración demócrata de Bill Clinton, los ataques contra inmigrantes y solicitantes de asilo se han intensificado constantemente.

La decisión de los CDC de poner fin a las medidas del Título 42 expuso divisiones significativas entre los demócratas. Muchos en el Senado y la Cámara de Representantes ya han adoptado la línea republicana. Al menos siete demócratas de la Cámara apoyan la legislación republicana para bloquear el fin de las medidas del Título 42, junto con cinco demócratas del Senado.

El ataque a los derechos de asilo, el derecho de los trabajadores que enfrentan condiciones abominables para salir a los Estados Unidos y otras naciones, es similar a otros ataques a los trabajadores y jóvenes, incluidas medidas cada vez más represivas contra la libertad de prensa, las protestas y manifestaciones y el derecho al voto.

La lucha contra todos estos ataques no puede depender de los partidos políticos de la clase dominante, incluido el Partido Demócrata de Biden, y sus agentes en los sindicatos. Es una parte crítica de la lucha contra el capitalismo y por el socialismo.

Lo que se requiere es una estrategia global de una clase obrera mundial unida que conduzca a la abolición del sistema de explotación de clase y de las fronteras nacionales reaccionarias e históricamente anticuadas, y al establecimiento de una sociedad socialista mundial.

(Publicado originalmente en inglés el de mayo de 2022)

(Publicado originalmente en inglés el 23 de mayo de 2022)