El Partido Socialista por la Igualdad (PSI) condena el brutal ataque policial-militar contra los manifestantes antigubernamentales desarmados en el parque Galle Face Green, en Colombo, en las primeras horas del viernes. Galle Face Green ha sido ocupado por manifestantes antigubernamentales que exigen la dimisión de Gotabhaya Rajapakse como presidente, y ahora de su sucesor Ranil Wickremesinghe.

Wickremesinghe instigó claramente la represión, que se produjo menos de 24 horas después de haber sido jurado como presidente ejecutivo. En el poco tiempo que lleva como presidente en funciones, ha declarado un estado de emergencia, dado rienda suelta a las fuerzas de seguridad y tildado a los manifestantes antigubernamentales de “fascistas”. El jueves emitió un decreto en el que ordenaba a los militares mantener el “orden público” en toda la isla.

La operación fue cuidadosamente planificada. Se puso en marcha en torno a la 1:30 de la madrugada del viernes para coger desprevenidos a los manifestantes y evitar la atención del público. Todas las carreteras que conducen a Galle Face Green fueron bloqueadas. Alrededor de 1.000 policías y soldados, con los rostros cubiertos, se acercaron a la protesta desde todas las direcciones, agredieron físicamente a los manifestantes y a los periodistas y derribaron sus tiendas y estructuras improvisadas. Catorce personas fueron ingresadas en el Hospital Nacional y nueve fueron detenidas y posteriormente puestas en libertad bajo fianza.

Wickremesinghe autorizó el brutal ataque a pesar de que los organizadores de la protesta ya habían anunciado que desalojarían la Secretaría Presidencial, cerca de Galle Face Green, antes de las 2 de la tarde del viernes. Su objetivo claramente no era solo desalojar Galle Face Green, sino enviar un mensaje amenazador a los millones de personas que se han unido a las protestas y huelgas en los últimos tres meses.

El PSI advierte a los trabajadores que el Gobierno de Wickremesinghe se está preparando para aplicar despiadadamente las salvajes exigencias de austeridad del Fondo Monetario Internacional (FMI) y es muy consciente de que sus acciones provocarán una oposición popular aún mayor por parte de los trabajadores que ya se enfrentan a desabastecimientos desesperantes y precios desorbitados. La clase dominante solo tiene una respuesta, la represión masiva, y ha instalado a Wickremesinghe para llevarla a cabo.

El ataque expone el verdadero rostro de la “democracia parlamentaria” como una simple fachada para la dictadura de la clase capitalista. La pretensión de Wickremesinghe de defender la Constitución y la “democracia” no es más que la defensa del dominio burgués. La Constitución otorga a Wickremesinghe los amplios poderes de un dictador: instalar y destituir Gobiernos unilateralmente, gobernar por decreto, declarar estados de emergencia y ordenar el uso de la fuerza letal por parte del ejército y la policía contra los trabajadores.

Todos los partidos y políticos de la clase dominante –incluyendo los partidos de oposición Samagi Jana Balawegaya (SJB), Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) y la Alianza Nacional Tamil (TNA), y sus séquitos pseudoizquierdistas del Partido Socialista de Primera Línea (FSP), las llamadas organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y los líderes de la protesta en Galle Face Green— proclaman la inviolabilidad de la Constitución y el Parlamento. Todos ellos promovieron la ilusión de que la votación del miércoles en el Parlamento para un nuevo presidente ofrecía esperanza a las masas.

Solo el PSI denunció la farsa del miércoles en el Parlamento como “un fraude y una conspiración contra la clase obrera, la juventud y los pobres del campo”. Wickremesinghe es respaldado hasta el final por las grandes empresas, el imperialismo estadounidense, el FMI y los inversores internacionales para imponer el peso de la crisis económica a los trabajadores y suprimir cualquier oposición.

Wickremesinghe tiene un largo historial como defensor implacable del dominio capitalista. Fue ministro de los gobiernos del Partido Nacional Unido en la década de 1980 que, para reprimir una huelga general contra sus políticas promercado, despidió a decenas de miles de trabajadores y, en 1983, orquestó los notorios pogromos antitamiles que iniciaron la devastadora guerra civil de la isla. Se le acusó públicamente de gestionar las cámaras de tortura y el asesinato de Batalanda durante la sangrienta represión del Gobierno del UNP contra los disturbios de la juventud rural en 1988-90, cuando 60.000 personas fueron asesinadas por escuadrones de la muerte organizados por el ejército.

