La semana pasada, el senador republicano Ron Johnson llamó a poner fin al seguro social y Medicare como garantías sociales y que se incluyeran en cambio en el presupuesto discrecional, donde serían eviscerados.

La propuesta de Johnson sigue a un llamado similar del senador Rick Scott de Florida, quien pidió a inicios del año que el seguro social y Medicare se renueven cada cinco años.

El gasto en el seguro social y Medicare actualmente es un gasto obligatorio que se financia por medio de los impuestos sobre la nómina de los trabajadores. Esto previene que sean saqueados. Transferir estos programas al presupuesto discrecional significaría su abolición, recortando la esperanza de vida de estadounidense dado que millones de jubilados más morirían por pobreza y enfermedades prevenibles.

“Si calificas para la prestación, la recibes sin importar el costo”, dijo Johnson. “Y nuestro problema en este país es que [el gasto obligatorio consume] más del 70 por ciento de nuestro presupuesto federal, de nuestro gasto federal”.

Efectivamente, los trabajadores jubilados tienen la “garantía” de recibir estos beneficios porque los estuvieron pagando todas sus vidas. De cada dólar que ganaban, pagaron ocho centavos para financiar sus prestaciones del seguro social y Medicare y sus patrones pagaron el mismo monto.

Pero Johnson y Scott, ambos lacayos de los milmillonarios que gobiernan el país, están exigiendo el robo de estos fondos que los trabajadores han estado pagando en toda una vida de explotación y lucha para enriquecer más a la oligarquía y financiar las nuevas “guerras eternas” de EE.UU.

El seguro social fue creado en 1935 como parte del Nuevo Trato del presidente Franklin Roosevelt, en respuesta a una ola de luchas sociales durante la Gran Depresión. Por su parte, el seguro de salud Medicare fue creado en 1965 durante las reformas de la Gran Sociedad del presidente Lyndon Johnson, en el contexto del movimiento de los derechos civiles y una ola huelguística que envolvió gran parte del país.

Los líderes del capitalismo estadounidense intentaron utilizar ambos programas para convencer a los trabajadores de que el sistema capitalista era capaz de cubrir las necesidades de la sociedad y prevenir la pobreza masiva y la muerte temprana de millones de adultos mayores.

Johnson, Scott y sus cómplices están dejando en claro que la realidad es todo lo contrario. El capitalismo significa la miseria social para los trabajadores y el enriquecimiento interminable de la clase capitalista.

Estos senadores han presentado como una propuesta positiva lo que los políticos demócratas y republicanos, los estrategas militares y los principales centros de pensamiento han querido por generaciones. En 2010, el presidente demócrata Barack Obama formó la “Comisión Nacional de Responsabilidad Fiscal” bipartidista, presidida por el antiguo senador republicano Alan Simpson y el demócrata Erskine Bowles, exjefe de personal del Gobierno de Clinton.

La comisión pidió recortar el gasto en el seguro social y Medicare. Con base en sus propuestas, el Gobierno federal exprimió el gasto social a nivel federal, estatal y local, incluyendo recortes importantes a Medicare y el seguro social.

En la actual crisis social desencadenada por la pandemia, el estallido de la guerra con Rusia y el conflicto con China, la oligarquía financiera estadounidense está reanudando sus llamados a desmantelar estos programas fundamentales de la red de seguridad social.

En marzo, Glenn Hubbard, expresidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, publicó un artículo de opinión en el Wall Street Journal llamando a recortar el seguro social y Medicare para financiar el aumento masivo en el gasto social. “La OTAN necesita más armas y menos manteca”, declara. Hubbard, un republicano, aplaudió las conclusiones del comité de reducción del déficit de Obama en 2010 y llamó a la implementación plena de sus demandas.

Además, hizo eco de los temas presentados por un análisis de 2013 de Anthony Cordesman del centro de pensamiento Center for Strategic and International Studies en Washington, que afirmó, “Estados no se enfrenta a ninguna amenaza extranjera tan grave como su incapacidad para afrontar… el costo cada vez mayor del gasto federal en las garantías sociales”.

Pero, cuando presuntamente no alcanza el dinero para las prestaciones de los jubilados, no hay límite en lo que se le puede entregar a los contratistas militares para los conflictos estadounidenses con Rusia y China.

