Los gobiernos de todo el mundo deben obedecer los dictados del capital financiero, transmitidos a través de los mercados de bonos que comercian con sus deudas, y organizar un ataque a la clase trabajadora mediante profundos recortes del gasto en servicios sociales vitales.

Este es el mensaje que transmite el Informe de Seguimiento Fiscal (Fiscal Monitor Report) del Fondo Monetario Internacional publicado esta semana en su reunión semestral en Washington.

Por supuesto, la directriz no se formuló en un lenguaje tan contundente. Se redactó con el estilo característico de este tipo de informes y con el objetivo de tratar de ocultar su contenido de clase esencial. Pero, no obstante, es clara, como reconoció la prensa financiera.

El Financial Times resumió el informe de la siguiente manera: 'Los gobiernos deben poner más empeño en mantener sus finanzas en forma, o se arriesgan a socavar la confianza de los inversores del mercado de bonos que compran su deuda, ha advertido el FMI'.

La decisión supone una inversión de la posición anterior del FMI, cuando pedía a los gobiernos que gastaran más en respuesta a la devastación económica provocada por la pandemia del COVID-19. El cambio es el resultado del régimen de altos tipos de interés impuesto por la Reserva Federal de Estados Unidos y otros bancos centrales.

No se trata tanto de una 'advertencia' como de una directiva, tal y como se explica en el prólogo del informe, escrito por Vitor Gaspar, jefe de política fiscal del FMI.

'En un contexto de alta inflación, elevada deuda, aumento de los tipos de interés y elevada incertidumbre, es primordial la coherencia entre la política monetaria y la fiscal. En la mayoría de los países, esto significa mantener el presupuesto en su curso restrictivo', dijo.

En otras palabras, el gobierno no puede estar proporcionando un estímulo cuando los bancos centrales están subiendo los tipos de interés con el objetivo de inducir una contracción económica, e incluso una recesión, para aplastar el creciente movimiento salarial de la clase trabajadora en respuesta a la inflación. En esta guerra de clases, los dos brazos del Estado capitalista deben seguir una estrategia unificada.

Si se desvían, habrá consecuencias importantes, como dejó claro Gaspar.

'Con la inflación elevada y el endurecimiento de las condiciones de financiación, los responsables políticos deben dar prioridad a la estabilidad macroeconómica y financiera por encima de todo', escribió.

'Esto es especialmente relevante, ya que la reciente evolución de los mercados de bonos muestra una mayor sensibilidad del mercado al deterioro (o a la mala) de los fundamentos. Esto ha aumentado la posibilidad de que se produzcan más crisis fiscales perturbadoras en todo el mundo'.

Aunque Gaspar no fue específico, se refería a la crisis financiera en Gran Bretaña en respuesta al minipresupuesto del gobierno tory de Truss del 23 de septiembre, que prometía 45.000 millones de libras en recortes fiscales para las empresas y los superricos.

La libra esterlina alcanzó mínimos históricos frente al dólar estadounidense, llegando a caer casi a la paridad, y el precio de los bonos del Tesoro a largo plazo, los llamados gilts, se desplomó, haciendo subir rápidamente sus rendimientos. (Ambos se mueven en direcciones opuestas.) La crisis, que no está en absoluto resuelta, amenazó con llevar a los fondos de pensiones a la insolvencia.

La violenta reacción de los mercados financieros no se debió a que se opusieran a que se diera más dinero a las empresas y a los ricos, sino a que los recortes fiscales no tenían financiación. Es decir, no estaban financiados por los recortes de gasto público, destinados a empobrecer aún más a la clase trabajadora.

La crisis fue una directiva del capital financiero al gobierno del Reino Unido y a los gobiernos de todo el mundo, como se alude en las observaciones de Gaspar acerca de la 'sensibilidad' del mercado de bonos: proceder con los ataques a la clase trabajadora o se producirá un caos financiero.

El mensaje ha sido recibido y entendido. En Gran Bretaña, el gobierno de Truss ha elaborado una lista de recortes de gastos en servicios vitales que ya han sido recortados al máximo.

Estos ataques continuarán ahora bajo cualquier gobierno que llegue al poder, ya sea un gobierno tory reformado, tras la destitución ayer del canciller, Kwasi Kwarteng, con Truss dispuesta a caer sobre su espada o a ser destituida en otro golpe interno del partido, o por un gobierno laborista bajo Keir Starmer.

En Australia, donde el gobierno laborista está preparando un presupuesto que se presentará el 25 de octubre, el tesorero Jim Chalmers ha hablado continuamente del empeoramiento de la situación económica y financiera mundial y de las lecciones de la experiencia británica. Ha citado tres áreas clave en las que supuestamente el gasto público se ha desbordado, la asistencia sanitaria, la atención a la tercera edad y el régimen de seguro de invalidez.

Tanto en el caso del Reino Unido como en el de Australia, al igual que otros gobiernos, el gasto militar se incrementará en consonancia con el impulso de la Tercera Guerra Mundial.

El informe del FMI deja claro que las medidas de apoyo al empleo, introducidas de forma limitada a causa de la pandemia, no pueden continuar en respuesta a la contracción económica y la recesión.

'Las garantías públicas y los planes de apoyo al empleo conducen a distorsiones del mercado que, si no se controlan, podrían obstaculizar el crecimiento económico', decía.

Gaspar fue más explícito en su prólogo.