Claramente preocupada por que la operación policial del viernes desencadene protestas generalizadas, la embajadora de Estados Unidos en Colombo, Julie Chung, tuiteó su “profunda preocupación” por el violento ataque a los manifestantes e instó a “la moderación de las autoridades y el acceso inmediato a la atención médica para los heridos”. ¡Qué hipocresía! Estados Unidos solo plantea los “derechos humanos” para favorecer sus propios intereses depredadores, y no emitirá más que expresiones superficiales de preocupación ante futuros abusos del Gobierno de Wickremesinghe.

Los sindicatos y los partidos de la oposición han allanado el camino para la instalación de Wickremesinghe y promueven la fatal ilusión de que se puede presionar a su Gobierno para que haga concesiones. Al bloquear el desarrollo de un movimiento independiente de trabajadores, están abriendo la puerta para que Wickremesinghe ordene a la fuerzas de seguridad a que repriman cualquier oposición.

Ravi Kumudesh, convocante del Centro de Coordinación Sindical (TUCC), uno de los principales frentes sindicales, escribió una carta abierta a Wickremesinghe, en la que le rogaba que diera su “apoyo honesto” para satisfacer las expectativas de las protestas antigubernamentales, al menos hasta las próximas elecciones.

El jueves, el “Movimiento Nacional de Agitadores No Partidistas”, un grupo implicado en el movimiento de protesta antigubernamental, celebró una conferencia de prensa frente a la residencia oficial del primer ministro después de desmontar su protesta. Dijeron que iban a dar a Wickremesinghe uno o dos meses y que, si no estaban satisfechos, reanudarían sus protestas.

Wickremesinghe ha dado su respuesta. La oposición de los trabajadores a las intolerables condiciones de vida a las que se enfrentan será lidiada con violencia militar.

En una rueda de prensa celebrada el viernes, el secretario general del JVP, Tilvin Silva, condenó el ataque a los manifestantes antigubernamentales, pero trató de encubrir el origen subyacente de la violencia militar. Acusó a Wickremesinghe de proteger a los Rajapakse, añadiendo que había sido contratado por ellos para vengarse de los manifestantes que los obligaron a abandonar su cargo.

Sin embargo, Wickremesinghe no actúa en nombre de los Rajapakse, sino de la clase dominante en su conjunto, que está aterrorizada por el levantamiento popular masivo que ha estallado. Es un representante de la burguesía con conciencia de clase que entiende que la economía capitalista está en bancarrota, que no se pueden hacer concesiones a los trabajadores y que cualquier oposición tiene que ser reprimida salvajemente.

El JVP y los partidos de la oposición que han estado presionando para que se instale un Gobierno Provisional pluripartidista se verían obligados a hacer exactamente lo mismo.

La violencia militar y policial empleada contra los manifestantes de Galle Face es una advertencia de lo que se avecina si se deja a los partidos de la clase capitalista en el poder. Confirma la urgencia de que los trabajadores y los campesinos asuman la iniciativa política esbozada por el PSI en su declaración “¡Por un Congreso Democrático y Socialista de los Trabajadores y las Masas Rurales!” del 20 de julio. Ésta explica la necesidad de convocar dicho congreso “como una alternativa política revolucionaria al reaccionario Gobierno Provisional capitalista establecido por los desacreditados compinches parlamentarios de Gotabhaya Rajapakse y Ranil Wickremesinghe”.

Para sentar las bases de la convocatoria de dicho congreso, el PSI llama a los campesinos y los trabajadores a crear sus propios comités de acción de base en cada lugar de trabajo, fábrica, plantación, barrio y zona rural para luchar por sus intereses de clase. Mientras la élite política, el aparato estatal y los militares se preparan para utilizar una mayor violencia, los trabajadores deben responder a través de sus comités de acción con la defensa intransigente de los derechos democráticos de las masas. La defensa de los derechos democráticos está indisolublemente unido a la lucha por las reivindicaciones socialistas y la toma del poder a las élites gobernantes corruptas y venales que están decididas a defender su riqueza y sus privilegios por todos los medios disponibles.

Como declaró la declaración del PSI, el llamamiento “al Congreso Democrático y Socialista de los Trabajadores y las Masas Rurales proporciona una estrategia política para que la clase obrera consolide sus fuerzas, gane el apoyo activo de las masas rurales y siente las bases para su propio régimen a través de un Gobierno obrero y campesino comprometido a reestructurar la sociedad según líneas socialistas”. Esta lucha forma parte de la lucha política más amplia por el socialismo en el sur de Asia y a nivel internacional.

(Publicado originalmente en inglés el 23 de julio de 2022)