En los seis meses transcurridos desde el estallido de la guerra por delegación de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, Estados Unidos ha destinado más de 54.000 millones de dólares a la guerra, lo que equivale a 2.000 millones de dólares por semana. El Senado está debatiendo actualmente un proyecto de ley que enviaría 4.500 millones de dólares adicionales en armas a Taiwán como parte del enfrentamiento militar de Estados Unidos con China.

En junio, el Comité de Servicios Armados del Senado votó a favor de un gasto militar récord de 858.000 millones de dólares para el año fiscal 2023, lo que supone un aumento de 45.000 millones de dólares con respecto a la solicitud presupuestaria de la Administración de Biden y casi 80.000 millones de dólares más con respecto a la cantidad consignada por el Congreso para el año fiscal actual.

Este aumento masivo del gasto militar va acompañado de un esfuerzo sistemático por reducir los salarios de los trabajadores con el objetivo de enriquecer aún más a la oligarquía financiera.

En junio, anunciando un sorpresivo aumento de 75 puntos básicos en la tasa de intereses de los fondos federales, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo: “Tienes un gran exceso de demanda... en el mercado laboral... tienes dos vacantes de empleo por cada persona que busca un trabajo, y eso ha llevado a un desequilibrio real en las negociaciones salariales”.

Powell dejó claro que la Reserva Federal está buscando deliberadamente aumentar la tasa de desempleo, con el objetivo de empobrecer aún más a los trabajadores, incluso hasta el punto de provocar una recesión.

Se quejó del poder de los trabajadores que se están ahogando por el aumento de los precios, incluso cuando las corporaciones alcanzan los niveles más altos de ganancias en años.

Ningún sector de la élite política estadounidense menciona la necesidad de poner fin a la escalada de precios de las empresas.

Según un estudio realizado en abril de 2022 por el Economic Policy Institute, el factor más importante que ha impulsado la inflación ha sido el aumento de los precios por parte de las empresas, que repercute directamente en sus márgenes de beneficio. El estudio descubrió que el aumento de las ganancias contribuyó seis veces más al aumento de los precios que el aumento de los costes laborales, un giro importante con respecto al período anterior.

En 2021, las ganancias aumentaron un 35 por ciento en comparación con el año anterior, representando el mayor aumento de la rentabilidad empresarial desde 1950 .

Por el contrario, en los últimos 12 meses, el sueldo promedio por hora de los trabajadores estadounidenses solo aumentó un 5,2 por ciento, lo que significa que un trabajador típico gana un 4 por ciento menos por hora que hace un año.

La clara intención de la oligarquía financiera por la que habla Johnson es garantizar que el empobrecimiento de los trabajadores que se está produciendo en todo Estados Unidos repercuta en los jubilados.

La oligarquía financiera estadounidense ha declarado la guerra a la clase trabajadora. Después de poner fin a todas las mitigaciones contra el COVID-19 y de obligar a los trabajadores a volver a los lugares de trabajo, que son focos de contagio, la clase dominante no solo se dedica a reducir los salarios de los trabajadores, sino a recortar lo que queda de la maltrecha red de seguridad social de Estados Unidos.

Esta política está creando una ola de oposición social en Estados Unidos y en todo el mundo, que adopta la forma de huelgas y protestas. La militancia y determinación de luchar cada vez mayores se reflejan en la campaña de Will Lehman, un trabajador socialista de Mack Trucks en Macungie, Pensilvania, que se postuló para presidente del sindicato United Auto Workers (UAW).

En una carta dirigida a los miembros del UAW, Lehman exige “aumentos salariales masivos para compensar décadas de recortes”, “ajustes obligatorios del coste de la vida (COLA) para seguir el ritmo de la creciente inflación” y “el restablecimiento de la jornada de 8 horas, no sobre la base de salarios de pobreza, sino con salarios que nos permitan mantenernos a nosotros mismos y a nuestras familias”.

No se puede permitir que triunfe la despiadada política de guerra de clases de la oligarquía financiera, destinada a aplastar a la clase obrera hasta convertirla en polvo. Los trabajadores deben responder con una lucha unificada para exigir la preservación y la expansión del seguro social y Medicare, junto con aumentos salariales de dos dígitos para compensar las décadas de salarios a la baja.

Los trabajadores deben adoptar una estrategia política que vincule la lucha por salarios dignos con la lucha contra la guerra y la defensa de los derechos democráticos con la lucha por la transformación socialista de la sociedad.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 8 de agosto de 2022)