'Ante un panorama cambiante', escribió, 'los responsables políticos deben mantenerse ágiles para poder responder a lo inesperado. Los compromisos a largo plazo no son más que una pretensión de certidumbre y pueden volverse rápidamente inasequibles'.

Mantenerse 'ágiles' significa que los gobiernos deben estar preparados para responder inmediatamente a los dictados de los mercados financieros y dar el hachazo a los servicios básicos que han llegado a considerarse parte de la infraestructura social necesaria. En el nuevo entorno económico y financiero, esos 'compromisos a largo plazo' son cosa del pasado.

Si bien la tarea de los gobiernos es satisfacer las demandas de sus amos financieros, esto también implica garantizar la supresión de la lucha de clases, porque no hay mayor peligro que el que representa un movimiento independiente de la clase trabajadora.

El primer párrafo del resumen ejecutivo del informe apuntaba a esta cuestión señalando que 'los hogares están luchando con los elevados precios de los alimentos y la energía, lo que aumenta el riesgo de malestar social'.

A continuación, se expone cómo debe abordarse esta situación. Mientras los gobiernos intentan culpar de la inflación a Rusia, el análisis, por ejemplo, en el reciente informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, deja claro que un factor importante es la especulación con las materias primas por parte de los fondos de alto riesgo y la obtención de beneficios por parte de las grandes empresas. Sin embargo, no hay que tocarles ni un pelo.

'Frente a las perturbaciones duraderas de la oferta y la inflación generalizada', dice el informe del FMI, 'los intentos de limitar el aumento de los precios mediante el control de los mismos, las subvenciones o los recortes fiscales serán costosos para el presupuesto y, en última instancia, ineficaces'.

Los gobiernos, decía, deberían 'permitir que los precios se ajusten y proporcionar transferencias de efectivo temporales dirigidas a los más vulnerables'.

En otras palabras, al igual que la política sobre el COVID-19 era 'dejarlo correr', esta misma doctrina debe aplicarse a la inflación. Hay que dejar que los gigantes de la alimentación y la energía, entre otros, sigan obteniendo superbeneficios, mientras se reparten cantidades totalmente inadecuadas y temporales de dinero en efectivo para tratar de evitar una explosión social.

A medida que la clase obrera se involucra en las batallas que ahora se desarrollan, es necesario profundizar en la economía política de lo que está en juego.

En el mundo de las finanzas, parece que el dinero simplemente puede engendrar más dinero. Pero, en última instancia, los enormes beneficios acumulados en esta esfera se extraen de la clase trabajadora. El capital financiero no es una fuente independiente de riqueza. Es un capital ficticio, es decir, un derecho sobre la masa total de la plusvalía extraída de la clase obrera bajo la producción capitalista, de la que se apropia.

El capital financiero tiene dos intereses fundamentales: aumentar el flujo de plusvalía forzando a la baja los salarios y aumentando la explotación; y reducir el gasto social que, en última instancia, es una deducción del conjunto de plusvalía disponible para la apropiación. Ambos procesos están ahora en marcha.

El primero se hizo visible con el inicio de la pandemia. El temor en los círculos financieros gobernantes era que las medidas significativas de salud pública para eliminar el virus repercutieran negativamente en el flujo de plusvalía en el que se apoyan.

Esta fue la base de la agenda de 'apertura' y 'dejarlo correr'. No hay que permitir que nada —y menos aún las medidas para prevenir la muerte y la— detenga el flujo de plusvalía hacia las arcas del capital financiero.

Este impulso para aumentar la explotación se ha intensificado a medida que los bancos centrales tratan de aplastar las luchas salariales de la clase obrera. Estas fueron desencadenadas por la inflación resultante de la negativa de los gobiernos capitalistas a actuar para eliminar el virus a pesar de que era eminentemente posible.

Ahora, para sostener la creciente masa de capital ficticio creada por la inyección de billones de dólares en el sistema financiero por parte de los bancos centrales en el transcurso de la pandemia, no sólo hay que suprimir aún más los salarios, sino que hay que emprender un ataque total contra el gasto social.

En el campo de las finanzas, la clase dominante y sus portavoces tejen una red de ilusiones. Y lo mismo ocurre en la política. La gran ilusión es que, a través del voto y la democracia parlamentaria, la clase obrera, la masa del pueblo, ejerce el control sobre el funcionamiento de la sociedad.

Pero el valor de toda crisis, como se ha señalado en muchas ocasiones, es que pone al descubierto las verdaderas relaciones sociales y políticas. El mercado de bonos y la crisis financiera han puesto de manifiesto, tal y como ha expuesto el informe del FMI, dónde reside el poder real. La democracia parlamentaria es una pantalla para la dictadura del capital financiero.

Estas lecciones deben convertirse en la base de la lucha política de la clase obrera. Se enfrenta a la tarea de tomar el poder en sus propias manos.

Para ello es necesario que los trabajadores construyan comités de base, independientes de los sindicatos que han actuado para reprimir a la clase obrera, como respuesta inmediata a la guerra de clases desatada por el capital financiero. Su creación es un paso vital hacia el establecimiento de un gobierno obrero que ponga fin a la dictadura del beneficio y las finanzas capitalistas y reorganice la economía sobre bases socialistas. Esto requiere la construcción del partido revolucionario en la clase obrera para dirigir esta lucha.

(Publicado originalmente en inglés el 14 de octubre de 2022)