El Ministerio de Salud (Minsa) de Perú anunció recientemente que finaliza el mandato de uso de mascarillas implementado al inicio de la pandemia de COVID-19. Así lo confirmó en detalle el gobierno el 29 de septiembre en el Decreto Supremo 118-2022-PCM.

El decreto establece que la mascarilla solo será obligatoria en los establecimientos de salud, en el transporte público terrestre, en lugares cerrados sin ventilación y para las personas que presenten síntomas de infección por COVID-19.

Ya no será necesario carné de vacunación COVID-19 para el ingreso a centros comerciales, mercados, supermercados, asociaciones deportivas, lugares de esparcimiento (discotecas, salsódromos, pubs y similares), conciertos, teatros, cines, gimnasios, iglesias, restaurantes y otras áreas concurridas.

Al tratar el virus como “bajo control”, el Minsa está cediendo a los dictados de la burguesía peruana y los inversionistas extranjeros de que la clase trabajadora y las masas rurales de Perú deben aprender a “vivir con el virus” para poder asegurar las ganancias.

Las endebles justificaciones del Minsa para estos abruptos cambios de política consistieron en una leve disminución de infecciones y muertes en septiembre, y un aumento en los números de vacunación contra el COVID. Según el Minsa, el número de personas inoculadas con al menos una dosis ha llegado a 29.859.497, equivalente al 89 por ciento de la población, y de dos dosis a 28.203.284, equivalente al 84 por ciento.

Pero el número de ciudadanos con tres dosis es significativamente menor, 20.647.039, o solo el 62 por ciento. Mientras tanto, menos del 15 por ciento de la población en Perú, menos de cinco millones, ha recibido una cuarta dosis, que es ampliamente recomendada por la comunidad científica mundial para personas vulnerables.

Especialmente dada la alta tasa de reinfección, el gobierno está jugando con la vida de millones, particularmente con aquellos que no están vacunados o han recibido solo una o dos dosis.

Camila Gianella Malca, investigadora de políticas públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú en Lima, le dijo a Bloomberg a principios de septiembre: “A pesar de los cierres, muchos peruanos continuaron aventurándose a comprar y trabajar, por lo que la transmisión [ha] permanecido obstinadamente alta”.

La declaración del Dr. Malca justifica los temores de lo peor de las nuevas políticas de pandemia. La supresión del uso de mascarillas y el distanciamiento social significa que la transmisión aérea del virus encontrará un caldo de cultivo en estadios, discotecas y restaurantes donde cientos de miles estarán expuestos al COVID-19.

El levantamiento de la medida de distanciamiento mínimo es particularmente pernicioso. Pone en peligro la vida de millones de trabajadores de la construcción civil, trabajadores de fábricas, mineros y empleados públicos obligados a trabajar en estrecha proximidad. Los trabajadores de la construcción ya están condenados a trabajar por salarios bajos y sin beneficios en las condiciones laborales más precarias y en trabajos de menor calidad.

En todo caso, la reciente información pública sobre los estragos de la pandemia es alarmante, no reconfortante.

Además, uba nueva cepa, la BA.2.75, ya es motivo de preocupación en todo el mundo. El 22 de septiembre, Infobae informó que “Llegó a México la subvariante ‘Centauro’ del COVID-19. ... Esta nueva cepa se ha identificado en más de 20 países y se cree que es cinco veces más contagiosa que las variantes anteriores”.

Cuando se detectó el primer caso de BA.2.75 en Perú, el presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico Peruano (CMP), César Portella, advirtió sobre el alto riesgo de contagio de la nueva variante: “Las personas con esta subvariante Centauro puede infectarse dos o tres veces; la vacunación no previene la infección. Hay personas en otros países que se contagian dos, tres o hasta cuatro veces, aunque estén vacunadas”.

En julio, Carlos Padilla, biólogo molecular del Instituto Nacional de Salud (INS) de Perú, dijo a Agencia Andina: “El virus SARS-CoV-2 está en constante cambio, por lo que es importante realizar una vigilancia genómica periódica. Si el virus está mutando localmente, entonces necesitamos determinar cuáles son sus mutaciones y qué características está adquiriendo con el tiempo”.

La pandemia está lejos de ser derrotada. Continúa resurgiendo con nuevas mutaciones que, como ocurrió en Perú con la escalada de muertes de junio a agosto, es probable que sean más contagiosas e incluso más mortales.

La eliminación repentina de casi todas las medidas de seguridad contra el COVID es nada menos que un acto criminal del gobierno del presidente Pedro Castillo, diseñado para satisfacer las demandas de los empresarios nacionales, que enfrentan la amenaza del colapso económico, y los inversionistas extranjeros que buscan cosechar ganancias extraordinarias con la riqueza mineral del Perú.

La clase dominante peruana teme sobre todo un levantamiento popular desde abajo. Los trabajadores y campesinos urbanos y rurales ya luchan contra los precios vertiginosos de los alimentos, la gasolina y el transporte público. Las masas peruanas han mostrado su voluntad de resistir más opresión a través de una serie de protestas, manifestaciones y huelgas.

El aumento de casos positivos y muertes por el levantamiento de las medidas de seguridad contra el COVID no puede sino echar más leña al fuego.

(Publicado originalmente en inglés el 9 de octubre de 2022)